Issuu on Google+

Derecho a un Ambiente Sano El

Número 5

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dra. Alicia Pierini Venezuela 842 Tel: 4338-4900 - Línea directa: 0810-DEFENSORIA (333-3676) Correo electrónico: consultas@defensoria.org.ar Colección Diagnósticos - La Vigencia de los Derechos Humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la luz del Derecho Supranacional. Número 5 El Derecho a un Ambiente Sano - Diciembre 2010 Editado por el Área de Comunicación y Publicaciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Directora Responsable: Dra. Alicia B. Pierini Coordinación Editorial: Lic. Pablo G. Fernández Edición: Prof. Karina Casanova Pettigrew Diseño: Lic. Martín Sgattoni - Lic. Luciana Garrido - Silvana Ferrary Ilustraciones: Andrés Allocco Fotografía: Valeria Niccolini - Julieta Panebianco Es una publicación propiedad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pierini, Alicia Diagnósticos 5 : el derecho a un ambiente sano . - 1a ed. - Buenos Aires : Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2010. 121 p. : il. ; 29x21 cm. ISBN 978-987-25058-6-8 1. Educación. 2. Derechos Humanos. 3. I. Título CDD 370.1

Colección Diagnósticos

El Derecho a un Ambiente Sano La Vigencia de los Derechos Humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la luz del Derecho Supranacional

Elaboración: Adjuntía 1 con competencia en Ambiente y Desarrollo Sustentable y Àrea de Consumidores, Usuarios y Administrados Responsables: Arq. Atilio Alimena / Dr. Norberto Darcy Coordinación de texto: Dra. Nerina Da Rin. Revisión general: Dra. Alicia B. Pierini.

ÍNDICE

Sobre la publicación ................................................................................................

6

Capítulo 1 Introducción .............................................................................................................

9

Capítulo 2 Contexto normativo .................................................................................................. Contexto normativo supranacional ................................................................. Contexto normativo nacional aplicable al orden local ..................................... Contexto normativo local ...............................................................................

11 11 15 31

Capítulo 3 Contexto institucional en la Ciudad de Buenos Aires ................................................ 45 Capítulo 4 Indicadores estadísticos ambientales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ........... 51 Capítulo 5 Análisis de casos ........................................................................................................ 73 Aire. Calidad atmosférica ................................................................................ 73 Energía ............................................................................................................ 78 Suelo ............................................................................................................... 95 Agua ............................................................................................................... 102 Biodiversidad .................................................................................................. 107 Gestión ambiental y desarrollo sostenible ........................................................ 110 Estudio de impacto ambiental. Información ambiental. Audiencia pública ..... 124 Seguridad ambiental ....................................................................................... 125 Capítulo 6 Conclusiones ............................................................................................................. 137 Capítulo 7 Apéndice normativo y de fuentes .............................................................................. 139 Notas ........................................................................................................................ 150 La Ciudad en números ............................................................................................ 175

Sobre la publicación Elaborar un diagnóstico sobre la vigencia de los derechos humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la luz del derecho supranacional es, desde la Defensoría del Pueblo, un desafío difícil y riesgoso. Difícil, porque la necesaria desagregación en capítulos conspira contra nuestra concepción de la integralidad humana y la indivisibilidad de los derechos fundamentales de las personas. Su obvia interdependencia y la de los problemas y las propuestas para resolverlos no se corresponde con la práctica de las instituciones estatales, al encontrarse éstas fragmentadas en decenas de áreas y cientos de funcionarios. Riesgoso, porque el trabajo congela una realidad compleja y dinámica, para hacer posible su explicitación aquí y ahora. Pero esa realidad es un proceso sociojurídico que tiene un antes y un después. Al antes muchas veces podemos referenciarlo, pero no ocurre lo mismo con el después. Las circunstancias que rodean la elaboración de un informe pueden transformarse, por el devenir de los acontecimientos, en una realidad diferente al momento de publicarlo y darlo a conocer a la sociedad. Así, cada uno de los fascículos que integran la colección Diagnósticos es una fotografía del presente, que sólo obtendrá vida y movimiento cuando sucesivos y posteriores trabajos den cuenta de los cambios positivos y negativos que se producen con el correr del tiempo. Por

6

lo tanto, la instantánea no será exacta, pero aspiramos a que sea útil aún con sus imperfecciones. Porque en materia de derechos humanos siempre hay que considerar toda la película, analizar de dónde se viene y adónde se arribó para trazar el rumbo a seguir. Sólo así se podrá estudiar y determinar la mejor forma de continuar y los aspectos a consolidar, mejorar o transformar. Al cumplirse doce años de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta imperioso iniciar este trabajo de revisión sobre el campo de los derechos humanos y su vigencia en nuestra urbe. Lo hicimos siguiendo al doctor Germán Bidart Campos, cuando distingue entre la vigencia normativa y la vigencia sociológica, es decir, la realidad social. Por ello, en cada uno de los fascículos que componen la colección se mencionarán las leyes vigentes en cada núcleo temático trabajado, como dato previo a la posterior descripción de situaciones o casos que –a manera de síntomas- delatan las falencias, vulneraciones, incoherencias o violaciones de los principios o normas de derechos humanos imperantes. La brújula para nuestro método de análisis es el derecho supranacional, no sólo porque así lo indica la actual pirámide jurídica, sino también porque los últimos 25 años de democracia dan cuenta de que el mayor consenso

axiológico de nuestro pueblo se produce en relación con las pautas de la doctrina universal de los derechos humanos. Y la documentación sobre las situaciones o casos que denotaron vulneraciones provienen mayoritariamente de nuestro propio acervo de reclamos y actuaciones institucionales. La cuestión de la autonomía, transversal a todos los temas Casi todos los temas que involucran a la Ciudad conciernen también a la Provincia de Buenos Aires, a alguno de sus municipios o a la Nación, sus entes descentralizados o sus planes federales. Y la toma de decisiones en muchos de ellos no está en manos de las autoridades locales sino de las nacionales. Los porteños representan apenas el 9,52% del total de los votantes, un dato que explica en parte por qué la resolución de los problemas de la Ciudad no es una cuestión prioritaria para la administración central del Estado Nacional. A ello debe agregarse, en los últimos años, el particular encono demostrado contra el gobierno porteño por los funcionarios nacionales, que dificulta aún más la situación que, desde la sanción de la ley 24.588, transitan las sucesivas administraciones locales. La falta de autonomía no sólo afecta al sistema de administración de justicia, tornándolo incoherente, sino también a la prestación del servicio de segu-

ridad y policía, la regulación de matrículas profesionales de los médicos y auxiliares de la medicina que ejercen en la Ciudad, el registro de la propiedad de los inmuebles y el transporte y los demás servicios públicos que utilizan nuestros vecinos, quienes pacientemente sufren sin que puedan las autoridades locales hacer nada para su mejora. El agua, la electricidad, los trenes y ómnibus y la telefonía fija y móvil son administrados por entes nacionales. Las tierras remanentes del ferrocarril que están en la Ciudad también: el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) es el responsable de esa tarea. En síntesis, sin servicios esenciales propios ni policía ni justicia cabalmente locales, y con los servicios de supervisión de salud también en égido nacional, la Ciudad es un estado cuyas autoridades carecen de las atribuciones suficientes para garantizar a sus habitantes el pleno goce de sus derechos.

son comunes a ambas regiones deberían haber encontrado un cauce institucional de coordinación metropolitana acordado y permanente. Pero la realidad indica que no es así, y las prácticas cotidianas sólo se sostienen por convenios parciales. De esta forma, en cada fascículo de la colección Diagnósticos podremos ver la incidencia que la falta de autonomía o de coordinación metropolitana ocasionan en perjuicio de nuestra ciudadanía y de sus derechos.

los migrantes y refugiados y las víctimas de la trata de personas. 5)Los derechos difusos: Abarca el derecho a los servicios públicos y los derechos de consumidores, usuarios y administrados.

Estructura de la obra La colección Diagnósticos está compuesta de cinco núcleos temáticos, a saber:

1)La vida y su calidad: Abarca el Dra. Alicia Pierini derecho a la salud, a la alimentaDefensora del Pueblo de la ción, a la vivienda, al trabajo, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires la educación y al ambiente sano. 2)La democracia y sus libertades: Abarca los derechos políticos y de participación, el derecho a la igualdad, la diversidad y la no Igual de preocupante es la discriminación, el derecho de dificultad para establecer una co- acceso a la información, el dereordinación metropolitana: por cho a la libertad de expresión y a diversas razones, al menos 24 la cultura y el derecho al espacio municipios tienen contacto coti- público. diano y permanente con nuestras 3)El sistema de justicia: Abarca instituciones, ya sea por trabajo, el derecho a acceder a la justisalud, estudios, esparcimiento o cia y el derecho a la integridad, transporte. La frontera entre la libertad y seguridad. Ciudad y el conurbano provin4)Los grupos vulnerables: Abarcial existe sólo en los mapas: la ca a quienes sufren las secuelas población se desplaza constande la última dictadura militar, temente entre una y otro, y lo los excombatientes de la Guerra mismo sucede con la circulación de Malvinas, la infancia privada de los bienes y residuos que pro- de familia, la tercera edad, los duce. Todos los problemas que discapacitados, los indigentes,

CAPÍTULO En términos jurídicos, el “derecho al ambiente sano” integra el conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales; se lo identifica por su eminente naturaleza colectiva (no susceptible de apropiación individual) y por sus múltiples proyecciones específicas ambientales -consolidadas en normativas de fuente convencional supranacional-; a su vez, se encuentra en pleno proceso de desarrollo normativo, acompañando a los desarrollos científicos y tecnológicos.

1

INTRODUCCIÓN

El “ambiente” es el contexto vital en el que se encuentra inmersa toda la humanidad, lo cual pone en evidencia un intenso vínculo colectivo en lo espacial o geográfico y en el tiempo, que resulta de suma relevancia para el cumplimiento de los derechos humanos en todas sus dimensiones. Pues, en tanto el ambiente es un bien jurídico indivisible, su preservación exige acciones de cooperación, continuas y permanentes entre los Estados, en el ámbito internacional como en el interno. Simultáneamente, la interdependencia en materia ambiental genera un compromiso intergeneracional que se expande en una línea temporal más allá del presente, circunstancia que se expresa jurídicamente en el deber para con las generaciones futuras, hacia quienes se proyecta la protección jurídica referida al goce de este derecho. En términos jurídicos, el “derecho al ambiente sano” integra el conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales; se lo identifica por su eminente naturaleza colectiva (no susceptible de apropiación individual) y por sus múltiples proyecciones específicas ambientales -consolidadas en normativas de fuente convencional supranacional-; a su vez, se encuentra en pleno proceso de desarrollo normativo, acompañando a los desarrollos científicos y tecnológicos. Nuestro objeto de diagnóstico está conformado por aire, agua, suelo, flora y fauna, que integrados inescindiblemente en un todo, acompañan de manera permanente las posibilidades del desarrollo humano. Esta cosmovisión tiene, sin embargo, diferentes y vastas proyecciones, que permiten establecer indicadores en la estrecha vinculación que existe entre el derecho humano al ambiente sano y el derecho al desarrollo humano. El ambiente sano, en tanto objeto de protección del Derecho, no es pasible de apropiación exclusiva por un individuo, sino que pertenece a la comunidad en su conjunto. Integra, desde esta perspectiva, el elenco de derechos económico-sociales y no constituye un derecho subjetivo, sino un derecho de incidencia colectiva1. Finalmente, podemos afirmar que sin efectivas garantías de un ambiente sano no hay desarrollo humano posible. Ambos conceptos jurídicos se erigen en paradigmas del derecho internacional de los derechos humanos. Son los términos que articulan de una manera transversal el recorrido equilibrado en el presente y el futuro de una digna supervivencia humana.

9

CAPÍTULO No habrá nivel de vida adecuado -acorde con la dignidad humana-, ni mejora continua -desarrollo humano- sin condiciones de existencia apropiadas.

2

CONTEXTO normativo

El Diagnóstico que nos ocupa se enfoca, en primer lugar, en el marco normativo ambiental de la Ciudad de Buenos Aires desde las fuentes jurídicas supranacionales y sus paradigmas normativos, tanto en cuanto a los derechos como a sus garantías. En segundo lugar, el desarrollo normativo producido como consecuencia del cumplimiento de los compromisos supranacionales, tanto en el plano interno constitucional como de inferior jerarquía normativa, que constituye el orden público ambiental y es de obligatoria aplicación en la jurisdicción local. Por último, se aborda el contexto de normas estrictamente locales de la Ciudad de Buenos Aires que sustentan la realización cotidiana de las políticas públicas ambientales nacionales y locales en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA. Contexto normativo supranacional Se aborda la situación normativa del derecho humano al ambiente sano desde la perspectiva de las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina en el ámbito convencional supranacional de cumplimiento en la jurisdicción local. Es de rigor señalar que el principio rector de este análisis se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11(1) y 12 (2, b)2. Desde allí, el “nivel de vida adecuado” y la “mejora continua de las condiciones de existencia” se elevan como matriz de todos los múltiples derechos que protegen el ambiente, ya que es el ambiente la condición vital donde se produce el desarrollo humano. No habrá nivel de vida adecuado -acorde con la dignidad humana-, ni mejora continua -desarrollo humano- sin condiciones de existencia apropiadas. Sin perjuicio de lo señalado previamente, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra en el artículo 25 (1) “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar”. La Carta de las Naciones Unidas, por su parte, enuncia su propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto del principio de la igualdad de derechos y la libre determinación; se compromete a promover: a. niveles de vida más elevados, condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. Por el artículo 56 del mismo instrumento, los miembros se encuentran comprometidos a

11

El derecho al ambiente sano, en el marco convencional de las Naciones Unidas, ha sido promovido activamente a través de la protección ambiental de diversos aspectos. Estas diversidades conforman manifestaciones concretas de los Estados miembros de la organización en su compromiso para la articulación de la cooperación en acciones orientadas a disminuir, erradicar o prevenir el daño ambiental.

12

tomar medidas, conjunta o separadamente, y en cooperación con la organización para la realización de los propósitos del artículo 55. En tanto, el sistema regional de la Organización de Estados Americanos, en consonancia con estos paradigmas universales, incluye de manera expresa en el Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el “derecho a un medio ambiente sano”, en el que discierne a su vez, el derecho a los servicios públicos básicos y obliga a los Estados a promover la protección, preservación y mejoramiento del ambiente. El derecho al ambiente sano, en el marco convencional de las Naciones Unidas, ha sido promovido activamente a través de la protección ambiental de diversos aspectos. Estas diversidades conforman manifestaciones concretas de los Estados miembros de la organización en su compromiso para la articulación de la cooperación en acciones orientadas a disminuir, erradicar o prevenir el daño ambiental. Entre otros, se abordan el cambio climático, la desertificación, las medidas para el mejoramiento de la capa de ozono, los residuos peligrosos, la producción, importación y exportación de sustancias contaminantes y peligrosas. Este derecho tiene un abordaje jurídico múltiple según los aspectos objeto de su protección. Veremos entonces que esta multiplicidad se plasma en diversos tratados internacionales, en los que se promueven acciones estatales y privadas concertadas en procura del cumplimiento de la garantía del derecho humano al ambiente sano. Habiendo ratificado Argentina todos estos instrumentos internacionales, este contexto se erige en un marco normativo superior a las leyes y de naturaleza federal (conf. artículo 75, inciso 22, primer párr.), carácter que obliga a su aplicación por las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en condiciones de afirmar que la Argentina ha ratificado todas la Convenciones multilaterales, tanto en el marco de las Naciones Unidas, como en el marco de otras organizaciones internacionales3, circunstancia que permite contar con parámetros jurídicos de obligatorio cumplimiento en el tema ambiental y que comprometen acciones ciertas y concretas por parte del Estado. 1. Convenio de Viena para la Protección de la Capa Ozono, 19854. Tiene por finalidad prevenir el impacto potencialmente nocivo por la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente. Establece la reducción de las emisiones de gases contaminantes que destruyen la capa de ozono, la cual sirve de filtro para los niveles dañinos de los rayos ultravioleta. 1.1. Protocolo de Montreal al Convenio de Viena para la Protección de la Capa Ozono, 19875. Este convenio es uno de los mayores éxitos de la cooperación internacional, ratificado por todos los Estados miembros de la Naciones Unidas, adaptado continuamente como respuesta a los avances tecnológicos y la evidencia científica.

Su objetivo es revertir la producción y consumo de sustancias que agotan la capa de ozono. Alrededor del 95% de las sustancias químicas que agotan la capa de ozono han sido desechadas en su uso y comercialización, principalmente los clorofluorocarbonos6. Los ajustes y las enmiendas se adoptaron en las Reuniones de las Partes de los años 1990, 1992, 1995, 1997 y 1999. 2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 1992. En ella se establecen los compromisos básicos para enfrentar los cambios de clima en la Tierra y sus efectos adversos. El objetivo último de la Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. En el considerando 21 del Preámbulo indica el peligro que importa para los países de baja altitud y otros países insulares pequeños, los países con zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, o zonas expuestas a inundaciones, sequía y desertificación, y los

países en desarrollo con ecosistemas montañosos frágiles, ya que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. 2.1. Protocolo de Kyoto a la Convención de Cambio Climático, 1997. Establece el compromiso de reducir emisiones de gases de efecto invernadero con políticas y medidas concretas como el fomento de la eficiencia energética, o la generación de sumideros de CO27 y de otros gases de efecto invernadero. Las Partes del Protocolo tienen la obligación de informar sobre las emisiones por las fuentes, y del nivel de absorción por los sumideros de CO2. 3. Convención sobre la Diversidad Biológica, 1992. Tiene por objetivos la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 3.1. Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad en la Biotecnología a la Convención sobre la Diversidad Biológica, 2000. Tiene por objeto garantizar, dentro del marco del principio de precaución, la protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización segura de organismos

El Protocolo de Kyoto establece el compromiso de reducir emisiones de gases de efecto invernadero con políticas y medidas concretas como el fomento de la eficiencia energética, o la generación de sumideros de CO2 y de otros gases de efecto invernadero.

13

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra especialmente comprometida en cuanto la Reserva Ecológica de la Costanera Norte ha sido declarada Sitio Ramsar bajo el número 1459. Las Partes contratantes asumen obligaciones respecto del mantenimiento de los humedales que han sido incluidos en la lista de la Convención de Ramsar, lo que implica especialmente a la Ciudad de Buenos Aires.

14

vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna, teniendo en cuenta los riegos para la salud humana, y centrados especialmente en los movimientos transfronterizos. 4. Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía, 19948. El objetivo de esta Convención es invertir la tendencia a la “desertificación”, proceso por el que las tierras afectadas pierden su capacidad productiva. A menudo se vincula la degradación de tierras con la seguridad alimentaria y la pobreza en una relación de causa y efecto. Las poblaciones rurales en tierras áridas o semiáridas migran a las ciudades, contribuyendo así al fenómeno de aumento de las poblaciones urbanas que se corrobora en la actualidad, y señalado en el diagnóstico sobre el derecho humano a la vivienda digna. 5. Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de Aves Acuáticas, Ramsar 1972. La Ciudad de Buenos Aires se encuentra especialmente comprometida en cuanto la Reserva Ecológica de la Costanera Norte ha sido declarada Sitio Ramsar bajo el número 14599. Las Partes contratantes asumen obligaciones respecto del mantenimiento de los humedales que han sido incluidos en la lista de la Convención de Ramsar, lo que implica especialmente a la Ciudad de Buenos Aires. 6. Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, 199210. Los principios básicos de este tratado consisten en: a) la reducción al mínimo del tránsito transfronterizo de desechos peligrosos y su manejo ambientalmente apropiado; b) el tratamiento y disposición lo más cerca posible de su fuente de producción; c) su reducción y minimización en la fuente. 7. Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento del consentimiento fundado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto del comercio internacional11. Establece mecanismos de control para evitar el comercio internacional de productos químicos peligrosos para la salud humana y el medio ambiente, a fin de evitar el manejo de los mismos en economías en transición y países en desarrollo, frente a los posibles efectos perjudiciales de ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes. Establece productos químicos prohibidos en su totalidad y otros restringidos rigurosamente. 8. Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 200112. Los contaminantes orgánicos persistentes, son sustancias que pueden permanecer intactas, sin biodegradarse por largo tiempo. Su acumulación es peligrosa, y una exposición continua a estas sustancias produce graves daños a la salud humana,

El Derecho a un Ambiente Sano

atacan el sistema inmunológico y reproductivo, causan cáncer y enfermedades muy graves, disminución de la inteligencia y son altamente contaminantes del ambiente. 9. Las Naciones Unidas han incluido entre los Objetivos del Milenio, el de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, para lo cual se establecen cuatro paradigmas fundamentales: Integrar principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas de cada país, revertir la pérdida de recursos ambientales. Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando en el 2010 una reducción significativa en la tasa de pérdida. Reducir en un 50% el número de personas que carecen de acceso a agua potable y saneamiento. Mejorar la calidad de vida de al menos 100 millones de habitantes de tugurios para el 2020. Contexto normativo nacional de aplicación local El Estado, en su rol de garante, protector y promotor del derecho a un ambiente sano, es sujeto activo del sistema de garantías de los mismos y de las libertades fundamentales, y está implicado en la efectividad del sistema tanto en la esfera interna como en la esfera internacional. En materia ambiental, esta garantía tiene características propias. Iniciamos el análisis normativo con el cuerpo constitucional, norma suprema de la Nación, reformado en 1994, en el cual se consagra, -Primera Parte, Capítulo Segundo “Nuevos Derechos

y Garantías” artículo 41- “el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras”. Todos los habitantes tienen asimismo el deber de preservarlo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de su competencia originaria, en el fallo: M. 1569. XL. “MENDOZA Beatriz Silvia y Otros C/ ESTADO NACIONAL y Otros S/ Daños y Perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)”, sostiene: Considerando 7°)”…el reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente…”

La norma constitucional introduce la obligación -erga omnesde preservación ambiental. En tanto, quienes perjudiquen con sus actividades y/o acciones el equilibrio o aptitud del ambiente serán responsables y deberán recomponer el ambiente por el daño ambiental causado. Sin embargo -y además de este principio de recomposición-, debe ser considerado el rol esencial de las autoridades públicas

15

-de todos los niveles del Estado: nacional, provincial y local-, y de todos los Poderes -Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos constitucionales extra poder- los que deben proveer a la protección del ambiente sano. Estas garantías tienen su manifestación normativa, primero, en el artículo 41 y, luego, en el ordenamiento legal nacional específico de presupuestos mínimos, en conformidad por lo dispuesto en tercer párrafo del artículo 41, en tanto establece que la Nación dictará las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección13. En cuanto a las provincias, deberán garantizar cada una en su territorio la protección legal necesaria y complementaria a los presupuestos mínimos nacionales. Ahora bien, el artículo 41 establece conceptos ambientales de reciente desarrollo normativo, estos son: daño ambiental - obligación prioritaria de recomponer - utilización racional de los recursos naturales - preservación del patrimonio natural y cultural - preservación de la diversidad biológica - información ambiental - educación ambiental. En cuanto al ejercicio de la defensa del derecho, el artículo 41 debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 43 -segundo párrafo-, en tanto este último establece la garantía constitucional específica conocida como acción de amparo ambiental: “…en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente…”. A tal fin, reconoce legitimación procesal al afectado, al Defensor del Pueblo y a las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley. Finalmente, establece la prohibición del ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los desechos radiactivos. Se hace notar que la legislación en materia ambiental existente en Argentina se encuentra dispersa en diversas leyes que tratan problemáticas específicas, dado que no hay un Código sobre el Derecho Ambiental. En todo caso, la actualización de la legislación ambiental en Argentina es parcial y también se halla dispersa; sólo la más reciente incorpora principios de sustentabilidad. En el orden nacional se han sancionado las leyes de presupuestos mínimos, que obligan a los Estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a legislar y conducir sus políticas públicas en consonancia con los contenidos planteados en los marcos regulatorios federales. Leyes de presupuestos mínimos - Ley 25675/2002: Ley General de Política Ambiental. - Ley 25612/2002: Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios. - Ley 25670/2002: Presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB. - Ley 25688/2002: Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. - Ley 25831/2003: Acceso a la Información Pública Ambiental.

16

- Ley 25916/2004: Gestión de Residuos Domiciliarios. - Ley 26331/2007: Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. - Ley 26562/2009: Presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema. Ley General de Política Ambiental 25675 Se trata de una norma federal, de orden público, con una aplicación transversal14, que define los objetivos de la política ambiental nacional y establece la adecuación de la normativa ambiental de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a estos objetivos ambientales nacionales15, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. A su vez, estos objetivos se plasman en las políticas e instrumentos de gestión ambiental identificados en el artículo 8 de la ley 25675: - El ordenamiento ambiental del territorio. - La evaluación de impacto ambiental. - El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas. - La educación ambiental. - El sistema de diagnóstico e información ambiental. - El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. Ordenamiento ambiental. Dentro de las políticas ambientales y su gestión, esta normativa viene a ratificar dos instrumentos claves para el ordenamiento ambiental del territorio que pre-

ceden a la reforma constitucional de 1994: el Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)16, suscrita el 31 de agosto de 1990 en la ciudad de La Rioja, Consejo del que forma parte la Ciudad de Buenos Aires-, y el Pacto Federal Ambiental, suscrito el 5 de junio de 1993 en la Ciudad de Buenos Aires17. La importancia de la coordinación en materia ambiental está especialmente contemplada en la norma. Con este propósito se establece el Sistema Federal Ambiental, a fin de coordinar la política ambiental entre el Gobierno nacional, los provinciales y la Ciudad de Buenos Aires. Se instrumenta a través del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA). Por su parte, toda la política ambiental tiene su andamiaje jurídico en los siguientes presupuestos o principios mínimos de naturaleza jurídica, contenidos en el artículo 4: Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de infor-

mación o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan. Principio de subsidiariedad: El Estado Nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales. Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones

17

La Ley General Ambiental le da preeminencia a la educación ambiental de los ciudadanos, conforme lo exige el texto constitucional en su artículo 41 in fine, que reclama la instalación real de la conciencia comunitaria que adhiera al cuidado del ambiente.

presentes y futuras. Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos. Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. Otros aspectos contemplados en la Ley General Ambiental: - Competencias judiciales Otro rasgo relevante de la ley es la distribución de las competencias judiciales, tanto por razón de territorio, personas o materias, previniendo cualquier conflicto de competencia futura. La competencia será de los tribunales ordinarios locales conforme al artículo 7. Ahora bien, cuando el acto, omisión o situación sea interjurisdiccional, es decir, vincule a dos o más jurisdicciones, la competencia será federal. - Educación ambiental La ley le da preeminencia a la educación ambiental de los ciudadanos, conforme lo exige el texto constitucional en su artículo 41 in fine, que reclama la instalación real de la conciencia comunitaria que adhiera al cuidado del ambiente. Esto conduce a la necesaria actualización programática de los sistemas de educación formal y no formal, contemplando las particularidades y necesidades de las distintas jurisdicciones y regiones. En este orden, se plantea la obligación de coordinar entre las respectivas áreas de Educación y los Consejos Federales de Medio Ambiente (COFEMA)18. Esta formación ambientalista incluida en la educación -en todos sus niveles- ya se encontraba contenida en el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992 en su artículo 13. - Información Pública Ambiental Resulta ser un nuevo concepto jurídico acuñado en función del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo, de 1992. En el orden jurídico interno se plasma en la Ley General del Ambiente, artículo 16, que establece la obligación de brindar información ambiental acerca de las actividades que realicen personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. El Estado -en todos sus niveles- deberá proporcionar tal información a los ciudadanos. El resguardo de este derecho se ejerce mediante el “habeas data ambiental”: “…Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada”. Por su parte,

18

El Derecho a un Ambiente Sano

las autoridades tienen el deber de recabar de los particulares informes sobre sus actividades cuando pudiesen tener efectos sobre el ambiente, se trate o no de una obra pública. A su vez, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de realizar un informe anual al Congreso de la Nación donde se reporte la situación ambiental del país. La información ambiental es una herramienta fundamental en la construcción de una política ambiental con intensa participación ciudadana, a tono con las exigencias de la situación ambiental actual y los compromisos internacionales. La ley 25831 regula especialmente el acceso a la información pública ambiental con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que esté en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. Establece el principio de la información libre y gratuita, y excepciones taxativas al mismo. Prevé un procedimiento concertado a través del COFEMA. Si bien queda sujeta a una posterior reglamentación, contiene precisiones fundamentales en la materia en sus diez artículos. Tanto la educación ambiental como la información son fundamentales para la participación ciudadana, derecho que la Ley General del Ambiente especialmente contempla en el artículo

21, tanto en la planificación y programación del ordenamiento ambiental del territorio como en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. El derecho a la participación debe estar institucionalizado en las legislaciones locales mediante procedimientos de consulta y de audiencias públicas. - Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se establece la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental previo a toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa19. Se trata de un procedimiento de características técnico-científicas, administrativas y participativas, que deberá ser aprobado por las autoridades. En los procesos de evaluación ambiental deberá asegurarse la participación ciudadana mediante consultas o audiencias públicas, especialmente en las etapas de planificación y evaluación de resultados20. Los requerimientos de impacto ambiental estarán basados en ley particular. Los estudios de impacto ambiental deberán estar sujetos a una declaración de aprobación o rechazo.

En los procesos de evaluación ambiental deberá asegurarse la participación ciudadana mediante consultas o audiencias públicas, especialmente en las etapas de planificación y evaluación de resultados.

- Daño ambiental La Ley General del Ambiente lo describe como el resultado que se produce cuando se altera o modifica en forma negativa el ambiente, sus recursos, el

19

Además del daño ambiental la Ley General del Ambiente, con un sentido preventivo instaura el concepto de riesgo ambiental, entendido como la situación que plantean ciertas “actividades que son riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos”.

equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos21. Establece el daño objetivo y la reconversión del daño, es decir, la vuelta de las cosas a su estado anterior, la responsabilidad solidaria de todos los que de alguna manera participaron en su comisión. En el caso de existir posibilidad de recomposición a estatus anterior al daño producido, existe obligación de indemnizar. Dicha indemnización será determinada judicialmente. Se presume, iuris tantum22, que la responsabilidad es del autor cuando se produjo en infracción a las normas ambientales administrativas. Establece eximentes de responsabilidad. Es relevante que los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación. La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes. Además del daño ambiental la Ley General del Ambiente, con un sentido preventivo instaura el concepto de riesgo ambiental, entendido como la situación que plantean ciertas “actividades que son riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos”. En estos casos, se obliga al realizador de tal actividad a contratar un seguro que garantice, en el caso de producirse un daño ambiental, la recomposición del mismo. En línea con la recomposición ambiental, se establece un Fondo de Compensación Ambiental administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción, destinado a garantizar: protección, preservación, conservación, compensación, calidad ambiental, prevención, mitigación de daños, emergencias ambientales. Las jurisdicciones locales deben establecer sus políticas públicas, planes de ordenamiento ambiental y programas en el marco de esta norma. Ahora bien, en este marco general de mínimos presupuestos jurídicos en materia ambiental, se insertan al mismo tiempo normas de rango nacional que ordenan materias ambientales específicas de protección del ambiente que devienen de particulares actividades humanas, como por ejemplo, en materia de residuos -ya sea domiciliarios, industriales y de actividades de servicios, peligrosos, PCB, radiactivos-, de hidrocarburos, de aguas y su aprovechamiento y uso racional. - Los residuos Los residuos y desechos por su origen pueden ser domiciliarios, industriales, hospitalarios o nucleares. Por su peligrosidad pueden ser patogénicos, industriales peligrosos y nucleares. Algunos residuos no peligrosos son reutilizables. Algunos residuos son peligrosos per se, como las baterías y pilas. Ley 25916. Residuos Domiciliarios23. Establece que cada una de las jurisdicciones locales deberá determinar los organismos competentes

20

que tendrán a su cargo la gestión integral de los residuos producidos en su jurisdicción, y se dictarán las normas complementarias a la presente, para el cumplimiento efectivo de la ley en el ámbito local. Brinda un marco específico de orden nacional que deberá ser aplicado en cada jurisdicción provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley 25612. Residuos Industriales y Actividades de Servicios24. Establece las obligaciones para las jurisdicciones principales y de la Ciudad Autonomía de Buenos Aires, y para los generadores de cada jurisdicción. Deberán establecer medidas promocionales para aquellos generadores que implementen programas de adecuación tecnológica como resultado de una gestión ambiental integral, que estén aprobados por parte de las mismas y destinados a mejorar los procesos industriales y productivos en cuanto a la reducción de la contaminación ambiental, la cesación de los vertidos riesgosos sobre los recursos naturales, y la disminución de riesgos ambientales que pudiere ocasionar por el ejercicio de su actividad, conforme a las leyes complementarias de la presente, que sancionen las distintas jurisdicciones25. Deberán llevar Registros locales de los generadores y estos formar parte de un Sistema Integrado de Información. Obligación de confeccionar un Manifiesto, documento que deberá entregar el generador al transportista. Se prevé la necesidad de acuerdos

interjurisdiccionales cuando los residuos deban trasladarse fuera de cada jurisdicción. Los acuerdos deben producirse entre las jurisdicciones interesadas. Establece responsabilidades y sanciones de naturaleza administrativa y delitos penales. Ley 24051. Residuos Peligrosos26. La ley nacional regula la generación, manipulación transporte, tratamiento y disposición final. A ella se han adherido varias provincias. La Ciudad de Buenos Aires promulgó su propia ley 2214, similar a la norma nacional, y la reglamentó por decreto 2020/07. Ley 25018. Radiactivos27. Establece presupuestos básicos para la gestión adecuada de residuos radiactivos a fin de garantizar el ambiente, la salud pública y los derechos de la prosperidad. La autoridad de aplicación es la Comisión Nacional de Energía Atómica, quien deberá coordinar con las provincias o la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda, todo lo relativo a su aplicación. Por su parte, la autoridad de aplicación nacional deberá cumplir con las normas locales (artículo 5). Ley 25670. Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de PCB. “…en todo el territorio de la Nación en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional”. La ley tiene por finalidad la fiscalización de las operaciones asociadas a los PCB, la descontaminación o eliminación de aparatos que

21

La Ley 26562 regula las actividades de quema en todo el territorio nacional con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas.

contengan PCB, la eliminación de PCB usados, la prohibición de ingreso al país de PCB, la prohibición de producción y comercialización de los PCB. Prohíbe la instalación en todo el territorio de la Nación de equipos que contengan PCB y la importación de todo equipo que lo contenga. Crea un Registro Nacional Integrado de poseedores de PCB. Establece responsabilidades de eliminación gradual y prevé que para 2010 todos los aparatos que contengan PCB, y que su poseedor quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto esto suceda, el poseedor no podrá reponer PCB, debiendo reemplazarlo por fluidos libres de dicha sustancia. Obliga a identificar los equipos y los lugares de almacenamiento de PCB y PCB usados y a instrumentar las medidas necesarias para evitar poner en riesgo la salud de las personas y la contaminación del medio ambiente. Ley 26562. Los presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema. Regula las actividades de quema en todo el territorio nacional con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas. Se refiere a la quema de vegetación o residuos de vegetación. Prohíbe toda actividad de quema, la que deberá tener autorización específica. Las autoridades de cada jurisdicción sujetarán la autorización a parámetros climáticos, estacionales, regionales, de preservación del suelo, flora y fauna, así como requisitos técnicos para prevenir el riesgo de propagación del fuego y resguardar la salud y seguridad públicas. - Las Aguas. Preservación Ley 25688. Preservación de aguas, aprovechamiento y uso racional. Consagra el principio por el cual “las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles” (artículo 3). Se crean comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas. Define el concepto jurídico de “utilización de aguas”; para su utilización se deberá contar con autorización del Comité de la Cuenca. - Cuenca Matanza - Riachuelo Esta cuenca es una vía navegable interjurisdiccional, que recorre parte de la Capital Federal y 11 partidos de la provincia de Buenos Aires, por lo que se involucran en la problemática 14 jurisdicciones sumando la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. A lo largo de esta cuenca viven aproximadamente 4.600.000 ciudadanos. El INDEC estimaba a fines de 2003 que si la variación intercensal relativa repitiera la tasa de crecimiento poblacional registrada para el período 1980 - 1991 - 2001 para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, la población (que reside en los municipios que integran la cuenca y en la zona del Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires), en cinco años (2008)

22

El Derecho a un Ambiente Sano

sería de 5.000.000 de habitantes temporales que eventualmente se y en diez años (2013) sería de dicten”30. 5.300.000 habitantes. AproxiEsta situación se intenta superar madamente el 14% de la pobla- con la creación de la Autoridad ción del país viviría allí en el año de la Cuenca Matanza-Riachuelo 201328. - ACUMAR. Las conclusiones del Primer Informe Especial29 elaborado por Ley 26168. Ley de la Cuenca el Defensor del Pueblo de la Na- Matanza - Riachuelo. Crea la ción, señalaron varios aspectos Autoridad de la Cuenca con vinculados que resulta del caso competencia en el área de la señalar. Entre ellas se destaca la Cuenca Matanza-Riachuelo en el superposición y descoordinación ámbito de la Ciudad Autónoma que condicionaban la posibilide Buenos Aires y los partidos dad de gestión y realización de de Lanús, Avellaneda, Lomas cualquier política pública local, y de Zamora, Esteban Echeverría, que permitieron la instalación de La Matanza, Ezeiza, Cañuelas actividades industriales con las, Almirante Brown, Morón, un total descuido, desidia del Merlo, Marcos Paz, Presidente espacio público interjurisdiccio- Perón, San Vicente y General nal de la cuenca y en ostensible Las Heras, de la provincia de incumplimiento de las normaBuenos Aires. tivas ambientales nacionales y El proceso de saneamiento de la supranacionales. Veamos: cuenca está a cargo de la AutoriCaos normativo e institucional: dad Federal -ACUMAR-, creada Así se denominó la multiplia fines de 2006. cidad de fuentes normativas e institucionales; ello debido a que Síntesis de la situación al moen la cuenca y en relación a las mento de creación de ACUjurisdicciones y competencias MAR31: sobre el aire, el agua, el suelo y - Salud y medio ambiente: Conlos efluentes intervienen: taminación por plomo · Se encontraron presentes en el suelo, en el aire y en el agua 9 entes nacionales a lo largo de la cuenca plomo, 8 de la Provincia de Buenos Aires mercurio, cromo, xileno, etil8 de la Ciudad Autónoma benceno, tolueno, etc., extremo 14 municipios que permitió inferir que la poTotal: 39 organismos blación se encontraba seriamente afectada por la contaminación “Tales organismos deben aplicar, de metales pesados. Ello también aproximadamente, 55 normas de se hizo extensivo a la flora y la diferente jerarquía que van desde fauna de la región. · Se pone en evidencia la falta de la Constitución Nacional hasta las ordenanzas municipales. Ello estudios epidemiológicos. sin contar resoluciones, decretos · Existencia de grave daño en la salud de la población. y disposiciones específicas y/o

- Basurales · La CEAMSE denunció (a Octubre de 2000) la existencia de más de 100 basurales en la región ocupando prácticamente 400 hectáreas. A julio de 2003, se pudo comprobar la existencia de otros 40 basurales clandestinos (a cielo abierto). Se identificaron como zonas más afectadas: Almirante Brown, La Matanza y Esteban Echeverría (en la provincia de Buenos Aires) y Villa 19, Villa 20 y Ciudad Oculta (Ciudad de Buenos Aires). · Relevante potencial infeccioso que esto representaba y que también era causa de contaminación del suelo, el agua y el aire, tan grave como los de origen industrial: Leptopirosis, enfermedades diarreicas, tétanos, parásitos, dengue, etc., detectados en seres vivos, marcan el resultado de la carencia de políticas de erradicación de estos basurales. - Industrias · El registro más reciente -al 2003- de emprendimientos industriales radicados en la cuenca databa de 1997, estimándose que existían a finales de 2003 más de 3.000 empresas. · El Polo Petroquímico de Dock Sud es tal vez el ejemplo más paradigmático de contaminación ambiental, aunque no el único. · La gravedad e imposibilidad de hacer manejable ese complejo industrial en las actuales condiciones impone reconocer definitivamente los graves riesgos, no sólo ambientales, sino también de desastre tecnológico por, verbigracia, accidentes químicos ampliados.

