Propuesta Es necesario que el profesorado sea consciente de su derecho a cerrar los currículos y que no admita interferencias políticas que le puedan privar de sus competencias pedagógicas. No hay una sola escuela pública ni una sola escuela privada, sino muchas y con diferentes resultados, que dependen, en todo caso, de la integración del profesorado en el proceso educativo. La calidad de educación no la consiguen las Administraciones por decreto, sino cada centro cuando ejerce su autonomía pedagógica. El reto está en cómo lograr que el Proyecto Educativo no se reduzca a una exigencia burocrática más de la administración educativa, sino en que sea efectivamente un conjunto de principios, fines y objetivos que informen el quehacer diario de los centros educativos. Un factor decisivo a este respecto es que los equipos directivos y los claustros de profesores se identifiquen con el proyecto y dispongan de la autonomía y de la autoridad necesarias para llevarlo a cabo. En este sentido es necesaria la revisión de la LODE, revisión que hizo la LOPEG, aunque de forma parcial y sin atreverse a romper demasiados esquemas preestablecidos. Desde la promulgación de la LODE han pasado 13 años, tiempo más que suficiente para tener una experiencia contrastada que oriente una nueva iniciativa legislativa. En concreto, el concepto de participación debería ser revisado con vistas a situar el derecho a participar en la vida escolar de todos los sectores que componen la comunidad educativa en el ámbito de responsabilidad que es propio de cada uno de ellos. Al mismo tiempo, sería oportuno reforzar el papel del equipo directivo con una autoridad que no sea únicamente la que le delega el consejo escolar.
1 3