40
Julio Enrique Haro Carranza
Para Roberto Dromi2, el contrato de empleo público es una relación de empleo, de subordinación del sujeto particular respecto del Estado, que cumple con las funciones asignadas al órgano institucional, sin tener en cuenta la jerarquía, importancia o responsabilidad del cargo que ocupe. Sobre ello, Antonio Vázquez Martín3 señala que “la continuidad y regularidad (de los servidores públicos) determinan el régimen público de los bienes, personas o actividad servicial. La forma jurídica adquiere toda su dimensión al posibilitar y obligar al buen funcionamiento servicial. Todo un régimen jurídico apoya la gran tarea administrativa: satisfacer la necesidad humana insatisfecha por la iniciativa privada. La finalidad de los medios humanos, materiales y formales de un servicio público no es otra cosa que la satisfacción de las necesidades sociales concretas, tanto en momento normal como en el huelguístico de su personal”. Se produce una subordinación de todo interés distinto a esa finalidad esencial para el Estado y la sociedad. García De Enterria4, reflexionando sobre la administración pública española señala que “si importa decir que tanto una como otra de estas dos excrecencias patológicas, que son el prebendalismo y el parasitismo, implican una grave esclerosis de la estructura o esclerosis de las estructuras administrativas, lo cual constituye un defecto central desde el punto de vista de la técnica organizacional”. La finalidad de la Administración Pública, expuesta en los párrafos anteriores, origina la atribución del Estado de organizar libremente el derecho del empleo público. Existe entonces, en principio, una potestad de organización que pueda ejercerse con libertad de formas y contenidos; de allí que en el ámbito de derecho interno y comparado se presentan importantes experiencias sobre reformas del derecho del empleo público, producidas principalmente en las décadas de 1980 y 1990 en Estados Unidos, España, como en otros países. 2
Dromí, Roberto. Derecho Administrativo. Fareso, Madrid, 2000, p. 428.
3
Vasquez Martín, Antonio. El buen funcionamiento de los servicios públicos. Editorial Tecnos, 1990. pp. 21 y 22.
4
García De Enterria, Eduardo. La administración pública española. Alianza Editora, 1994, pp. 120-121.