23

Es un hecho comprobado el daño ambiental producido en la cuenca durante largos años, situación que concitó la atención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual, en ejercicio de su competencia originaria, dictó sentencia con fecha 08-Jul-08, en autos “Mendoza, Silvia Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)”. La demanda fue entablada contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contra cuarenta y cuatro (44) empresas que desarrollan su actividad industrial en las adyacencias de esa cuenca hídrica.

· Fallo “Mendoza”. Competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este fallo resulta decisivo para entender la dimensión de la gravedad de la situación en que se encuentra la CMR y observar el escenario que se yergue ante la vista cotidiana de sus habitantes. La lenta acción de los responsables “nuevos e históricos” y el severo daño ambiental constatado produjo el reclamo de ciudadanos ante la Justicia. Se interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, autos: “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”. Es un hecho comprobado el daño ambiental producido en la cuenca durante largos años32, situación que concitó la atención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual, en ejercicio de su competencia originaria, dictó sentencia con fecha 08-Jul-08, en autos “Mendoza, Silvia Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)”. La demanda fue entablada contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contra cuarenta y cuatro (44) empresas que desarrollan su actividad industrial en las adyacencias de esa cuenca hídrica. En los autos mencionados el máximo tribunal consideró que: 15)…la recomposición y prevención de daños al ambiente obliga al dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces. De acuerdo con este principio, la presente sentencia resuelve de modo definitivo la específica pretensión sobre recomposición y prevención que ha tramitado por medio de este proceso urgente y autónomo. El objeto del decisorio se orienta hacia el futuro y fija los criterios generales para que se cumpla efectivamente con la finalidad indicada, pero respetando el modo en que se concreta, lo que corresponde al ámbito de discrecionalidad de la administración. De tal modo, el obligado al cumplimiento deberá perseguir los resultados y cumplir los mandatos descriptos en los objetivos que se enuncian en la presente, quedando dentro de sus facultades la determinación de los procedimientos para llevarlos a cabo. Asimismo, dado el carácter definitivo de esta sentencia, el proceso de ejecución debe ser delegado en un juzgado federal de primera instancia, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento. Como consecuencia de la decisión que se adopta, el proceso relativo a la reparación del daño continuará ante esta Corte puesto que no se refiere al futuro, sino a la atribución de responsabilidades patrimoniales derivadas de conductas adoptadas en el pasado. …la eficacia en la implementación requiere de un programa que fije un comportamiento definido con precisión técnica, la identificación de un sujeto obligado al cumplimiento, la existencia de índices objetivos que permitan el control periódico de sus resultados y una amplia participación en el control.

Principios que regirán el proceso de recomposición y prevención. La C.S.J.N. estableció un programa de políticas públicas que se desarrolla en el Considerando 17, en especial, en el apartado I): Considerando 17: ...Que por la presente sentencia la Autoridad de la Cuenca queda obligada a cumplir el siguiente programa:

24

I) Objetivos: El programa debe perseguir tres objetivos simultáneos consistentes en: La mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca. La recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua-aire-suelo). La prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. Para medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos la Autoridad de Cuenca deberá adoptar alguno de los sistemas internacionales de medición que se encuentran disponibles e informar al tribunal competente para la ejecución de esta sentencia en un plazo de 90 (noventa) días hábiles. El incumplimiento de la orden dentro del plazo establecido, importará la aplicación de una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca.

Autoridades con competencias vinculadas a la Cuenca. En el Considerando 16) se establecen las responsabilidades que le caben respectivamente a las autoridades con competencias vinculadas a la Cuenca, así: ACUMAR resulta la autoridad obligada a la ejecución del programa, que asumirá las responsabilidades ante todo incumplimiento o demora en ejecutar los objetivos que se precisarán, conforme la ley 26168. Ello, sin perjuicio de mantener intacta en cabeza del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la responsabilidad primaria, en función del asentamiento territorial de la cuenca hídrica y de las obligaciones impuestas en materia ambiental por disposiciones específicas de la Constitución y de las normas superiores de carácter local del Estado Bonaerense y de la Ciudad Autónoma, todas ellas

demandadas en los citados. Resolución del máximo tribunal: 1.- Dictar sentencia con respecto a las pretensiones que tienen por objeto la recomposición y la prevención. 2.- Ordenar a la Autoridad de Cuenca que contempla la ley 26.168 el cumplimiento del programa establecido en los considerandos. 3.- Disponer que el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son igualmente responsables en modo concurrente con la ejecución de dicho programa. 4.- Establecer que la Auditoría General de la Nación realizará el control específico de la asignación de fondos y de ejecución presupuestaria de todo lo relacionado con el Plan Integral de Saneamiento. 5.- Habilitar la participación ciudadana en el control del cumplimiento del Plan de Saneamiento y del programa fijado en el presente. 6.- Encomendar al Defensor del Pueblo de la Nación la coordinación de dicha participación, mediante la conformación de un cuerpo colegiado en el que participarán los representantes de las organizaciones no gubernamentales que intervienen en esta causa en condición de terceros interesados. 7.- Atribuir competencia al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes para conocer en todas las cuestiones concernientes a la ejecución de este pronunciamiento y en la revisión de las decisiones finales tomadas por la Autoridad de Cuenca, según el alcance establecido en los considerandos 20 y 21. 8.- Disponer la acumulación de procesos y prevenir acerca de la situación de litispendencia existente, con arreglo a lo decidido en el considerando 22. 9.- Mantener la tramitación de la causa ante esta Corte en lo atinente a la reparación del daño colectivo. 10.- Ordenar la remisión de copia fiel, en soporte papel y magnético, de todo lo actuado al Juzgado Federal de Quilmes, haciéndose saber a su titular la existencia de anexos de documentación que se encuentran a su disposición para

25

toda consulta que se quiera formular. 11.- Diferir el pronunciamiento sobre las costas hasta tanto se dicte sentencia con respecto a la pretensión cuyo trámite prosigue ante esta Corte.

Prevención y recomposición de los daños al ambiente. Ejecución de la sentencia ante el Juzgado Federal de Quilmes Resolución del Juzgado Federal de Quilmes, de fecha 22 de mayo de 2009, en relación a los cuestionamientos sobre la competencia de ACUMAR. Reordenamiento de fuentes normativas y de su aplicación. Armonización de las mismas. - Afirmó que: …la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) resulta ser un ente interjurisdiccional autónomo y autárquico, que posee competencia y facultades superiores a la de los estados que la conforman, ello, en virtud del contenido de los derechos fundamentales establecidos por nuestra Constitucional Nacional, como así las leyes federales dictadas en congruencia, y los distintos acuerdos y normativas locales que los propios estados intervinientes han sancionado…

- Ratificó la competencia federal y supralocal que posee la Autoridad de Cuenca sobre los organismos de la Nación y sostiene que en virtud del mismo y respecto de la diversidad de fuentes emisoras de normas (Convención Constituyente, Congreso Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, Legislatura Provincial, Poder Ejecutivo Provincial, Legislatura o Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, Municipalidad o Consejo Deliberante), así como sus diferentes ámbitos de aplicación (nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): …los estados locales se encuentran obligados a proteger la norma constitucional mediante la unificación en un organismo federal único, con las facultades y competencias necesarias a tal fin,…instituido en nuestra legislación en cabeza de la Autoridad de Cuenca, a los fines del tratamiento de todas las cuestiones derivadas de la problemática ambiental existente en la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo.

- Ratificó la necesaria aplicación del … principio de congruencia ya citado, como así también el principio de subsidiariedad, “entendiendo por el primero la integración necesaria que debe haber entre las normas locales y las federales, y por el segundo, la intervención del orden nacional, para los casos en que el tamaño y la envergadura de los conflictos y soluciones, excedan la capacidad de actuación local, más aun en este caso donde se ve afectado el medio ambiente de las distintas jurisdicciones que abarca la cuenca hídrica en cuestión…

- Ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) que presente, con fecha 08 de junio de 200933, un informe que contenga las decisiones a las que hubiera llegado a través de su Consejo Directivo, a los fines del funcionamiento autónomo y efectivo de esa autoridad, conforme lo descripto en los Considerandos 11 y 12 de la resolución; debiéndose acompañar al efecto las actas y/o documentos respectivos, con los requisitos necesarios para su publicación y puesta en funcionamiento en forma inmediata.

26

El Derecho a un Ambiente Sano

- Ordenó que las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo deberán asegurar la existencia de ACUMAR como la única autoridad de aplicación y con competencia ambiental exclusiva y excluyente sobre la cuenca hídrica en cuestión, y la existencia de un procedimiento único que abarque la actuación de la misma. Se reitera la competencia exclusiva y excluyente de este Juzgado Federal de Primera Instancia en la revisión judicial de la actuación de esa autoridad. - Ordenó a la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), continuar con las inspecciones de las empresas existentes en esa cuenca hídrica y adoptar todas las medidas necesarias que permitan comprobar fehacientemente que se haya cesado por completo el vertido de efluentes líquidos industriales, residuos peligrosos o especiales, emisiones contaminantes y/o sustancias de toda índole que contaminen de cualquier forma el medio ambiente de la cuenca, por parte de los establecimientos allí existentes. Deberá continuarse con la presentación de informes de avance cada quince (15) días, conforme lo ordenado en el punto III del resolutorio de fecha 22-10-08. Todo lo ordenado precedentemente se sujeta al apercibimiento de aplicarse las multas diarias previstas, con los alcances esbozados en el Considerando 21, último párrafo, del fallo a ejecutar. Aclárase, que esa sanción podrá ser aplicada en

cualquier etapa del proceso. Ello sin perjuicio, de la responsabilidad concurrente que primariamente le corresponden al Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires -conforme lo expresado en el Considerando 16 del citado fallo- y la responsabilidad civil y penal que le correspondiere a los funcionarios intervinientes. Resolución del Juzgado Federal de Quilmes de fecha diciembre de 2009, que ordenó un término para ACUMAR, disipó los cuestionamientos de jurisdicciones locales respecto de las obligaciones de hacer. En tal sentido expresó: …en el mes de marzo de 2010, todas y cada una de las obras antes indicadas deberán encontrarse en condiciones de ser licitadas y/o contratadas según corresponda. Asimismo, la Autoridad de Cuenca deberá gestionar efectivamente la tramitación de soluciones a las problemáticas habitacionales que se presenten. Personal de éste Juzgado se constituirá in situ en los lugares de emplazamiento a fin de constatar las obras programadas para su fehaciente certificación, debiendo establecerse todo dato fáctico contradictorio a lo denunciado en autos, como un incumplimiento realizado por parte de esa Autoridad, lo cual conllevará anexada una incuestionable negligencia que la hará pasible de las sanciones previstas en nuestro ordenamiento legal, tanto civil como penal. Sin embargo aunque sea la Autoridad de Cuenca el organismo obligado al saneamiento de la Cuenca hídrica, y quien, por tanto, debe arbitrar todos los medios necesarios para cumplimentar los objetivos de la ejecución; no pueden excusarse ninguno de los Estados mencionados de las actividades que le son propias, fundamentándose en cuestiones de orden presupuestario, las cuales, en caso de establecerse como

La Justicia ordenó a la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), continuar con las inspecciones de las empresas existentes en esa cuenca hídrica y adoptar todas las medidas necesarias que permitan comprobar fehacientemente que se haya cesado por completo el vertido de efluentes líquidos industriales, residuos peligrosos o especiales, emisiones contaminantes y/o sustancias de toda índole que contaminen de cualquier forma el medio ambiente de la cuenca.

27

En el mes de marzo se ha presentado un informe elaborado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires en el cual se identifican, localizan y categorizan más de 140 basurales existentes en la cuenca, el cual se ha ido actualizando hasta llegar a los 171 en el mes de noviembre.

28

impedimento de obrar, deberán ser ventiladas y resueltas en el seno del Consejo Directivo de esa autoridad con celeridad y previsibilidad suficiente. El Director Ejecutivo de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo... deberá asumir todas las responsabilidades para el cumplimiento de las pautas que fueran fijadas por el suscripto... Deberán publicarse los cronogramas e informes supra ordenados en la página web de la ACUMAR y en cualquier otro medio de publicidad que sirva a la difusión.

En cumplimiento de esta manda el primero de febrero de 2010 la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) presentó ante el juez federal de Primera Instancia de Quilmes un nuevo plan para cumplir con la sentencia de la Corte, el que implica la actualización del Plan Integral de Saneamiento, y en el cual participaron la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos en la actualidad con la siguiente situación: El fallo “Mendoza” establece la recomposición y prevención y delega en el Juzgado Federal de Quilmes su ejecución y, por otra parte, el aspecto reparatorio del daño causado a los actores que continúa en su competencia originaria. Al efecto de la ejecución de la sentencia que se cumple por ante el Juzgado Federal se conformó un Cuerpo Colegiado para la participación ciudadana integrado por: Defensor del Pueblo de la Nación Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos Asociación de Vecinos “La Boca” Centro de Estudios Legales y Sociales Fundación Ambiente y Recursos Naturales Greenpeace Argentina La Corte aceptó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación (DPN) y las organizaciones Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación de Vecinos “La Boca” (AVLB), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Greenpeace Argentina como terceros en la causa “Mendoza”. El programa de políticas públicas ordenado en el fallo no se cumple con la diligencia y eficiencia, ni en los tiempos que reclaman las acciones allí establecidas. El grado de cumplimiento y avance en la ejecución se registra a través del informe del Cuerpo Colegiado del mes de diciembre de 2009, donde se revisan cada uno de los puntos que integran el plexo las de políticas públicas implicadas en el fallo de la C.S.J.N., y que en síntesis apretada se desarrolla a continuación: Sistema de medición de cumplimiento de objetivos: “…La ausencia de un sistema de medición apropiado es una traba para evaluar con objetividad el grado de avance y la eficiencia de las acciones que ejecuta la Autoridad de Cuenca en función del logro de los objetivos dispuestos por la C.S.J.N.…”34. Su ausencia resulta una traba para el proceso de evaluación objetiva de toda gestión ambiental.

Sistema de información pública: El Informe 2009 considera insuficiente el sistema de información pública y sostiene que la página web de ACUMAR no es adecuada para el conocimiento de las acciones que realiza ACUMAR. Control de la contaminación de origen industrial: …Para la realización de las inspecciones se ha delimitado un universo de industrias que no abarca a la totalidad de las existentes en la CMR. ACUMAR confeccionó un listado de 4.103 establecimientos, sin embargo, otras fuentes de información indican que el total de las industrias es ampliamente superior… …la progresión de las inspecciones se realiza a un ritmo sumamente lento. A 17 meses del fallo de la C.S.J.N. se ha logrado inspeccionar tan solo a un número cercano al 20% de los establecimientos del listado de ACUMAR (890 inspecciones al 30 de noviembre de 2009)…

Reconvención industrial y relocalización del polo petroquímico Dock Sud: …El juez de la ejecución, a los fines del cumplimiento del fallo de la Corte, ha ordenado la elaboración de un “proyecto integrador” en relación al “Proyecto de reconversión industrial y relocalización del polo petroquímico de Dock Sud”… …demora de las autoridades competentes para tomar medidas concretas conducentes a la relocalización y reconversión industrial del Polo Petroquímico Dock Sud. El mismo constituye una de las principales fuentes de contaminación de origen industrial en la CMR, a la vez que representa una importante situación de peligrosidad para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)… ...Al 31 de diciembre de 2009 no se ha dado cumplimiento a la manda de la C.S.J.N. El Cuerpo Colegiado considera que

urge una respuesta integral tendiente a una fuerte disminución del riesgo generado por el Polo Petroquímico Dock Sud, contemplándose en la misma la situación de la población asentada en sus alrededores.

Información pública sobre el estado ambiental de la cuenca: Se destaca la importancia de los estudios sobre calidad del agua superficial, subterránea y sedimentos que se han realizado en el marco del Programa de Monitoreo Integral (PMI). De los mismos participaron el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y el Instituto de Limnología Raúl Ringuelet (ILPLA) de la Universidad Nacional de La Plata. Sin perjuicio de las observaciones que desarrollamos a continuación, se valora la realización de cuatro campañas de muestreo a lo largo de la CMR (Otoño 2008, Invierno 2008, Primavera 2008 y Verano 2008/9), lo que permite acceder a información sustancial para evaluar el estado de la cuenca y trazar una línea de base que indique el nivel de contaminación existente. … Sin embargo, las últimas dos campañas demuestran un enorme retroceso en lo que respecta a la claridad de la evaluación que se realiza en base a los datos relevados. …A más de 17 meses del fallo de la C.S.J.N., ACUMAR no ha realizado ni una medición de la calidad del aire representativa de la situación de la CMR. Simplemente se han acompañado mediciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales abarcan una restringida porción del territorio y no son acompañados por una evaluación de su alcance…

Saneamiento de basurales y gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU): Puede destacarse el relevamiento de basurales presentado por ACUMAR. En el mes de marzo se ha presentado un informe elaborado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de

Buenos Aires en el cual se identifican, localizan y categorizan más de 140 basurales existentes en la cuenca, el cual se ha ido actualizando hasta llegar a los 171 en el mes de noviembre…

Sin embargo, las acciones realizadas no resultan suficientes ni satisfactorias a criterio del Cuerpo Colegiado. Limpieza de márgenes - problemática habitacional: …Puede destacarse el relevamiento de basurales presentado por ACUMAR. En el mes de marzo se ha presentado un informe elaborado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires en el cual se identifican, localizan y categorizan más de 140 basurales existentes en la cuenca, el cual se ha ido actualizando hasta llegar a los 171 en el mes de noviembre…

Sin embargo, las acciones realizadas no resultan suficientes ni satisfactorias a criterio del Cuerpo Colegiado. Acceso al agua potable: …se ha impulsado notoriamente la expansión de las redes de provisión de agua potable, siendo a priori posible a acceder información respecto a las obras realizadas, en ejecución y proyectada…”. “Resulta necesario que ACUMAR adopte medidas urgentes para atender a aquellas personas que utilizan agua subterránea en condiciones no aptas para el consumo humano.

El Cuerpo Colegiado entiende que las obras deberán continuarse y profundizarse. Saneamiento cloacal: …Se han ejecutado acciones en pos del cumplimiento de la manda de la C.S.J.N., pero las mismas han sido insuficientes e insatisfactorias. Si bien se ha impulsado la expansión de la red de saneamiento cloacal en el ámbito de la

29

cuenca, persisten las dudas respecto al tratamiento que se otorgará a los desechos y sus consecuencias en relación a los cursos de agua…

ACUMAR se encuentra obligada a planificar el ordenamiento ambiental del territorio de la CMR conforme lo dispuesto en el artículo 5, inciso b) de su ley de creación (ley 26168).

Salud, atención sanitaria y diagnóstico: Gran parte de la población de la cuenca padece enfermedades vinculadas con las pésimas condiciones ambientales y la precariedad de la calidad de vida. El Informe del Cuerpo Colegiado señala, respecto de la Ciudad de Buenos Aires que: la incorporación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica actualmente en funcionamiento de eventos de notificación obligatoria relacionados con causas ambientales, y la realización de estudios epidemiológicos en relación a patologías oncohematológicas (leucemia) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también resultan acciones positivas a destacar, como así también las acciones de emergencia realizadas en Villa Inflamable.

En sus conclusiones, el Cuerpo Colegiado señala que: …(se) han ejecutado acciones en pos del cumplimiento de la manda de la C.S.J.N, las que deberán continuarse y complementarse. Hasta la fecha no se ha acreditado el cumplimiento de la totalidad de las mandas emanadas del fallo de la C.S.J.N al respecto, ni de aquéllas establecidas por el Juzgado Federal en el marco de la ejecución del mismo…

Ordenamiento ambiental del territorio: ACUMAR se encuentra obligada a planificar el ordenamiento ambiental del territorio de la CMR conforme lo dispuesto en el artículo 5, inciso b) de su ley de creación (ley 26168). A tales fines, deberá contemplar lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley General del Ambiente 25675 y prestar especial atención a los componentes emanados del fallo de la C.S.J.N. A su vez, el juez de ejecución entiende que es una manda implícita del fallo de Corte. El juez federal de Quilmes, mediante resolución del 1 de octubre de 2009, ha impulsado y ordenado la presentación de un proyecto integrador de “Ordenamiento Territorial” para la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Hasta la presentación del informe del Cuerpo Colegiado a fines de 2009, no había registros de acciones cumplidas en este sentido. En el informe se señala que: El juez federal de Quilmes, mediante resolución del 1 de octubre de 2009, ha impulsado y ordenado la presentación de un proyecto integrador de “Ordenamiento Territorial” para la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo. OBSERVACIONES: la falta de propuestas integradoras en esta temática, descripto en mayo del año 2007 por el Comité de Expertos de la Universidad de Buenos Aires convocado por la C.S.J.N para el análisis de la factibilidad de las acciones proyectadas por la ACUMAR, se extiende al día de la fecha…

El 10 de febrero de 2010, ACUMAR presentó ante el juez de ejecución el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) que podría generar respuesta a los distintos aspectos involucrados en el ordenamiento territorial, pero resulta muy temprana cualquier apreciación al respecto. Proceso de ejecución de la sentencia: La Autoridad de la Cuenca

30

El Derecho a un Ambiente Sano

Matanza-Riachuelo (ACUMAR) acaba de presentar ante el juez federal de Primera Instancia de Quilmes un nuevo plan para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su confección participaron las siguientes áreas estatales, cumpliéndose en este sentido con la participación de las jurisdicciones involucradas en la cuenca: la ACUMAR; la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros; el Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud de la Nación; la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación; la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Subsecretaría de Obras Públicas; Agua y Saneamientos Argentinos S.A., dependientes del Ministerio de Planificación Federal; Inversión Pública y Servicios del Gobierno Nacional; la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento; la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, todas del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires; el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Delegación Puerto Dock Sud; el Ministerio de Desarrollo Urbano y la Agencia de Protección Ambiental; el Instituto de la Vivienda de CABA; la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; el Ministerio de Ambiente y Espacio Público; la Corporación Buenos Aires Sur; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Desarrollo Económico, entre otros.

Contexto normativo local Constitución de la Ciudad de Buenos Aires En la Constitución de la Ciudad la cuestión ambiental está presente en el capítulo cuarto, específicamente dedicado al “Ambiente” en los artículos 26 a 3035. Pero más allá de este núcleo normativo también contiene referencias al ambiente cuando define la salud integral en el artículo 20; en el artículo 14, al consagrar el amparo como garantía procesal constitucional “…en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como el ambiente”. También, cuando la Constitución local consagra el derecho a la igualdad real entre varones y mujeres, lo extiende a todos los derechos económicos, sociales y culturales. En el artículo 80, inciso b), cuanto la Legislatura de la Ciudad debe dictar las normas ambientales de aplicación local. Los principios constitucionales rectores de la cuestión local ambiental deben considerarse dentro del marco jurídico supranacional que está integrado por los tratados internacionales que tienen por parte a la República Argentina, y que ha sido previamente incorporado en este informe, conforme el artículo 1036 de la Constitución local. Asimismo, el contexto constitucional nacional y el ordenamiento legal federal aportan, por un lado, los principios jurídicos en el artículo 41 de la CN y, por el otro, los presupuestos mínimos de aplicación en todo el territorio nacional, siendo normas que abordan

31

diversos aspectos de la mayor relevancia37 que, por su naturaleza, se sitúan como ordenamiento superior a los provinciales o locales. Establecida la prelación normativa, corresponde analizar las cuestiones que se abordan en el texto constitucional local. En primer lugar, la norma constitucional establece la solidaridad del derecho al ambiente, es decir, se trata de un derecho de incidencia colectiva en el cual se resalta la interdependencia generacional respecto del ambiente sano. Consagra de esta manera el derecho y, al mismo tiempo, el deber de preservación y defensa del ambiente, y la atención al daño ambiental y su recomposición. La obligación de brindar información ambiental y el derecho a requerirla, tanto sea sobre obras públicas o privadas. La norma constitucional, vuelve sobre la materia ambiental en el artículo 81 al referirse a la sanción por mayoría absoluta de los miembros de la Legislatura de los Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación, y luego, al Plan Urbano Ambiental, el que debe ser propuesto por el Poder Ejecutivo. Las políticas de Estado en materia ambiental están enunciadas en el artículo 27 de la carta magna local. Se trata de políticas de acción que involucran a todos los poderes del Estado local y se extienden geográficamente al Área Metropolitana. Estas políticas de acción se desarrollan en el planeamiento y gestión del ambiente urbano y están inescindiblemente ligadas al desarrollo económico social y cultural. El artículo 28, en total consonancia con los instrumentos supranacionales, establece la prohibición de ingreso de residuos y desechos peligrosos y de métodos, productos, servicios o tecnologías no autorizados o prohibidos en su país de producción, patentamiento o desarrollo original. La reconversión se realizará en el plazo que la ley determine. El Plan Urbano Ambiental que se establece en el artículo 29 es la ley marco de legislación urbanística y de obras públicas y se sanciona como ley 71 de la Ciudad (modificada por ley 742). El Plan Urbano Ambiental es formulado y actualizado por un Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA). El artículo 30 de la Constitución obliga a la realización del Estudio de Impacto Ambiental cuando se trate de obra pública o privada. Añade la necesidad de realizar audiencia pública. La Ley 123 de Registro de Impacto Ambiental, modificada por las leyes 452 y 1733, regula la cuestión de la evaluación del impacto ambiental y el procedimiento técnico-administrativo para llevarlo a cabo, así como las obligatorias etapas que incluyen la audiencia pública con los interesados y potenciales afectados. Las audiencias públicas constituyen el ámbito de participación ciudadana en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa, y se rigen por la ley 6 de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, cabe señalar lo dispuesto en los artículo 127 y 128,

32

referidos a la descentralización político-administrativa, por Comunas, con competencia territorial en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un cúmulo de competencias específicamente expresadas en la norma constitucional38, y se establece un principio general por el cual ninguna decisión u obra local puede entrar en colisión con el interés general de la Ciudad. Tiene un órgano de gobierno colegiado elegido en forma directa denominado “Junta Comunal” de siete miembros. Este órgano es asesorado por un organismo consultivo y honorario. Plan Urbano Ambiental y la Gestión Ambiental: Intensamente ligada al mandato constitucional, la gestión ambiental requiere la implementación de las políticas ambientales locales por las autoridades de la Ciudad, con las necesarias normativas y el control de su cumplimiento. En este sentido, la ley 71 y su modificatoria ley 472 regulan el Plan Urbano Ambiental contenido en el mandato constitucional local, a fin de sentar las bases normativo-ambientales, sus objetivos y principios orientadores, los contenidos del PUA, la autoridad de aplicación, plazos, revisiones y actualizaciones del PUA. Los lineamientos normativos que se establecen para el PUA deben guiar la gestión ambiental en lo local. Los ejes del PUA se encuentran contenidos en el artículo 14 y se pueden sintetizar en: a) estructura urbana policéntrica; b) vinculación de la Ciudad con el río:

preservación del recurso hídrico y su uso público, recreativo y gratuito; c) área sur: renovación, densificación y renovación urbana; d) promoción de estrategia de espacios públicos: espacios verdes, vías públicas y áreas de calidad ambiental patrimonial; e) disminución de la participación del automóvil particular en el tránsito urbano e introducción de un sistema intermodal con mejoras para el sistema de transporte de cargas y pasajeros; f ) condiciones urbano-ambientales para la modernización y diversificación del tejido económicosocial; g) Mejora del hábitat de los sectores de menores ingresos y/o con desventajas ambientales; h) sostenibilidad global: calidad ambiental, preservación y corrección de actividades contaminantes; i) creación de nuevos instrumentos de gestión urbanoambiental de índole jurisdiccional y local; j) infraestructura de servicios acorde con el desarrollo propuesto para la Ciudad; k) supresión de barreras físicas y culturales. Estudio de Impacto Ambiental: Es relevante señalar que el ámbito de aplicación de la Ley 123 de EIA está referido a todas las actividades, proyectos, programas, emprendimientos susceptibles de producir un impacto ambiental de relevante efecto. El cambio que produce el impacto ambiental está catalogado de dos maneras: “con relevante efecto” o “sin relevante efecto”. Los parámetros legales para la categorización39según su efecto están incluidos en la ley y,

33

básicamente, para que deba producir el EIA, la salud, la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales40 deberán ser susceptibles de afectación; para lo cual se considerarán los factores enumerados en al artículo 12. Asimismo, la norma avanza sobre la cuestión señalando enunciativamente una lista de 16 actividades, proyectos, programas o emprendimientos que se consideran causantes de impacto ambiental con efectos relevantes. Los pasos a ejecutar en el estudio de impacto ambiental son siete, regulados específicamente en la ley: presentación de la solicitud, categorización, manifiesto y estudio técnico, dictamen técnico, audiencia pública, declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental. Los costos y expensas del EIA son a cargo del proponente. En tanto, la norma establece la suspensión o clausura inmediata de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento cuando no tengan la declaración de impacto ambiental o no cumplan con los controles, exigencias y seguimiento, ello más allá de las responsabilidades de sus titulares y de que las autoridades administrativas puedan disponer su cese y/o demolición a cargo del infractor. La autoridad de aplicación queda constituida por una Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental y un Consejo Asesor Permanente. La autoridad de aplicación ambiental es responsable de la vigilancia y seguimiento de las condiciones declaradas en el EIA, y eventualmente ejercerá las acciones ante la justicia competente. La categorización de actividades, proyectos, programas o emprendimientos y los certificados de aptitud que emite la autoridad ambiental, deben estar publicados en el Boletín Oficial. Poder de Policía Ambiental en la Ciudad: A fin de dar cumplimiento a la obligación indelegable de desarrollar la política de planeamiento y gestión del ambiente urbano que recae sobre las autoridades de la Ciudad, se hace necesaria la implementación del poder de policía en las cuestiones vinculadas al ambiente a fin de hacer cumplir las normas en el ámbito urbano y prevenir el daño ambiental. La potestad de policía es detentada por las autoridades de la Ciudad. Conforme queda establecido en el artículo 104 de la Constitución local, en sus incisos 1, 11, 13, 21, 22, 23 y 27, es el jefe de Gobierno quien entre sus atribuciones y facultades formula y dirige las políticas públicas y ejecuta las leyes, ejerce el poder de policía ,incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional. Además, se le asigna la facultad de otorgar habilitación y permiso para el ejercicio de actividades comerciales y para todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad. Es quien ejecuta las obras y presta servicios públicos por gestión propia o por concesión a terceros. Debe crear un organismo con competencias en el ordenamiento territorial ambiental y que formule el Plan Urbano Ambiental. En el inciso 27 se le atribuye la preservación, restauración y mejora del ambiente, y ello a fin de reducir la contaminación y degradación, bajo el principio de

34

El Derecho a un Ambiente Sano

la distribución equitativa. Junto al Jefe de Gobierno, son las comunas, acuñadas en los artículos 127 y 128 de la Constitución, las que tienen competencia en la fiscalización y control del cumplimiento de las normas sobre el espacio público y suelo de su propia jurisdicción y, por ende, el ejercicio del poder de policía dentro de las mismas. El ejercicio de la potestad de policía es un deber que se manifestará: 1) ex ante o sea preventivamente: antes del inicio de una obra; 2) ex post, control y fiscalización permanente de las actividades de manera proactiva y regular; 3) comprobación de una infracción y de auxilio de la justicia; 4) sancionador: cuando ya se comprobó la infracción, se aplicará la sanción administrativa. En este aspecto, para un correcto ejercicio del poder de policía, resulta en extremo relevante la existencia de un código ambiental, a fin de obtener la actualización, armonización y unificación de la normativa ambiental. La armonización normativa del sistema jurídico argentino con otras regionales permitiría mejorar en materia de prevención, seguridad jurídica, procedimientos más eficaces, mejoramiento en materia de fijación de políticas. El control y monitoreo es potestad del Estado y no puede interpretarse como el menoscabo de derechos de los particulares, sino como la consecuencia necesaria del acabado ejercicio del poder de policía en el deber cubrir actividades que requieren habilitación, las ya habilitadas,

fueren denunciadas y no denunciadas, las actividades clandestinas, el transporte de carga, el transporte público, la circulación vehicular, los ingresos y egresos de la Ciudad, la prestación de los servicios públicos, los usos de los espacios públicos, la contaminación visual y sonora, el control de los residuos –domiciliarios, industriales, patogénicos, nucleares-, control sobre la obra pública, control sobre toda actividad que genere sospecha de daño ambiental41. No hay ejercicio pleno del poder de policía ambiental sin un control permanente de las actividades que pueden incidir en la alteración del equilibrio ambiental; en este sentido, debemos señalar dos tipos de controles: el rutinario y el especial. En ambos la prevención juega un papel preponderante a fin de prevenir el daño ambiental. Residuos La problemática de los residuos se aborda en la Ciudad con varias normativas específicas vinculadas a los tipos de residuos que se producen en su territorio. Residuos peligrosos. Regulados por la ley 2214 y el decreto 2020/07, principalmente producidos por la actividad industrial. Su seguimiento está a cargo de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta Dirección cuenta con un Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos, a partir de cuya inscripción se obtiene un Certificado de Gestión de Residuos

Peligrosos. Residuos patogénicos. Son los que pueden dar origen o transmitir enfermedades, por ejemplo, los residuos hospitalarios o veterinarios. Su recolección exige el cumplimiento de procedimientos especiales y están regulados por una normativa particular (ley 154, decreto 1886/01, decreto 706/05 y su modificatoria ley 747). En la Ciudad, existe el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Patogénicos a cargo de la Dirección General de Evaluación Técnica. A partir de la inscripción del agente recolector se entrega el Certificado de Aptitud Ambiental. Residuos domiciliarios. Se generan en los hogares, en los comercios y en las industrias fuera de lo que se conoce como proceso productivo. En su mayoría no incluyen grado de peligrosidad o riesgo en su manipulación, por lo que son recolectados por el servicio habitual. Sin embargo, existen algunos residuos domiciliarios que pueden ser peligrosos o que son genéricamente peligrosos, como los aparatos eléctricos o electrónicos en desuso, las baterías, los que reclaman una gestión diferenciada. Su volumen y peso constituyen un serio problema que reclama complejas soluciones. La ley vigente en la Ciudad fija metas de reducción progresiva de los residuos enviados a los rellenos sanitarios y, para ello, toma como línea de base la cantidad de basura de la Ciudad de Buenos Aires enviada a rellenos sanitarios durante 2004, que ascendió

35

a 1.497.656 toneladas. La reducción que se plantea es escalonada: El 30% para 2010 El 50% para 2012 El 75% para 2017 Prohibición de disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables para el año 2020. La Ciudad de Buenos Aires considera algunas categorías de residuos domiciliarios peligrosos (RDP), dentro de aquellos residuos que reciben planes de manejo especial, según la ley 1854 y su decreto 639/05, artículo 16. Estas son: - Residuos de demolición, mantenimiento y construcción civil en general. - Aparatos eléctricos y electrónicos en desuso y sus residuos. - Las pilas y baterías finalizada su vida útil42. - Los neumáticos usados. - Enseres y/o muebles domésticos sin uso de gran volumen o acopiados en gran cantidad. Comparativo de la composición física de los residuos sólidos domiciliarios de los años 2005, 2006 y 2007 por tipologías de residuos por toneladas43. 600 500 400 300 200 100

2006

Aerosoles

Residuos de poda y jardín

Residuos peligrosos y patológicos

Metales ferrosos y no ferrosos

Pañales descartables

Misceláneos

Textil, madera, goma y cuero

Vidrios

Papeles y cartones

2007

Materiales de construcción y demolicion

2005

Plásticos

Desechos alimenticios

0

(tn)

Ahora bien, la recolección de los residuos domiciliarios o residuos sólidos urbanos se rige en la Ciudad por las siguientes normas: Ley 992 de Residuos Sólidos Urbanos, ley 1854, decreto 639/07, decreto 760/08, Ley 1246 Recuperadores Urbanos y Reciclado de Residuos Sólidos. La recolección de los residuos domiciliarios se encuentra a cargo de: a) servicio concesionado dividido en zonas, y

36

Informe Ambiental 2008. Producido por la Agencia Ambiental. Recolección de Residuos Domiciliarios en la Ciudad de Buenos Aires. Zonas de Recolección, CGPC, Plantas de Transferencias y Centros Verdes.

b) circuito de recuperación de materiales reciclables, a cargo de recuperadores urbanos y otros actores sociales. Ley 992: Establece los objetivos que deben cumplirse a través del servicio de recolección domiciliaria de residuos, al cual le incorpora los recuperadores de residuos reciclables, quienes deberán realizar la recolección diferenciada en el servicio de higiene urbana vigente en cumplimiento del objetivo de Gestión Integral de los Residuos Urbanos, y el diseño de un Plan de Preselección Domiciliaria de Residuos. Establece el objetivo de coordinar y pro-

mover con otras jurisdicciones y organismos oficiales acciones de cooperación mutua, planes y procedimientos conjuntos que tiendan a optimizar y mejorar el fin de la presente ley, generando procesos económicos que incluyan a los recuperadores. Crea el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas relacionadas con la actividad. Las empresas concesionarias que realizan la recolección y los siguientes servicios: domiciliarios, especiales, barrido y poda. Según el Pliego de Bases y Condiciones

37

“Basura Cero”: El conjunto de pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, seres vivos y bienes.

6/0344, el mismo establece la gestión de 5 Centros Verdes que deben ser construidos por las empresas prestatarias del servicio de higiene urbana. A fines de 2008, se pusieron en operación los Centros Verdes correspondientes a las zonas de Cliba y Níttida con los equipos adecuados. Ley 1854 “Basura Cero”: Su objeto es establecer el conjunto de pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, seres vivos y bienes. En este sentido, la Ciudad adopta como principio para la problemática de los residuos sólidos urbanos el concepto de “Basura Cero”. Define el concepto como el principio de reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos (artículo 2). Para ello se deberá establecer un conjunto de medidas con plazos y metas a cumplir que incluyan: reducción en la generación, selección, recuperación y reciclado. A su vez, la Ciudad se erige en garante de la “gestión integral de residuos sólidos urbanos”, concepto descripto por la norma como el ...conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para la administración de un sistema que comprende, generación, disposición inicial selectiva, recolección diferenciada, transporte, tratamiento y transferencia, manejo y aprovechamiento, con el objeto de garantizar la reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos, a través del reciclado y la minimización de la generación (artículo 3).

Esta ley excluye expresamente de su aplicación los residuos patogénicos regidos por la ley 154; los residuos peligrosos regidos por la ley nacional 24051 (B.O. N° 27.307 del 17/1/92) y la Ley 25612 (B.O. N° 29.950 del 29/7/02) Gestión Integral de Residuos Industriales o las normas que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el futuro las reemplacen; los residuos radioactivos; los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves. Los principios contenidos tanto en el artículo 9 de esta ley como en el decreto 760/08 son los siguientes: 1. Contaminador-pagador: implica que quien pone un producto en el mercado que con su uso se convierte en residuo, se haga responsable del mismo durante todo el ciclo de vida. 2. Responsabilidad compartida: es la responsabilidad solidaria que tienen todos los agentes económicos que intervienen en el ciclo de vida del producto. 3. Sustentabilidad: la puesta en marcha de un sistema que garantice la integración de los aspectos económicos, ambientales y sociales en la política pública de una gestión integral de los residuos sólidos

38

El Derecho a un Ambiente Sano

Establece la prohibición, desde la publicación de la presente, de realizar la combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos con o sin recuperación de energía. La recolección deberá ser diferenciada en residuos húmedos y secos, y el transporte a estos efectos deberá tener las características especificadas por la ley. La norma incluye sanciones. Recicladores domiciliarios. “Servicio de higiene urbana” En 2002 se derogó el artículo 6 de la ordenanza 33581/77 que penalizaba la recolección de residuos en la Ciudad, y se aprobó la ley 992/03, la que se encuentra vigente, y que instaura la recuperación de materiales reciclables como “servicio de higiene urbana”, reconociendo a los recuperadores urbanos como agentes de esta actividad. En 2008 el Informe del Ministerio de Ambiente y Espacio Público señala que hay 5.559 recicladores empadronados que realizan recolección barrial en la Ciudad, de los cuales 2.340 son independientes y el resto se encuentra vinculado a cooperativas, que son en total cuatro: Coop. Ceibo (50); Coop. Oeste/R. Sueños (50); Coop. Álamo (50); MTE (1.690), Recup. Tren Blanco (1.035). Los que reciclan 12.085 toneladas al mes45. La ley 1854 “Basura Cero” reafirma el contenido de la ley 992 en cuanto a los recicladores urbanos.

La ley 2146. Modifica el Registro de recuperadores y cooperativas y pequeñas y medianas empresas, y establece: “Créase el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables. La autoridad encargada de la confección del Registro proveerá a los inscriptos una credencial para ser utilizada durante el desarrollo de su actividad y suministrará vestimenta de trabajo, guantes y material reflectante autoadhesivo. Se tenderá al equipamiento necesario para equiparar la recolección al sistema de higiene urbana”.

En 2008 el Informe del Ministerio de Ambiente y Espacio Público señala que hay 5.559 recicladores empadronados que realizan recolección barrial en la Ciudad, de los cuales 2.340 son independientes y el resto se encuentra vinculado a cooperativas.

Actividad publicitaria exterior: La ley 2936/2008 tiene por objeto regular las condiciones de la actividad publicitaria exterior, con el fin de proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y de la imagen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda actividad publicitaria que se desarrolle y se perciba en el espacio público cualquiera sea el sistema utilizado para la transmisión del mensaje y las condiciones de colocación, conservación y retiro de instalaciones y/o elementos publicitarios mediante los cuales se desarrolla y materializa la actividad objeto de la presente. Quedan exceptuadas de los términos de la misma la actividad publicitaria que esté específicamente regulada. A fin de implementar la regulación y facilitar su cumplimiento, se establecen en el artículo 12 los criterios de zonificación bajo la premisa normativa que la actividad publicitaria se rige conforme

39

a los distritos indicados en esta ley, los que se asimilan al Código de Planeamiento Urbano sólo a los efectos publicitarios. Daño Ambiental en la normativa local: El daño ambiental expresamente contemplado en el artículo 26 de la Constitución local señala las obligaciones de hacer cesar la actividad que “…suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente…”, y de recomponer en caso de daño efectivo del ambiente. La normativa local dispone que la obligación de hacer cesar el daño ambiental recae sobre la persona o autoridad que tome conocimiento de la existencia o del riesgo en su producción. En este último caso el principio precautorio obliga a prevenir efectos ambientales. La Ley General del Ambiente 25675 resulta de aplicación en la Ciudad de Buenos Aires. La norma nacional se aplica en virtud de su naturaleza federal y compatibiliza con lo dispuesto por el artículo 10 de la Constitución local. Se establece la responsabilidad objetiva en la reparación, más allá de la responsabilidad penal y civil, independiente de la administrativa46. Amparo ambiental: El acceso a la justicia en cuestiones ambientales de la Ciudad: El artículo 14 de la Constitución local consagra el recurso de amparo en forma sustancialmente simétrica con la Constitución Nacional. Aplica el amparo tanto en los casos previstos en la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes nacionales, como en los casos que se protejan derechos consagrados en leyes locales. No cabe duda de la aplicación del amparo a cuestiones ambientales, en virtud de lo normado por el artículo 43 de la Constitución Nacional. En materia de legitimación activa, el artículo mencionado en el primer párrafo, específicamente señala que todo habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos están facultados para ejercerla. El texto constitucional local aleja las dudas respecto de la legitimación procesal de la Defensoría del Pueblo y resulta armoniosa con lo dispuesto por el artículo 137 del mismo cuerpo constitucional. Balance de Responsabilidad Social Ambiental (BRSA) Ley 2594: La necesidad de generar un comportamiento responsable en los habitantes hacia el ambiente que constituye su centro de vida ha sido objeto de una legislación específica en la Ciudad de Buenos Aires. La ley 2594 establece el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental. Está dirigida a empresas con domicilio en la Ciudad y cuya principal actividad se desarrolle en la misma. La norma busca generar conductas trasparentes y acceso a la información por parte de los ciudadanos. Resulta obligatoria para las empresas que superen los 300 empleados, con más de un año en el ejercicio de

40

su actividad en la Ciudad y cuya facturación supere en el último año los valores indicados en la Resolución SEP y ME 147/06. El resto de las empresas no están obligadas a realizarlo. La norma aún no está reglamentada, sólo se conformó el Consejo Consultivo sobre Responsabilidad Social Empresaria (COCORSE) como espacio para generar el dialogo entre los responsables a fin de elaborar la reglamentación correspondiente. La norma establece que el incumplimiento de la presentación del Balance RSA constituye una infracción que, tratándose de los obligados, serán identificados por tal incumplimiento, más allá de que resulte aplicable otra normativa vigente como consecuencia de dichos incumplimientos. Los órganos de control locales y sus incumbencias ambientales: Los órganos constitucionales de control con injerencia en la cuestión ambiental, cuya competencia emana del mandato específico de la carta magna local son: Sindicatura General, Procuración General, Auditoría General, Defensoría del Pueblo y el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos47. Estos órganos constitucionales tienen atribuciones específicas que permiten enfoques desde sus respectivas áreas sin superposición de competencias. De esta forma, la Sindicatura General, que depende del Poder Ejecutivo, realiza un …control interno del departamento ejecutivo de la ciudad y de los entes descentralizados, permite visualizar el

grado de cumplimiento presupuestario de los funcionarios de la administración. El control en materia ambiental, permitiría corroborar la correcta asignación de recursos, comprobar la ejecución o subejecución presupuestaria, y, en su caso, instar a las distintas dependencias y funcionarios para que expliquen en forma documentada su gestión48.

Es importante destacar la facultad de acceso a la información vinculada con los actos sujetos a su examen, en forma previa al dictado del acto. En cuanto a la Procuración General de la Ciudad, no resulta en sentido estricto un órgano de control; sin embargo, en su rol de abogado del Estado, podemos señalar que “en materia ambiental su rol es superlativo, en función de la participación, análisis y dictámenes que debe llevar adelante en los distintos expedientes administrativos y judiciales.”49. Es así que emite opinión sobre la legalidad de todos los actos administrativos, defiende el patrimonio del Estado local y le brinda patrocinio legal. En tal sentido, ante los eventuales incumplimientos detectados, lleva adelante sumarios administrativos para deslindar responsabilidades. En caso de corresponder, lleva adelante las acciones judiciales pertinentes. La Auditoria General de la Ciudad es un órgano extra poder, de control externo del sector público en cuestiones similares a la Sindicatura, y sus consecuencias resultan similares a esta50. El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos “…actúa en el control de calidad y la forma en que son llevados a cabo los

servicios públicos cuya prestación o control dependa de la administración central y descentralizada de la ciudad.”51. Entre sus funciones está expresamente contemplada la protección del ambiente y el control sobre el efectivo cumplimiento de las normas vigentes en la materia. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es una institución de la Constitución, diseñada como un órgano unipersonal e independiente. Con independencia funcional y autarquía financiera, no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Esta definición lo identifica como un órgano extra poder, aunque formalmente se sitúe en el ámbito del Poder Legislativo, no forma parte del mismo. Es custodio y garante de los derechos humanos y demás derechos fundamentales, ya sean subjetivos como de incidencia colectiva. En este orden de pensamiento, la cuestión ambiental y su defensa encuentra en la Defensoría de la Ciudad una superlativa custodia52. El Ministerio Público Fiscal. Finalmente, no se puede soslayar la actuación que le compete al Ministerio Público Fiscal en la cuestión ambiental. No se trata aquí de un órgano de control en el estricto sentido constitucional. El Ministerio Público Fiscal se encuentra formalmente situado en el ámbito del Poder Judicial, pero goza de autonomía funcional y de autarquía dentro del Poder Judicial. Es el titular de la acción en todo lo que signifique infracciones a las normas, sean estas tipificadas como delitos,

41

La ley 303 establece la obligación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de publicar anualmente un informe acerca del estado ambiental de la Ciudad, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la información ambiental.

42

contravenciones o faltas. En consecuencia el rol del Ministerio Público en materia ambiental resulta relevante al tiempo de la comprobación de las infracciones, en el ejercicio de las acciones, la colección de pruebas, el requerimiento en juicio, la acusación y la vía recursiva. También entre sus funciones se halla la potestad de requerir al juez las medidas tendientes a interrumpir las infracciones, hacer cesar el daño o el riesgo, e incluso posibilitar la recomposición ambiental53.

Información Ambiental en la Ciudad En el artículo 26, in fine, de la Constitución local, se proclama el derecho de toda persona, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas. La tutela de este derecho se desarrolla en la Ley 303 de Información Ambiental, referida a la información ambiental concerniente o que afecte a la Ciudad de Buenos Aires, que obre en poder del Gobierno de la Ciudad, de cualquier autoridad, organismo e institución pública, incluyendo a sus contratistas, concesionarias y empresas privadas que presten servicios públicos en su territorio. Ello, sin perjuicio de la aplicación en lo local de la normativa federal contenida en la Ley 25831 de Presupuestos mínimos, que regula el “libre acceso a la información pública ambiental”. En este orden, las provincias y los municipios deberán disponer de normas específicas. El principio básico es “el derecho a la información ambiental que se encuentre en poder del estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires”, salvo los límites contenidos expresamente en el artículo 7 de la ley. La ley 303 establece la obligación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de publicar anualmente un informe acerca del estado ambiental de la Ciudad, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la información ambiental54. La norma se complementa con la ley 104 y la Ley de Procedimientos Administrativos (decreto ley 1510 ratificado por resolución 41 B.O. 454, 27-5-98) de la Ciudad de Buenos Aires, las que serán de aplicación supletoria al régimen previsto por esta ley específica. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público elabora anualmente un informe sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos, en cumplimiento del artículo 10, inciso f ) de la ley 185455. Educación Ambiental en la Ciudad La ley 1687 tiene por objetivo “la incorporación de la educación ambiental en el sistema educativo formal, no formal y mediante modos alternativos de comunicación y educación, garantizando la promoción de la educación ambiental en todas las modalidades y niveles, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. De esta manera, se legisla en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 27, inciso 14 de la Constitución de la Ciudad, en tanto establece que esta promueve en forma indelegable la educación ambiental en todas las modalidades y niveles.

El Derecho a un Ambiente Sano

Cuenca Matanza-Riachuelo en la legislación local. Interjurisdiccionalidad (ver comentario sobre fallo C.S.J.N. “Mendoza”). Ley 2057 del 17 de agosto de 2006. Se sancionó la “Emergencia Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo” para asegurar el derecho a la salud, a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano en los términos de los artículos 41 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y artículos 26, 27, 28 y 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 1). En el artículo 2 establece en 13 incisos las obligaciones del Poder Ejecutivo porteño56. Esta norma reconoce como “área ambientalmente crítica” a la Cuenca Matanza-Riachuelo en los términos de la ley 123 y su modificatoria ley 452. Ley 2217 por la cual se adhiere a la Ley 26168 de Creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), completa el marco legal local.

miento institucional de esa autoridad, lo que trasuntará en la efectividad del derecho ambiental, cuyos fundamentos los hallamos en la ley-convenio que le da vida, y en la situación de vulnerabilidad ecológica y urgencia en la que se encuentra inmersa la cuenca hídrica en cuestión; y teniéndose en cuenta que su órgano directivo está conformado por las jurisdicciones locales, resultando así asegurado un manejo controlado y equilibrado de su gobierno…

La cuestión interjurisdiccional. Los reclamos efectuados por la Ciudad de Buenos Aires ante el Juzgado Federal de Quilmes fueron resueltos por el tribunal el 22 de mayo de 2009, formulando un principio que será paradigma en futuros y eventuales conflictos de jurisdicción. Así, establece que: ....(se) deberá articular y armonizar la normativa local existente en cada jurisdicción, estableciéndose de forma clara la intervención y competencia única de la Autoridad de Cuenca para su aplicación. Ello en pos del fortaleci-

43

CAPÍTULO En la Ciudad de Buenos Aires, las políticas públicas se gestionan según los objetivos, funciones y responsabilidades en cada caso a través del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la Agencia de Protección Ambiental, el Ministerio de Desarrollo Urbano y el Ministerio de Salud.

3

CONTEXTO institucional en la Ciudad de Buenos Aires

La obligación de llevar adelante políticas ambientales y realizar una gestión de protección del ambiente está asignada por la Constitución Nacional a las autoridades, ya sean nacionales, provinciales, como locales, y no distingue ninguno de los poderes del Estado. Ahora bien,

“......la institucionalización de la cuestión ambiental en la administración permite tener suficiente fuerza para llevar adelante iniciativas legislativas, reglamentar las normas que se dicten y efectivizar políticas en la materia toda vez que las normas, por más creativas, novedosas y declarativas que sean, se transforman en letra muerta si no existe una decidida gestión de los órganos del estado que las tornen operativas que dispongan de una actividad idónea de fiscalización57....”

En la Ciudad de Buenos Aires, las políticas públicas se gestionan según los objetivos, funciones y responsabilidades en cada caso a través de las siguientes instituciones: Ministerio de Ambiente y Espacio Público La Ley de Ministerios 2506 establece las siguientes competencias para este ministerio: - Diseñar e implementar políticas tendientes a mejorar y mantener el espacio público. - Planificar y administrar políticas de protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito que garanticen su uso común. - Diseñar e implementar políticas destinadas a la puesta en valor del espacio público. - Entender en el mantenimiento y conservación de los bienes afectados al dominio público y privado de la Ciudad de Buenos Aires. - Implementar acciones para la ubicación, mantenimiento y preservación de monumentos y obras de arte en los espacios públicos. - Planificar y administrar programas y proyectos destinados al mantenimiento, limpieza y renovación edilicia. - Diseñar e instrumentar las políticas para los espacios verdes y arboleda urbana de alineación. - Entender en el ordenamiento del espacio público en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad. - Diseñar, controlar y fiscalizar las políticas de planeamiento, gestión y evaluación del ambiente urbano, en correspondencia con las establecidas en el orden nacional y Área Metropolitana. - Regular y controlar los servicios de higiene urbana y el tratamiento, recuperación y disposición de los residuos. - Diseñar e implementar políticas de preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, los parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica. - Planificar, controlar, fiscalizar e instrumentar las políticas destinadas a mejorar la calidad ambiental, visual y sonora.

45

La Agencia de Protección Ambiental tiene por objeto salvaguardar la salud y el ambiente de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

- Diseñar e implementar las políticas relativas al mobiliario urbano. - Promover políticas de educación ambiental en todas las modalidades y niveles. - Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la materia ambiental. - Designar al representante que integrará la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental creada por la Ley 123 de Impacto Ambiental. Sus objetivos, según el Informe Ambiental 2008 son: el mantenimiento y la puesta en valor de la vía pública porteña, poniendo especial énfasis en calles y veredas, alumbrado y arbolado; el ordenamiento del espacio público y el control de la contaminación visual y auditiva; el mantenimiento y la puesta en valor de los espacios verdes; la gestión integral de la higiene urbana; la preservación del ambiente. Las líneas estratégicas definidas para dar cumplimiento a los objetivos identificados incluyen tener una Ciudad: - Ordenada, donde el espacio público se utilice adecuadamente. - Sin baches y con veredas adecuadas. - Limpia y consciente de la importancia y el cuidado que el ambiente merece. - Con más y mejores espacios verdes y árboles por habitante. - Que escuche las necesidades de los vecinos Agencia de Protección Ambiental58 Creada por ley 262859. Conforme la norma, los objetivos asignados y a cumplir por la agencia, son: - La protección ambiental: salvaguardar la salud y el ambiente de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. - La equidad y la cohesión social: promover el desarrollo de una sociedad inclusiva, saludable y segura. - La prosperidad económica: fomentar una economía próspera, innovadora y ecoeficiente. A fin de dar cumplimiento a estos objetivos, se definieron para la agencia las siguientes funciones: - Proponer políticas y diseñar planes y programas tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. - Proponer e implementar acciones vinculadas a la problemática ambiental del Área Metropolitana. - Velar por el cumplimiento de la normativa en materia ambiental. - Representar a la Ciudad de Buenos Aires ante organismos gubernamentales y no gubernamentales en materia ambiental. - Desarrollar y revisar sistemas de mediciones e indicadores de desarrollo sostenible. - Dictar normas de regulación y conservación. - Implementar una política de investigación y desarrollo en materia ambiental, estimulando la innovación tecnológica.

46

- Fomentar la aplicación de programas de eficiencia energética. - Fomentar y facilitar el acceso a la información ambiental dando cumplimiento a la ley 30360. - Educar, difundir y concientizar a la población sobre cuestiones ambientales, dando cumplimiento a la ley 168761. En este marco, las líneas estratégicas definidas para el período 2008-2012 son: - Conservar los recursos naturales. - Prevenir la contaminación. - Controlar la calidad ambiental. - Promover el desarrollo sustentable. - Crear conciencia ambiental. La Unidad de Relaciones Institucionales, Comunicación e Información (URRIICI) de la Agencia de Protección Ambiental tiene bajo su responsabilidad el contralor de la aplicación de la Ley 303 de Acceso a la Información Ambiental. El derecho ciudadano de Acceso a la Información Ambiental es una herramienta de participación. El alto flujo de la información en la sociedad civil y la publicidad de los actos de gobierno permiten la participación activa de ciudadanos, la generación de propuestas innovadoras y el control de la gestión. Ministerio de Desarrollo Urbano Conforme a la Ley de Ministerios, las competencias en función de los objetivos de esta área de Gobierno son los siguientes: - Diseñar las políticas e instrumentar los planes destinados al planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires.

- Diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la ejecución y fiscalización de obras públicas. - Diseñar e implementar políticas que, a través de una planificación estratégica, promuevan la transformación de las condiciones de la calidad urbana de zonas específicas de la Ciudad de Buenos Aires y que impulsen la integración de las áreas postergadas. - Desarrollar políticas y acciones en común con otras jurisdicciones relacionadas con la problemática metropolitana. - Implementar planes y proyectos de desarrollo urbano mediante la concertación del interés público y privado. - Entender en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, en el diseño e implementación de las políticas públicas referidas a la construcción de viviendas que promuevan la reducción del déficit habitacional, equipamiento comunitario e infraestructura y servicios. - Promover en coordinación con la Secretaría General, el fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda, mediante políticas activas que integren a las áreas competentes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las diversas jurisdicciones que integran el Área Metropolitana. - Implementar las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte y tránsito en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad. - Proponer la catalogación y elaborar normas urbanísticas y

constructivas para los edificios y áreas que merezcan protección patrimonial y llevar el registro correspondiente. Ministerio de la Producción Es la autoridad de aplicación de la Ley 2594 de Balance de Responsabilidad Social Ambiental, estando obligada a: - Arbitrar las medidas administrativas y técnicas para facilitar la realización del BRSA en los casos en que fuera voluntaria su presentación. - Fiscalizar la presentación de los BRSA en los casos en que su presentación fuera obligatoria. - Llevar el control comparativo por períodos de los compromisos asumidos por las empresas. - Emitir anualmente el informe sobre el grado de implementación de la ley. - Puede emitir certificado de presentación del BRSA en el período en curso. - Difundir la nómina de empresas inscriptas en el registro mencionado en el artículo 10 y aquellas que estando legalmente obligadas incumplen con la obligación de presentar el BRSA. - Puede establecer distinciones con el objeto de premiar y estimular las acciones de Responsabilidad Social Empresarial. - Participa de un Comité de Enlace Intergubernamental que involucra a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Hacienda, Desarrollo Social y Planeamiento y Obras Públicas, con el objeto de evaluar la marcha de la ley 2594 y las acciones tendientes a su mejor implementación.

47

Ministerio de Salud Conforme la Ley de Ministerios 2506, este ministerio tiene entre sus funciones: -Regular y fiscalizar los subsectores de la seguridad social y privada, el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud, la acreditación de la salud y los servicios atinentes a medicamentos, alimentos, tecnología sanitaria y salud ambiental, y todo otro aspecto que incida sobre la salud. Las comunas y el planeamiento y gestión descentralizada en materia ambiental La ley 1777, en concordancia con los artículos 127, 128, siguientes y concordantes de la Constitución local regula las comunas de la Ciudad y las define como unidades descentralizadas de gestión política y administrativa con su competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propias. En materia de políticas especiales, estas intervienen, dentro de la esfera de sus competencias, en la elaboración y planificación de políticas en las áreas de salud, educación, medioambiente, hábitat, cultura, deporte, seguridad, igualdad entre varones y mujeres, niños, niñas y adolescentes, juventud, personas mayores, personas con necesidades especiales, trabajo y seguridad social, consumidores y usuarios, comunicación y presupuesto, función pública, ciencia y tecnología y turismo62. La Constitución de la Ciudad establece la competencia concurrente con el Gobierno de la Ciudad, en especial, en materia de decisión y ejecución de obras públicas, proyecto y planes de impacto local, la prestación de servicios públicos y el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la comuna y que se determina luego por ley 1777. Actores institucionales interjurisdiccionales Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) CEAMSE es una sociedad del Estado de carácter interjurisdiccional (el capital societario pertenece en partes iguales a la Provincia de Buenos Aires y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), pero con gestión privada. Está organizada bajo el régimen de la ley 20705. El Decreto Ley 9111/78 regula a nivel nacional el método y el sitio de disposición final de los residuos de cualquier clase y origen. Establece el ámbito geográfico del CEAMSE (partidos que conforman el Área Metropolitana). El funcionamiento del CEAMSE se regula a través de las siguientes normas: el decreto 3296/77 y 2038/77 -estatuto del CEAMSE- de la provincia de Buenos Aires, la ley 20705 que define el marco jurídico de las sociedades del Estado, y la ordenanza 33691 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ratificada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 3457/77.

48

El Derecho a un Ambiente Sano

Sus incumbencias en la Ciudad de Buenos Aires son: transporte, tratamiento y disposición de los residuos sólidos domiciliarios desde la Ciudad de Buenos Aires hasta su destino final (estaciones de transferencia y el relleno sanitario Norte III). El CEAMSE también se encarga del servicio de inspección y control integral del Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, en las 3 zonas de la Ciudad, según consignan en su sitio web.

Fuente: www.ceamse.gov.ar

2500,0

miles de toneladas

2000,0

1500,0

1000,0

0

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

500,0

Fuente: CEAMSE Cantidad de RSU gestionados por el CEAMSE por año.

Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) Creada por ley 26168. Es un organismo autárquico y autónomo. La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo es un ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente

y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo ejercerá su competencia en el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras, de la provincia de Buenos Aires (artículo 1). La ley preceptúa que las facultades, poderes y competencias de la Autoridad de Cuenca MatanzaRiachuelo en materia ambiental prevalecen sobre cualquier otra concurrente en el ámbito de la cuenca, debiendo establecerse su articulación y armonización con las competencias locales (artículo 6). La Ciudad de Buenos Aires adhirió a ésta por ley 2217 en el contexto de una Declaración de Emergencia Ambiental de carácter local referida a esta cuenca hídrica, por el plazo de 5 años, sancionada por ley 2057, publicada el 20/09/2006. La Provincia de Buenos Aires adhirió por ley 13642 a la ley 26168. Los aspectos legales y judiciales que condicionan el desempeño de ACUMAR a partir del fallo “Mendoza”, son informados previamente en el presente Diagnóstico en el Contexto Normativo Nacional.

49

CAPÍTULO Los parámetros principales que se utilizan para medir la contaminación de la atmósfera en la Ciudad de Buenos Aires nos permiten conocer las causas de ciertas afectaciones a la salud de sus habitantes y el tipo fuente que produce la contaminación atmosférica, su actividad de mayor o menor intensidad.

4

IndicADOREs estadísticos AMBIENTALES en la Ciudad AUTÓNOMA de Buenos Aires

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juntamente con 43 municipios63 de la Provincia de Buenos Aires, constituye la “gran metrópolis”, definida como Región Metropolitana del ámbito involucrado por los estudios de los cuales se toman los indicadores estadísticos que se vuelcan en este Diagnóstico. Aire Calidad atmosférica Los parámetros principales que se utilizan para medir la contaminación de la atmósfera en la Ciudad de Buenos Aires nos permiten conocer las causas de ciertas afectaciones a la salud de sus habitantes y el tipo fuente que produce la contaminación atmosférica, su actividad de mayor o menor intensidad. A su vez, el grado de concentración de estos elementos permitirá saber si las emisiones se encuentran en los límites tolerables para la salud humana establecidos en la legislación64, fuera de los cuales la contaminación no es aceptable para la salud ambiental y humana, y respecto de las cuales generara una amplia gama de consecuencias nocivas, entre ellas, el impacto en la economía de la Ciudad. En cumplimiento de la Ley Nacional 20284 y de la Ley de la Ciudad 1356, se miden las emisiones correspondientes a monóxido de carbono por muestreo, partículas sedimentables y óxidos de nitrógeno. Se publican en el Anuario Estadístico los cuadros y gráficos correspondientes. También, se exponen las temperaturas, humedad y vientos. Según se informa en el Atlas Ambiental de Buenos Aires, como consecuencia de la vigencia de la ley 1356, a principios de 2009 se comenzó a instalar y a medir a través de una nueva red de monitoreo integrada por dos subredes: 1) una subred de equipos normalizados1 que estará compuesta por 4 estaciones de monitoreo que determinarán concentraciones de óxidos de nitrógeno (NO, NO2 y NOx) material particulado en suspensión (PM10), ozono (O3), monóxido de carbono (CO) y variables atmosféricas (velocidad y dirección de viento, temperatura y presión atmosférica).y cuyo objetivo es establecer de manera confiable los niveles de calidad del aire, y 2) una subred compuesta por 37 estaciones con equipos menos sofisticados con los que se medirá CO, O3, NO2, metano, benceno, ruido, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, lluvia, radiación solar, radiación ultravioleta así como también, niveles sonoros, y que son instalados con el objetivo de analizar distribuciones espaciales y temporales65.

Las emisiones de gases del transporte automotor66, las partículas que emiten los procesos industriales, conocidas como “tóxicos industriales”, el humo producto de la quema de residuos son los generadores de las llamadas partículas sedimentables.

51

Existe consenso en el alto impacto de las emisiones de escape de fuentes móviles sobre la calidad del aire y, en particular, la fuerte dependencia de los niveles de monóxido de carbono con el flujo de vehículos, particularmente en corredores urbanos angostos y en arterias de alto tránsito.

Panorama del conocimiento actual En el Atlas Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires se señala que los contaminantes de mayor preocupación en el AMBA por sus efectos tóxicos y peligrosos son, dentro de los contaminantes clásicos del aire: Partículas en suspensión, especialmente PM2.5 y PM10: Las concentraciones de partículas totales en suspensión muestra una gran variabilidad espacial y temporal así como la existencia de una pequeña cantidad de valores que superan el relativamente obsoleto límite de la Ordenanza 39.025/1983 de la Ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, las concentraciones medidas por el Laboratorio de Vigilancia Atmosférica muestran mayor homogeneidad alrededor del valor promedio de 185 mg/m3.Las concentraciones de PM2.5 y PM10 muestran variabilidades espacial y temporal mucho menores que las de las partículas totales. Los niveles registrados de PM10 son relativamente altos, si bien los promedios de 24 horas nunca excedieron el nivel de 150 mg/m3 fijado por la provincia de Buenos Aires y la próxima Ley de Aire Limpio de la CABA. Los datos hasta ahora obtenidos indican la necesidad de llevar en el AMBA un registro amplio de los niveles de partículas en suspensión, discriminado por tamaño.

Monóxido de carbono:

existe consenso en el alto impacto de las emisiones de escape de fuentes móviles sobre la calidad del aire y, en particular, la fuerte dependencia de los niveles de monóxido de carbono con el flujo de vehículos, particularmente en corredores urbanos angostos y en arterias de alto tránsito. Tanto las concentraciones medias de 1 hora medidas en la década del 70, como las concentraciones medias de 8 horas medidas más recientemente entre las 8:00 y las 16:00, aportan elementos de juicio al respecto. En zonas de alto flujo de tránsito y a nivel del suelo, exhiben altos impactos al registrar concentraciones máximas que sobrepasan los estándares de 1 y 8 horas fijados por la PBA y por la próxima Ley de Aire de la CBA. …en el centro de la CBA, los niveles de monóxido de carbono muestran rápidas variaciones que acompañan los cambios de tránsito, con picos muy altos para muy cortos periodos de tiempo. Durante las horas pico de días laborables se sobrepasan frecuentemente los estándares correspondientes67.

Dióxido de nitrógeno: La distribución espacial de las campañas realizadas muestra una concentración algo mayor en la Ciudad de Buenos Aires que en el conurbano bonaerense. Si bien las concentraciones mensuales no exceden, con una única excepción, el valor anual de 100(mg/m3) definido en la Ley de Aire, los registros de todos los sitios céntricos de las distintas campañas exhiben valores mensuales que sobrepasan el valor anual guía de la Organización Mundial de la Salud. Esto parece indicar que el dióxido de nitrógeno, aunque no presenta el nivel de excedencia del monóxido de carbono, constituye un contaminante que requiere un seguimiento, ya que para algunas zonas podría alcanzar altos niveles.

Ozono: muestra niveles relativamente bajos. Sin embargo, se indica que es importante definir zonas específicas con impactos locales importantes. Compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles: La toma de datos de estos contaminantes requiere ser encarada sobre todo por los efectos tóxicos y peligrosos de muchos de ellos. El Anuario Estadístico 2008 exhibe las tablas con los resultados de las mediciones llevadas a cabo en la Ciudad en ese año y que deberán ser contrastados con los parámetros legales establecidos en la Ley 1356 de la Ciudad de Buenos Aires68.

52

Monóxido de carbono (PPM), días muestreados, concentraciones promedio de 24 horas y de 8 horas y concentraciones máximas de 1 hora por mes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008. Mes Total

Nº de días muestreados 72

Concentración promedio de 8 horas

Concentración promedio de 24 horas

Promedio de 8 horas (de 0 a 8 horas)

Promedio

Máximo

Percentil 95

Días con excedencia

0,7

1,3

1,0

-

Promedio

Máximo

Percentil 95

0,5

1,1

0,8

Enero

-

-

-

-

-

-

-

-

Febrero

-

-

-

-

-

-

-

-

Marzo

-

-

-

-

-

-

-

-

Abril

-

-

-

-

-

-

-

-

Mayo

-

-

-

-

-

-

-

-

Junio

-

-

-

-

-

-

-

-

Julio

-

-

-

-

-

-

-

-

Agosto

-

-

-

-

-

-

-

-

Septiembre

-

-

-

-

-

-

-

-

Octubre

11

0,8

1,3

1,2

-

0,5

0,8

0,8

Noviembre

30

0,7

1,0

1,0

-

0,5

1,0

0,8

Diciembre

31

0,6

0,9

0,8

-

0,4

1,1

0,7

Monóxido de carbono (PPM), días muestreados, concentraciones promedio de 24 horas y de 8 horas y concentraciones máximas de 1 hora según mes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008. Concentraciones máximas de 1 hora

Concentración promedio de 8 horas Mes

Promedio de 8 horas (de 8 a 16 horas)

Promedio de 8 horas (de 16 a 24 horas)

Máximo

Promedio

Máximo

Percentil 95

Promedio

Máximo

Percentil 95

Percentil 95 8,6

Total

0,7

1,4

1,2

0,9

2,6

1,4

Enero

-

-

-

-

-

-

-

Febrero

-

-

-

-

-

-

-

Marzo

-

-

-

-

-

-

-

Abril

-

-

-

-

-

-

-

Mayo

-

-

-

-

-

-

-

Junio

-

-

-

-

-

-

-

Julio

-

-

-

-

-

-

-

Agosto

-

-

-

-

-

-

-

Septiembre

-

-

-

-

-

-

-

Octubre

0,8

1,1

1,1

1,1

2,6

2,1

8,6

Noviembre

0,7

1,3

1,2

1,0

1,4

1,4

1,9

Diciembre

0,7

1,4

1,2

0,8

1,2

1,1

2,5

Valor límite admisible: 1 2,6 PPM, (Ordenanza Nº 39025). 2 10PPM, (Ley Nacional 20284) y 10 mg/m3 // 8,7 PPM (Guías de la OMS). 3 50 PPM, (Ley Nacional 202084). Nota: las concentraciones promedio de 8 horas y las concentraciones máximas de 1 hora no registran días con excedencia. Fuente: Ministerio de Ambiente y Espacio Público (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control. Unidad de Coordinación de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación de Referencia Palermo.

53

Óxidos de nitrógeno totales (mg/m3). Concentraciones en aire ambiente urbano máxima, mínima y promedio mensual. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000-2004/2008. Óxidos de nitrógeno totales (NO2) Mes

2006

Enero

2007

Máximo

Mínimo

Promedio

Máximo

Mínimo

2008 Promedio

Máximo

Mínimo

Promedio

0,166

0,049

0,100

0,407

0,068

0,164

0,354

0,061

0,181

Febrero

-

-

-

0,319

0,046

0,162

0,498

0,139

0,294

Marzo

-

-

-

0,308

0,050

0,167

0,424

0,091

0,191

Abril

0,268

0,135

0,207

0,404

0,083

0,217

0,413

0,099

0,226

Mayo

0,406

0,101

0,248

0,359

0,067

0,181

0,508

0,108

0,278

Junio

0,409

0,106

0,251

0,578

0,116

0,285

0,932

0,036

0,311

Julio

0,379

0,115

0,222

0,475

0,122

0,222

0,658

0,148

0,283

Agosto

0,431

0,064

0,192

0,385

0,097

0,214

0,709

0,172

0,332

Septiembre

0,165

0,053

0,108

0,397

0,080

0,209

0,427

0,107

0,271

Octubre

0,151

0,041

0,096

0,358

0,054

0,200

0,448

0,133

0,226

Noviembre

0,377

0,052

0,158

0,462

0,057

0,225

0,505

0,087

0,185

Diciembre

0,314

0,051

0,144

0,414

0,076

0,169

0,416

0,082

0,199

Nota: valor límite admisible: 0,4 mg/m3 (Ordenanza 39025 Ciudad de Buenos Aires). Fuente: Ministerio de Ambiente y Espacio Público (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control. Unidad de Coordinación de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación de Referencia Palermo.

Máximo y mínimo de óxidos de nitrógeno totales (mg/m3). Ciudad de Buenos Aires. Año 2008. 1,0 0,9 0,8 0,7

mg/m3

0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Máximo

Mínimo

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0,0

Valor límite admisible

Nota: valor límite admisible:0,4 mg/m3 (Ordenanza 39025 Ciudad de Buenos Aires). Fuente: Ministerio de Ambiente y Espacio Público (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control. Unidad de Coordinación de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación de Referencia Palermo.

54

El Derecho a un Ambiente Sano

Partículas sedimentables (mg/cm2 en 30 días). Concentraciones promedio mensuales en aire ambiente urbano por estaciones de monitoreo. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000-2004/2008. Películas sedimentables 2004

Mes

Chacarita

Pompeya

Parque Patricios

Parque Las Heras

Chacarita

Pompeya

Parque Patricios

Parque Las Heras

Chacarita

Pompeya

Parque Patricios

2005

Parque Las Heras

2000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0,720 0,720 1,126 0,837 0,396 1,060 1,282 1,282 -

0,622 0,370 0,262 0,247 0,467 0,474 0,384 0,456 0,783 0,783 0,410

1,050 1,118 0,535 0,613 0,398 0,378 0,626 1,115 0,610 0,610 0,473

0,976 1,384 0,508 0,504 0,739 0,679 1,002 1,008 1,008 -

0,408 0,358 0,347 0,853 0,278 0,256 0,335 0,357 0,654 0,538 0,282 0,403

0,358 0,933 0,224 0,350 0,213 0,305 0,292 0,362 0,633 0,475 0,248 0,333

0,463 0,274 0,265 0,387 0,396 0,324 0,448 0,408 0,676 0,786 0,722 0,252

0,782 0,832 1,055 0,860 -

0,756 0,447 0,412 0,420 0,337 0,331 0,481 0,462 0,593 0,637 -

0,515 0,318 0,365 0,421 0,231 0,304 0,473 0,549 0,383 0,622 -

0,597 0,581 0,810 1,056 0,606 0,900 0,379 0,722 1,785 0,561 1,094 -

3,198 1,214 0,409 0,602 0,449 0,354 0,443 0,498 0,604 0,587 1,125 -

Partículas sedimentables (mg/cm2 en 30 días). Concentraciones promedio mensuales en aire ambiente urbano por estaciones de monitoreo. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000-2004/2008. Películas sedimentables 2007

Mes

Chacarita

Pompeya

Villa Soldati

Parque Las Heras

Chacarita

Pompeya

Villa Soldati

Parque Las Heras

Chacarita

Pompeya

Villa Soldati

2008

Parque Las Heras

2006

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0,373 0,308 0,405 0,465 0,772 1,316 0,953

0,474 0,226 0,228 0,328 0,281 0,505 0,471 0,431 0,925

0,856 0,771 0,674 0,637 1,029 0,730 0,561 0,507 0,519

0,831 0,306 0,731 1,400 0,679 0,667 0,572 0,774 0,764

0,128 0,982 0,311 0,338 0,270 0,500 1,050 0,985 0,726 0,568 0,362 0,507

0,290 0,257 0,348 0,195 0,242 0,299 0,699 0,524 0,563 0,483 0,343 -

0,479 0,276 0,390 0,380 0,623 0,567 1,117 0,682 0,585 0,634 0,592 0,557

1,111 0,107 0,784 0,447 0,591 1,187 1,212 0,721 0,943 0,738 0,540 0,613

0,435a 0,435a 0,437 0,428 0,105 0,405 0,651 0,721 0,474 0,383 0,474 0,440

0,221b 0,221b 0,340 0,358 0,153 0,399 0,368 0,851 0,344 0,333 0,479 0,384

0,366a 0,366a 0,702 0,670 0,294 0,718 0,727 0,864 0,534 0,570 0,513 0,476

0,446a 0,446a 0,483 0,460 0,138 0,408 0,564 0,739 0,568 0,576 0,774 1,630

Corresponde a promedio del período enero-febrero 2008 Corresponde a promedio del período diciembre 2007 a febrero 2008 Nota: valor de referencia: 1,0 mg/m2 en 30 días (Ley Nº 1356 Anexo I/A Flujo másico vertical de partículas sedimentables Tabla B). Los datos no existentes pueden deberse a datos no consignados por invalidación parcial de la muestra, por invalidación de la muestra, o por sustracción/rotura de captador. A partir de 2006 comienza a operar la Estación de Monitoreo Villa Soldati en reemplazo de Parque Patricios. Fuente: Ministerio de Ambiente y Espacio Público (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control. Unidad de Coordinación de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación de Referencia Palermo.

a

b

55

Contaminación sonora La ley 1540 establece los límites de la contaminación sonora. Establece valores que el emisor acústico debe tener presentes. Para el área exterior, en zona residencial, indica lo siguiente: Período diurno. 65 dB - período nocturno: 50 dB En zona no residencial, comercial e industrial, se establece: Período diurno 70 dB - período nocturno 60 dB En el Atlas Ambiental de Buenos Aires69 se señala el resultado de los estudios de medición en la Ciudad, que arroja para los corredores de tránsito intenso: mayor que 70dB, lo cual indica la existencia de contaminación sonora. Según un informe reciente del Banco Mundial, en la Región Metropolitana se debe atender la movilidad de aproximadamente 13 millones de personas, lo cual origina unos 18 millones de viajes diarios. Se estima que los mismos se prestan según la siguiente división: 1,5 millones en ferrocarriles, 1,0 millón en subterráneos, 7,5 millones en transporte automotor de pasajeros, 2,0 millones en taxis, 5,0 millones en automóviles privados y 1,0 millón más en otro tipo de servicios, como por ejemplo, los chárteres. En la Ciudad de Buenos Aires, según datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), transitan 135 líneas de transporte automotor de pasajeros, algunas de recorrido local y un amplio número con recorrido interjurisdiccional. El ingreso diario es superior a los 600.000 vehículos en la zona del macrocentro de la Ciudad. Referencias del Transporte Automotor Urbano de Pasajeros. Región Metropolitana de Buenos Aires. Indicador

Unidad

2006(*)

Cantidad de empresas

-

91

Cantidad de líneas de Servicio Público

-

135

Promedio de líneas por empresa

-

1,48

Coches en servicio

Unidades

9.272

Promedio de coches por empresa

Unidades

101,89

Antigüedad media del parque

Años

8,3

Km. Recorridos por año total líneas

Km.

728 millones

Km. Recorridos por año por coche

Km.

78,515

Promedio de asientos por coche

-

29,0

Pasajeros transportados

-

1.635 millones

Pasajeros - Km.

-

11,563 millones

Coeficiente ocupación - demanda / oferta

%

0,55

Pasajeros por Kilómetro

-

2,25

Km.

7,07

Distancia media estimada por pasajero

(*)Datos Provisorios Fuentes: Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Transporte Urbano Base de parque móvil - Área Estadística y Seguros. Informe: Transporte Automotor de Pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires - En el marco de la Región Metropolitana. DPCABA

56

al escurrimiento superficial. La existencia de un control hidráuAguas subterráneas lico en el ingreso desde provincia Las aguas subterráneas -que se hacia capital. Dicho control se encuentran por debajo de la materializa por un conducto de capa freática- no abastecen de sección rectangular de 7,2 m de agua potable a la Ciudad, ya que ancho y 3,2 m de alto, cuya prela toma de agua para consumo sencia obstaculiza el ingreso de humano se hace del caudal del agua desde la provincia, cuando Río de la Plata. se producen anegamientos. La Aguas superficiales de la Ciudad existencia de más de un punto de Buenos Aires: de ingreso de agua desde provinArroyo Medrano, Arroyo White, cia hacia capital71. Arroyo Vega, Arroyo MaldonaArroyo White: Es un curso do, Arroyos del Radio Antiguo, de corto recorrido y de una Arroyos Boca-Barracas, Arroyo superficie de 195 ha. Nace en Ochoa Elia, Arroyo Cildáñez, Av. Balbín y corre por la Calle Colectores Larrazábal y Escalada, Campo Sallés, desemboca cerca río Matanza-Riachuelo. de Udaondo y Libertador. Su Características de las aguas sucaudal se acrecienta en épocas de perficiales: Sudestadas, generando inundaArroyo Medrano: Es la cuenca ciones en el Bajo Belgrano. que se encuentra más al NorArroyo Vega: Está comprendido te de la Ciudad. Corre a cielo en su totalidad dentro de los abierto en la provincia de Buelímites de la Ciudad de Buenos nos Aires. Se encuentra entubada Aires, lindando al norte con la en la Ciudad adonde ingresa a cuenca del arroyo Medrano, la altura de Parque Sarmiento, al sur con la cuenca del arroyo sigue por las calles Ruiz HuiMaldonado y al este con el Río dobro, Melián, García del Río de la Plata. La superficie total del (a través del Parque Saavedra) área de aporte cubre unas 1.710 ha, las cuales drenan en su totaliy Comodoro Rivadavia hasta la desembocadura al río de la Plata, dad hacia el Río de la Plata. Desrecorriendo aproximadamente de su inicio en la intersección de las calles Concordia y Mariscal 6 Km. en dirección Sudoeste70 López y hasta su desembocadura Noreste . en el Río de La Plata, la traza del Los principales rasgos que caracterizan la cuenca del arroyo conducto se emplaza por las caMedrano se deben a: La existen- lles Mariscal López, Nueva York, Ballivián, Av. Triunvirato, Echecia de un cuenco amortiguador en Villa Martelli en corresponverría, Holmberg, Av. Juramendencia con la sección a cielo to, Estomba, Mendoza, Superí, abierto del arroyo Medrano. La Zapiola, Blanco de Encalada, presencia de la avenida General Monroe, culminando finalmente Paz con un importante desarroen la obra de descarga al río. La llo longitudinal a través de toda longitud del drenaje desde su cola cuenca, actuando de barrera mienzo hasta la desembocadura Agua

57

El GCABA construyó una defensa costera integrada al paisaje y estaciones de bombeo ubicadas en el Riachuelo, compuestas por una combinación de unidades de bombeo y compuertas que permiten la evacuación de excedentes por gravedad o por bombeo, de acuerdo con los niveles de descarga existentes en el Río de la Plata y en el Riachuelo.

58

es de 10,8 km. En tanto cuenta con un colector central y una red de ramales secundarios. Arroyo Maldonado: Nace en la Provincia de Buenos Aires, en la localidad de Ciudadela72, cruza la Ciudad bajo las avenidas Juan B. Justo, Bullrich y zona de parques, en donde se ensancha; descarga luego en el Río de la Plata frente al Aeroparque, en donde tiene 23,10 m de ancho y más de 5 m de altura. Arroyos del Radio Antiguo: Ubicada en la zona este de la Ciudad de Buenos Aires, se extiende en un área de aproximadamente 2.364 ha. En la actualidad, es el único sector de la Ciudad que tiene un sistema combinado pluviocloacal. La cuenca se extiende a través de una serie de barrios: Almagro, Balvanera, Boedo, Constitución, Montserrat, Parque Patricios, Puerto Madero, Recoleta, Retiro, San Cristóbal, San Nicolás y San Telmo. Arroyos de Boca-Barracas: Su curso nace y desemboca dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y sus límites son: al norte, la calle Brasil y Av. Caseros; al este, Av. Pedro de Mendoza; el Riachuelo al sur y Av. Vélez Sársfield por el oeste. Es una antigua red de desagüe pluvial que, además, tiene una elevada ramificación. Los principales conductos que desaguan las distintas subcuencas son: el ramal Aristóbulo del Valle, el ramal Caminito, la zona de descarga al Riachuelo entre la Av. Vélez Sársfield y las vías del FFCC Roca y los ramales Montes de Oca, Regimiento de Patricios e Irala. El GCABA construyó una defensa costera integrada al paisaje y estaciones de bombeo ubicadas en el Riachuelo, compuestas por una combinación de unidades de bombeo y compuertas que permiten la evacuación de excedentes por gravedad o por bombeo, de acuerdo con los niveles de descarga existentes en el Río de la Plata y en el Riachuelo73. Arroyos Ochoa-Elia: La cuenca del arroyo Ochoa, que cubre 634 ha, está caracterizada por la presencia de un colector principal (Ochoa I) y un colector secundario (Ochoa II). La denominada “cuenca Elía”, que cubre 251 ha, comprende un sector reducido entre las cuencas Ochoa y Boca-Barracas, delimitada por la Av. Caseros y el predio del F.C.G.M.B. y las calles Monteagudo, Ancaste y Pepirí. Su sistema de desagüe es, por ende, de reducida longitud y está conformado, básicamente, por un conducto que se inicia a la altura de la Av. Caseros y Luna, desarrollándose por ésta última hasta la Av. Amancio Alcorta, desaguando en el Riachuelo en la prolongación de la calle O. Bonavena74. Arroyo Cildáñez75: La cuenca del arroyo Cildáñez abarca una superficie de 3956 ha (825 en provincia y 3131 en Capital), que incluye la extensión de la red de desagües y caudales conducidos de todas las cuencas que drenan sus excedentes al Riachuelo. La red de desagües del arroyo Cildáñez en provincia posee dos ramales principales que cruzan hacia Capital, ambos conductos están emplazados en zonas bajas de la cuenca, donde no existe una sección

El Derecho a un Ambiente Sano

de paso en la Av. Gral. Paz, por lo tanto, cuando la capacidad de los conductos se ve excedida por la magnitud del evento de tormenta, se produce una importante acumulación de agua en la zona de la colectora (del lado de la provincia) de la Gral. Paz. Este fenómeno ocurre para tormentas con recurrencia de 2 años, en mayor medida en correspondencia con la traza del conducto Segurola. Cabe destacar que se concluyo la construcción de un conducto aliviador paralelo a la Av. Gral. Paz para mejorar el control de inundaciones, cuya función es interceptar los caudales generados en el sector provincial de la cuenca y volcarlos en el Riachuelo, con el propósito de que disminuya el ingreso de agua en la Ciudad. Se trata de una obra concluida por la Secretaria de Obras Públicas de la Nación, según informa en http://www.hidricosargentina.gov.ar/ ACildanez-Ampliar1.html

Fuente: www.hidricosargentina.gov.ar

Colectores Larrazábal y Escalada76: Al Sur de la cuenca del Cildáñez, existe un área que desagua directamente en el Riachuelo. Dentro de ella se han construido dos colectores con ramales: uno bajo la Av. Larrazábal y otro bajo la Av. Escalada. Ellos desaguan una cuenca que abarca unas 852 ha y está delimitada por la Av. Gral. Paz, el Riachuelo y dorsales de Parque Roca, Parque de la Ciudad y Parque Indoamericano, las calles Batlle y Ordóñez, Av. Argentina, vías del ferrocarril Belgrano y autopista Dellepiane. El sistema de desagüe Escalada, que comienza en la avenida Cruz en su intersección con la calle Pola, desemboca en el lago regulador Roca (también conocido como “Lugano”), el que tiene una casa de bombas para su desagüe al Riachuelo, para ofrecer protección ante

59

eventos extraordinarios de sudestada en el río de la Plata. Actualmente la estación de bombeo está fuera de servicio y el desagüe se produce por rebalse. El conducto Larrazábal descarga directamente al Riachuelo. Río Matanza-Riachuelo: Río Matanza-Riachuelo: Municipios y Ciudad de Buenos Aires.

Mapa extraído de www.acumar.gov.ar

Foto extraída de: http://www.farn.org.ar/riachuelo/multimedia.html

60

El río Matanza tiene 64 Km. que recorre desde la provincia de Buenos Aires hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Conforma el límite sur de la Ciudad con la provincia indicada. Atraviesa en su recorrido 14 municipios y la Ciudad de Buenos Aires. Posee un caudal medio anual (en la estación Autopista) de 7,02 m3/seg. y un caudal máximo de 1.325 m3/ seg., variando las cotas de la superficie del agua entre 1,43 m y 6,16 m, correspondiendo este último valor a una inundación importante pero no extrema. Teniendo en cuenta las características del curso y de la planicie aluvial y nivel de terraza, esta amplitud en la altura del agua implica anegamientos de extensas zonas. Recibe en su recorrido numerosos tributarios principales (18) entre los que destacan los arroyos Morales (cuenca de 483 Km2 y Q máx.190 m3/ seg.), Cañuelas (358 Km2 y Q máx. de 164 m3/seg.), Aguirre (100 Km2 y Q máx. 86,7 m3/ seg.) y Ortega (95 Km2 y Q máx. 84,9 m3/seg.). El principal tributario que recibe en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires es el arroyo Cildáñez, en la zona de MataderosLugano. En tanto en su recorrido por la provincia de Buenos Aires recibe tres afluentes principales: los arroyos Cañuelas, Chacón y Morales. El curso del mismo se encuentra rectificado y parcialmente entubado. El río Matanza en su tramo inferior (Riachuelo) poseía una alta sinuosidad debida a la muy baja pendiente en este tramo y a la

interacción con el Río de la Plata. Numerosas lagunas, bañados y meandros abandonados ocupaban la planicie aluvial, quedando sólo como evidencias la laguna Soldati y la ubicada dentro del Autódromo, parcialmente modificadas. La planicie aluvial en esta zona posee un ancho máximo de 6 Km. en la que viven más de 500.000 personas. El desnivel total es de 35 metros entre sus nacientes y la desembocadura en Puerto Nuevo. En el siguiente mapa se observan las 4 áreas en las que se divide la cuenca y que ponen en evidencia mayores niveles de contaminación de agua, suelo y aire en las dos áreas (3 y 4), que comprenden a la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Informe Especial Seguimiento Cuenca MatanzaRiachuelo 2003-2005. Pág. 44

Área 3 Es la más contaminada de la cuenca. Aquí aparecen todos los elementos considerados peligrosos por la ley en sus mayores concentraciones77. Se la puede dividir en cuatro tramos: a) Puente de la Noria - ex-Fabricaciones Militares (FM). En este tramo no se pudieron colectar muestras por los impedimentos técnicos descriptos en el punto 2. Pero las mediciones de

61

Las muestras colectadas en la costa de la Capital Federal presentan las mayores concentraciones de los siguientes elementos: Antimonio (el máximo valor de toda la cuenca), Arsénico, Azufre, Bario, Cadmio, Cinc (el mayor valor medido en la Cuenca), Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño (es el mayor medido en toda la cuenca), Fósforo, Níquel, Plata (la concentración más alta de la cuenca) y Plomo.

62

conductividad indican claramente dos fuentes de contaminación: 1) DAPSA 2) Arroyo Cildáñez: Efluentes industriales y domiciliarios. b) Ex-FM - BAESA. Este tramo es el más contaminado, especialmente la estación de muestreo de Puente Uriburu, con los siguientes elementos: Arsénico, Azufre, Cadmio, Cobre, Selenio, Talio, Uranio y Vanadio. c) BAESA - Lavadero. En este tramo los elementos antes mencionados están diluidos, con excepción del Cromo que es el que aparece en las mayores concentraciones de toda la cuenca. En el Puente Victorino de la Plaza, este elemento adquiere su valor máximo. d) Frigorífico, Lavadero - Puente Pueyrredón Nuevo. Existen marcadas diferencias entre los márgenes Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Las muestras colectadas en la costa de la Capital Federal presentan las mayores concentraciones de los siguientes elementos: Antimonio (el máximo valor de toda la cuenca), Arsénico, Azufre, Bario, Cadmio, Cinc (el mayor valor medido en la Cuenca), Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño (es el mayor medido en toda la cuenca), Fósforo, Níquel, Plata (la concentración más alta de la cuenca) y Plomo. Área 4 El cuadro de situación de esta área es semejante a la del Área 3, pero la distribución de los contaminantes es más homogénea que en la anterior. Sólo en dos puntos se observaron algunos cambios en la distribución de las concentraciones: 1) A la altura de la Av. Pedro de Mendoza y C. F. Melo, donde se observaron las concentraciones mínimas de elementos de toda el área. 2) Contaminación industrial y efecto de dilución del Río de la Plata. En el Informe Especial de Seguimiento Cuenca Matanza-Riachuelo 2003-2005, en el que participó esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se señala como estudio de base para la medición de la contaminación de agua y suelo el informe KFA-INCYTH (1993)78. Sus datos señalaban que existen cuatro elementos, fundamentalmente, que presentan los cuadros más críticos: Cromo. Este metal está directamente relacionado con la actividad industrial, principalmente curtiembres. Azufre. Este elemento es un indicador de la contaminación provocada por la materia orgánica. Origen: efluentes domiciliarios e industriales. Plomo. Insumos y residuos industriales. Residuos domiciliarios. Mercurio. Volcado de insumos, efluentes y residuos sólidos industriales. Residuos domésticos.

El Derecho a un Ambiente Sano

Comparación entre los valores medios medidos y los niveles guía para la protección de la vida acuática – agua dulce superficial (en sombreado y negrita los niveles claramente excedidos)79 Elemento unidad

Agua para vida acuática

Valores medios medidos

Valores +/- (rango)

Microgramos /litro Ag

0.1

0.053

0.09

As

50

10.88

3.51

B

750

148.65

48

Be

0.05

0.146

0.21

Cd

0.2

0.117

0.06

Cr

2

19.09

19.19

Cu

2

8.9

4.16

Mn

100

101.94

47.25

Ni

25

6.10

2.86

Pb

1

8.39

4.72

Sb

16

0.19

0.08

Se

1

1.98

0.8

Tl

0.4

0.014

0.0

U

20

3.04

0.98

V

200

113.79

47.79

Zn

30

34.24

18.9

Comparación entre los valores medios medidos en lodos y los niveles guía para la protección de los suelos de uso agrícola 0. Elemento unidad

Suelo para uso agrícola

Valores medios medidos

Valores +/- (rango)

Microgramos /litro Ag

20

4.14

3.12

As

20

21.83

20.63

B

2

32.46

8.42

Ba

500

378.22

157.3

Cd

3

2.82

2.821

Co

40

14.44

3.34

Cr

150

914.9

1238.8

Cu

100

310.8

221.8

Hg

0.5

4.22

4.79

Mo

5

3.65

3.9

Ni

100

55.7

28.53

Pb

375

403.16

360.13

Sb

20

0.06

0.07

Se

2

1.56

0.73

Tl

1

0.39

0.13

V

200

107.8

53.3

Zn

500

1199.7

1.74

63

La afectación por las lluvias es significativa y extensiva alcanzando a un 25 % del área de la ciudad para un evento de 100 años de recurrencia. Aproximadamente un 70 % de la afectación se concentra en las cuencas de los Arroyos Maldonado, Vega y Medrano.

64

En relación al tema, ACUMAR ha emitido la Resolución 1/2007 publicada el 31/6/2007 Tabla consolidada de límites admisibles para efluentes líquidos. Lluvias. Problemas relacionados indicados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Inundaciones en la Ciudad: Motivadas por red de desagüe pluvial insuficiente para la correcta captación y conducción de las aguas pluviales cuando se superan los 30 mm de lluvia en una hora, densificación de las construcciones, disminución de la capacidad de retención del suelo por pavimentación, modificación de las formas naturales del terreno y disminución de espacios verdes80 81. Población afectada por las inundaciones82: El Gobierno de la Ciudad señala en relación a las inundaciones: La afectación por las lluvias es significativa y extensiva alcanzando a un 25 % del área de la ciudad para un evento de 100 años de recurrencia. Aproximadamente un 70 % de la afectación se concentra en las cuencas de los Arroyos Maldonado, Vega y Medrano. Desde el punto de vista social es muy significativo el alcance que tienen las inundaciones en el Sur de la ciudad. Población residente afectada: 350.000 y 1.000.000 de habitantes, para un evento de 2 y 100 años de recurrencia respectivamente. Superficie inundada: 2.200 ha y 7.500 ha. Viviendas afectadas: 125.000 y 375.000. Comercios e industrias afectados: 7.500 y 28.000. Se reconocen precipitaciones en la región durante todo el año y en un promedio de 50 tormentas anuales, el máximo de tormentas se presenta en verano. Las lluvias intensas son provocadas por nubes convectivas que son de gran desarrollo vertical (superiores a 10 Km.), que se generan en condiciones de inestabilidad atmosférica, provocadas fundamentalmente por dos causas: Calentamiento de la superficie terrestre por insolación. Inestabilidades internas de la masa de aire en la atmósfera media.

Precipitaciones (mm) anuales. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 2000 - 2004 / 2008 1.800 Miligramos de agua caída

1.600 1.400 1.200 1000 800 600 400 200 0

1995

2000

2004

2005

2006

2007

2008

Año Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Meteorológica Buenos Aires. Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. 2008

El suelo83 Interesa destacar dos aspectos referidos a los usos del suelo y la contaminación del mismo. El suelo de la Ciudad está destinado básicamente a ser el soporte de la infraestructura edilicia, ya sea habitacional o industrial, en proceso de permanente expansión urbana. Esto conlleva a la modificación del ecosistema natural. La contaminación en la Ciudad de Buenos Aires -mayoritariamente producto de la acción humana-, según se indica en la información brindada por Mapa del Atlas Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra en: Zonas aledañas a la red hidrográfica que desemboca en el Río de la Plata. Zona de relleno ribereña del Río de la Plata correspondiente a toda la Ciudad de Buenos Aires y los partidos bonaerenses que le

continúan hacia el norte y el sur. Áreas de localización de basurales: La contaminación resulta de la acumulación de compuestos orgánicos e inorgánicos en proporciones inadecuadas o en lugares que no deben contenerlos, que producen severa degradación de los suelos, y afectan la salud humana y al ecosistema. Tipos de contaminación en la Ciudad y el AMBA: - Contaminación por compuestos orgánicos hidrocarburos84, PCB y pesticidas. - Contaminación por compuestos inorgánicos: metales pesados, arsénico y flúor. Plomo, cromo, cadmio y mercurio85. - Contaminación parasitológica: Toxócara, Toxoplasma, etc. - Contaminación radiactiva: Uranio y otros isótopos radiactivos.

65

Residuos Sólidos Urbanos86 Los estudios efectuados por el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires publicados como “Estudio de Calidad de Residuos Sólidos Urbanos. Estación Climatológica Otoño 2007. Informe final.”, destacan que: El escenario futuro parecería indicar entonces que la producción per cápita de residuos sólidos en la ciudad de Buenos Aires aumentará y que esa tendencia se acelerará en los próximos años. Este hecho puede también incrementar el debate y la acción colectiva de actores institucionales y sociales hacia estrategias de minimización de residuos, localización de nuevos sitios de disposición final, legislación y normas de producción de envases y embalajes etc.

Para llegar a esta afirmación, el estudio utiliza los datos censales (INDEC 1991/2001), los que para 2007 señalaban que la población residente en la Ciudad de Buenos Aires habría disminuido en el orden de los 150.000 habitantes por primera vez desde el año 1947 y que se mantenía estable (ver Censos 1947/60/70/80/91). Sin embargo, la producción per cápita de RSU aumentó de 0,693 kg/hab./día (1972) a 0,882 (2001), 1,013 (2005), 0,968 (2006) y 0,875 (2007). Esto muestra una tendencia al crecimiento sostenido y constante en su evolución histórica. Es decir que la Ciudad está produciendo más residuos al mismo tiempo que disminuye levemente su población durante el periodo analizado. La tasa de crecimiento anual de generación de RSU es del 1,4% para el periodo 1981-2007, cabe destacar que estos valores no tienen en cuenta el desvío de RSD realizado por el sistema informal de recolección. Además, cabe destacar que los recientes indicadores estadísticos para 2009 señalan una proyección de la cantidad de habitantes de la Ciudad de 3.050.728 y para 2010 se calcula en 3.058.30987. Cifras que permiten proyectar un incremento de la generación de residuos. El mismo estudio reflejó que: Por otra parte, del estudio sobre “basura viva”, se estima que la recuperación realizada por los “recuperadores”, esta segregando del flujo de residuos formal, alrededor de 250 a 350 toneladas de residuos sólidos domiciliarios diarios, que presentan entre un 10 a 14% sobre el total generado (aproximadamente 3.000 toneladas diarias).

Resulta relevante a los efectos de definir estrategias y mejorar la gestión, conocer los resultados respecto de la variación en la composición de los RSD. En este sentido, las conclusiones de la investigación de la UBA indicaron: Las tendencias a futuro parecen indicar que: a) Continuará la baja en la participación de los desechos alimenticios como resultado de cambios en los hábitos de consumos y en las nuevas formas de comercialización b) Papeles y cartones se mantendrá estables en su participación con posibles cambios en los subcomponentes. Estimándose un aumento de la utilización de cartón en envases y embalajes. c) Aumento sostenido en el componente plásticos por el uso continuo y extensivo que la industria realizará de dicho material d) Pañales y apósitos y materiales textiles tienden a ser componentes estables en tanto no se verifiquen nuevas tecnologías que aumenten su uso por mayor durabilidad e) Se puede acentuar la baja

66

El Derecho a un Ambiente Sano

participación en metales ferrosos y no ferrosos por reemplazo en varias industrias alimenticias a favor de plásticos y cartones. Los cambios en la estructura de RSU representan un cambio cualitativo, un salto en el comportamiento de los habitantes de Buenos Aires que nos habla acerca de sus preferencias, y sus hábitos de consumo pero también de las influencias que ejercen los estudios de mercado que definen los target o estratos de consumo y las campañas de publicidad que orientan preferencias a través de medios de comunicación masiva.

Evolución Generación de RSU en la CABA vs PBI precios de mercado - Período 1981 - 2007 2.000.00 360.000

1.800.000

260.000

1.200.000 210.000

1.000.000

Generación anual CABA

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1985 1986

1984

1983

1982

800.000

1981

Toneladas Anuales

1.400.000

Millones de pesos

310.000

1.600.000

160.000

PBI precios de mercado

67

Basurales: Los basurales son un riesgo directo para la salud humana, pues ellos acumulan todo tipo de residuos y representan una situación de afectación directa al ambiente sano. La zona sur es la más afectada de la Cuidad de Buenos Aires. Basurales registrados en 1999 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: En Villa 20 Lugano, en el año 2007, se comprobó la existencia de

Basurales a cielo abierto en la Ciudad de Buenos Aires, según ubicación, superficie y volúmen de residuos. Nº

Denominación

Ubicación

Superficie afectada

Volúmen de residuos

1

Parque Indoamericano

Barros Pazos y vías FFCC GMB

3 ha

-

2

Villa 3

Riestra y Lacarra

1 ha

-

3

Argentino Jrs.

Riestra y Pergamino

4 ha

9.000 m3

4

C.M.V

Bonarino e/Riestra y Castañares

8 ha

-

5

Castañares

Av. Gral. Paz y Castañares

6 ha

6.000 m3

6

Parque Avellaneda

Remedios y F. Ameghino

3 ha

-

7

Triángulo del Este

Av. Lugones y Gral. Paz

2 ha

-

8

Costanera Sur

Av. España y Quevedo

5 ha

4.000 m3

9

Villa 20

Av. F. De la Cruz y Corvalán

2 ha

-

10

Ciudad Oculta

Hubac y Piedrabuena

1 ha

500 m3

11

Villa 21

Luna y Osvaldo Cruz

1 ha

3.000 m3

12

Barrio Espora

Iguazú y margen Riachuelo

2 ha

5.000 m3

13

Lago Soldati

Lacarra y Janner

3 ha

1.000 m3

41 ha

28.500 m3

Total

Fuente: Elaborado en base a información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Secretaría de Planeamiento Urbano (SPU), Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), 1999.

basurales a cielo abierto en la calle Coronel Martiniano Chilavert y vuelcos clandestinos en la Av. Escalada y Celedonio Escalada88, por falta de prestación del servicio de recolección de residuos. Basurales incluidos en el Anexo 1 de la Resolución DPCABA 0268/06: - Villa 21 (Zabaleta y Osvaldo Cruz). Antigüedad 11 años. Existe una causa Federal iniciada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, Secretaría 19. Superficie 8.000 m2. En la misma se detectaron residuos peligrosos y patogénicos. - Av. Castañares y Av. General Paz. Basural de más de 8 años de antigüedad. Se observan descargas de 3.000 m2. La autoridad de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires observó gran cantidad de indigentes manipulando. Se observó quema de cables y residuos, provocando contaminación, indicando que no hay un procedimiento denunciado por la autoridad para este caso. - Ana María Janer y Portela. Descargas clandestinas (10 vuelcos diarios). Ubicado en un lugar poco poblado, limitado por villas de

68

emergencia. Higiene de la zona procede al levantamiento de vuelcos allí dispuestos. De todas formas se denuncia que hay selección de residuos, cuestión lógica por la proximidad a las villas. - Parque Indoamericano. Antigüedad 9 años. Se detectaron descargas bajo puente ferroviario, hay un basural a cielo abierto. Linda con las Villas 3 y 20. Actúa el Ente de Higiene Urbana. - Av. Riestra y Pergamino. Hay descargas diarias, se denuncia que la higiene se encuentra comprometida. El basural se encuentra en crecimiento. - Barrio Espora. Delimitado por las calles Iguazú, Luján, vías del Ferrocarril y el Riachuelo. Tiene una antigüedad de más de 12 años, con un volumen de más de 1.400 toneladas. - Av. Castañares y Mariano Acosta. Basural a cielo abierto en un predio de 2.000 m2. El predio está cerrado por una tapia y se registra el ingreso permanente de camiones con carga. Todos los basurales tienen población permanente que convive en ese mismo sitio y que va incrementándose en forma permanente. Basurales “a cielo abierto” registrados en 2008 por el Gobierno de la Ciudad, zona Riachuelo.

Fuente: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/jef_gabinete/riachuelo/mapa_ riachuelo.php?menu_id=29998. Fecha relevamiento: noviembre 2008

69

En esta información se da cuenta de 16 basurales sólo en la cuenca del río Matanza Riachuelo, referida a las áreas y la margen de la Ciudad de Buenos Aires. En marzo de 2009, el relevamiento de basurales presentado por ACUMAR y elaborado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires en el cual se identifican, localizan y categorizan más de 140 basurales existentes en la cuenca, el cual se ha ido actualizando hasta llegar a los 171 en el mes de noviembre89, lo que permite señalar la urgente necesidad de contar con la información actualizada en forma permanente, a fin de poder implementar políticas públicas correctas, sustentables, eficientes y eficaces, dado la variabilidad, progresión y profundización de la situación planteada, no sólo destinadas a la remoción de los residuos sino también a la remediación de los suelos contaminados. Ubicaciones de basurales en la Ciudad de Buenos Aires del área del Riachuelo a noviembre de 2008, según la información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: - Scapino y Av. Piedrabuena - Av. Argentina y Av. Piedrabuena - Castañares y General Paz - Timoteo Gordillo (e/Saraza y Castañares) - Bermejo y Av. Piedrabuena - Cañada de Gómez y Dellepiane - Av. Larrazábal y Barros Pazos - Club Deportivo Español - Parque Indoamericano - Lacarra y Av. Castañares - Mariano Acosta y Av. Castañares - Mariano Acosta y Av. Riestra - Barrios Los Pinos (Av. Riestra y Portela) - Meandro (Iguazú/Riachuelo) - Meandro (Zavaleta/Riachuelo) - Puente Bosch Rellenos sanitarios: La cantidad y calidad de los residuos vuelven sumamente tóxicos los rellenos sanitarios. En un mismo espacio conviven todo tipo de desechos, sin ningún tipo de separación previa. Disposición final90: La ley 1854 determina un cronograma de reducción progresiva para la disposición final. La línea de base desde donde se parte para la determinación del cronograma de reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos se fija en la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTAS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y SEIS (1.497.656) toneladas, según lo establece el artículo 6 del Decreto

70

El Derecho a un Ambiente Sano

Reglamentario 639/07. La cantidad de toneladas máximas a ser dispuestas en rellenos sanitarios son las detalladas a continuación: Toneladas máximas a ser dispuestas en relleno sanitario Año 2010

Toneladas máximas a ser dispuestas en relleno sanitario Año 2012

Toneladas máximas a ser dispuestas en relleno sanitario Año 2017

1.048.359

748.828

374.414

La cantidad de residuos sólidos urbanos dispuestos en los rellenos sanitarios del CEAMSE, según las cifras oficiales de ese organismo, indican para 2004: 1.492.867 t, para 2005: 1.477.147,36 t y para 2006: 1.536.452,75 t provenientes de la Ciudad de Buenos Aires. Composición del total de 1.492.867 t dispuestas en 2004: Residuos domiciliarios: 766.425 Residuos de barrido: 181.259 Otros: 545.184 Fuente: CEAMSE 2004. Residuos peligrosos: Principalmente producidos por la actividad industrial, su peligrosidad está dada por la capacidad intrínseca de una sustancia o mezcla de sustancias de causar efectos adversos, directos o indirectos, sobre la salud o el ambiente. Se definen en el Anexo II de la ley 2214 y de la ley 24051 las características de peligrosidad establecidas según el Código de Naciones Unidas para caracterizar sustancias y residuos peligrosos. El principal problema que se plantea en la gestión de este tipo de residuos, tanto peligrosos como patogénicos, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires está relacionado con la falta de plantas de tratamiento y disposición final para los residuos peligrosos dentro de su territorio. Por ello, necesariamente deben salir de su territorio a fin de ser tratados en alguna planta de tratamiento habilitada. Esta situación da origen a conflictos de competencias y jurisdicciones, ya que la alternativa de solución más próxima es la disposición final en la provincia de Buenos Aires, cuya Constitución prohíbe, en su artículo 28, “el ingreso a su territorio de los residuos tóxicos y radioactivos”. En este sentido, la provincia de Buenos Aires dictó la Resolución SPA 1532/06 por la que se establecen cuáles son los residuos tóxicos prohibidos de ingresar según artículo 28 de la Constitución Provincial. A su vez, otorga permiso a otras jurisdicciones para el ingreso para tratamiento y disposición final, previa evaluación de la SPA de los análisis químicos cuali-cuantitativos y toxicológicos que deberán presentar el generador y operador mediante declaración jurada. Queda exceptuada la categoría Y1.

71

72

CAPÍTULO La principal causa generadora de contaminación atmosférica a través del ruido es el transporte público automotor, que convierte a la Ciudad de Buenos Aires en una de las más ruidosas del mundo.

5

ANÁLISIS DE CASOS

Aire. Calidad atmosférica Afectación atmosférica causada por el transporte automotor91 Ruido y vibraciones, gases El ruido resulta ser uno de los factores que activamente incide y afecta al ambiente, de gran riesgo para la salud, habiendo quedado demostrado que frente a la acción continua y persistente “el ruido enferma”. La principal causa generadora de contaminación atmosférica a través del ruido es el transporte público automotor, que convierte a la Ciudad de Buenos Aires en una de las más ruidosas del mundo. Pero también afecta el ambiente por la contaminación del aire producida por los gases que se despiden por la combustión, y los derrames de gasoil en el pavimento. La contaminación sonora del transporte automotor de pasajeros proviene de: Congestión en el tránsito Falta de mantenimiento y antigüedad del parque automotor Tipos de pavimentos Formas de conducción Superposición de recorridos Ubicación de paradas Otros92 El análisis de la realidad del tránsito en la Ciudad, del informe de la Defensoría del Pueblo: “Transporte Automotor de Pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires - En el marco de la Región Metropolitana”, señala que: en la Región Metropolitana se debe atender la movilidad de aproximadamente 13 millones de personas, lo cual origina unos 18 millones de viajes diarios. Se estima que los mismos se prestan según la siguiente división: 1,5 millones en ferrocarriles, 1,0 millón en subterráneos, 7,5 millones en transporte automotor de pasajeros, 2,0 millones en taxis, 5,0 millones en automóviles privados y 1,0 millón más en otro tipo de servicios, como por ejemplo, los chárteres. La gestión de la multijurisdiccionalidad que plantea la Región Metropolitana no ha sido hasta el momento acertada, en este sentido, la Defensoría ha observado que la creación de diversos Entes en el ámbito de la denominada Región Metropolitana no ha sido suficiente o no ha sido efectivo, para dar respuesta coordinada al reclamo de los ciudadanos que en ella viven. La realidad nos demuestra la necesidad de planes y un Equipo de Gestión Metropolitana.93

En ese sentido, el transporte automotor de pasajeros merece las siguientes observaciones:

…falta de planificación integral, incumplimiento de la Ley nº 25.03194, recurrente falta de revisión técnica de las unidades y una guerra comercial por los recorridos -“guerra del centavo”95-, son las causas sustanciales que conspiran contra

73

la calidad del servicio y a diario agravan la siniestralidad vial en el corazón de la Ciudad y en toda la Región Metropolitana… 96

La obligación legal de retirar del servicio las unidades con más de 10 años no se cumple. Los hechos demuestran que un gran porcentaje de las unidades circulan con más de 15 años de antigüedad, situación que se prolonga a través de prórrogas que desvirtúan la ley, al punto de generar una apariencia de legalidad que destruye el parámetro legal dañando la seguridad jurídica, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros y del ambiente, con el solo objetivo de beneficiar a los transportistas.

74

Por otra parte, se frustra la igualdad de oportunidades y de trato para las personas que tienen su movilidad reducida, cuyas libertades básicas de desarrollo social, trabajo, etc., se ven impedidas al no tener acceso al transporte público. Las demandas quedan relegadas frente al interés comercial y el Estado no resguarda con efectividad los derechos y garantías frente a la voracidad del comercio del transporte. Antigüedad del parque automotor de pasajeros: La obligación legal de retirar del servicio las unidades con más de 10 años no se cumple. Los hechos demuestran que un gran porcentaje de las unidades circulan con más de 15 años de antigüedad, situación que se prolonga a través de prórrogas que desvirtúan la ley, al punto de generar una apariencia de legalidad que destruye el parámetro legal dañando la seguridad jurídica, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros y del ambiente, con el solo objetivo de beneficiar a los transportistas. Ello a costa de un pésimo servicio. Han pasado 6 años desde el plazo previsto para la renovación del 100% del parque automotor y el incumplimiento de la normativa nacional denota la falta de control del Estado y de compromiso de las empresas. Esta situación, que vulnera derechos de la sociedad, también contribuye al descalabro del servicio automotor de pasajeros. Sistema de escape de gases resultantes de la combustión: El correcto funcionamiento del sistema de escape redunda en el ahorro de combustible que requiere la unidad para su funcionamiento. Un adecuado mantenimiento del sistema de escape de gases posibilita: Menor contaminación Menor nivel de ruido Ahorro de combustible La emisión de gases se mide según la normativa europea adoptada legislativamente como patrón para controlar los niveles de emisión. En los países europeos para la certificación de nuevas unidades actualmente se exige el cumplimiento de la norma respectiva definida como EURO 5. En cambio, en nuestro país, la resolución 731/2005 establece que todos los vehículos pesados deberán cumplir a partir del 1 de enero de 2007 con la normativa EURO 3 que, como se puede apreciar, fija una menor exigencia que la EURO 5 y, por consiguiente, se permite una mayor afectación ambiental97. No obstante lo definido, resulta notorio que la emisión de humos negros desde el sistema de escape del transporte automotor de pasajeros no se mantiene dentro de las previsiones de la norma, generando serias afectaciones a los transeúntes. El informe de la Defensoría del Pueblo señala la incidencia económica que conlleva la reparación del sistema: “Los costos de una

El Derecho a un Ambiente Sano

unidad de transporte de pasajeros urbana nueva, oscilan según valores a inicio del año 2008, entre los $250.000 y $350.000, el valor que implica la reparación del sistema de escape de los gases resultantes de la combustión, caño de escape y silenciadores, resulta aproximadamente el 0,5 % del valor de la unidad”98.

ciertos casos, ello sumado al deterioro de las calles, incide sobre la estructura de las carrocerías generando un sin número de ruidos y situaciones de peligro físico debido a roturas o desprendimientos, afectando a quienes viajan en los transportes y en algunas oportunidades a otros vehículos.

Unidad motriz99 La falta de mantenimiento y la obsolescencia de las distintas partes del motor, caja de velocidades, diferencial y elementos mecánicos dan como resultado la propalación de ruidos con un nivel sonoro fuera de todo parámetro ambiental y de seguridad. En especial, el motor genera un nivel de ruido que impacta ambientalmente y penetra al habitáculo del transporte debido al inadecuado aislamiento insonorizante. Distintos elementos mecánicos constitutivos de los sistemas descriptos sobrepasan su vida útil sin mantenimiento ni recambio, a lo cual se agrega la indebida lubricación por la falta de mantenimiento. El criterio es de trabajar bajo el concepto técnico de “rotura”, generando serias perturbaciones en la calidad de vida de los vecinos y un pésimo servicio del sistema de transporte debido a las molestias y súbitas discontinuidades del servicio.

Suspensión - tren de rodaje frenos101 La condición en que se encuentra un número elevado de unidades enfatiza la necesidad de realizar y controlar el efectivo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria. No obstante ello, se han constituido como un hecho normal los ruidos resultantes del deficiente funcionamiento del sistema de freno de las unidades, las cuales en circunstancias de frenado emiten ruidos ensordecedores que superan los 110 dB que, además de afectar a los transeúntes, ponen en evidencia las deficiencias de esos sistemas.

Carrocería y equipamiento100 Las unidades utilizadas para el transporte automotor de pasajeros, como ya hemos mencionado, exceden largamente los quince años de antigüedad; en

La falta de mantenimiento y la obsolescencia de las distintas partes del motor, caja de velocidades, diferencial y elementos mecánicos dan como resultado la propalación de ruidos con un nivel sonoro fuera de todo parámetro ambiental y de seguridad.

La gestión de la interjurisdiccionalidad del transporte La falta de planificación y el resultado de las decisiones espasmódicas nos han colocado en una situación de letargo y desidia, generando una pésima condición de movilidad, una grave afectación ambiental y como resultado nos ha ubicado en un dramático ranking de siniestralidad vial. Se plantea la necesidad insoslayable de promover la mirada metropolitana, pensar en función metropolitana cada uno de

75

nuestros problemas locales. Ver cómo influyen las realidades de la Ciudad al conurbano y cómo somos influidos desde éste, desde cada uno de los municipios que lo conforman. Esto es lo que nos permitirá movilizar los vínculos institucionales en la región102. Las políticas y la gestión deben estar focalizadas en “La realidad funcional del conglomerado urbano que hace a la vinculación y articulación social… (y que)…comprende una superficie aproximada103 a los 3.600 Km2”104. - Acciones de la DPCABA En relación a la situación del transporte automotor y las consecuencias ambientales, se inició una actuación de oficio en la que se produjo el Informe “Transporte automotor de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires - En el marco de la Región Metropolitana”. Se efectuaron mediciones sonoras que se ven reflejadas en el estudio indicado y se emitió la resolución 2250/08 que contiene recomendaciones dirigidas a: 1. el señor ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se arbitren las acciones necesarias con el fin de restablecer los postes de señalización de paradas, previo estudio de la adecuada ubicación. 2. la señora presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniera Graciela Elizabeth Gerola: a) incrementar la fiscalización y control de emisión sonora y de gases, en especial de las unidades del transporte automotor de pasajeros; b) reconsiderar los valores de emisión sonora establecidos en la reglamentación de la ley 1540, Resolución 623-MMAGC-2007, para los vehículos de transporte automotor de pasajeros con año de fabricación 2000 o anterior, con el fin de mitigar el actual impacto sonoro que los mismos generan. Asimismo, se exhortó a …los señores Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, al Ministro de Jefatura de Gabinete y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la implementación de las acciones necesarias con el fin de posibilitar la puesta en marcha del Ente Coordinador del Transporte Metropolitano -ECOTAM- previsto en la Ley nº 25.031…

En todos los casos, se les remitió para su conocimiento el Informe “Transporte automotor de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires En el marco de la Región Metropolitana”. Mediciones del nivel sonoro desarrolladas por la DPCABA En el marco de este informe, se exhiben los “Resultados de la medición del nivel sonoro”, indicando que la toma de mediciones, efectuadas con un sonómetro de propiedad de la Defensoría, se realizó respetando las pautas definidas en las normas IRAM10, reproduciendo las recomendaciones de las normativas ISO 362 en cuanto a distancias, lugares y demás parámetros a tener presentes en la toma de valores, sean estos con el vehículo en movimiento (prueba dinámica) o detenido (prueba estática).Las mediciones

76

se efectuaron desde la acera y en cercanía de las paradas de los transportes de pasajeros, consistiendo en medición estática y medición dinámica.

En el ámbito internacional, los mecanismos de ensayo y los valores máximos admisibles para señalización acústica en vehículos automotores están establecidos en el Reglamento 28 de Ley 3013. Modificación del artíla Comisión Económica para culo 31 de la Ley 1540 s/ruido105. Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU), sobre prescripSituación planteada por una errónea referencia legal a una ciones uniformes relativas a la normativa inexistente. La norma homologación de aparatos productores de señales acústicas y de referencia, de acuerdo a lo de vehículos de motor en lo que expresado en el artículo 31 de respecta a sus señales acústicas. dicha ley, es la Norma IRAM AITA 13 D1, sobre dispositivos La consecuencia de este equívoco legislativo es que se dificulta de señalización acústica para el correcto control y fiscalización vehículos automotores. por parte de las autoridades de la De la consulta efectuada al Instituto Argentino de Normali- Ciudad. A fin de revertir esta situación zación y Certificación (IRAM), es que se resolvió poner en respecto de la citada norma conocimiento de la Resolución se nos informó que la misma -IRAM AITA 13 D1- era inexis- 3551/08 al presidente de la Asociación de Ingenieros y Técnicos tente. del Automotor (AITA) a fin de Por medio de la consulta efecsolicitarle la revisión de la Nortuada a la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor ma CETIA 13 D1 sobre Dispositivos de Señalización Acústica (AITA), se pudo verificar la en Vehículos Automotores, para existencia de la norma en cuestión, la cual trata sobre Disposu adecuación a los parámetros sitivos de Señalización Acústica que rigen la mencionada temátien Vehículos Automotores. Esta ca en el ámbito internacional. es una norma CETIA del año Al mismo tiempo, hacer uso de 1973, desarrollada en AITA, pre- la atribución de iniciativa legisviamente a la firma del convenio lativa conferida por el artículo de normalización con IRAM; 13, inc. i) de la ley 3, mediante por lo tanto, el nombre correcto el proyecto de ley presentado de dicha normativa es “CETIA ante la Legislatura de la Ciudad 13 D1”, en vez de “IRAM AITA Autónoma de Buenos Aires que 13 D1”. diera origen al expediente 2266Las consultas efectuadas a los F-2008106, luego sancionado técnicos de la AITA permitieron como ley 3013 del 5/03/2009. determinar que la norma CETIA 13 D1 presenta un alto grado de desactualización, ya que la misma no ha tenido revisión alguna desde el año 1973.

A fin de revertir esta situación es que se resolvió poner en conocimiento de la Resolución 3551/08 al presidente de la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor (AITA) a fin de solicitarle la revisión de la Norma CETIA 13 D1 sobre Dispositivos de Señalización Acústica en Vehículos Automotores, para su adecuación a los parámetros que rigen la mencionada temática en el ámbito internacional.

77

Energía Bifenilos policlorados (PCB). Radiación no ionizante Cumplimiento de la normativa vigente. Ley 760 y su Decreto Reglamentario 217/2003107 En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra legislado el Plan de Eliminación Gradual de PCB, en consonancia con el compromiso asumido por el Estado Nacional al ratificar el Convenio de Rotterdam, que entró en vigor para la Argentina el 11 de junio de 2004. Entre los 40 productos químicos prohibidos en este tratado internacional, se encuentra el asbesto en cinco tipos diferenciados y los PCB108. El Plan de Eliminación Gradual de PCB integra el decreto 217/2003, el cual establece en su artículo 7 dos límites temporales para la eliminación de PCB: Para el 31 de diciembre de 2005 deberán haber sido eliminadas o exportadas (remitidas) para su eliminación, conforme las normas nacionales e internacionales que rigen la materia, todas las sustancias que contengan PCB, en concentraciones superiores a 500 partes por millón. Para el 31 de diciembre de 2010 deberán haber sido eliminadas o exportadas (remitidas) para su eliminación, conforme las normas nacionales e internacionales que rigen la materia, todas las sustancias que contengan PCB, en concentraciones superiores a 50 partes por millón. En tanto la norma nacional ley 25670, en su artículo 14 establece que “Antes del año 2010 todos los aparatos que contengan PCB, y que su poseedor quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto esto suceda el poseedor no podrá reponer PCB, debiendo reemplazarlo por fluidos libres de dicha sustancia”. En tanto, el artículo 15 señala la obligación de presentar un programa de eliminación antes del 2005, con el objetivo que en 2010 no haya en el territorio de la República Argentina PCB. En 2004 la Defensoría del Pueblo inició una investigación de oficio en la cual se dejó establecido que “un número significativo de equipos conteniendo PCB, en concentraciones superiores a las máximas permitidas, continúan instalados sin haber dado cumplimiento a lo establecido en la ley 760”. La totalidad de los equipos con PCB declarados y que se mantienen fuera de la norma vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están emplazados en nueve lugares físicos: seis en dominio del Estado nacional, uno en dominio del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tres bajo dominio privado109. Los aparatos en cuestión emplazados en los dominios del Estado nacional, consideran su encuadre legal en el marco de la ley nacional 25670110 por entender el emplazamiento en “Jurisdicción Nacional”,

78

El Derecho a un Ambiente Sano

situación que genera un conflicto, en tanto el encuadre legal no establece los mismos límites ni obligación que la legislación local. Se advierte que una aparente diferencia de plazo se trastoca en un hecho de gravedad al tener en cuenta los valores máximos de concentración de PCB, pues mientras la norma local acepta como valor máximo 500ppm a partir de diciembre de 2005, los aparatos en cuestión contienen productos con valores superiores, pues contienen PCB en estado “puro”, situación ésta que modificarán hacia fines de 2010, manteniendo latente, en el mientras tanto, un riesgo letal para la población. Los efectos contaminantes y especialmente cancerígenos de los PCB están comprobados a nivel mundial, y existe una fuerte campaña y conciencia internacional al respecto. Veamos la concentración y tránsito de personas en las zonas del emplazamiento de los aparatos en cuestión: - Ciudad Universitaria Pabellones II y III; - Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Planta potabilizadora Gral. San Martín; - Canal Siete de Televisión, Tagle 2849. Los ámbitos referenciados concentran a diario un gran número de personas, totalmente desprevenidas de la realidad circundante, lo cual implica un altísimo riesgo potencial ante cualquier siniestro, derrame, o bien contacto accidental o exposición al ambiente del agente

contaminante. La situación en particular de la Planta Potabilizadora de Agua General San Martín, que abastece de agua potable a millones de habitantes de la Región Metropolitana, permite obviar cualquier comentario al respecto, frente a lo que significaría una situación de contaminación con PCB. Podemos afirmar que se encuentran en infracción a la norma local, a la norma nacional y a la norma supranacional. Respecto del requerimiento efectuado por la Autoridad local, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación aún no ha dado respuesta, habiendo mediado además reiteraciones mediante sendas notas de fechas 24 de enero y 8 de abril de 2008111 Dada la dilación, resultado de una disyuntiva casi trivial de competencia y autoridad, y que la autoridad local ha tratado de allanar sin resultado favorable, se plantea un potencial daño ambiental que puede implicar afectación grave de vidas humanas y de todo elemento natural circundante. En esta tesitura se dictó desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad la Resolución 1545/08 en la que se dirigen recomendaciones y se advierten las circunstancias gravemente nocivas para el ambiente y la salud. 112 Transformadores eléctricos. Contaminación electromagnética En el año 2005 se inicia la investigación113 acerca del riesgo

potencial que el funcionamiento de un transformador eléctrico perteneciente a la empresa EDESUR S.A., instalado en el patio de un establecimiento escolar, puede generar para la integridad física y psíquica de la comunidad escolar en particular, y de las personas que, en general, concurren a dicho establecimiento. La empresa eléctrica indicó que …la cámara fue diseñada y construida bajo normas, linda con la escuela con paredes de 30 cm. de ladrillo macizo en todo su perímetro, teniendo las puertas de acceso sobre la vía pública y siendo las mismas de hierro con cerraduras de máxima seguridad. En el interior tiene un transformador de 500 Kva. con relación de transformación 13,200 V a 380 V, marca TTE, CIT 12.977-0 cuyo líquido refrigerante califica como libre de PCB según leyes 25.670 (Nación) y 760 (Ciudad Autónoma de Bs. As.) según protocolo analítico 321.750 del 28 de mayo de 2001 emitido por el licenciado Luis Valle gerente técnico de Proanálisis SA...” (sic).

Acompaña un listado donde se citan los lugares donde se emplazan otros transformadores eléctricos de la empresa en un entorno de colegios, hospitales114. La respuesta del ENRE en esa oportunidad indicó que la plataforma mencionada, identificada con el CT 75803 se encuentra funcionando desde el año 1996. Y que

…en dicho CT funciona el transformador identificado con el CIT Nº 12977-0, sobre el que se realizó la determinación de PCB en el aceite contenido en él, mediante la extracción de una muestra el día 23 de mayo de 2001. El resultado del análisis respectivo dio como resultado una concentración de 39,1 ppm. de PCB. Al

79

Los estudios epidemiológicos realizados llevan a la conclusión que: si una población está expuesta a campos magnéticos con una densidad de flujo magnético medio que excede los 0,3 a 0,4 µT (Micro Tesla), el doble de niños podrían contraer leucemia, comparado con una población menos expuesta.

tener una concentración de PCB menor a los 50 ppm, está clasificado por la Ley 25.670, como si no tuvieran PCB a los efectos de la gestión durante la vida útil y está sujeto a los mismos cuidados a los que son sometidos los equipos en los que no se detectó PCB. 3.- Atento lo anterior y teniendo en cuenta que, de la inspección realizada por el Departamento de Seguridad Pública el día 18 de junio de 2004, surge que las instalaciones cumplen con la normativa vigente, de solicitarse a la Distribuidora el retiro de la instalación, el cargo por la remoción y reinstalación de la misma, no sería solventado por la empresa, salvo que voluntariamente acceda a ello...

Sin embargo, el análisis efectuado respecto a la concentración de PCB tenía, a la fecha de la investigación, cuatro años de antigüedad; en consecuencia, no podría asegurarse con un mínimo de certidumbre que nunca se haya superado ese límite, ni que éste no se superase en el futuro, con lo cual, la posible generación de daños constituía un hecho latente que pondría en situación de peligro permanente a toda la población escolar. A la fecha de elaboración de este Diagnóstico ambiental no debería funcionar ningún equipo con PCB en el territorio nacional. La cuestión de la eliminación del PCB de los transformadores eléctricos nos conduce a observar que estos elementos por su naturaleza propia generan campos electromagnéticos. Campos electromagnéticos. El principio precautorio En materia de campos electromagnéticos, la normativa que regula este tipo de instalaciones no hace ninguna mención ni impone límite alguno a las intensidades de los campos electromagnéticos que se generan en ellas y/o en sus alrededores. Sin embargo ...el estudio de la interacción de los CEM de EBF con los sistemas biológicos ha adquirido relevancia en los últimos veinticinco años, debido a la sospecha de la existencia de una correlación entre la exposición a los campos eléctricos o magnéticos de frecuencia industrial con ciertos tipos de cáncer y con otras afecciones diversas tales como dolor de cabeza, fatiga, náuseas, insomnio, ansiedad, etc. En este punto, resulta interesante destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el año 1996 está desarrollando el Proyecto Internacional CEM (no terminado aún), que intenta definir los reales riesgos para la salud que presentan las radiaciones no ionizantes…115

Los estudios epidemiológicos realizados llevan a la conclusión que: si una población está expuesta a campos magnéticos con una densidad de flujo magnético medio que excede los 0,3 a 0,4 µT (Micro Tesla), el doble de niños podrían contraer leucemia, comparado con una población menos expuesta.116 La presencia de una cámara transformadora (CT) de media tensión instalada en el interior de un establecimiento escolar de la Ciudad -además de estar reñido con el más elemental sentido común- presenta dos cuestiones que, por su potencialidad dañosa, merecen particular atención: 1) la utilización de un contaminante de altísima toxicidad como el PCB; 2) la exposición de toda la población escolar a la influencia cotidiana de campos electromagnéticos de valores considerados peligrosos.

80

Además de los informes y aportes técnicos efectuados por la DPCABA, corresponde destacar que la Organización Mundial de la Salud emitió una recomendación formal donde plantea la necesidad de aplicar plenamente el PRINCIPIO PRECAUTORIO117, ya que existe incertidumbre científica respecto de la contaminación electromagnética generada por las antenas de telefonía móvil y transmisoras de datos; por ende los Estados deben actuar con cautela y precaución. La legislación nacional lo considera uno de los principios esenciales en materia de política ambiental, de manera tal que integra el elenco de principios legales establecidos en el artículo 4 de la tal Ley 25675/2002 Ley General de Política Ambiental: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

La existencia de la cámara transformadora (CT) de media tensión que pertenece a la Empresa Distribuidora de Electricidad Sur S.A. (EDESUR S.A.), ubicada en el interior del patio de la Escuela 11 del Distrito Escolar 4º “Antonio Bucich”, sita en la calle Brandsen 1057 de esta Ciudad de Buenos Aires, importa un peligro latente que es menester erradicar.

Hoy, en 2010, resulta indiscutible la obligación de erradicar el PCB en forma absoluta, ya que se han cumplido los plazos temporales máximos previstos para su erradicación en la legislación local. Oportunamente se dictó la resolución 1436/05 con dos recomendaciones, una dirigida a la empresa distribuidora de electricidad EDESUR S.A. y otra al ENRE118. La recomendación no fue cumplida y sólo respondió la empresa para sostener que el centro de transformación no genera un perjuicio para la salud ni para la seguridad de los miembros de la comunidad educativa y argumentando al respecto. Amparo: “Defensoría Del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires contra GCBA y Otros sobre Amparo (artículo 14 CCABA)”, expediente 16826/0. La Defensora del Pueblo de la Ciudad interpuso acción de amparo persiguiendo que se ordene a la citada empresa el retiro de la cámara transformadora de energía eléctrica -propiedad de la empresa- que se encuentra instalada en el interior del edificio que ocupa la Escuela Primaria 11 “Antonio J. Bucich” del Distrito Escolar 4º, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA); y, al mismo tiempo, se ordene al GCBA, en tanto titular dominial del predio y responsable de la salud e integridad física de los alumnos, padres, docentes, no docentes y de todas las personas que integran la comunidad escolar, a realizar todas las medidas conducentes

81

en orden a retirar la mencionada cámara transformadora del interior del establecimiento escolar. Con este amparo se persigue garantizar y hacer efectivo el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, eliminando cualquier peligro cierto o potencial que ponga en riesgo la salud psico-física de las personas en general y, en particular, de los alumnos, padres, docentes, no docentes y de todas las personas que integran la comunidad escolar de la Escuela Primaria 11 “Antonio J. Bucich” D.E. 4º. 2008. Sentencia de Cámara En primera instancia se resolvió rechazar la acción de amparo interpuesta, producida la apelación, el tribunal señaló que: XII.-…a la luz de las constancias analizadas, a criterio de este tribunal no existe igual incertidumbre en cuanto a que, de acuerdo al estadio actual de avance científico en relación a este tema, la exposición continuada a dichos campos electromagnéticos ––a consecuencia de la existencia de una cámara transformadora emplazada en el ámbito escolar–– supone, sin lugar a dudas, un riesgo cierto y concreto para la salud de las personas que concurren diariamente al establecimiento educativo. A su vez, esta situación se ve agravada, en el caso de autos, por la circunstancia de que dicho peligro se proyecta sobre la salud de niños y niñas en edad escolar que, como es sabido, por razones biológicas resultan mucho más vulnerables a este tipo de daños que los adultos. Ello así en tanto, al encontrarse en una etapa de crecimiento, presentan una tasa de multiplicación celular muy elevada pero, al mismo tiempo, no poseen aún un sistema inmunológico completamente desarrollado. XIII.- Así las cosas, comprobada la existencia de dicho riesgo o peligro para la salud de los niños, ninguna duda puede haber en cuanto a que resulta aplicable al caso el principio precautorio previsto tanto en ámbito internacional como local. … y consiste, básicamente, en un medio para prevenir daños al ecosistema, esencial para la subsistencia de los seres humanos. Así, el principio de precaución resulta aplicable cuando la existencia de una relación causal entre una determinada tecnología y un posible daño o perjuicio no ha sido aún científicamente comprobada de modo pleno. … el principio de precaución representa el derecho y la obligación que posee un Estado de adoptar medidas para evitar o disminuir un posible daño grave e irreparable provocado por una actividad o proyecto a realizar, a pesar que exista incertidumbre científica sobre la efectiva ocurrencia de tales perjuicios…, el principio de precaución está destinado a gerenciar el riesgo de un daño desconocido o mal conocido, derivando entonces en la toma de medidas aun antes de que el peligro de daño pueda ser realmente identificado. … el riesgo de daño: debe darse además la posibilidad de un riesgo originado en la incertidumbre científica. … el nivel de riesgo: el daño potencial debe ser grave e irreversible y si bien este tipo de ponderaciones siempre resulta difícil, lo relevante es que, en caso de acaecer el perjuicio, sea imposible o muy dificultoso volver a un estado o condición anterior… XV.-…en el contexto fáctico y normativo antes descripto y por aplicación de los principios, normas, jurisprudencia y argumentos enunciados supra, es claro para este Tribunal que la existencia de un transformador eléctrico ––que genera campos electromagnéticos de muy baja frecuencia–– en el ámbito físico de la Escuela Primaria Nº 11, “Antonio C. Bucich” constituye una conducta imputable tanto al GCBA ––titular dominial del inmueble donde funciona la escuela–– como a Edesur S.A. ––titular de la concesión para la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica en la jurisdicción de la Ciudad–– que, de manera manifiestamente ilegítima y arbitraria amenaza el derecho a la salud de los alumnos

82

El Derecho a un Ambiente Sano

que concurren a dicho establecimiento educativo… …que las demandadas no han desvirtuado, de manera adecuada, los dichos de los actores relativos a que existían y existen ubicaciones alternativas para la cámara transformadora que, de haber sido consideradas, razonablemente hubieran impedido la situación de riesgo analizada... …el Tribunal RESUELVE: 1) hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por los accionantes y, en consecuencia: A) ordenar a los codemandados Edesur S.A. y GCBA que procedan al retiro de la cámara de energía eléctrica ubicada en el interior del edificio donde funciona la Escuela Primaria Nº 11 “Antonio C. Bucich”, ubicada en la calle Brandsen Nº 1057 de la Ciudad de Buenos Aires; B) ordenar a la codemandada Edesur S.A. que, en el cumplimiento de lo ordenado en el punto A) arbitre todos los medios necesarios para garantizar el normal suministro eléctrico de los usuarios del área, una vez retirada o puesta fuera de servicio ––a efectos de ser retirada–– la mencionada cámara transformadora; C) ordenar a los codemandados que, a efectos de cumplir con lo dispuesto en los puntos A) y B), presenten en el plazo de 30 (treinta) días hábiles el respectivo cronograma de trabajos por ante el juzgado de grado; D) ordenar a los codemandados que, una vez aprobado el cronograma de trabajos e iniciadas las obras, presenten informes quincenales por ante el juzgado de grado dando cuenta del grado de avance en el cumplimiento de la sentencia. 2) imponer las costas del proceso a los codemandados (art. 62, CCAyT). Regístrese. Notifíquese, y a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho. Oportunamente, devuélvase. Carlos F. Balbín Horacio G. A. Corti Esteban Centanaro.

Las antenas de telefonía móvil y transmisoras de datos Mapa de antenas de telefonía celular instaladas en la Ciudad de Buenos Aires

Localización geográfica de antenas Fuente: http://www.mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml

Análisis de la Resolución 1/GCABA/APRA/08 que regula la implantación de estructuras de antenas y sus instalaciones complementarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dictamen anexo a la resolución 1686/09. Esta Defensoría del Pueblo inició de oficio119 la investigación motivada por las frecuentes consultas e inquietudes por parte de vecinos que requieren información acerca de la normativa que regula la instalación de antenas en la Ciudad, así como también, verificar si determinadas antenas cuentan con las correspondientes autorizaciones y permisos. La investigación centra su análisis en la Resolución 1/GCABA/ APRA/08, la que unifica y reemplaza varias directivas y disposiciones emanadas de diferentes direcciones generales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se genera un dictamen que analiza la citada Resolución 1/GCABA/ APRA/08, que forma parte integrante de la Resolución DPCABA 1686/09, como Anexo I. Dicho dictamen concluye, en resumen, que existen importantes errores y omisiones en dicho cuerpo normativo que ameritan una inmediata revisión y ampliación de su contenido.

83

Ante la profunda crítica sobre la operatividad de la normativa analizada en el dictamen, se solicitan a la Agencia de Protección Ambiental y al Ministerio de Salud de la Ciudad sendos informes. Respuestas de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires: A continuación se transcriben las 7 preguntas a la APA y sus respectivas respuestas y objeciones: 1) Con relación a la secuencia enunciada en el Anexo I, que constituye parte integrante de la misma, si se ha advertido el hecho de que para cumplimentar la ETAPA 2, la Dirección General de Evaluación Técnica (DGET) a fin de emitir el Certificado de Aptitud Ambiental exige, entre otros requisitos, la presentación por parte del peticionante, de informes técnicos de Medición de Ruidos producidos por la instalación general y Medición de Radiaciones No Ionizantes según Resolución Nº 244-SMAyDS-01. Como puede advertirse, el cumplimiento de tal exigencia implica que la instalación a autorizar esté instalada y funcionando a su régimen normal. Esta situación generaría una seria irregularidad, toda vez que no se habría cumplimentado aún la ETAPA 3, donde debe tomar intervención la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC). 2) Si la respuesta al punto anterior es positiva, informe si se están elaborando las correcciones pertinentes. La contestación de la APA no resultó satisfactoria; en ella se efectúa la descripción de un proceso que no consta en la norma bajo análisis y, por otra parte, sólo se pone en evidencia el mecanismo interno que se utiliza para acelerar el proceso de instalación sin garantizar el resguardo debido de los derechos involucrados en la instalación de una antena de telefonía celular. Textualmente: ...para aquellos casos en que la solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental refiera a un proyecto, es decir, que la actividad no se encuentre en funcionamiento, se requiere al profesional autorizado la presentación de mediciones de RNI de base, datos acerca de las características técnicas de la antena a emplazar y su potencia máxima de emisión. Con ello, y en caso de que el cálculo teórico sea aprobado, se otorga el Certificado de Aptitud Ambiental condicionado a la presentación de las correspondientes mediciones una vez finalizado el funcionamiento de la antena a fin de comparar sus resultados con los límites máximos permisibles de RNI establecidos en la Resolución Nº 202/95. De igual manera, se solicitan mediciones de ruido de fondo y la predicción del impacto acústico a generar por la instalación...

En el dictamen de la DPCABA se sostiene que: ...(es) pues, atinado revisar la secuencia de las tres etapas cronológicas, invirtiendo el orden de la 2 y 3. Esto permitiría a la DGET, antes de admitir la solicitud de un nuevo Certificado de Aptitud Ambiental, el poder verificar la previa aceptación de las reparticiones DGIUR y DGROC. A mayor abundamiento, es de particular interés resaltar la importancia que reviste la intervención de la DGROC en el proceso general de autorizaciones. En efecto, en el listado de puntos enunciado en el Anexo I, existen tres que consideramos de especial gravitación, a saber: Planos de obra y planillas de cálculo de estructuras. Reglamento de copropiedad y Administración y/o en el caso de inmuebles sometidos a la Ley 13512 la autorización de los copropietarios.

84

Seguro contra terceros y vía pública (del locatario). Debe tomarse en cuenta que debido al porte de las estructuras involucradas, éstas presentan al edificio sobre el que se apoyan cargas adicionales de varias toneladas. Resulta evidente que el análisis y posterior aprobación de la documentación correspondiente al punto 1) es esencial para poder contar con una razonable garantía de no enfrentar riesgos que comprometan la estabilidad estructural de un edificio, particularmente si se trata de una vivienda colectiva, como ocurre frecuentemente. Respecto del punto 2) resulta oportuno destacar que para los inmuebles sometidos a la ley 13512, la “autorización de los copropietarios” debe estar refrendada por el 100% de los integrantes del consorcio de copropietarios y debe constar en un documento certificado por Escribano Público120...

3) Si la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) cuenta con personal con la calificación técnica adecuada para evaluar el Plan de Implantación de la Red en la Ciudad de Buenos Aires, que debe presentar cada peticionante con un pormenorizado informe técnico (detallado en el Anexo I). Téngase presente que solamente para el servicio de telefonía móvil celular existen cuatro (4) empresas prestadoras en la Ciudad que operan en forma simultánea. 4) Cuándo se requieren las razones por las cuales -a diferencia de la normativa ahora derogada- no existe en la resolución bajo análisis ninguna referencia a algún tipo de resguardo respecto de la salud de la población expuesta en forma crónica a las Radiaciones No Ionizantes (RNI) emitidas por las antenas que se están autorizando. Esto en virtud de

la actual incertidumbre científica existente en esta materia y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de utilizar el Principio de Precaución en toda reglamentación referida a este rubro. La Dirección General de Evaluación Técnica responde textualmente que: “...El objetivo primordial de la Resolución Nº 1-APRA-SSPLAN-08 es el resguardo de la salud de la población expuesta en forma crónica a las radiaciones no ionizantes, por tal motivo, tal reglamentación prevé controles más estrictos por parte de la administración pública...”. Esta respuesta merece señalar que no se advierte que el aludido “objetivo primordial de resguardar la salud de la población” se encuentre eficazmente plasmado. 5) La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Evaluación Técnica responde con estas expresiones: “...Para el dictado de la Resolución Nº 1-APRASSPLAN-08 no resultó necesario consultar al Ministerio de Salud toda vez que los límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes establecidos oportunamente en la Resolución Nº 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, se encuentran vigentes...”. La respuesta es en sí misma un contrasentido, considerando la afirmación que reproduce la respuesta anterior. Como es sabido, la calidad ambiental y la protección del medio ambiente están indisolublemente ligados

85

Finalmente, la propia Dirección General de Evaluación Técnica reconoce que no cuenta con registro de reclamos, cabe preguntarse entonces, ¿cómo y dónde pueden los vecinos denunciar cualquier instalación radioeléctrica que no figure en el mapa de marras?

al derecho a la salud integral y a la obligación estatal de promover políticas públicas que garanticen esos derechos. 6) Con referencia a la Resolución 244-SMAyDS-01 (que continúa vigente), sírvase informar si se está exigiendo a los titulares de estaciones radioeléctricas fijas la presentación periódica y regular de mediciones de RNI y para el caso de incumplimientos, qué sanciones están previstas. 7) Asimismo, en cumplimiento de lo resuelto por la Comisión de Legislación sobre Regulación de Antenas Ley 1991 (según el artículo 4 de la citada ley) existe desde mayo de 2007 un mapa de antenas emisoras existentes en la Ciudad, disponible para consulta del público en www.mapabuenosaires.gov.ar. A este respecto, se desea saber lo siguiente: a) Si la información allí contenida se actualiza regularmente y con qué periodicidad. b) Si se ha tomado en cuenta la recomendación de la citada comisión, en el sentido que -además de la dirección de la instalación y el último valor del nivel de radiación medido- los datos mínimos que debe contener cada sitio de ese mapa son: Nombre/s de/los operador/es responsable/s - Datos completos del titular - Número de expediente de autorización - Fecha de otorgamiento de autorización - Fecha de última medición de RNI. c) Informe las razones por las que en la página Web que contiene dicho mapa no existe actualmente un acceso habilitado para que los ciudadanos puedan denunciar toda instalación existente que no figure en el mismo. Debe tenerse presente que inicialmente dicho recurso estaba disponible para quien lo requiriese. Como respuesta a lo requerido en el punto 7, entre otros conceptos, la Dirección General de Evaluación Técnica señala que: “...b) La información enunciada en este ítem se encuentra en los informes de medición de radiaciones no ionizantes correspondientes para cada sitio, la cual puede ser solicitada por intermedio de los mecanismos en la ley de acceso a la información...”. Por otra parte, en un tramo del acápite c) del punto 7 se informa que: “...Esta Dirección General no cuenta con registro de reclamos...”. El comentario que amerita esta respuesta es que si, finalmente, la propia Dirección General de Evaluación Técnica reconoce que no cuenta con registro de reclamos, cabe preguntarse entonces, ¿cómo y dónde pueden los vecinos denunciar cualquier instalación radioeléctrica que no figure en el mapa de marras? Dictamen del Anexo I, en tanto allí se expresa: ...Atento a la experiencia mundial en esta materia, se advierte que las administraciones de los países más avanzados, a la hora de autorizar nuevas instalaciones radioeléctricas toman muy en cuenta la protección sanitaria de la población que reside y/o trabaja en sus inmediaciones121. A tal fin basan sus decisiones, entre otros, en el Principio de Precaución, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) mientras persista la incertidumbre científica acerca de eventuales daños a la salud de la población expuesta en forma crónica a la influencia de las Radiaciones No Ionizantes (RNI)...

86

El Derecho a un Ambiente Sano

Inexistencia de un Registro de Antenas La necesidad de establecer un Registro de Antenas se sustenta en varias normas vigentes, tanto de rango constitucional nacional como local, y en normas federales como la ley 25831 que, como ya se señaló en el contexto normativo de este Diagnóstico, regula especialmente el acceso a la información pública ambiental con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que esté en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas122. El artículo 26 in fine leído en consonancia con el artículo 10 del mismo cuerpo constitucional, y el 41 de la Constitución Nacional, la Ley de Presupuestos mínimos 25831 y la ley local 303 reafirman la necesidad de establecer un mecanismo informativo y de consulta gratuita por el público como un Registro de Antenas. Asimismo, resulta ser una obligación constitucional de garantizar la información que permite sostener la salud pública y el derecho colectivo al ambiente sano que reclama para su cumplimiento una información pública, única manera de construir entre todos una sociedad democráticamente participativa. En este mismo sentido se expresó la Comisión de Legislación sobre Regulación de Antenas Emisoras de Señales de Radiofrecuencia y sus

Estructuras Portantes (ley 1991): II) Registro de denuncias vecinales y publicidad del mismo... Una vez que la población tenga acceso al mapa de las antenas habilitadas, podrá fácilmente reconocer y denunciar las que no lo son. Hoy todas lucen igual, y aquéllas que no cumplen con la Ley quedan “camufladas” en el espacio público... Por eso, el Señor Ministro de Medio Ambiente manifiesta que en el plazo de 90 días, habilitará dicho registro, con publicidad en la web de cada caso y su evolución, poniendo en conocimiento del público su existencia a través de los medios de comunicación masiva... A medida que se vayan detectando antenas que no cumplan con la normativa vigente, ya sea porque no están habilitadas y/o no cumplen con los estándares de radiación, también se agregarán al mapa señalado en el punto anterior, de manera visualmente destacada de las antenas que cumplan con la normativa. Así el mapa cubrirá, a medida que se reciban denuncias y el Poder Ejecutivo detecte de oficio irregularidades, todo el universo existente, legal y aquéllas en estado de regularización y/o remoción...

Falta de consulta a las autoridades de Salud Otro aspecto relevante para el Diagnóstico es la respuesta del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires123, en la cual se incluye el Informe 23-DGASPC-2009, producido por la Dirección General Adjunta de Programas Centrales de ese Ministerio. Se transcribe un extracto del contenido más relevante:

La necesidad de establecer un Registro de Antenas se sustenta en varias normas vigentes, tanto de rango constitucional nacional como local, y en normas federales como la ley 25831 que, como ya se señaló en el contexto normativo de este Diagnóstico, regula especialmente el acceso a la información pública ambiental con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que esté en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.

...La Resolución de la referencia (Resolución nº 1/GCABA/APRA/08) no hace mención en ninguno de sus párrafos a la relación entre las Radiaciones No Ionizantes (RNI) y la salud pública. Es bien sabido por múltiples estudios epidemiológicos internacionales que los campos electromagnéticos producidos por las RNI pueden llegar

87

a causar diversas afecciones sobre la salud, a saber; enfermedades oncológicas, cardíacas, neuro-psiquiátricas, endocrinológicas, trastornos de la embriogénesis y del desarrollo del niño en sus diferentes etapas de vulnerabilidad. Es por ello que debe... incluirse en la presente resolución el impacto en la salud humana que tal exposición de tiempo completo (crónica) pudiera originar, prioritariamente sobre los grupos más vulnerables como son los extremos de la vida (niños y ancianos) y los pacientes con algún grado de hipersensibilidad. Asimismo destacamos que dichos efectos biológicos bien determinados aparecen a niveles por debajo de los actualmente permitidos por las normas. Consideramos que la resolución debe establecer zonas de mayor riesgo para la instalación de tales dispositivos en los lugares de hábitat de dichos grupos, a saber: Hospitales, Centros de Salud, residencias geriátricas, escuelas y jardines de infantes, etc. Debido a que sigue existiendo incertidumbre científica en esta materia en la normativa, reiteramos la necesidad de tener en cuenta la implementación del Principio Precautorio y el Principio ALARA (un grado de emisión de las antenas tan bajo como sea técnicamente posible, buscando la optimización de su funcionamiento con la menor contaminación posible). A la luz de las investigaciones de los países desarrollados, donde actualmente tienen vigencia estos principios es que nos vemos obligados a sugerir que se comience a establecer un marco regulatorio y normativo tendiente a preservar la salud humana como derecho inalienable del ciudadano. Existiendo la posibilidad que dichos efectos tengan negativas repercusiones en la salud humana, esta CSA recomienda la creación de un equipo multidisciplinario a fin de evaluar, monitorear, consensuar y prevenir los riesgos presentes y futuros de estas tecnologías.

Finalmente, se pone de manifiesto que el Ministerio de Salud, Coordinación de Salud Ambiental, no fue consultado antes de la promulgación de la normativa indicada. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad emitió la resolución 1686/09 en la cual efectúa recomendaciones y pone en conocimiento de las autoridades locales124 el dictamen que como Anexo I realiza un análisis sobre la reglamentación referida a las antenas. Instalación de antenas de telefonía móvil celular en colegios. Caso: Colegio Salesiano “San Antonio” de México 4050. Corresponde señalar que también existen instalaciones similares a la que está siendo aquí analizada, todas montadas sobre edificios de institutos educativos. Con los datos disponibles en esta Defensoría del Pueblo, ellas son: Instituto “Hans Christian Andersen” - Ciudad de la Paz 1282 (actuación 6779/05); Instituto “León XIII” - Dorrego 2124; Instituto de “La Salle” - Ayacucho 665; Instituto “San Gregorio El Iluminador” - Armenia 1353; Instituto “San José de la Palabra de Dios” - Castillo 767 (actuación 3170/00). En el caso investigado en la Actuación DPCABA 8167/07, iniciada por el señor M. P. O., sobre la antena del servicio de telefonía móvil celular instalada en el Colegio “San Antonio”, se determinó que la antena era clandestina en los términos de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19798, articulo 36, además de tener vencido el permiso de localización125, situación originada desde dos años antes a la denuncia de los padres de esa comunidad escolar. Las mediciones efectuadas en 2005 y luego en 2008 demostraron que en un lapso de dos años y medio, la energía radiada por la antena

88

sufrió un incremento de 8,12 V/m, es decir, más de 3,5 veces (> 350%). El hecho de contar con mediciones demostrando que los niveles de densidad de potencia irradiados no llegan a los límites establecidos por la Resolución 202/95 MSAS, no legitima la instalación de marras. En una instancia previa a dicha medición, la radio base está obligada a contar con las expresas autorizaciones que -en ese ordendeben emitir las Direcciones Generales de: Interpretación Urbanística, de Fiscalización de Obras y Catastro, y (ex) de Política y Evaluación Ambiental. Es sumamente relevante la referencia al marco normativo local de la Dirección General de Interpretación Urbanística. Luego de señalar que acababa de caducar el permiso de la antena en cuestión, expresa:

...Ahora bien, el Acuerdo Nº 381-CPUAM-2006, en su Artículo 6º, punto 5 insta a evitar la instalación de antenas de telefonía móvil celular en colegios, hospitales y geriátricos, o en predios contiguos. En virtud de lo expuesto y dado que la antena en cuestión se encuentra emplazada en la Institución Salesiana (Colegio San Antonio), se solicita su intervención para el presente caso a fin de que se expida si resulta válida la autorización presentada por el recurrente o en su defecto deben aplicarse los lineamientos establecidos en el Acuerdo Nº 381-CPUAM-2006, debiendo por lo tanto, gestionar una nueva consulta ante ese organismo...126

Clandestinidad. Control. Poder de Policía Respecto de esta última cuestión, es dable destacar que a partir de las actuaciones abiertas

por esta Defensoría del Pueblo a lo largo de los años 2005 a 2008 con la finalidad de investigar la situación de radio bases fijas denunciadas por nuestros vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encontró: sobre 102 actuaciones referidas a un total de 108 antenas, 91 estaciones no contaban con alguna o todas las autorizaciones requeridas. Estos guarismos nos indican que en esta muestra -pequeña frente al parque de antenas instalado y funcionando- resultó que poco más del 84% de las instalaciones investigadas carece al menos de una de las tres autorizaciones requeridas (generalmente se trata de la que debe emitir la Dirección General de Interpretación Urbanística y, consecuentemente, la ex Dirección General de Política y Evaluación Ambiental no puede concederle el Certificado de Aptitud Ambiental). Téngase presente que una proporción apreciable de las instalaciones investigadas se encuentra funcionando desde hace no menos de 6 a 8 años. Resulta razonable extrapolar estas cifras al total de antenas existentes en el ejido urbano (desconocemos su número actualmente), para concluir que no menos del 80% de las antenas instaladas y funcionando en la Ciudad son técnicamente clandestinas. Sin perjuicio de reconocer las ventajas que supone para la población contar con servicios de comunicaciones móviles eficientes, no es menos cierto que tales servicios no pueden ni deben desarrollarse

incumpliendo lo que mandan las leyes de la nación. La escasa eficacia mostrada hasta ahora por las autoridades tanto nacionales como comunales para corregir esta situación, fue y continúa siendo sistemáticamente aprovechada por las empresas operadoras, que frecuentemente se apresuran a instalar y operar sus instalaciones sin contar aún con las licencias que la reglamentación vigente exige. Luego pretenden justificar su accionar con las excusas del aumento exponencial en la demanda de sus servicios y “las excesivas demoras de la administración para el otorgamiento de permisos”. Ante cada intimación o, incluso, fallos judiciales adversos, suelen anteponer recursos administrativos o jurídicos con el fin de impedir sanciones pecuniarias o eludir órdenes de desconexión y/o desmantelamiento127. De mantenerse esta situación, frente a la realidad de este momento (más de 40 millones de terminales móviles activas), es dable esperar en el corto y mediano plazo un aumento muy significativo y continuado de la cantidad de antenas que se requerirán en las zonas más densamente pobladas, tales como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, si se quiere evitar el tener que afrontar una situación verdaderamente caótica, de imprevisibles consecuencias para la población de nuestra Ciudad, es indispensable que la administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

89

En 2001, el Ministerio de Salud de la Nación prohibió, a través de la resolución 823/01 del día 26 de julio de 2001, la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto variedad Crisotilo y productos que las contengan. Entre los fundamentos de tal prohibición, se puede mencionar los efectos carcinogénicos de la exposición al asbesto o amianto.

90

decida enfrentar este real desafío actuando responsablemente, mejorando sus cuadros de control, actualizando y exigiendo el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes, solicitando si es preciso el asesoramiento de expertos independientes y coordinando con las autoridades nacionales (Secretaría de Comunicaciones, Comisión Nacional de Comunicaciones) un crecimiento armónico de la red de comunicaciones móviles celulares, tomando en cuenta tanto los posibles impactos urbanísticos como los que puedan afectar el medio ambiente y la salud de los habitantes expuestos en forma crónica a las RNI, respetando en todo momento el Principio de Precaución. En atención a los extremos de hecho y de derecho que se reunieron en la investigación, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires resolvió efectuar una serie de recomendaciones contenidas en la resolución 2730/08128. Contaminación por asbesto Caso Barrio “Illia”129 El Barrio Presidente Illia fue construido por la ex Comisión Municipal de la Vivienda en el año 1988 y se emplaza en el barrio de Nueva Pompeya entre las calles José Barros Pazos, Agustín de Vedia, Torres y Tenorio y Av. Riestra. El mismo consta de 612 viviendas y fue destinado a familias de recursos insuficientes. Sus techos poseen pendiente a dos aguas de fibrocemento sobre estructura reticulada metálica pintada130 donde se encuentra la sustancia en cuestión. De lo expuesto surge que desde el año 1988, fecha en que se levantó este complejo de viviendas sociales, la población se encuentra expuesta a una sustancia por demás tóxica y que puede provocar daños irreversibles en la salud de sus habitantes. En Argentina, como en el resto del mundo, el asbesto131 se ha utilizado en una amplia gama de industrias y procesos industriales entre las que se cuenta la industria del fibrocemento, especialmente la dedicada a la producción de chapas, tejas, caños y tanques de agua, entre otros. En 2001, el Ministerio de Salud de la Nación prohibió, a través de la resolución 823/01 del día 26 de julio de 2001, la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto variedad Crisotilo y productos que las contengan. Entre los fundamentos de tal prohibición, se puede mencionar los efectos carcinogénicos de la exposición al asbesto o amianto. Surge de la resolución citada que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, listado I-a) considera al amianto una sustancia comprobadamente cancerígena. El Convenio de Rotterdam ratificado por la Republica Argentina, indica al asbesto en cinco tipos como una de las 40 sustancias químicas prohibidas.

El Derecho a un Ambiente Sano

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del Criterio de Salud Ambiental 203/98 del Programa Internacional de Seguridad Química, establece que la aparición de los efectos crónicos por exposición al amianto son independientes de la dosis de exposición, siendo por lo tanto imposible establecer niveles de exposición seguros. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante el Convenio 162 de 1986 sobre la seguridad en el uso del amianto, recomendó que siempre que sea posible, el asbesto sea sustituido por productos o tecnologías menos nocivas. En relación con la manipulación del asbesto, el Ministerio de Salud de la Nación señala que trabajar con este material obliga a contar con un equipo de protección personal y que a veces es necesario crear un ambiente absolutamente aislado del exterior para que las fibras que se liberan al trabajar permanezcan en el lugar de trabajo y no se dispersen. Estas fibras son luego aspiradas (de la ropa o del piso) con equipos especiales o colectadas como barro húmedo (el asbesto debe trabajarse en un ambiente permanentemente mojado) y tratadas como residuos peligrosos. Así deben protegerse quienes mantienen, reparan o descontaminen edificios o estructuras que contengan asbesto instalado. Esta comprobación dio lugar a que se resolviera efectuar una recomendación, que está contenida en la resolución132. Asbesto en el Hospital “Dr. Carlos

B. Udaondo”. Denuncia de AS.AR.E.A. Análisis del caso en Diagnósticos I - El derecho a la Salud. Pág.36/37133 Quema de combustibles líquidos134 La preocupación puesta de manifiesto en la denuncia efectuada por vecinos de los barrios de Belgrano, Colegiales, Palermo, Recoleta y Retiro por el alto grado de contaminación ambiental motivó la apertura de una investigación de oficio contenida en la Actuación DPCABA 6127/06.Tal preocupación obedece a la aparición de manchas en los solados de veredas y patios en coincidencia con precipitaciones pluviales. Dichas manchas serían de similares características a aquellas producidas como consecuencia del ataque de un agente ácido. Asimismo, los días sin precipitación pluvial se deposita sobre las superficies externas un polvillo oscuro de características bituminosas. La situación planteada se agrava en los días con vientos dominantes del sector Este y en coincidencia con la emanación de humos desde las chimeneas de la Central Puerto de generación de energía eléctrica. Desde la entrada en vigencia de la Resolución 669/06 de la Secretaría de Energía de la Nación, se ha procedido a la importación de fuel oil para el abastecimiento de las plantas en sustitución del gas natural, situación que ha obligado al transporte del combustible mediante buques tanque hasta zonas próximas al Puerto de Buenos Aires para su

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante el Convenio 162 de 1986 sobre la seguridad en el uso del amianto, recomendó que siempre que sea posible, el asbesto sea sustituido por productos o tecnologías menos nocivas.

91

La ley 13660 establece que las plantas de generación de energía eléctrica se regirán por las normas y requisitos que establezca la autoridad jurisdiccional. En el caso, es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

92

posterior trasvasamiento a los tanques de almacenamiento en cada central. A fs. 278 luce un artículo periodístico del matutino Clarín del domingo 11 de abril de 2004, donde se resalta que el traslado de una cantidad inusual de combustible enfrenta varios inconvenientes logísticos: los accesos fluviales sólo admiten buques de hasta 8.000 t, con lo que con esa limitación, en el caso de la Central Costanera, implica que se requiera la entrada constante de casi dos barcos por día (o movilizar 130 camiones diarios para ingresar el combustible). Según el artículo, otro escollo es la reducida capacidad de almacenamiento: las centrales más grandes pueden guardar, en promedio, fuel oil para 8 días de consumo. De no mantenerse un estricto control por parte de las autoridades competentes, dicha situación genera un serio riesgo ambiental potencial para la ribera de la Ciudad, muy especialmente si se considera la ubicación de las tomas de agua de la planta de potabilización que abastece la Región Metropolitana. Resulta importante el aumento de la emisión de SO2 en el caso de la utilización de fuel oil, llegando en ciertos casos al valor límite tolerable de 1.700 mg/Nm3 para centrales turbo vapor (fs. 38 a 207, de las cuales se acompañan a modo indicativo las fs. 45, 162 y 194 como Anexo 4), límite que resulta establecido en la Resolución 108/2001 de la entonces Secretaría de Energía y Minería135 (fs. 249). La misma situación se plantea en el caso de la consideración del porcentual en peso del tenor de azufre “S” en el combustible a utilizar en centrales de turbo gas y de ciclo combinado, siendo que se ha establecido un coeficiente máximo permitido del 0,5% en peso, como medición indirecta del nivel de emisión de SO2 (resolución 108/2001 Anexo 1, ítem 2.5. de la entonces Secretaría de Energía y Minería)136; tales divergencias se pueden observar en la documentación enviada por la Subsecretaría de Energía Eléctrica. Conforme lo establece el artículo 13 de la ley 123, las centrales de producción de energía eléctrica y redes de transporte de las mismas se presumen como de Impacto Ambiental con Relevante Efecto. Esta norma debe contextualizarse junto con el plexo de la Ley 1356 de Calidad del Aire, la Ley 25675 de Presupuestos mínimos ambientales, el Decreto del PEN 1212/89137, y las Resoluciones de la Secretaría de Energía 404/94, 1102/04 dentro del marco del artículo 41 de la Constitución Nacional y del derecho al ambiente sano consagrado en las normas supranacionales señaladas precedentemente en este Diagnóstico. La ley 13660138 establece que las plantas de generación de energía eléctrica se regirán por las normas y requisitos que establezca la autoridad jurisdiccional. En el caso, es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De los registros suministrados por la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se verifica que las empresas en

cuestión no han dado cumplimiento con la correspondiente presentación del Plan de Adecuación Ambiental. En la Resolución 669/06 de la Secretaría de Energía, se prevén consumos totales del orden de las 600.000 t anuales de fuel oil a partir del mes de mayo de 2006, resultando la Región Metropolitana la de mayor consumo de dicho combustible en virtud de la capacidad de generación de las tres plantas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una producción de energía eléctrica aproximada al 28% de la producción nacional del parque de generación térmica, según información del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), mercado eléctrico mayorista139. Los extremos expuestos permitieron sostener en la Resolución DPCABA 1140/07: “La quema de tal magnitud de combustible (fuel oil) necesario para el funcionamiento del parque turbo vapor de generación existente en la Ciudad, produce inevitablemente la emisión de gases contaminantes para la atmósfera, generando un grave daño al ambiente que puede afectar la salud e intereses de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no mediar las adecuadas previsiones y controles”. La denominada “lluvia ácida” resultante de la quema de combustibles derivados del petróleo genera serios trastornos a las vías respiratorias de las personas, pues los tóxicos ingresan a los pulmones durante la respiración. El adecuado control en la

calidad del combustible, especialmente en cuanto al contenido de azufre, como así también en lo atinente a la neutralización en la emisión de humos que contengan dióxido de azufre (SO2) disminuye o bien anula tal afectación al ambiente y a la salud humana. Simultáneamente con las acciones investigativas desplegadas, luego de una investigación judicial preliminar, tomó intervención la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 9, adonde fue remitida copia de la investigación contenida en la actuación 6127/06. Actividades diversas que afectan la atmósfera Lavaderos industriales y de autoservicio Riesgos toxicológicos y ambientales Se plantearon denuncias sobre actividades no habilitadas y contaminantes realizadas por lavaderos industriales y en algunos casos no habilitados como tales. Conviene recordar que esta actividad esta reglamentada según se trate de tintorerías a seco, regulada por la ley 1727 de la Ciudad y con anterioridad, el decreto 1706/01 para la actividad de Lavaderos Industriales de Ropa y su Transporte. El análisis de un considerable número de actuaciones motivadas en reclamos de particulares, ONG y tres investigaciones de oficio sobre diferentes riesgos ambientales y toxicológicos del Tetracloroetileno (o Percloroetileno), como también la contaminación producida por diversos

93

establecimientos industriales, permitieron observar que muchos que se dicen lavaderos de autoservicio realizan, en la práctica, tareas industriales. Por tanto, resulta de suma relevancia diferenciar claramente los tipos de actividad de los lavaderos estableciendo requisitos diferentes según sean comerciales o industriales. En este sentido, antes de que se sancionara la ley 1727, la normativa aplicable era el decreto 1706/01, por el cual se reglamentaba la actividad de Lavaderos Industriales de Ropa y su Transporte. Se define a los lavaderos industriales de ropa como los establecimientos dedicados a la prestación del servicio, para sí o para terceros, de lavado, reacondicionamiento, desinfección y planchado de todo elemento textil lavable y de ropa procesada o a procesarse, que no sea de uso domiciliario. Dicha norma establece los requisitos que deben cumplir estos establecimientos y los análisis químicos que deben realizar. Posteriormente, la Ley 1727 sobre la Regulación Limpieza a Seco en Tintorerías. Se trata de los establecimientos que utilizan solventes, definiéndose en la norma los niveles máximos permisibles de concentraciones de solventes exigidos. En el caso del Percloroetileno se establece una concentración máxima permisible de 25 ppm. (167 mg/m3). También es relevante lo relativo al mantenimiento de las máquinas que posee el establecimiento. La ley establece que el titular del establecimiento debe controlar la maquinaria existente para el lavado de ropa por el proceso a seco en forma semestral. Asimismo, se establecen las condiciones que los establecimientos deben cumplir con respecto a la maquinaria, como ser que las máquinas deben estar montadas sobre bateas de contención, de paredes y pisos impermeables y de capacidad suficiente para almacenar el 60% del solvente que contenga la máquina. Se prohíbe habilitar solventes que se encuentren tipificados dentro de las categorías carcinogenicidad A1 o A2 de la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 295/03. Tampoco podrán usarse agentes y mezclas enumerados en la Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 310/03. Se plantea, en la práctica, que los establecimientos no se encuentran registrados como Generadores de Residuos Peligrosos, no cumpliendo así con la ley nacional 24051 y con el art. 20 de la ley 1727. Los residuos que se obtienen del proceso de limpieza de ropa a seco por utilización de solventes, son para todos los fines de la presente ley residuos peligrosos en los términos de las Leyes Nacionales Nros. 24.051 y 25.612, sus decretos reglamentarios y las normas que en el futuro las modifiquen o remplacen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También son residuos peligrosos todos los elementos en contacto con los solventes que deban descartarse con periodicidad, tales como filtros, retenes, mangueras y todo otro componente que se encuentre contemplado en la citada normativa...

94

El Derecho a un Ambiente Sano

En los casos investigados, se encontraron irregularidades en las calderas debido a que sus instalaciones no habían sido verificadas, no cumpliendo así con lo indicado en el artículo 8.11.3 del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el supuesto de utilizarse este tipo de instalaciones, es obligación de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro intervenir para verificar las instalaciones térmicas. Las conclusiones señaladas dieron lugar a varias recomendaciones contenidas en la Resolución DPCABA 2989/07, dirigidas a la Subsecretaría de Control Comunal del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental, orientadas a cumplir con los niveles de protección y garantía del derecho a un ambiente sano140. Suelo Contaminación por plomo. Cementerio de automóviles. Está probado que al degradarse, los automotores liberan líquidos peligrosos (combustibles, lubricantes, fluidos refrigerantes, etc.) que contaminan el ambiente. Cuando se acumulan muchos automotores en desuso total se genera un daño ambiental, en tanto no se tomen recaudos para evitar el riesgo. Asimismo, los neumáticos, las baterías, los sistemas de aire acondicionado y otros elementos del automotor también contribuyen a la contaminación

ambiental. Entre las sustancias contaminantes generadas por los rodados en estado de abandono se destacan: hidrocarburos, arsénico, cadmio, cinc, cobre, cromo, mercurio y plomo. La peligrosidad intrínseca que presentan los automotores en estado de abandono ha sido receptada por la ley 342 de la Ciudad de Buenos Aires, que en su artículo 1 dispone: “Los vehículos automotores o sus partes que sean hallados en lugares de dominio público en estado de deterioro, inmovilidad y abandono implican un peligro para la salud o la seguridad pública o el medio ambiente...”. El emplazamiento de depósitos de automotores afectados a intervenciones judiciales, como así también vehículos abandonados en la vía pública en distintos sectores de la Ciudad, tiene consecuencias directas sobre el ambiente y la población. Esta situación se vive en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Caso: Costanera Sur- Rodrigo Bueno. Reserva Ecológica En el sector de la Reserva Ecológica141, lindante con la Villa Costanera Sur - Rodrigo Bueno, se encuentran depositados un total de quinientos ochenta y siete (587) vehículos afectados a causas judiciales o secuestrados por infracciones municipales. La utilización de este sector de la Reserva como depósito o playa policial data de más de una década y habría sido autorizada por las autoridades de la Reser-

va Ecológica, quienes habrían cedido esta fracción de terreno a la Policía Federal Argentina para afectarlo al uso descrito. Actualmente, el Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica Costanera Sur es un organismo fuera de nivel que depende de la Dirección General de Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Reserva Ecológica Costanera Sur es un espacio verde con características únicas dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está incluida entre los Sitios Ramsar, en la lista de humedales internacionales desde el 22 de marzo de 2005. Se encuentra poblado con cientos de especies de flora y fauna autóctonas de la llanura chacopampeana y de las orillas del Río de la Plata. El sitio es hábitat de, al menos, 250 especies de aves, por lo menos 9 especies de anfibios, 23 de reptiles, 10 de mamíferos y 50 de mariposas. Las variedades de flora también incluyen a 245 especies de 55 familias. Se puede observar una gran variedad de árboles, hierbas y arbustos típicos del delta y la ribera rioplatense. Extensos pastizales de cortadera alternan con montes de aliso de río y sauces criollos, ceibos, totoras y juncos. La mayoría de estas especies son altamente representativas de la diversidad biológica presente en la región. Allí, pegado a la Reserva, se encuentra el depósito de vehículos denunciado por los habitantes de la Villa Rodrigo Bueno, emplazado entre la

95

Reserva y la entrada de dicho asentamiento poblacional sito en Av. España altura 1800, a escasos metros de la Laguna de Los Patos y de los Coipos, lagunas que integran la Reserva Natural Costanera Sur, un área protegida por la legislación vigente por su significativa contribución a la conservación de la diversidad biológica. Este depósito de automotores ya había sido oportunamente relevado por esta Defensoría del Pueblo y puesto en conocimiento de las autoridades locales142. Según informes del Gobierno de la Ciudad, no obran antecedentes en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público que autoricen la utilización del predio con esa finalidad. La explicación dada por el Gobierno acerca de la instalación de ese depósito resulta más que insatisfactoria. Según el informe obrante a fs. 591/92 de la Actuación 10182/03 de esta Defensoría del Pueblo, el Gobierno de la Ciudad tomó hace más de diez años la decisión de ceder el uso de terrenos de la Reserva Ecológica Costanera Sur a diferentes reparticiones de la Policía Federal para contener el avance del asentamiento “Villa Costanera Sur-Rodrigo Bueno”. En ese sentido, se recomendó al entonces Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -autoridad de aplicación del Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica Costanera Sur, creado por decreto 1247/05 (BOCBA. nº 2265)- arbitre los medios necesarios -a través de la Secretaría a su cargo o de los organismos y/o reparticiones competentes- a fin de: i) gestionar la descontaminación, desguace, compactación y disposición final de todos los rodados depositados en terrenos de la Reserva Ecológica, de conformidad con la normativa vigente; ii) disponer las medidas conducentes a recomponer el daño ambiental causado; iii) realizar un informe de riesgo sanitario a efectos de determinar la posible producción de daños a la salud de la población y asegurar el adecuado tratamiento médico de la población afectada. Caso Villa 20. Lugano El 22 de mayo de 2008 se sancionó la ley 2724 por la cual se declara la emergencia ambiental, sanitaria y de infraestructura de la Villa 20. La norma compele al Poder Ejecutivo a realizar estudios de evaluación y remediación del suelo de la Playa General Fernández de la Cruz y la adecuación de la infraestructura y de los servicios que resulten necesarios y procedentes para la urbanización del asentamiento. También otorga un plazo de 180 días a fin de que el Ejecutivo realice estudios epidemiológicos que informen adecuadamente la situación sanitaria de la población de la Villa 20 y que permitan individualizar las enfermedades que guarden relación directa con la contaminación ambiental, establecer el número real de afectados y diseñar estrategias adecuadas de abordaje. Por último, la norma pone en cabeza del Ejecutivo local la obligación de gestionar la remoción, descontaminación, compactación y disposición en calidad de chatarra de los vehículos depositados en el predio143.

96

Previamente, el 16 de noviembre de 2007, se celebró el “COMPROMISO PARA LA URBANIZACIÓN DE LA VILLA 20” y el “CONVENIO DE REGULARIZACIÓN” entre el entonces ministro del Interior, contador Aníbal Domingo Fernández en representación del Gobierno Nacional, y el señor jefe de Gobierno de la Ciudad, don Jorge Alberto Telerman (fs. 49/57 y 58/65 de la actuación 2017/09). En dichos instrumentos, se dejó sin efecto el boleto de compraventa entre el Gobierno local y el Gobierno Nacional respecto del predio mencionado a fin de que la Ciudad pudiera urbanizar la Villa 20 ya que, como reconocieron ambos gobiernos, los habitantes de esta villa se encuentran en condiciones de habitabilidad precaria y de alto riesgo social, y se necesita la totalidad de los terrenos para la realización de las obras. Como contrapartida, el Gobierno de la Ciudad le entrega a la Policía Federal la tenencia precaria y se obliga a la transferencia de dominio de dos inmuebles ubicados en Pergamino y Av. 27 de Febrero, donde funciona la Playa Almirante Brown, y otro en San Pedrito y Ferré, donde opera la Playa Espora, a fin de que pueda desplazar la playa de depósito y vehículos. El Gobierno de la Ciudad también se comprometió a realizar mejoras en ambos predios cedidos a fin de aumentar su capacidad, y a evitar la contaminación. La Defensoría del Pueblo, a través de diversas recomendaciones144, alertó al

Ejecutivo local sobre la situación de riesgo y daño progresivo a los que se encuentran expuestos los habitantes de esa villa de emergencia como consecuencia del emplazamiento de la Playa General Fernández de la Cruz, en un predio lindante a ese asentamiento poblacional. En dichas recomendaciones se requirió al Ejecutivo local arbitre los medios necesarios a fin de erradicar -de modo inmediatoesa playa policial y proceda al desguace, compactación y disposición de la chatarra, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Las resoluciones de esta Defensoría del Pueblo no tuvieron los resultados buscados y la playa continúa albergando, hasta la actualidad, toneladas de chatarra tóxica. Sin embargo, los riesgos alertados resultaron probados por diversos estudios de detección de contaminación y/o intoxicación por plomo -realizados por la Coordinación Salud Ambiental y el Centro de Salud y Acción Comunitaria 18, dependientes ambos del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- a los niños de la citada villa de emergencia, que detectaron niveles anormales de plomo en sangre en los niños evaluados. En ese sentido, el último de los estudios realizados145 -en el mes de diciembre de 2007146- informó que, sobre un universo de cincuenta y nueve (59) niños alojados en los predios lindantes al “cementerio” de automóviles de la Villa 20, el 35,5% de los niños evaluados presentan valores de plombemia

97

Esta conducta de acumulación de residuos peligrosos sin adoptar precauciones para evitar la contaminación ambiental es susceptible de ser considerada dañosa. En efecto, La ley 25675 denominada “Ley General del Ambiente” establece en el artículo 27 que “Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”.

en sangre iguales o mayores a 10 ug147. El informe da cuenta, asimismo, de la detección de trastornos madurativos evidentes en la población infantil analizada, así como de otras sintomatologías susceptibles de asociarse a intoxicación por plomo (anorexia -en el 38% de los casos evaluados-; infecciones respiratorias frecuentes -37%-; dolor abdominal recurrente -23%-; cefaleas reiteradas -22%-; diarreas -20%-; entre otras). Hasta la fecha de elaboración de este Diagnóstico no se ha producido el desplazamiento del depósito de vehículos de la Policía Federal y, por lo tanto, se mantiene y agrava la situación de los habitantes de la Villa 20 por cuanto no se pueden llevar a cabo las obras de urbanización. Existe una acción de amparo con una medida cautelar interpuesta por la Defensoría de la Ciudad en que se expresa que …se pudo constatar a través de las investigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo que los funcionarios de la Policía Federal Argentina y del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos han contaminado de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua y el ambiente en general de espacios ubicados en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el establecimiento de depósitos de automóviles al aire libre y sin la adopción de las medidas de precaución mínimas para evitar el resultado lesivo. Esta conducta ha sido dolosa toda vez que dichos funcionarios tienen conocimiento de los peligros que entrañan esos establecimientos y además han ignorado sistemáticamente las advertencias y recomendaciones que se les formularon… También resulta clara la antijuricidad de la conducta desplegada por los mencionados funcionarios. No existen normas que justifiquen de ninguna manera la forma en que han procedido y proceden estas personas. Por el contrario, el análisis de la normativa sobre la materia indica que su conducta es contraria a derecho.

Esta conducta de acumulación de residuos peligrosos sin adoptar precauciones para evitar la contaminación ambiental es susceptible de ser considerada dañosa. En efecto, La ley 25675 denominada “Ley General del Ambiente” establece en el artículo 27 que “Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”. En las publicaciones Diagnósticos I pág. 51 y ss. y Diagnósticos III, pág. 67 y ss., se señala el agravamiento de la situación de contaminación a que se encuentra sometido el barrio y sus habitantes como consecuencia de la chatarra de automóviles acumulada en el predio. Instalaciones de almacenaje de combustibles en la Ciudad de Buenos Aires148 Resulta importante recordar que existe en la Ciudad una amplia y negativa experiencia con respecto a las estaciones de servicio, las consecuencias provocadas por los siniestros generados por incendios y explosiones, o bien daño ambiental motivado por pérdidas y filtraciones. Tales situaciones quedan evidenciadas por los antecedentes de contingencias ocurridas en las siguientes estaciones de servicio:

98

El Derecho a un Ambiente Sano

- Charcas y Ecuador - explosión e incendio. - Austria y Av. Gral. Las Heras explosión e incendio. - Darregueyra y Soler - explosión e incendio. - Av. Santa Fe y Aráoz - explosión e incendio. - Av. Del Libertador y Jerónimo Salguero - filtraciones y contaminación del suelo. - Av. Independencia y Lima filtraciones y contaminación del suelo, con riesgo de explosión en líneas de transporte subterráneas y en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). - Av. Rivadavia y J. J. Biedma filtraciones y contaminación del suelo. Tales contingencias han provocado daño ambiental, lesiones, muertes y daños materiales a terceros, sean estas acciones en forma individual o conjunta, resultando en todos los casos una grave afectación a los derechos y garantías constitucionales claramente especificados en la ley de leyes de nuestra Ciudad. Denuncia Se denuncia la realización de trabajos en el predio ubicado en la Av. Independencia esquina Bolívar del barrio de San Telmo de esta Ciudad, con el objeto aparente de culminar las obras de una estación de servicio, a pesar de existir normativa que prohíbe tal rubro en el lugar. En el momento de los hechos no existía normativa en vigor parar prevenir el riesgo que significaba para los vecinos esta instalación. Resulta importante señalar que en los últimos años se pone en

vigencia un marco normativo específico, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las instalaciones de las estaciones de servicio, con el claro objetivo de resguardar el ambiente y la seguridad de las personas. En este sentido, con total claridad el artículo 34 de la Resolución 1102/2004149 de la Secretaría de Energía de la Nación explicita los tratamientos a que deben ser sometidos los tanques de almacenaje e instalaciones anexas de combustibles cuando permanecen inactivos por un importante período de tiempo. Los hechos En la década del ‘90 se comenzaron trabajos para la construcción y habilitación de una estación de servicio emplazada en la parcela de la esquina sudeste de la intersección de la Av. Independencia y la calle Bolívar. En el predio lindero por la Av. Independencia ya existía un edificio en propiedad horizontal de veintiún pisos de altura que, por su característica de torre, presenta frente en sus cuatro caras, situación ésta que generaba riesgos para los vecinos propietarios con frente hacia la estación de servicio en el sector interno de la manzana por la proximidad con la playa de carga de combustible. Por entonces no existían normas específicas de Evaluación de Impacto Ambiental, más aún, eran recientes los controles específicos a las estaciones de servicio150, los cuales se consolidaron y profundizaron con posterioridad a distintos siniestros ocurridos por la época,

99

En el año 1998, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la ley 123 estableciendo que las estaciones de servicio, entre otras actividades, se definen como a una actividad de Relevante Efecto Ambiental, por lo que tales emprendimientos, nuevos o existentes, deben cumplir con una serie de requisitos perfectamente definidos por esa ley, sus modificatorias y los decretos y demás normativa reglamentaria.

100

en especial, en referencia a una estación de servicio emplazada en la calle Soler del barrio de Palermo. Los vecinos que habitaban el edificio iniciaron distintas acciones con el fin que las autoridades de esta Ciudad tomaran conciencia del riesgo que implicaba el almacenamiento de combustible en el predio lindero al edificio frente a un potencial siniestro. En función de tales reclamos, el ex Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ordenanza 49936/95151. El ex Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires votó por unanimidad la resolución 49780 donde se dispuso la clausura definitiva de las obras de instalación de la estación de servicio en el predio sito en Av. Independencia esquina calle Bolívar por incumplimiento a la ordenanza 45198152. El día 7 de octubre de 1995, el entonces Controlador General Comunal de la Ciudad de Buenos Aires, ante la denuncia de los habitantes del inmueble de la Av. Independencia 466, emitió la resolución 2215/95. El Ejecutivo de la Ciudad veta la ordenanza argumentando un conflicto de competencias en la sanción, (ordenanzas 49936 y 50131, con fecha 19 de diciembre de 1995), prolonga de esta manera la decisión sobre la cuestión, que se resuelve varios años después. Recién en 1999, la resolución del expediente 14/99 SAO: “M.C.B.A. c/ Concejo Deliberante s/Conflicto de Poderes”, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entiende que no es tal el conflicto de poderes observados, además de poseer legal vigencia las normativas cuestionadas, por ello el día 4 de octubre de 1999 resuelve: “...2º- Declarar abstracto el presente proceso instaurado para decidir un conflicto de poderes hoy inexistente...”. La Ley 449 Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario 844/GCBA/2003, introdujeron modificaciones a la normativa en referencia a los distritos y a los usos permitidos. Como consecuencia, la cuestión sobre el predio queda inserta en un contexto nuevo: el nuevo estatus del Distrito -APH 1 (Área de Protección Histórica)-, que requiere que cualquier intervención edilicia, previo al inicio de obras, debe ser sometida a la aprobación del Consejo del Plan Urbano Ambiental. A su vez, en el año 1998, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la ley 123 estableciendo que las estaciones de servicio, entre otras actividades, se definen como a una actividad de Relevante Efecto Ambiental, por lo que tales emprendimientos, nuevos o existentes, deben cumplir con una serie de requisitos perfectamente definidos por esa ley, sus modificatorias y los decretos y demás normativa reglamentaria153. Posteriormente, la Resolución 00035-A.A.LEY 123-SSMAMB-05 (Boletín Oficial nº 2198 del día 26 de mayo de 2005) estableció: “Artículo 1º -…que las estaciones de servicio de despacho o expendio de combustibles líquidos y/o gaseosos que no se encuentren

comprendidas en los términos de las Resoluciones nº 31/ SSMAMB-LEY nº 123/05, nº 32/SSMAMB-LEY nº 123/05, nº 33/SSMAMB-LEY nº 123/05 y nº 34/SSMAMB-LEY nº 123/05, deberán iniciar dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de publicada la presente, los trámites ante la Autoridad de Aplicación a fin de ser incorporadas al Régimen de Adecuación”. Para los “nuevos” emprendimientos, es decir, todos aquellos establecimientos no incluidos y/o reconocidos/registrados por la operatoria de las resoluciones 00031/32/33/34/35-A.A.LEY 123-SSMAMB-05 deberán obligatoriamente cumplimentar los pasos exigidos por la ley 123 en todos sus ítems, incluyéndose entre éstos la necesaria y obligatoria Audiencia Pública. Con referencia a los respectivos controles de hermeticidad de los tanques de almacenaje de combustible, la Resolución 404/94154 de la Secretaría de Energía de la Nación explicita las normas para la inspección y control de los Sistemas de Almacenaje Subterráneo de Hidrocarburos (S.A.S.H.). Las instalaciones originarias que se tratarían de activar comprenden seis tanques de almacenaje de combustible subterráneos que fueron fotografiados por los vecinos al momento de realizarse el montaje, cuya situación evidencia seria precariedad para el caso de pretender su activación. Los trabajos detectados por los vecinos son

presumiblemente clandestinos y, por lo ya descripto, “antirreglamentarios”. El riesgo se acrecienta ya que se debe tener en cuenta que en el frente del edificio de veintiún pisos de altura, lindero al predio en cuestión, se encuentra emplazada una cámara subterránea de distribución de electricidad desde donde se provee de energía a dicho sector del barrio. A su vez, las cocheras del edificio son subterráneas y linderas al predio donde se pretende instalar la nueva estación de servicio, situaciones ambas que requieren de una consideración especial con el objeto de salvaguardar la vida de las personas ante la posibilidad de la ocurrencia de un siniestro.

…mediante Expediente Nº 56.518/2006 se inició el trámite referido al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental mediante la incorporación al Régimen de Adecuación, Artículo 40º de la Ley 123, de la actividad “Estación de servicio de combustibles líquidos” sita en calle Bolívar Nº 808/824 esq. Av. Independencia, siendo el propietario la firma Petrobrás Energías S.A., habiéndose presentado el correspondiente Estudio Técnico de Impacto Ambiental. Si bien el Estudio Técnico de Impacto Ambiental se encuentra en análisis, cabe aclarar que el certificado de Aptitud Ambiental será otorgado una vez finalizada la presentación y análisis de documentación requerida por la normativa ambiental vigente (Ley 123, Decreto Nº 1.352/2002 y Resolución Nº 873/2004)...155

Se colige entonces que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no han tenido en cuenta la vigencia de la ordenanza 50131 que impide la instalación de la actividad de almacenamiento y comercializa-

ción de combustible, como tampoco se ha producido la necesaria consideración de la cuestión por la Dirección General de Interpretación Urbanística. En la Ciudad se observa que en los últimos años han cerrado una importante cantidad de estaciones de servicio, siendo que en la mayoría de los predios donde éstas se ubicaban no se han visto desarrollar las tareas de remoción de los tanques enterrados. Todo ello lleva a inferir que no se habrían realizado los estudios ambientales, ni la recomposición del suelo y demás tareas y exigencias previstas en la normativa vigente. En ejercicio de las atribuciones que le son propias, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad efectuó una recomendación a las Subsecretarías de Control Comunal, de Política y Gestión Ambiental, y, de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en referencia a las obras que se realizan en el predio sito en la Av. Independencia esquina calle Bolívar 808/814, identificado como parcela 5b, Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 30 del barrio de San Telmo, para que den cumplimiento en forma clara, precisa y concordante con las normativas vigentes establecidas en el tiempo por los representantes parlamentarios de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Informe Anual Ambiental 2008156, presentado por la Agencia de Protección Ambiental en cumplimiento de la ley 303, indica que:

101

La información obtenida de la Dirección General de Control revela que de las 304 estaciones de servicio existentes en la Ciudad de Buenos Aires: - 149 son estaciones de combustibles líquidos. - 72 expenden GNC. - 82 son de tipo dual. - 136 están inactivas. Agua Cloacas La red de cañerías cloacales del denominado “Radio Antiguo” -la zona delimitada por el Río de la Plata y las avenidas Pueyrredón, Jujuy, Caseros y Garay-, cubren un 8% del total de la red y escurren desechos pluviales además de los cloacales. El resto de la red está constituida por cloacas máximas, colectoras y colectores, que recolectan y transportan los efluentes domiciliarios y los industriales, que admite el sistema157. Caso: Villa 13 bis 158 Una persona realizó una denuncia en su nombre y en representación de los vecinos la Villa 13 bis y reclamó una solución a la problemática existente con respecto a la falta de cloacas e ineficiencia de los desagües pluviales en la Villa 13 bis. Esta se compone de sesenta y una (61) viviendas, en su mayoría de material, en la cual residen aproximadamente ciento cincuenta (150) familias. Si bien poseen suministro de agua potable y energía eléctrica, carecen de cloacas. Sólo seis (6) viviendas están conectadas a la red cloacal del Barrio Rivadavia pero el resto poseen pozos que se desbordan en días de lluvia, generando un peligro en la salud de la población. Consta en la denuncia que el Instituto de Vivienda se comprometió a enviar camiones atmosféricos dos veces al mes, pero la decisión de cuáles son los pozos que se deben desagotar es de un vecino del Barrio Rivadavia, lindero a la Villa, por lo cual existen inconvenientes, especialmente porque dicha persona ignora la realidad del barrio. Destaca que en la actualidad no están concurriendo los camiones en la forma convenida. En un relevamiento realizado por personal de esta Defensoría del Pueblo, los vecinos indicaron que la problemática más urgente que padecen es la falta de las cloacas y el colapso de los pozos ciegos, destacando que algunos de ellos tienen una antigüedad de más de 30 años. Manifestaron también que la filtración y el desborde de los pozos ciegos se agrava sustancialmente en virtud del desnivel que presenta el terreno que alcanza los tres (3) y cuatro (4) metros. Refirieron que las viviendas se encuentran a tres niveles distintos, uno al nivel de la Av. Corea; otro, aproximadamente tres metros

102

El Derecho a un Ambiente Sano

por debajo del anterior; y un tercero que se halla a cincuenta (50) centímetros por debajo del segundo nombrado. Tales desniveles causa que los pozos ciegos del sector más elevado filtren al sector medio y a su vez los pozos de este último, por efecto cascada, saturen rápidamente los pozos del sector más bajo. Las filtraciones de los pozos del sector superior no sólo saturan los pozos de los niveles restantes sino que también las aguas servidas se filtran por los muros, techos y pisos de las viviendas ubicadas en los otros niveles. Esta circunstancia hace que las viviendas del sector medio y bajo -tal como se pudo comprobarpresenten sus muros saturados de humedad y que el “agua” literalmente “brote” de las paredes y pisos. También se pudo constatar que los muros de las viviendas segregan olores nauseabundos que se corresponden con los hedores que desprenden los líquidos cloacales. Señalaron los vecinos que como los pozos son demasiado antiguos, están saturados y existe un peligro cierto de desmoronamiento. El desnivel del terreno hace que los pozos del nivel superior se encuentren a la altura de los muros y techos de los niveles medio y bajo. Indicaron que algunas familias sufrieron el desmoronamiento de muros y otras han reforzado –de modo precario- algunas paredes para evitar las filtraciones y posibles derrumbes. Los días de lluvias los pozos ciegos desbordan y las

aguas servidas inundan los pasillos y las viviendas del barrio. Esta situación también genera consecuencias en lo referente a los desagües pluviales, en particular, al tendido ubicado en el pasillo que limita el sector más bajo de la villa 13 bis con el Barrio Rivadavia I. Es así que, de modo reiterado, las cámaras desbordan e inundan, no sólo en los sectores bajos de la Villa 13 bis, sino también anegan los pasillos y viviendas del Barrio Rivadavia I, circunstancia que genera graves conflictos entre los vecinos de estos barrios precarios. La situación descripta, de por sí grave, se complica aún más por el hecho de que los vecinos han verificado que algunas viviendas de la Villa 13 bis conectaron sus descargas cloacales a la red pluvial, con el gravísimo riesgo sanitario que esto implica para todo el entorno. Desde hace más de diez (10) años los habitantes del barrio vienen efectuando reclamos a la ex CMV, sin haber obtenido nunca una respuesta favorable a sus peticiones. Exhiben una Nota presentada en el año 1998; la Nota 7314/CMV/2003 y 7313/CMV/2003 y otra de fecha 4 de diciembre de 2005 y presentada en el año 2007. Por otro lado, refirieron que hasta tanto se encuentre una solución, sería conveniente destapar el sistema de agua pluvial, en razón de que los caños se encuentran congestionados por grasa y otros elementos que se han adherido a ellos, lo cual facilita que los días de lluvia colapsen e inunden ambos barrios.

103

Los hitos más importantes y recientes respecto de la cuenca MatanzaRiachuelo son: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ejercicio de su competencia originaria en el caso “Mendoza”, y la creación de la Autoridad de la Cuenca MatanzaRiachuelo por ley 26168, a la que adhiere la Ciudad por ley 2217.

104

En respuesta al pedido de informes de la Defensoría del Pueblo, el IVC señaló que la batería de sanitario del conjunto de vivienda de la Villa 13 bis derrama a pozos sépticos y que, por su uso, se encuentran sin capacidad de absorción y habida cuenta que el colector cloacal más cercano pasa por la Av. Corea, cuya cota de intrados se encuentra por arriba de los desagües cloacales de los vecinos, se hace necesario la intervención de AySA para el estudio de la factibilidad y el proyecto de la construcción de red colectora cloacal al interior de la villa, compromiso que adquiere la empresa. Con relación a la limpieza de la red pluvial, sumidero y conductos, en razón de que se encuentra lindante al Barrio Rivadavia 1, corresponde dar intervención a la Subsecretaria de Obras Publicas. Cuenca Matanza-Riachuelo Es de público conocimiento que el Riachuelo es un foco de contaminación del aire, el suelo y el agua. Si bien la problemática es de una gran complejidad, se la ubica en este capítulo por tratarse de una cuenca hídrica que describe en una parte de su curso el límite sur de la Ciudad, con alrededores donde el abandono y la pobreza extrema son símbolos de ese sector de la Región Metropolitana. Los hitos más importantes y recientes respecto de la cuenca Matanza-Riachuelo son: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ejercicio de su competencia originaria en el caso “Mendoza”, y la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo por ley 26168, a la que adhiere la Ciudad por ley 2217. Sobre estos aspectos se informa previamente en el presente Diagnóstico en el Contexto normativo nacional, en el Contexto normativo local, en el Contexto institucional, y en el capítulo Indicadores estadísticos. Hoy la competencia indiscutible sobre la cuenca es de ACUMAR, Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Sin perjuicio de los avances producidos respecto del abordaje de esta cuestión, conviene traer al presente capítulo la esencia del contenido de la Resolución DPCABA 0268/06, donde se realiza “…un diagnóstico del estado de situación de la Cuenca Matanza-Riachuelo a partir del 1º Informe sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, presentado por el señor Defensor del Pueblo de la Nación y esta Defensoría del Pueblo y las recomendaciones cursadas desde el año 2003…”. Previamente la Defensoría del Pueblo había dictado la Resolución 2285/03159. Durante 2004 y parte de 2005 se realizó un seguimiento a este respecto, obteniendo respuestas, en algunos casos, con mora de más de un año por parte de algunos organismos competentes. Por otro lado, podríamos afirmar que esta situación se traduce en el estado crítico que presenta la cuenca. Durante 2005, se recibieron informes concluyentes tanto de la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental como de la

Subsecretaría de Obras y Mantenimiento, en lo que se refiere al cumplimiento de la Ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental. Estas respuestas dieron lugar a la Resolución DPCABA 1825/05, con una recomendación dirigida al señor Secretario de Infraestructura y Planeamiento para que arbitrase las medidas necesarias a fin de …dar cumplimiento a las Evaluaciones de Impacto Ambiental, conforme lo establece la Ley 123, de las obras a realizar en el marco del “Manual Operativo y Gestión del plan de Gestión Ambiental Matanza Riachuelo, Préstamo BID 1059/OC-AR”, que comprende el “Subproyecto de Regulación Hidráulica y Drenaje” Cuenca G, Cuenca Z4, Cuenca C, resto del Área Sur y las obras correspondientes al aliviador de la calle San Pedrito, Cuenca H y Red Pluvial y en su caso informe razones de la demora y que evalúe la posibilidad de suspender la licitación de toda obra en el marco del “Manual Operativo y Gestión del plan de Gestión Ambiental Matanza Riachuelo, Préstamo BID 1059/OC-AR” sobre los que tiene participación y decisión la Ciudad de Buenos Aires, hasta tanto se realicen las correspondientes Evaluaciones de Impacto Ambiental de acuerdo a la Ley nº 123...

La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y El Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, elaboraron un informe que evidencia diferentes aspectos de la problemática de salud y social del grupo poblacional de la cuenca, más allá de las políticas intra hospitalarias adoptadas a fin de dar curso a los requerimientos de la población. De lo informado es destacable la respuesta de la Secretaria de Salud.

En ese marco, y a fin de elaborar en colaboración con el señor Defensor del Pueblo de la Nación el 2º Informe Especial sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo160, se realizó un informe desde este organismo, plasmando detalladamente los avances y retrocesos de las políticas trabajadas desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los aspectos sanitarios respondidos por la Secretaría de Salud. Riesgo y afectación de la salud de los habitantes de la cuenca del Riachuelo: Se señalaron índices de contaminación de la cuenca ... con metales pesados como cromo, plomo, mercurio, cadmio, níquel entre los más comunes; hidrocarburos tales como benceno, tolueno, y otros; tóxicos como arsénico; agente microbiológicos: Coliformes presentes en materia fecal, por mencionar los mas frecuentes (...) Están claramente identificadas las fuentes de contaminación, principalmente industrias, desagües cloacales clandestinos y/o sin tratamiento previo, basurales, etc. (...) El conocimiento médico, científicos y epidemiológicos, actualmente reconoce a los citados contaminantes del ambiente, como riesgosos para la salud humana...

La Secretaría de Salud, destacó la necesidad de elaborar estudios epidemiológicos y toxológicos. Sin embargo, señala que hasta tanto se realicen estos estudios, “...se puede estimar la carga de morbilidad provocada por enfermedades con el ambiente y todas ellas prevenibles, como por ejemplo, la diarrea, las enfermedades transmitidas por vectores, las enfermedades respiratorias agudas, etc.”. Por otra parte, el Departamento de Epidemiología de la

105

Dirección de Salud Primaria informó que en 2004 se creó por resolución 1727/04 el Sistema de Vigilancia y Control de Enfermedades y se organizó una Unidad Centinela de Vigilancia Ambiental en el Hospital “Dr. Cosme Argerich”. Cuenta con un Comité Técnico Comunitario de Salud Ambiental, con una estructura participativa y conformado por: el presidente, el director del hospital; dos vecinos elegidos por la comunidad por cada barrio de San Telmo, La Boca, Barracas, Dock Sud; profesionales del área programática; Jefatura de Consultorios Externos y Toxicología. Concisamente se expresó que “…uno de los contaminantes de mayor frecuencia en la zona es el benceno: En lo particular del contaminante elegido –el benceno- se conoce que el impacto en la salud está dado por la exposición crónica a bajas dosis durante periodos de tiempo superiores al año, ligado esto a la presencia de distintas formas anémicas y hemo-oncológicas” y que “…las consecuencias más acuciantes de la problemática ambiental se evidencian en las frecuencias observadas de patologías alérgicas, respiratorias, dermatológicas y oncológicas a través de encuestas parciales (que no permiten definir relación causal)…” Este informe reveló un sin fin de logros que deben ser tomados como ejes ejemplificativos del avance que viene desarrollando el Hospital más importante de la zona. Sin embargo, esto debe encender un alerta ya que en el informe se revelan tareas que necesitan de un apoyo más concreto de los órganos competentes. En esa oportunidad se recomendó al Sr. jefe de Gobierno la categorización del “Comité Técnico Comunitario de Salud Ambiental” como de importancia vital para toda la comunidad de la Ciudad, su rol no se circunscribe a la zona del Riachuelo sino que avanza sobre toda la Ciudad, en tanto que el ambiente es uno y la degradación que sufre la zona del Riachuelo afecta a todos y cada uno de los habitantes161. Mortalidad infantil El Informe de Resultados 184, 25 de Abril de 2005. Dirección General de Estadísticas y Censos “La Mortalidad Infantil en la Ciudad de Buenos Aires (1990-2004)” revela que los índices más alarmantes de mortalidad se registran en los CGP de la cuenca y, principalmente, en el área de influencia del CGP 8, posicionado en la zona más crítica de la Cuenca Matanza-Riachuelo. El Informe Ambiental de 2008 -pág.129- de la Agencia de Protección Ambiental, señala que: Durante los años 2007 y 2008 el programa de salud para la población de la Cuenca Matanza-Riachuelo y el Programa de Salud Ambiental Infantil (SAI), llevaron a cabo estudios de biomarcadores en niños y adultos, a fin de identificar los riesgos ambientales a los que están expuestas las poblaciones más vulnerables en la zona de la Cuenca Matanza- Riachuelo. Estos biomarcadores permiten detectar los metabolitos de los agentes tóxicos, a través de determinaciones en sangre y orina

106

El Derecho a un Ambiente Sano

de los pacientes en riesgo o afectados y que se atiendan en el sistema público de salud del Gobierno de la Ciudad. La determinación de los biomarcadores elegidos, el plomo y el mercurio, tiene en cuenta los antecedentes en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires de niños contaminados con plomo y mercurio. Los estudios se realizaron en el Laboratorio Toxicológico de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, (Convenio Resolución Ministerial Nro. 1.472/07).

Sin embargo, no se informa sobre los resultados obtenidos de tales estudios y la situación de la salud de la población de la cuenca. A partir de la vigencia de la Ley 26166 de Creación de la Autoridad de la Cuenca MatanzaRiachuelo, la Ciudad de Buenos Aires adhiere por ley 2217, en el marco legal de la Ley 2057 Declaración de Emergencia Ambiental de la Cuenca MatanzaRiachuelo. La actividad de la Autoridad de la cuenca, se encuentra especialmente determinada por los objetivos y el programa de políticas públicas a desarrollar contenido en el Considerando 17) del fallo “Mendoza”, y cuya ejecución está a cargo del Juzgado Federal de Quilmes. En la actualidad, el Comité de Gestión ha señalado en su informe de diciembre de 2009 que: “…ACUMAR no realiza un análisis que dé cuenta adecuadamente del diagnóstico de la situación ambiental de la cuenca, ni utiliza índices comparativos apropiados, por lo que de los informes presentados no resulta posible para los ciudadanos y

ciudadanas no expertos saber qué grado de contaminación existe en sus vecindarios”. Con posterioridad, con fecha 1 de febrero de 2010, la ACUMAR ha presentado el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) actualizado de la cuenca ante el Juzgado Federal de Quilmes, elaborado en forma participativa con todas las jurisdicciones involucradas. En este marco se estableció un Plan Sanitario de Emergencia, del que se informa sobre sus Programas de Salud para la Población de la CMR respecto del periodo junio-septiembre 2009. Acerca de la vigilancia epidemiológica, se establecieron nodos o unidades de vigilancia epidemiológica ambiental que reciben información de las jurisdicciones; en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se cuenta con 27 unidades efectoras que son 27 centros de salud de los hospitales afectados, siendo las unidades centinela el Hospital Argerich y el Hospital Elizalde. El nodo principal lo constituye el Ministerio de Salud. Biodiversidad Reserva Ecológica La Reserva Ecológica Costanera Sur, creada en el año 1986 mediante ordenanza 41247, comprende el terreno delimitado por la Ciudad Deportiva de Boca Juniors, el Malecón, la Av. Costanera y el Río de La Plata. Está definida en el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

como Distrito Área de Reserva Ecológica - ARE: áreas que por su carácter ambiental, su configuración física y su dinámica evolutiva, dan lugar a la conformación de ambientes naturales donde las distintas especies de su flora y fauna puedan mantenerse a perpetuidad o incluso aumentar su densidad, ya sea mediante el mantenimiento de las condiciones naturales o con el aporte de un manejo científico. El 22 de marzo de 2005, la Reserva Ecológica Costanera Sur fue designada como “Sitio Ramsar”, lo que la acredita como “Humedal de Importancia Internacional” en el marco de la “Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas”, Ramsar 1972. Se destacan como principales características de la Reserva Ecológica la presencia de 250 especies de aves, 9 de anfibios, 23 de reptiles, 10 de mamíferos y 50 de mariposas. En cuanto a las especies vegetales, se han identificado 245 especies, provenientes de 55 familias, siendo la mayoría de estas especies representativas de la región. Impacto del helipuerto en Costanera Sur Se investigó de oficio162 el impacto de los ruidos en la Reserva Ecológica de Costanera Sur provocados por los helicópteros que sobrevuelan y aterrizan en el helipuerto existente en la zona denominada “ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors”.

107

Los hechos - En abril de 2007 se impidió la inauguración del helipuerto Baires Madero en terrenos próximos a la Reserva Costanera Sur, debido a que no contaba con la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ley 123 con sus modificaciones presume a la actividad helipuerto como de Impacto Ambiental con Relevante Efecto. Tal caracterización exige que el proceso de evaluación incluya una instancia de audiencia pública. Se estableció, de esta manera, un antecedente de importancia en cuanto al reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires dado que, si bien esta actividad debe ser habilitada y controlada por la Autoridad Aeronáutica, actualmente ejercida por el Comando de Regiones Aéreas, no se encuentra eximida de cumplir con las normativas de la Ciudad, incluida la ambiental, en cuanto pretende desarrollarse dentro de su territorio163. El 29 de diciembre de 2008 se llevó a cabo la Audiencia Pública referida al análisis del proyecto y categorización de la actividad helipuerto a desarrollarse en la Av. España, sin número, entre el Río de la Plata y la prolongación de la Av. Costanera -isla 6- de la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, se reconoce la incumbencia del Gobierno de la Ciudad sobre la habilitación de este tipo de actividad. En el decreto 740/07, reglamentario de la Ley 1540 Control de la Contaminación Acústica de la Ciudad de Buenos Aires, se determinan diferentes Áreas de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior. La Reserva Ecológica Costanera Sur es considerada como Área de Sensibilidad Acústica de Tipo I, por lo que los límites máximos de emisión de ruido de fuentes fijas al ambiente exterior están establecidos en 60 dB A para período diurno y 50 dB A para período nocturno. El decreto nacional 453/93 prohíbe en las Reservas Naturales Silvestres la operación de aeronaves a menos de tres mil pies, con excepción de la necesaria para fines científicos, de manejo, control y vigilancia. La cuestión se enmarca en un contexto normativo donde hace crisis, pues los derechos y garantías de los ciudadanos han de ser preservados en razón de los derechos y garantías dispuestos en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código de Planeamiento Urbano, el Plan Urbano Ambiental y la Ley de Control de la Contaminación Acústica en el ámbito local, que se inserta en un orden jerárquico normativo federal y supranacional ya explicitado en este Diagnostico. Ello condujo al dictado de una recomendación dirigida al señor jefe de Gabinete, licenciado Horacio Antonio Rodríguez Larreta, a fin de que solicite al Gobierno Nacional que, a través de la autoridad competente, se caracterice el espacio aéreo de la Reserva Ecológica Costanera Sur como Zona Restringida para el vuelo de aeronaves.

108

La misma se puso en conocimiento de la Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniera Graciela Elizabeth Gerola. Sistema de prevención contra incendios en la Reserva Ecológica La denuncia de empleados contratados de la Reserva Ecológica Costanera Sur ante las características y condiciones del sistema de prevención contra incendios correspondiente a dicha Reserva, dio lugar a una investigación iniciada de oficio. En 2007, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó la obra correspondiente a la instalación de un nuevo sistema de prevención contra incendios, con el objetivo de disponer de agua a presión y en cantidad que permita el ataque de los potenciales siniestros minimizando las superficies afectadas por el incendio de pastizales. El 29 de abril de 2008, esta Defensoría del Pueblo recibió una notificación firmada por “Empleados contratados de la Reserva Ecológica” (fs. 2 a 5) en la que, entre otras cosas, se denuncia que: “...Se pagó un sistema de prevención de incendios que resulta ineficiente ya que no se pudo utilizar en el incendio del pasado mes de diciembre de 2007 por trucho, situación que puede ser recabada ante el personal de Bomberos de la Policía Federal interviniente en el siniestro”. Consultada la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, respondió que: carecía

de antecedentes con respecto a la Instalación de Agua Contra Incendios allí implementada; la red de incendio ha sido utilizada por dicha Superintendencia, a raíz de un siniestro acaecido en el predio; envió un informe técnico elaborado por la Sección Riesgo Forestal: con observaciones y recomendaciones respecto de: abastecimiento de los tanques de reserva de agua; vulnerabilidad de los Hidrantes de Piso; incompatibilidad de las Columnas Hidráulicas Portátiles, y autonomía del suministro energético del Sistema de Bombas. La implementación de las modificaciones propuestas por la Superintendencia Federal de Bomberos es necesaria para lograr que el sistema instalado pueda dar una respuesta adecuada ante el inicio del fuego. En ese orden se realizó una recomendación al señor subsecretario de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: la adecuación necesaria del sistema de prevención contra incendios de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Se puso en conocimiento de la misma al señor ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ingeniero Juan Pablo Piccardo. En todos los casos, se acompañó copia del informe “Sistema de Lucha Contra Incendios de la Reserva Ecológica Costanera Sur”164.

109

Gestión ambiental y desarrollo sostenible

Al momento de la inspección de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la operatoria se realizaba mediante el simple volcado sobre la superficie de tierra y, posteriormente, mediante la elevación con una pala mecánica se cargaba en los camiones con bateas de la CEAMSE quien lo transporta para la disposición final en el Complejo Ambiental “Norte III C”.

Residuos La palabra “basura” en el colectivo de la gente aún significa algo que carece de valor y de lo que hay que deshacerse, de esta manera, la basura se convierte en un estorbo. Sin embargo, en la actualidad se va cobrando conciencia de que los residuos sólidos urbanos incluyen materiales recuperables, lo cual genera mercados e industrias relacionadas con su procesamiento165. Áridos Denuncia - Falta de recaudos ambientales en una planta de tratamiento de áridos. - Falta de equipamiento para la selección de residuos. - Condiciones operativas deficientes. - Falta de estudio de impacto ambiental en la instalación de la planta. - Afectación al ambiente y a la salud de los vecinos. Hechos Se informa sobre el estado en que se producía la descarga de áridos en una planta de tratamiento de ese tipo de residuos (materiales de demolición de volquetes, residuos de poda) junto a residuos sólidos urbanos (RSU), barrio de Villa Soldati, por la acumulación de residuos en un predio perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita de la Dirección General de Limpieza de la Ciudad, sito en la Av. Varela 2653. El predio está delimitado por las calles Av. Varela, Chilavert, Castañón y Av. Ana María Janer, donde según la información de los vecinos, se efectuaba ingreso y egreso de camiones con residuos. El responsable del lugar, jefe de Departamento Control de Servicios a cargo de la Dirección del predio en cuestión, informó que la descarga de “Áridos y Residuos de Poda” que se realiza en el lugar, momentáneamente en forma improvisada, resulta de un convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la CEAMSE a los efectos de constituir en el lugar una planta de transferencia de “Áridos y Residuos de Poda”. Según lo expresado por el responsable por la CEAMSE, esta tenía previsto la construcción de instalaciones específicas en ese lugar para constituir una estación de transferencia de áridos y residuos de poda. Al momento de la inspección de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la operatoria se realizaba mediante el simple volcado sobre la superficie de tierra y, posteriormente, mediante la elevación con una pala mecánica se cargaba en los camiones con bateas de la CEAMSE quien lo transporta para la disposición final en el

110

El Derecho a un Ambiente Sano

Complejo Ambiental “Norte III C”. En la misma inspección se constató que el procedimiento que se realizaba en el lugar no contemplaba ningún recaudo de tipo ambiental que tendiese a mitigar la propagación del polvo, resultante de la operación de carga y descarga de los áridos; asimismo, no se contaba con equipamiento para la separación de residuos sólidos y para la intercepción, escurrimiento y captura de líquidos o barros. En el “Contrato de Comodato Inmobiliario” celebrado entre el Gobierno de la Ciudad y la CEAMSE, se establece entre otras cláusulas166: “...PRIMERA: OBJETO: El Gobierno da a CEAMSE, en COMODATO o PRÉSTAMO DE USO GRATUITO... En dicha estación de transferencia se recibirán los Residuos Áridos y de Poda, provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Municipios de Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda y Quilmes, además de generadores privados y todo otro Municipio que CEAMSE determine...”. Esta cláusula vulnera especialmente la norma contenida en el artículo 27 inciso 12 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires al recibirse en la “seudo estación de transferencia” cargamentos de áridos en forma indiscriminada desde todo otro Municipio que la CEAMSE determine, incluyendo generadores privados, que en algunos casos resultarían ser empresas clandestinas, no registradas en la Ciudad, que vuelcan los áridos

conjuntamente con residuos no identificados167. La Ciudad, en lugar de disminuir, verá incrementado el tonelaje de disposición debido a la recepción indiscriminada de áridos y residuos, desde cuanto lugar se crea conveniente. …CUARTA: SERVICIO DE TRANSFERENCIA: El servicio de transferencia referido a la Cláusula Primera deberá ser abonado por el GCBA aplicando la tarifa vigente por tonelada como lo viene haciendo hasta la fecha... …QUINTA,...El GCBA, mantendrá a su exclusivo cargo y costo el Servicio de Vigilancia de la totalidad del inmueble con entrada sobre la calle Varela Nº 2.653, controlando el ingreso y egreso de vehículos y personas...

Esta obligación pone a la Ciudad en una responsabilidad directa de la calidad y cantidad de residuos a ser dispuestos en el Complejo Ambiental “Norte III – C”, sin que medie instancia de control real (declaración o manifiesto) de los residuos en cuestión. Se constató que las condiciones operativas de la improvisada planta de transferencia generan serios problemas a los vecinos que residen próximos al predio a que nos referimos, especialmente a los niños que concurren a la escuela ubicada con frente a la calle Chilavert y a los vecinos de la manzana con frente sobre la calle Castañón. La afectación del ambiente producida por la gestión de los residuos áridos afecta el derecho al ambiente sano de la comunidad circundante. Esta situación resulta claramente violatoria a los términos y acciones que se prevén en la

111

El reciclado es una actividad económica y ambiental que se realiza en la informalidad y en condiciones laborales precarias, realizada por los sectores más vulnerables de la sociedad. Dichos elementos luego pasan por los depósitos y finalmente confluyen en grandes industrias conducidas por importantes grupos económicos.

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las leyes locales168 y normas constitucionales nacionales y la normativa supranacional de jerarquía constitucional y de jerarquía superior a las leyes, la cual debe estar garantizada en el orden local. Esta situación dio lugar a una recomendación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires dirigida al señor subsecretario de Higiene Urbana, para que se implemente los medios necesarios a fin de que: a) A los efectos del emplazamiento de la planta de transferencia de áridos y residuos de poda, a ser establecida en el predio en cuestión, se cumplan todos los condicionantes establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y leyes vigentes al respecto, en especial la Ley 123 y sus modificatorias. b) Se reconsideren las condiciones establecidas en el “Contrato de Comodato Inmobiliario” firmado por las anteriores autoridades del Gobierno de la Ciudad el mes de noviembre de 2007, a los efectos que se adecue a las leyes vigentes en la ciudad, los intereses propios de ésta y en especial a los derechos y garantías que le caben a los vecinos que en ella habitan y transitan.

Habiéndose constatado que la situación se agravó, se denuncia ante el Ministro de Ambiente y Espacio Público que en la planta en cuestión se verifica lo siguiente: - Inexistencia de control de peso en el predio. - Inexistencia de carteles indicativos y señalética adecuada en el ingreso de las unidades, como medidas preventivas de seguridad. - Ingreso y egreso de camiones con faltante de chapa patente y con deficiente estado de mantenimiento que pone en duda la posible aptitud técnica de los vehículos para la función a la que se los afecta. - Ingreso de camiones con volquetes sin cobertor, con restos de demoliciones al descubierto. - Egreso de transportes no pertenecientes al CEAMSE, con hierros recuperados. - Descarga y carga de camiones a cielo abierto, actividad que genera importantes nubarrones de polvo que el viento arrastra a las inmediaciones del barrio. Reciclado de residuos En la Ciudad de Buenos Aires, por medio de la ley 922 se despenaliza la actividad de recuperación y reciclado realizada por los recuperadores, a su vez, se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas relacionadas con la actividad. La recolección informal no sólo se desarrolla en las calles sino también en los mismos rellenos sanitarios del CEAMSE. La recuperación y el reciclaje de los materiales tienen la función fundamental de limitar el consumo de materias primas “naturales” y de energía en la producción, sustituyéndolas con materiales de las mismas características pero recuperados, favorecer la protección ambiental, reincorporando los residuos al ciclo de la materia

112

y disminuyendo relativamente la cantidad a ser eliminada en las plantas de disposición final. La recolección de los residuos sólidos urbanos ha sido realizada en forma conjunta con un circuito informal a partir del año 2001 debido a la aparición de miles de personas (comúnmente llamadas cartoneros) dedicadas a la recolección de residuos. La trama informal de recuperación de residuos liga a los recolectores (cirujas, cartoneros o recuperadores) con los “depositeros” o chatarreros (acopiadores) y los industriales. Es decir, en primer lugar, los materiales recuperados en condiciones miserables por los cartoneros pasan por los depósitos y finalmente llegan a las grandes industrias, conducidas por importantes grupos económicos que usufructúan el trabajo cartonero; en segundo lugar, este procedimiento logra reciclar un significativo porcentaje del total de los residuos urbanos que se generan. Evidentemente, los avances hacia una política de reciclado (bajo el concepto de “basura cero”) resultan no sólo positivos sino necesarios. En base al trabajo que realizan los recuperadores urbanos, se generan grandes beneficios ambientales y económicos. Desde el punto de vista ambiental, reducción de residuos dispuestos en rellenos sanitarios, ahorran energía y recursos naturales. No obstante ello, esta Defensoría del Pueblo debe hacer notar que no basta con organizar a los cartoneros, sino que el Estado debe avanzar hacia una política integral sin dejar de lado

sectores que la involucran. Por lo expuesto, el reciclado es una actividad económica y ambiental que se realiza en la informalidad y en condiciones laborales precarias, realizada por los sectores más vulnerables de la sociedad. Dichos elementos luego pasan por los depósitos y finalmente confluyen en grandes industrias conducidas por importantes grupos económicos. CERBAF (Centro de Reciclado del Bajo Flores)169 Verificación del funcionamiento de la planta de separación de residuos reciclables situada en la calle Varela 2600 El 14 de abril de 2008, personal de la Defensoría del Pueblo procedió a visitar el galpón donde se realiza la separación de los residuos para su reciclado. Se refleja en el informe que la cinta transportadora en ese momento estaba detenida y que los residuos reciclables eran separados manualmente de un montículo por seis operarios y, posteriormente, clasificados en distintos contenedores para ser luego enfardados y/o acopiados. En el otro extremo del galpón se encontraba el taller de desarme de material informático y de equipos de audio, el cual era ocupado por un operario. En el mismo recinto se encontraba un minitractor con pala “tipo bobcat”, y una prensa hidráulica en reparación. Según los dichos del encargado de la planta, el funcionamiento de la misma es de bajo rendimiento, ya que no reciben la cantidad de material reciclable

necesaria que amerite el encendido y la puesta en marcha de la cinta transportadora y de los demás equipos. A su vez, el encargado de la planta manifiesta que son 30 (treinta) los camiones de las empresas recolectoras de residuos que ingresan a hacer la descarga del contenido de los contenedores de tapas naranjas, perteneciente a los residuos secos y reciclables. Las mismas pertenecen a las empresas Aesa; Cliba; Níttida y Urbasur, pero de esa cantidad de camiones solamente 3 (tres) se toman como descargas aptas ya que los otros 27 (veintisiete) son rechazados por contener residuos húmedos y orgánicos entre el material reciclable. Por lo tanto, tampoco hay necesidad de incluir más personal para la clasificación y, por el contrario, la baja cantidad de reciclables perjudicaría la permanencia de personal de la presente cooperativa. Cabe destacar que en el lugar no había olores desagradables, y el recinto donde se estaba acopiando se encontraba limpio. El procedimiento y funcionamiento de la presente planta de reciclado sería del siguiente modo: En el hipotético caso de obtener gran cantidad de reciclables, el procedimiento sería mediante el transporte desde el montículo de reciclables depositado por un camión recolector de los residuos recolectados de las rutas de “secos” (contenedores tapa naranja), elevando los residuos por la cinta transportadora hacia la mesa de clasificación, en la que los operarios que se encontrarían

113

al lado de esta cinta separarían los residuos, para luego arrojar el reciclable de material correspondiente a las tolvas, que en su caída libre al vacío serán depositados en un contenedor. Luego, los mismos pasarán al acopio hasta ser vendidos a una empresa de reciclables. Cabe destacar que cada operario tiene la función de separar el residuo en esa “cinta de montaje”, según el material. Por ejemplo, un operario se encargará de los plásticos y depositará los mismos en la tolva de plásticos, otro hará lo mismo con el metal, y así sucesivamente con los otros elementos reciclables. Los materiales y objetos a reciclar en este caso y según lo descripto en los “contenedores de tapa naranja” ubicados en vía pública son: en plástico: botellas de plástico, fundas de nylon, sachets; en papel: diarios, cartón y papel; en metal: latas; en tetrabrick: distintos tipos de envase de este material; y por último, en vidrio: todos los envases de este material. Todos estos materiales deben estar secos y no pueden contener restos de comida u otro elemento orgánico. Compatibilización de las políticas públicas en materia de gestión de RSU con los reclamos de los vecinos Centros verdes En cuanto a la instalación de “Centros Verdes”, corresponde destacar que estamos ante la presencia de un típico conflicto en el que debe instalarse una actividad socialmente necesaria, pero que nadie desea tener cerca. Comúnmente a estas actividades se las denomina “NIMB” (sigla en inglés que significa “no en mi patio trasero170”), como cementerios, autódromos, aeródromos, casas de velatorio, centros de reciclado, usinas, estadios, etc. Centro Verde de Barrio Saavedra171 En tal sentido, puede mencionarse a manera de ejemplo lo sucedido en el Barrio de Saavedra, donde muchos vecinos efectuaron ruidosas protestas ante la posibilidad de instalación de un centro de reciclado en Av. San Isidro Labrador 4802. En esa oportunidad, los reclamantes efectuaron manifestaciones de diversa índole, abarcando (y mezclando) situaciones reales con prejuicios y confusión de actividades y consecuencias. Señalaban, entre otras cosas, su oposición a la instalación de un “basural” y manifestaban que la presencia de cartoneros traería aparejado aumento de la inseguridad y los delitos se incrementarían. También señalaban que proliferarían insectos y roedores por la constante presencia de basura. Por último, manifestaban que el emplazamiento en la dirección mencionada violaba el Código de Planeamiento Urbano. “...en los discursos de los vecinos se entremezclan los problemas de contaminación con inseguridad. De esta manera se plantea un criticable imaginario que vincula “cartonero” con “delincuente”. Cabe aclarar que los elementos que ingresarán al predio deben estar limpios (no hay residuos orgánicos, ni grasas, ni aceites), por lo que difícilmente genere la proliferación de ratas o insectos...”172.

114

El Derecho a un Ambiente Sano

En cuanto a la supuesta violación al Código de Planeamiento Urbano, es necesario mencionar que dicho cuerpo normativo fue modificado en varias oportunidades (siempre aplicando el sistema de doble lectura con audiencia pública). En una de ellas, mediante la ley 2216 (publicada en enero de 2007), modifica sustancialmente el mencionado código eliminando el Cuadro de Usos 5.2.1.b e incluyendo otro con las actividades no permitidas. También incorpora la actividad de reciclado (prohibida hasta ese entonces). Esta nueva actividad, “Clasificación y selección de materiales recuperables, reutilizables y reciclables”, se permite en distritos R2bIII, C3, E1, E3 e I. El predio en cuestión se encuentra en un Distrito R1a, por lo que no se permitiría el centro de reciclado. Sin embargo, el mismo Código de Planeamiento Urbano, en su art. 5.1.4.1 establece que “En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los distritos residenciales (R1 y R2), centrales (C1, C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3) en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito...”. El predio que nos ocupa se encuentra en San Isidro Labrador, arteria que es deslinde con el Distrito Central (C3I), por lo que puede aplicarse el artículo mencionado e instalar el centro de reciclado en el predio. Sin embargo, la elección del lugar, aunque no viole lo dispuesto por el Código de Planeamiento Urbano, resulta por demás cuestionable, dadas las características urbanísticas de la zona. La elección del lugar donde establecer los Centros Verdes debe ser cuidadosa, transparente y consensuada. En tal sentido, si bien el Código de Planeamiento Urbano permite el emplazamiento en el lugar cuestionado, por las características de la zona, el estilo de su arquitectura y la tranquilidad de la cuadra no parece el lugar más adecuado para tal actividad. Ante ello, la Defensoría del Pueblo recomendó (en la Resolución 213/08) al señor subsecretario de Higiene Urbana, analizara la posibilidad de reubicar el Centro Verde que se emplazaría en la Calle San Isidro Labrador 4802.

La elección del lugar donde establecer los Centros Verdes debe ser cuidadosa, transparente y consensuada.

Suspensión del tren blanco La problemática surge ante la cancelación del denominado “tren blanco”, servicio que brindaba la posibilidad a aproximadamente mil recicladores que se trasladasen desde sus hogares (en el noroeste del Gran Buenos Aires) hacia la Ciudad de Buenos Aires. Luego de la cancelación, muchos de los cartoneros comenzaron a instalarse en diversas zonas de la Ciudad, generalmente en espacios públicos y en las inmediaciones de vías ferroviarias. Esta situación no sólo generó problemas importantes para los recicladores, quienes debieron mudarse y cambiar su estilo y lugar de vida, sino que provocó situaciones de degradación del espacio público y malestar entre los vecinos de la Ciudad.

115

Según los datos brindados en el 2005 por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), de la UNICEF, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajan aproximadamente 8.700 personas en la recuperación de materiales reciclables y, de esta cifra, 4.200 son niños, niñas y adolescentes.

116

Este último aspecto es importante desde el punto de vista social, ya que pueden generarse situaciones violentas y romper aún más los lazos de solidaridad (hoy bastante endebles) entre las personas de una comunidad. En tal sentido, corresponde recordar que se generó un confuso hecho en el Barrio de Belgrano en el que se produjo el incendio de varios carros que recicladores habían dejado atados en un espacio público. Para evitar este tipo de situaciones corresponde que el sistema de gestión integral de los residuos funcione correctamente, evitándose, dentro de lo posible, peligrosas situaciones de precariedad y clandestinidad. En este punto, merece un párrafo especial el trabajo de niños y adolescentes. Es común observar menores de edad buscando entre la basura elementos para vender. La mitad de los recuperadores son niños, niñas y adolescentes. Según los datos brindados en el 2005 por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), de la UNICEF, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajan aproximadamente 8.700 personas en la recuperación de materiales reciclables y, de esta cifra, 4.200 son niños, niñas y adolescentes. En base al trabajo que realizan tanto menores como adultos, se generan grandes beneficios ambientales y económicos. Es decir, desde el punto de vista ambiental, la reducción de residuos dispuestos en rellenos sanitarios, ahorran energía y recursos naturales. Mientras que desde el punto de vista económico, una cifra mínima de 8.700 cartoneros recuperan entre el 9% y el 17% de los residuos generados por los vecinos; traducido a dinero, la Ciudad Autónoma ahorra 30.000 y 70.000 pesos por día, lo cual representa entre $ 3,5 y $ 7 por recuperador por día. Cabe destacar que funcionarios del Gobierno de la Ciudad en varias ocasiones han señalado que los recuperadores manifiestan que prefieren que sus hijos permanezcan con ellos durante las tareas de recolección de residuos reciclables, ya que sienten que los menores están así más seguros. A este criterio, discutible y razonable al mismo tiempo, se le suma la posibilidad de que los niños realicen tareas de selección y recolección, sumando brazos al trabajo familiar con el consiguiente beneficio económico. Evidentemente, el trabajo infantil debe ser erradicado, no sólo por los convenios internacionales firmados por el país (y con jerarquía constitucional), sino también ante la evidente situación de desigualdad y riesgo a que se ven sometidos con posibilidad cierta de llegar a entorpecer su normal crecimiento. En tal sentido, el Estado debe implementar políticas que tiendan a evitar la explotación infantil y posibilitar a las familias que desarrollan tareas de recolección y selección de materiales reciclables en la vía pública o en Centros Verdes, puedan dejar a sus hijos en lugares seguros y acordes a las necesidades de los menores. En función de lo expuesto, se efectuó una recomendación dirigida al señor director general de Reciclado, licenciado Pablo José Fornieles,

con el objeto de que se implementen los programas necesarios a fin de cumplir con lo estipulado en la Ley 1854 “Basura Cero”, y analice la posibilidad de reubicar en Centros Verdes a los Recuperadores Urbanos que realizan sus actividades en forma desordenada en la vía pública; que la elección de los lugares en donde emplazar los denominados “Centros Verdes” se efectúe junto a una campaña de difusión y concientización del vecindario sobre el funcionamiento de estos establecimientos; que se implementen planes que tiendan a evitar el trabajo infantil en tareas de recolección de residuos o reciclado de dichos elementos. Se recomienda, asimismo, que informe a esta Defensoría del Pueblo los planes elaborados y/o convenios suscritos al respecto. También se recomendó a la señora presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, doña Jessica Malegarie, que implemente los programas necesarios a fin de erradicar el trabajo infantil del circuito informal de recolección y separación de residuos sólidos urbanos, cumpliendo así con lo dispuesto en los Tratados Internacionales y en las leyes 24650, 25212 y 25255 en todo lo concerniente al régimen previsto en las leyes 937 y 1854 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Registro de Recicladores173 El Registro de Recicladores es una herramienta de la política ambiental y al mismo tiempo de

garantía de los derechos de los trabajadores del reciclaje. La actualización periódica de la actividad beneficia a todas las partes involucradas y permite construir una sociedad más justa. En el marco de una investigación, el 21 de marzo de 2008 la Defensoría del Pueblo efectuó una entrevista al titular de la Dirección General de Reciclado acerca de la política global sobre el tema de reciclaje. Respuesta: En la actualidad la Dirección General de Reciclado circunscribe su acción a los Recuperadores urbanos, pero aún no avanza en una visión general de la gestión de residuos sólidos urbanos. En la actualidad hay ideas aisladas y, a medida que se vayan realizando pequeñas experiencias, se analizarán cada una de las acciones en profundidad para luego abordar la gestión hacia una política de reciclado. Sin dejar de tener en cuenta que el sistema de recolección de la Ciudad de Buenos Aires debe resolver, de manera integral, diferentes problemáticas. Reciclado en origen. Respuesta: Sobre la separación en origen, manifestó que no podemos pensar ninguna instancia del reciclado sin empezar por concientizar al vecino sobre la separación en origen, razón por la cual tiene pensado cambiar la visión que venía teniendo la Dirección, que empezó por medio de un programa (PRU) donde la preocupación era el Recuperador Urbano y no el Reciclado, como tiene pensado hacer en su gestión. Centros Verdes. Respuesta: La

117

Según la ley 992/02 y su Decreto Reglamentario 84/06, cualquier persona física mayor de 18 años puede ser incorporada como recuperador urbano al RUR, lo cual es acreditado a través de una credencial que habilita la recolección sin que se convierta en una contravención.

idea es hacer 9 Centros Verdes cuya ubicación aún no se decidió, aunque la idea es ubicarlos en lugares no muy habitados, como los predios del ferrocarril y los que pertenecen a ONABE. Padrón de Recuperadores Urbanos. Respuesta: El empadronamiento se encuentra desactualizado debido a que el 50% de los Recuperadores Urbanos no están registrados en dicho padrón. Asimismo, no se están dando credenciales transitorias, sólo se toman los datos, hasta su actualización. Es importante destacar que según la ley 992/02 y su Decreto Reglamentario 84/06, cualquier persona física mayor de 18 años puede ser incorporada como recuperador urbano al RUR, lo cual es acreditado a través de una credencial que habilita la recolección sin que se convierta la actividad en una contravención. Relación con otras áreas de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respuesta: Se solicitó a dos organismos que tratan el tema de menores, a fin de que lo asesoren sobre la problemática. Control sobre los camiones que se encargan de llevar los residuos reciclados a los Centros Verdes. Respuesta: El funcionario destacó que las empresas no le pasaban la información que pedía. Es importante destacar que las empresas de Higiene Urbana que prestan servicio de recolección y aseo en la Ciudad, deben presentar un informe diario vía correo electrónico. El mismo debe informar lo siguiente: - Servicio - Número de ruta - Unidad que prestó servicio - Reemplazo de unidad y motivos del reemplazo - Hora de egreso e ingreso a la planta - Carga máxima y tara de la unidad - Carga de combustible (gasoil) - Lugar de descarga Ejemplo - Servicio: Recolección del producido de barrido turno mañana - Número de ruta: 001 - Unidad que prestó servicio: interno1328 - Reemplazo de unidad y motivos del reemplazo: reemplazo por interno 1310, por rotura de manguera hidráulica - Hora de egreso e ingreso de la planta: 08:00 a 14:00hs - Carga máxima y tara de la unidad: 24.000kg y 13.000kg - Carga de combustible (gasoil): 65 litros - Lugar de descarga: Flores ceamse La información oficial de la página gubernamental a marzo de 2010 no se encuentra actualizada. La información que incorpora data del año 2007. A continuación se transcribe el contenido de la página del sitio del Gobierno de la Ciudad: Registros realizados: A partir del día 21 de mayo del corriente año se comenzaron a

118

El Derecho a un Ambiente Sano

realizar operativos masivos de registración de los recuperadores urbanos con la colaboración del Área descentralizada de la Dirección General de Políticas de Reciclado Urbano, además del trabajo conjunto con la Secretaría de Salud y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes del GCBA. Dichos operativos arrojaron los siguientes resultados: Cantidad de recicladores por Sexo Masculinos

68%

1.226

Femeninos

32%

578

-

1.804

Total

Cantidad de recicladores por Localidad Capital Federal

40,65%

Provincia de Buenos Aires

59,18%

Cantidad de inscriptos vigentes en los operativos realizados desde el 21/05/07 al 27/07/07 2.866 Recuperadores Cantidad total de recuperadores inscriptos en el RUR a agosto 2007 15.526 Recuperadores Fuente: http://www.buenosaires.gov. ar/areas/med_ambiente/dgpru/area_ de_desarrollo_de_reciclado_urbano. php?menu_id=18912#a Fecha: 03-2010

Residuos patogénicos174 Se realizó una investigación de oficio a fin de analizar la gestión de residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Dirección General de Política y Evaluación Ambiental envió un listado de los Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Patogénicos. De la

mencionada base de datos surge lo siguiente: Existen 792 registros bajo los tres rubros (generadores, transportistas y operadores). Se han otorgado certificados a 12 transportistas. Se han otorgado certificados a 21 generadores. No hay operadores con certificado, por ende, no hay operadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto significa que no se tratan los residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay 33 hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrados como generadores, de los cuales sólo uno (el Hospital General de Infecciosas “Dr. Francisco Muñiz”) tiene a la fecha certificado. Se encuentra registrada como generadora la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación. Entre los generadores inscriptos tenemos grandes hospitales y sanatorios privados que tienen iniciado el trámite en 2002, sin resolución. Hay operadores que no tienen localización de acuerdo al registro. De lo expresado se desprende que el 96% de los registrados no poseen certificado y que, además, éstos funcionan con el simple registro, es decir, el inicio de trámite en la autoridad de aplicación. Sólo uno de los hospitales dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires posee certificado como generador desde el 24 de mayo de 2004175. Se observa que la mayoría de las

actividades funciona previamente a la sanción de la ley, lo que lleva a que muchos de estos emprendimientos deban adecuar su régimen a la reglamentación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Éstos, a su vez, ya se encontraban regulados por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24051, la que prevé un régimen especial para los residuos patogénicos. Esto indica que las actividades ya estaban bajo una reglamentación específica que los obliga a cumplir con un registro y todos los requisitos de la ley. Además del registro nacional, todas aquellas actividades a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben inscribirse en el registro de la ley 154, registro en el que, como se observó, sólo constan 21 generadores y 12 transportistas con el trámite terminado, esto es, con certificado de aptitud ambiental, sobre un total de 792 registrados. Un serio obstáculo es que no existen plazos para dar cumplimiento a la finalización del trámite de inscripción, plazos que deberían estar reglamentados por la propia Administración. Esta situación da como resultado que tengamos 96%, entre generadores y transportistas operadores, funcionando sin certificado de aptitud ambiental. El marco legal local establece que a partir de la puesta en vigencia de la ley 154 y su posterior reglamentación por el decreto 1886 (de noviembre de 2001), ningún operador, generador o transportista podrá trabajar en la Ciudad Autónoma

119

de Buenos Aires sin el certificado de aptitud correspondiente, con la salvedad de lo expresado en los dos últimos párrafos precedentes. Lugares habilitados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento y la disposición final de residuos patogénicos La disposición final debe hacerse una vez tratados los patogénicos176. Hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se tratan residuos patogénicos de ningún tipo, ya que no hay operadores autorizados a tal efecto. Todos los residuos patogénicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires salen sin tratarse hacia la Provincia de Buenos Aires y el sur de la Provincia de Santa Fe. Estos residuos, al salir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se rigen por la ley nacional 24051177, atento a que traspasan jurisdicciones. La autoridad de aplicación en este caso es el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, a través de su organismo específico. El sistema de control de estos residuos será un SISTEMA DE MANIFIESTO178 controlado y expedido por dicho ministerio. El sistema de manifiesto, que a su vez prevé la Ley CABA 154, no se estaría aplicando atento a que los residuos, si bien son generados dentro de la Ciudad, al no ser tratados en esta jurisdicción, deben ser derivados hacia otras provincias. El Informe sobre Movimientos Interjurisdiccionales de Residuos Peligrosos, elaborado por la Unidad de Residuos Peligrosos, DNGA, SSPOyCA, SayDS, MS, República Argentina, durante el año 2003 salieron de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 26.103.853 Kg. de residuos patogénicos (esto es la clasificación “Y1” de la ley 24051) lo que corresponde a los “desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas para salud humana y animal”. Registro Estadístico179 En 2003 se informó que a la fecha indicada (como ya se mencionó) sólo 21 Generadores y 12 Transportistas poseen Certificado en términos de la ley 154. En 2008, el Informe Ambiental de la Ciudad, elaborado en cumplimiento de la ley 303, da cuenta de que “Durante el año 2008 se efectuaron 124 altas en el Registro de Generadores Transportistas y Operadores de Residuos Patogénicos y se emitieron 82 Certificados a Generadores y Transportistas de Residuos Patogénicos. -- Se ingresaron 60 presentaciones de Generadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en el Registro correspondiente. Sistema de Monitoreo La función del monitoreo es establecer el alcance del control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el movimiento de residuos dentro de la Ciudad. El sistema de monitoreo por

120

Sistema de Posicionamiento Global (GPS180), debería estar instalado en los transportistas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con conexión a la autoridad de aplicación. A este respecto se informó que por razones presupuestarias y “...hasta tanto la Autoridad de Aplicación se encuentre dotada de la infraestructura necesaria, es prudente pronunciarse respecto de la suspensión del sistema de control de los transportistas denominado Global Position System (GPS), previsto en el inciso h) del Artículo 29 del Anexo I del Decreto 1886-GCBA-01”.181 Teniendo en cuenta que el sistema de manifiesto y control se rige por la ley nacional 24051, y que por tanto son las autoridades nacionales (como lo veremos más adelante) las que realizan dicho seguimiento, esta respuesta resulta congruente. - Poder de Policía Ambiental Otro aspecto que salió a la luz en esta investigación es el ejercicio del Poder de Policía Ambiental. Se preguntó a la autoridad sobre la aplicación de sanciones a: Aquellos generadores, transportistas y operadores que sin cumplir con los requerimientos de la ley operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; aquellos que, estando registrados de acuerdo a la ley, cometen infracciones182. La Dirección de Política y Evaluación Ambiental respondió lo siguiente: …no tiene entre sus misiones y funciones el poder de policía, el que se halla concentrado en la Secretaría de Seguridad, periódicamente se ha informado

a la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental, dependiente de la mencionada Secretaría, los listados de los generadores que, habiendo iniciado trámite de inscripción, no han completado los requisitos pertinentes para la obtención del Certificado. Con este trámite procuró, además, colaborar con las inspecciones de rutina que están a cargo de esa Dirección General. Se informa también que, previo a la emisión de los Certificados, se envían los Registros a la mencionada repartición para que verifique la veracidad de lo declarado. No obstante ello, a raíz de infracciones verificadas por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, en una oportunidad se procedió a la suspensión de un vehículo.

Resulta incompatible con la normativa sostener que la autoridad de aplicación no tiene poder de policía. La ley 154 determina en su artículo 9 que es la Autoridad Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la encargada de ejercer este poder. Esta disposición se complementa con el Decreto 2696/GCABA/03, por el que se creó la ex Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, concentrando bajo su dependencia a los distintos organismos con competencia en materia de control y ejercicio del poder de policía. Esta sucesión normativa provoca que la Dirección General Control de la Calidad Ambiental asuma el control de los residuos regulados en la ley 154. A su vez, la Resolución 112SSMAyEP-2002 encomienda en su artículo 4 a la Dirección General Control de la Calidad Ambiental el ejercicio del poder de policía de la ley 154 en los términos de su artículo 9.

La función del monitoreo es establecer el alcance del control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el movimiento de residuos dentro de la Ciudad. El sistema de monitoreo por Sistema de Posicionamiento Global (GPS180), debería estar instalado en los transportistas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con conexión a la autoridad de aplicación.

121

Las conductas objeto de la denuncia constituyen una clara vulneración al artículo 26 de la Constitución de la Ciudad de Buenos aires que prohíbe el ingreso, la elaboración, el transporte y la tenencia de sustancias radiactivas en esta Ciudad.

Por otro lado, el decreto 1363/02 le otorgó a esa dependencia facultades administrativas en materia de clausuras, con lo cual estaría en condiciones de aplicar sanciones de clausura. Sobre la misma materia se encuentra involucrado el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ejerce el control sobre los generadores dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Del análisis de la legislación vigente al año 2005 se concluyó que no era el único organismo con competencia en el control de los residuos patogénicos, ya que la ley 210 que creó el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé como competencia de este último el control de los servicios relacionados con los residuos patogénicos. En 2008, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la Agencia de Protección Ambiental y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Dentro de sus competencias, la agencia tiene asignada la materia abordada, a cuyo respecto cuenta con facultades de prevención y control para el ejercicio del poder de policía ambiental, el cual se ejerce a través de la Dirección de Control183 de la agencia. Residuos nucleares184 Denuncia - Ingreso de material radiactivo en la Ciudad de Buenos Aires185. Hechos La Organización No Gubernamental “Greenpeace” manifiesta que se ha producido el ingreso de material radiactivo en la Ciudad de Buenos Aires. El día 18 de junio de 2006 ingresó un cargamento de uranio a la Terminal 3 del puerto de Buenos Aires, transportado por el buque “BBC Chile” (de bandera de Antigua Barbuda) proveniente de Houston, U.S.A. con el propósito de trasladarlo a través de la Ciudad hacia las instalaciones de la empresa Dioxitek S.A. para la elaboración de dióxido de uranio en la Ciudad de Córdoba. Esta sustancia sería la materia prima para la elaboración del combustible nuclear de las centrales Atucha I y Embalse. Según el presentante, el tránsito de uranio por la Ciudad de Buenos Aires es una práctica frecuente que permiten las autoridades que regulan la actividad nuclear en la República Argentina. De acuerdo con los dichos del denunciante, el uranio es un elemento radiactivo que posee la particularidad de liberar energía en forma de radiación ionizante que representa un grave riesgo para la salud cuando es ingerido o inhalado. Las conductas objeto de la denuncia constituyen una clara vulneración al artículo 26 de la Constitución de la Ciudad de Buenos aires que prohíbe el ingreso, la elaboración, el transporte y la tenencia de sustancias radiactivas en esta Ciudad. La razón de ser de esta norma es la protección de la población contra los peligros que

122

El Derecho a un Ambiente Sano

representa el empleo de esta clase de materiales. Las normas federales que regulan la cuestión no permiten conductas como las que son objeto de la denuncia, por lo que a los efectos prácticos no podrían ser invocadas como fundamento para dejar de lado las normas constitucionales locales. La manipulación y el transporte de esta clase de materiales no se pueden llevar a cabo de cualquier manera y sin el control de las autoridades locales, máxime cuando estas se encuentran a cargo de la llamada “Defensa Civil”. La Convención sobre Seguridad Nuclear, aprobada por la ley 24776, entre cuyos propósitos está el de fomentar una cultura efectiva de la seguridad nuclear, dispone una serie de obligaciones a las que deben necesariamente sujetarse los Estados en lo referente a las instalaciones nucleares. El concepto de “instalación nuclear” comprende no sólo a las centrales sino también las instalaciones de almacenamiento, manipulación y tratamiento de los materiales radioactivos, que se encuentren ubicados en el mismo emplazamiento y estén directamente relacionados con el funcionamiento de la central nuclear (artículo 2 inciso i de la referida Convención). Precisamente, dicha Convención dispone en el artículo 16 que: a) deberán adoptarse las medidas adecuadas para velar porque existan planes de emergencia para las instalaciones nucleares, que sean aplicables dentro del emplazamiento y fuera de él, sean probados con regularidad y

comprendan las actividades que deban realizar en caso de emergencia. La Convención agrega que cuando una instalación nuclear sea nueva, estos planes se elaborarán y probarán antes de que la misma comience a funcionar por encima de un nivel bajo de potencia, acordado por el órgano regulador y b) deberán también adoptarse las medidas adecuadas para velar porque a su propia población y a las autoridades competentes que se hallen en las cercanías de una instalación nuclear se les suministre información pertinente sobre los planes de emergencia y respuesta, siempre que sea probable que resulten afectados por una emergencia radiológica originada en dicha instalación. El área del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, autoridades locales que en 2006 tenían a su cargo la Defensa Civil, no tenía siquiera conocimiento del arribo de estos materiales a la Ciudad de Buenos Aires, ni de la existencia de planes tendientes a afrontar posibles emergencias y riesgos, o lo que es peor aún, de la preparación de la población para una eventualidad de esa naturaleza. Es decir que se expuso a la población porteña a una situación de riesgo objetivo, sin alertarla previamente y sin disponer de planes adecuados de emergencia para afrontar un siniestro. Permitir la prosecución de la actividad de almacenamiento y transporte de materiales radiactivos en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires resulta inadmisible tanto desde el punto de

123

vista constitucional local como federal y supranacional. Se recomendó al señor jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos, licenciado Jorge Telerman, para que por intermedio de quien corresponda se adoptasen las medidas conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución porteña, a fin de evitar que se utilice el territorio de la Ciudad para el almacenamiento y transporte de sustancias radiactivas. Estudio de impacto ambiental. Información ambiental. Audiencia pública Pasos bajo nivel Denuncias186 - Incumplimiento de la ley 123. Falta de realización de los estudios de impacto ambiental en obras de pasos bajo nivel ferroviarios. - Falta de información ambiental. Hechos En septiembre de 2006, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo pública la intención de construir once túneles para facilitar el cruce de las vías de los ferrocarriles ex Gral. Belgrano Norte y Sur, ex Gral. San Martín, ex Gral. Urquiza y ex Gral. Bartolomé Mitre. Dichas obras contarían con un presupuesto de $216.203.000, monto que, según se anunció, lo aportaría íntegramente la Ciudad y las obras se iniciarían en 2007, según declaraciones periodísticas del Ministro de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno reconoció que las obras implicarán necesarios desvíos de la circulación vehicular y distintas obras que generarán molestias a los vecinos y que por ello se tratarán de minimizar. El llamado a licitación de estas obras, publicado en el Boletín Oficial Nº 2.555 del día 31 de octubre de 2006, estableció plazos de ejecución de un año para uno de los túneles y de hasta dos años para el resto de las obras previstas. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al respecto de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto ambiental, prevé la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental y la realización de audiencia pública. Teniendo en cuenta las características de las obras (desvío de tránsito, movimiento de tierra, generación de polvo y ruido, ejecución de trabajos mediando el paso del servicio ferroviario, afectación y modificación futura de la circulación vial, modificación de calzadas y aceras), sería necesario que antes de la concreción de la licitación se realizase la correspondiente categorización y evaluación de impacto ambiental, tal lo establece la ley 123. Los proyectos y obras mencionadas pusieron en evidencia que el llamado a licitación y adjudicación de trabajos sin los adecuados

124

y correspondientes estudios técnicos especificados por la ley vulneran los derechos de los vecinos de la Ciudad y generan serios perjuicios al erario público. Si bien las obras en cuestión fueron consideradas de relevante efecto ambiental, tal se detalla en la resolución dictada a través del entonces Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante la categorización definida, dicho ex Ministerio adoptó el encuadramiento de las obras en el régimen de adecuación, todo ello en virtud de la antigüedad de los proyectos y demoras en el inicio de las obras (ley 123, artículo 40). La situación descripta alteraría finalmente el desenvolvimiento del previsto para las obras en virtud del surgimiento de modificaciones en las condiciones constructivas previstas. Tal situación no resultaría un hecho aislado. Existen antecedentes, como el referido a los “Reservorios” oportunamente previstos para evitar inundaciones en la ciudad, obras que nunca se iniciaron, lo que motivara la apertura de las actuaciones 8024/01, 10046/01, 10201/01, 10984/01, 2687/02 y 7409/02 en esta Defensoría del Pueblo; la Demolición de la ex Cárcel de Caseros, aún inconclusa y que diera origen a las actuaciones 7844/01, 8193/01, 728/02, 6663/02 y 665/05 en esta Defensoría del Pueblo; o bien la reciente paralización de las obras del Corredor Verde del

Oeste, debido a una inadecuada consideración técnica denunciada por el Ministro de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con las actuaciones 5270/05 y 701/06 en trámite en esta Defensoría del Pueblo, demuestran la necesidad de previsión y cumplimiento de las leyes específicas de Planeamiento y Estudio Ambiental. La situación de hecho y de derecho descripta ameritó para que la Defensoría del Pueblo, con fecha 13 de diciembre de 2006, emitiera la resolución 4050/06. En la misma, se recomendó al entonces Ministro de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que previo a la contratación para el inicio de la ejecución de las obras referidas a los cruces ferroviarios bajo nivel, se diera estricto cumplimiento a lo explicitado en la ley 123. Ante el inicio de alguna de las obras en el año 2007, sin que mediara la difusión de la información respectiva, vecinos de esta Ciudad interpusieron acciones de amparo que motivaron la paralización de las obras. En se mismo año, las nuevas autoridades de la Ciudad informaron acerca de la realización de audiencias públicas en relación a las obras. Se recomendó187, entonces, al Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires facilitar el acceso a la información técnica y ambiental que resulte para la ejecución de las obras

de los distintos pasos bajo nivel ferroviarios, previamente a cada una de las audiencias públicas previstas. Las audiencias se realizaron los días 19 y 29 de mayo de 2008188. En función de los aportes efectuados durante las mismas, surge la necesidad de evaluar, considerar y eventualmente introducir modificaciones o adaptaciones, por parte de las autoridades gubernamentales, a los proyectos expuestos en las audiencias públicas, situación que con seguridad dará lugar a los proyectos definitivos de obra. A tal efecto, se resolvió189 recomendar al señor Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, concluida la documentación de obras para la ejecución de las mismas y antes de dar comienzo o bien de continuar los trabajos en cuestión, se haga pública en cada uno de los Centros de Gestión y Participación Comunales (CGPC) correspondientes a los barrios que las incluyan, toda la documentación técnica y ambiental final, haciendo referencia a las modificaciones introducidas. Seguridad ambiental Prevención de incendios Seguridad y prevención contra incendio en locales bailables, grandes centros comerciales, shoppings, hipermercados, salas de teatro y complejos cinematográficos

125

Denuncia Se inició una investigación190 sobre la falta de efectivo cumplimiento a las regulaciones vigentes en la Ciudad en lo atinente a seguridad y prevención contra incendio en locales bailables, grandes centros comerciales, shoppings, hipermercados, salas de teatro y complejos cinematográficos. Hechos En junio de 2007, con datos solicitados al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros relevados por personal de esta Defensoría del Pueblo, se generó un listado de aproximadamente 200 comercios de masiva concurrencia como shoppings, grandes centros comerciales, complejos cinematográficos y salas de teatro. Con los datos del listado antes referido se solicitó información a la Superintendencia Federal de Bomberos con el objeto de corroborar si contaban con antecedentes y documentación de los establecimientos en cuestión, remitidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé191 normas específicas para las instalaciones de protección contra incendio y de los medios de escape concordantes con lo definido en la normativa de aplicación nacional (Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo). El mecanismo de coordinación entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina por el cual el primero debe remitir al segundo una copia de planos de la instalación de prevención contra incendio y documentación técnica, es de extrema utilidad para la operatividad de los bomberos. Se requiere que la Superintendencia Federal de Bomberos cuente con la información necesaria frente a un siniestro en el ámbito de la Ciudad, situación que redundará en beneficios para la seguridad de las personas. La Superintendencia Federal de Bomberos envió un listado indicando aquellos establecimientos de los cuales poseía información actualizada y de cuáles no, resultando: Julio 2007 Cantidad de locales listados

212

Cantidad de locales que poseen documentación

112

53 %

Cantidad de locales que no poseen documentación 100

47 %

Posteriormente, en fecha 21 de julio de 2008, se solicita a la Superintendencia Federal de Bomberos informe si las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habían remitido la documentación faltante a dicha dependencia. Como respuesta a lo solicitado, la Superintendencia Federal de Bomberos envió un listado de once

126

El Derecho a un Ambiente Sano

(11) establecimientos que se agregaban al listado original (fs. 6 a 10, 35 y 36), resultando: Julio 2008 Cantidad de locales listados Cantidad de locales que poseen documentación Cantidad de locales que no poseen documentación

212 112 + 11= 123 58 % 100 -11 = 89 42 %

El resultado condujo a la Defensoría del Pueblo a dictar una recomendación contenida en la resolución 3331/07192. Esta información permite afirmar que, habiendo transcurrido un año desde la emisión de la resolución 3331/07 donde se recomendaba el cumplimiento de lo establecido en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires artículos 4.12.1.5 y 4.12.1.6 por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se mantiene aún un alto porcentaje de la documentación pertinente sin remitir. La falta de documentación actualizada respecto de las instalaciones contra incendio y medios de escape de comercios de masiva concurrencia en poder de la Superintendencia Federal de Bomberos plantea un serio e innecesario riesgo ante la ocurrencia de un siniestro, ya que dicha situación puede afectar la seguridad de las personas, situación que vulnera con total claridad las garantías previstas en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia, se emitió otra recomendación dirigida al señor director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que: a) se arbitren las acciones necesarias para verificar la aprobación final de las “instalaciones contra incendio” de los grandes centros comerciales y paseos de compras, shoppings, hipermercados, complejos cinematográficos, salas de teatro, como así también los restantes “locales de masiva concurrencia” existentes en esta Ciudad; b) se establezcan los mecanismos necesarios para dar estricto cumplimiento de los artículos 4.12.1.5 y 4.12.1.6 del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capítulo 4.12 - Prevención Contra Incendio). Se puso en conocimiento de la resolución al señor ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La falta de documentación actualizada respecto de las instalaciones contra incendio y medios de escape de comercios de masiva concurrencia en poder de la Superintendencia Federal de Bomberos plantea un serio e innecesario riesgo ante la ocurrencia de un siniestro, ya que dicha situación puede afectar la seguridad de las personas, situación que vulnera con total claridad las garantías previstas en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pirotecnia193 Denuncia - Actividades comerciales de almacenaje y venta de artificios pirotécnicos que se estarían desarrollando en la Ciudad sin la debida autorización y habilitación municipal poniendo en riesgo tanto la vida de personas que allí desarrollan sus tareas como la de clientes y vecinos en general.

127

Habiéndose establecido la falta de cumplimiento de las normas, se efectuó una recomendación al señor director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de: a) proceder a la verificación y control de la totalidad de los locales destinados a la “venta y almacenamiento de artificios pirotécnicos”, haciendo cumplimentar la normativa vigente al respecto.

128

Hechos A fin de verificar el fundamento de los reclamos de los vecinos, se tomaron de forma aleatoria como referencia del desarrollo de dicha actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires doce (12) comercios ubicados en diferentes Distritos de zonificación con la siguiente ubicación catastral: Nueva York 3694; Av. Corrientes 3183; Av. Jujuy 1250/1268/1270/1269 y 1283/87; Av. Álvarez Thomas 1204; Av. Nazca esquina Yerbal, Av. Avellaneda esquina Paysandú; La Pampa 1575 y Av. Cabildo 4602. Se solicitó información al respecto: - División Prevención de la Superintendencia Federal de Bomberos: No cuenta con planos de instalaciones contra incendio de ninguno de los comercios descriptos. - Registro Nacional de Armas -RENAR194: Seis (6) de los locales detallados NO cuentan con la certificación de Aptitud Técnica de Instalación (ATI) que emite el RENAR para el desarrollo de estas actividades comerciales y los restantes seis locales SI poseen el correspondiente certificado de ATI. Dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: - Agencia Gubernamental de Control: 11 de los doce locales, entre 2007 y 2008, fueron al menos inspeccionados una vez. En cuanto al comercio ubicado en la Av. Avellaneda esquina Paysandú nunca fue inspeccionado. Únicamente el local ubicado en la Av. Corrientes 3183 dio inicio a los trámites exigidos por la ley 123; de los restantes comercios detallados, no obra presentación alguna. Ex Dirección General de Política y Evaluación Ambiental - Dirección General de Interpretación Urbanística: Informa que la Supervisión de Interpretación Urbana consideró factible hacer lugar al uso del local ubicado en la Av. Jujuy 1283, solicitado por los titulares del comercio en cuestión -Oficina Comercial, comercio mayorista s/ depósito de golosinas envasadas y art. para kiosco, comercio minorista de art. de pirotecnia-, situación que fue compartida por la Dirección General de Interpretación Urbanística. Para los restantes comercios no se ha gestionado solicitud alguna de consideración de uso (información aportada por la Dirección General de Interpretación Urbanística). Regulación vigente: El Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -ordenanza 33266/76- en su apartado 11.14.2, expresa: “El almacenamiento de los artificios pirotécnicos dentro de los límites de la Ciudad deberá ajustarse a las normas de almacenamiento en radio urbano dictadas por la Dirección General de Fabricaciones Militares” (disposición 1442/82 - Boletín Oficial, 13/7/82. El cumplimiento de las normas de almacenamiento de artificios pirotécnicos lo ejerce el RENAR quien ha informado que la mitad de los comercios de los cuales se solicitó información, cuya actividad principal es la comercialización de artículos pirotécnicos, NO se

halla inscripto en el correspondiente Registro. El Código de Habilitaciones y Verificaciones -ordenanza 33266/76-, en su apartado 2.1 -Trámite de la Habilitación- inciso 2.1.3 expresa: “Junto con la solicitud de habilitación sólo deberá acompañar la siguiente documentación: ... Certificado acorde con las exigencias del Capítulo 4.12 ‘De la Protección contra incendio’ del Código de la Edificación...”, el que en su inciso 4.12.1.6 Destino de las telas y copias de los planos de las instalaciones contra incendio, explicita: “...Un cuarto juego se remitirá a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, como antecedente...”. El almacenaje y comercialización de artículos de pirotecnia resulta sin dudas una actividad riesgosa, debiéndose por ello cumplir y respetar la totalidad de los requerimientos normativos vigentes que hacen a la seguridad de las personas, respecto fundamentalmente de las instalaciones contra incendio de los locales afectados a esta actividad, sin embargo, y ante la ocurrencia de un siniestro, la Superintendencia Federal de Bomberos no sólo no cuenta con la documentación correspondiente sino que además no posee registro de dichas actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para toda actividad desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que no se reúnan condiciones de higiene, seguridad y moralidad, el Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente establece en su artículo

2.1.9 -párrafo segundo- “...se dispondrá sin más trámite su inmediata clausura...”. Acción de la Defensoría del Pueblo Habiéndose establecido la falta de cumplimiento de las normas, se efectuó una recomendación al señor director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de: a) proceder a la verificación y control de la totalidad de los locales destinados a la “venta y almacenamiento de artificios pirotécnicos”, haciendo cumplimentar la normativa vigente al respecto; b) para el caso de locales que cuenten con la habilitación respectiva se cumplimente, sin excepción, con lo establecido en el Capítulo 4.12 - Prevención Contra Incendio del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, artículos 4.12.1.5 y 4.12.1.6. Se puso en conocimiento de la misma al señor ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Circulación vehicular. Transporte automotor de pasajeros. Su impacto en el espacio público195 La circulación vehicular del transporte automotor dio lugar a una investigación de oficio de la Defensoría del Pueblo en la cual se analizó la problemática de la Ciudad en su conjunto y dentro de su contexto multijurisdiccional de la gran metrópolis, en la que se contabilizan 43 municipios agrupados en forma contigua. Al hablar de conjunto

129

La creación de diversos entes en el ámbito de la denominada “Región Metropolitana” no ha sido suficiente o no ha sido efectiva para dar respuesta coordinada al reclamo de los ciudadanos que en ella viven. La realidad nos demuestra la necesidad de planes y un equipo de gestión metropolitana.

130

se consideró su inserción en el marco de una Región que por usos, costumbres y especialmente funcionalidad, ha generado que los límites de la Ciudad se hayan constituido en una simple formalidad. Las condiciones del tránsito vehicular, especialmente del transporte público automotor de pasajeros que debería garantizar la movilidad de aproximadamente 12.000.000 de habitantes del ámbito involucrado. Los límites de la Ciudad se esfuman y emerge la realidad funcional del conglomerado urbano que hace a la vinculación y articulación social; comprende una superficie aproximada196 a los 3.600 Km2. La perspectiva metropolitana en los diversos temas que hacen al desenvolvimiento urbano nos enfrenta con la multijurisdiccionalidad. Emerge una seria dificultad en distintas temáticas de interés social. Lo concerniente a manejo de residuos urbanos, redes de servicio (agua potable, desagües pluviales y cloacales) y en especial lo atinente al transporte público de pasajeros resultan temas de preocupación y seguimiento permanente desde esta Defensoría del Pueblo. Es prioritario afrontar la relación interjurisdiccional, donde los gobiernos intervinientes, en representación de los respectivos Estados, articulen un accionar conjunto que permita alcanzar una real y efectiva relación de los 43 municipios de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo así las vías que permitan concretar políticas públicas para la Región Metropolitana. Desde esta Defensoría del Pueblo se viene reiterando la necesidad del efectivo cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional en cuanto a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de posibilitar una correcta y fluida articulación con la Provincia de Buenos Aires en el Área Metropolitana. Falta de coordinación: La creación de diversos entes en el ámbito de la denominada “Región Metropolitana” no ha sido suficiente o no ha sido efectiva para dar respuesta coordinada al reclamo de los ciudadanos que en ella viven. La realidad nos demuestra la necesidad de planes y un equipo de gestión metropolitana. La falta de planificación integral, el incumplimiento de la ley 25031197, la recurrente falta de revisión técnica de las unidades y una guerra comercial por los recorridos -“guerra del centavo”198-, son las causas sustanciales que conspiran contra la calidad del servicio y a diario agravan la siniestralidad vial en el corazón de la Ciudad y en toda la Región Metropolitana. En este sentido, en el apartado “Afectación atmosférica causada por el transporte automotor” del presente Diagnóstico se tratan los aspectos vinculados a la contaminación sonora como consecuencia del caos vehicular y de la vetustez de las unidades del transporte público de pasajeros. El Estado debe ser garante del acceso al transporte. Aún siendo el servicio de propiedad privada, se debe dar respuesta a la demanda del ciudadano. En la práctica, en nuestro país la realidad es otra, la

El Derecho a un Ambiente Sano

demanda queda relegada frente al interés comercial y el Estado no resguarda con efectividad los derechos y garantías frente a la voracidad del comercio del transporte. Miles de millones de pesos resultantes del aporte impositivo de la población se destinan mediante subsidios para el mantenimiento y desarrollo del sistema de transporte, pero en la práctica no se materializa. Decenas de resoluciones postergan, toleran y, en definitiva, vulneran los derechos y garantías del ciudadano. La realidad y problemática del transporte no es exclusiva de nuestro país o de nuestra Ciudad; cientos de experiencias aportan conocimiento al respecto; nuestras leyes tienen en cuenta esos ricos antecedentes, pero la falta de planificación y el resultado de las decisiones espasmódicas nos han colocado en una situación de letargo y desidia, generando una pésima condición de movilidad, una grave afectación ambiental y, como resultado, nos ha ubicado en un dramático ranking de siniestralidad vial. Reformular el sistema de transporte con el fin de dar respuestas a las demandas de la sociedad y brindar las garantías que le caben a cada persona requiere respeto a la ley, planificación, coordinación y prevención. La situación que describe el informe de la Defensoría del Pueblo señala que la cantidad de pasajeros aumentó de 3,1 millones por día en 2002 a 4,5 millones por día en 2006; pero la flota sólo se incrementó de

8.900 a 9.200 unidades. Los subsidios del Estado provienen de un fondo fiduciario formado por partidas presupuestarias y de la recaudación de una tasa al gasoil implementada en junio de 2001. Tales aportes se derivan a distintos sistemas para su aplicación a compensaciones y subsidios, quedando establecidos por SIT, Sistema de Infraestructura del Transporte (Dec. 1377/01) integrado por: -el SISVIAL: Sistema Vial Integrado y el SIFER Sistema Ferroviario Integrado; -SITRANS: Sistema Integrado de Transporte Terrestre (Dec. 652/02), incluye al SISVIAL y al SIFER; -SISTAU: Sistema Integrado de Transporte Automotor (sólo compensa al transporte público de pasajeros urbano y suburbano del Área Metropolitana bajo jurisdicción nacional); -SISCOTA: Sistema de Compensaciones al Transporte (Dec. 301/04); -RCC: Régimen de Compensaciones Complementarias (Dec. 678/06). Los aportes recibidos por las empresas que operan en el AMBA tienen el fin específico y casi excluyente de mantener el precio de las tarifas, sin considerar que tal objetivo debería resultar de la planificación y puesta en marcha de un sistema de transporte integral, eficiente y eficaz, que cubra la real demanda. La experiencia internacional referida a sistemas interjurisdiccionales o regiones metropolitanas reconoce en un único organismo

con representación de las distintas jurisdicciones la gestión y control, con un claro sentido de proximidad y pertenencia territorial. El antecedente internacional de gestión y control de transporte en regiones integradas con diversidad de jurisdicciones o Regiones Metropolitanas, la caótica organización y, por ende, servicio de transporte en nuestra Región Metropolitana llevó en 1998 a la creación del Ente Coordinador del Transporte Metropolitano (ECOTAM), cuyo objeto es tener a su cargo la planificación y coordinación del sistema de transporte urbano e interurbano interjurisdiccional en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tal situación criteriosamente prevista en la ley, a diez años de su discusión y aprobación, aún no se ha implementado. El resultado de ese retraso es más que notorio: recorridos caprichosos, paradas antojadizas, subsidios direccionados según oportunidad y antojo, proyectos faraónicos sin intervención de las jurisdicciones interesadas. En definitiva, un Estado ausente, cómplice, y un sistema de transporte que sólo sirve a los intereses comerciales de quienes lo explotan, permiten la existencia de un servicio de transporte de pasajeros que no cubre la demanda real del ciudadano y vulnera en forma persistente sus derechos y garantías constitucionales. La necesidad de implementar un boleto único [Los habitantes de la Región Metropolitana que utilizan el transporte público ven

131

Los habitantes de la Región Metropolitana que utilizan el transporte público ven afectado y castigado su derecho de movilidad; la inevitable combinación de modos para completar un viaje requiere del pago de cada servicio en forma individual. El resultado de la situación descripta es el encarecimiento del precio total del viaje e incomodidad, pues no existe una articulación planificada y ordenada entre los servicios en cuestión, situaciones que claramente se podrían resolver mediante la planificación y construcción de redes que vinculen la región, posibilitando, además, la implementación del boleto único.

afectado y castigado su derecho de movilidad; la inevitable combinación de modos para completar un viaje requiere del pago de cada servicio en forma individual. El resultado de la situación descripta es el encarecimiento del precio total del viaje e incomodidad, pues no existe una articulación planificada y ordenada entre los servicios en cuestión] situaciones que claramente se podrían resolver mediante la planificación y construcción de redes que vinculen la región, posibilitando, además, la implementación del boleto único; “el costo de ese boleto debería ser menor al de la sumatoria de ticket de cada uno de los modos”, explicó la docente e investigadora Inés Schmidt, una de las autoras del estudio realizado en la UBA. Así funciona, por ejemplo, el sistema de trenes y subtes en Paris. “El plan intenta facilitar el transporte público para los ciudadanos, que el movimiento no se interrumpa. Hay veces que es muy molesto cuando uno llega a una estación de tren y debe sacar un nuevo boleto para tomar un subte”, ejemplificó Martín Orduna, colega de Schmidt y coautor del trabajo. La política tarifaria debería adecuarse a una estructura integrada por redes, considerando la real demanda de movilidad de la región. La infografía que se reproduce a continuación muestra con claridad la realidad existente y el claro castigo tarifario. En el caso particular considerado, Campana - La Plata, la oportunidad para “acceder a” manifiesta discriminación en función de la inexistente variedad de la oferta frente a la demanda. Colectivo 194 Frecuencia Diferencial: Cada 15 min. Común: Cada hora

Campana Diferencial: 1:30 hs. $11

Subte Líneas

Colectivo 195

AyC

Frecuencia Diferencial: Cada 20 min.

Frecuencia: entre 3 y 7 min.

Plaza Once 30 min. $0,90

Común: 2:45 hs. $6,05

Común: Cada 30 min.

Retiro

La Plata Diferencial: 1:20 hs. $7 Común: 1:50 hs. $5,25

Total viaje: Diferencial: 3:20 hs. Común: 5:05 hs. $12,20 $18,90 Viaje desde Zárate-Campana hacia La Plata

132

Transporte Automotor de Pasajeros Recorridos del transporte - Corredores logísticos: El sobredimensionamiento y superposición de la oferta sobre un mismo corredor constituye una constante que debe revertirse; la planificación y la previsión de la demanda debe constituir la exigencia primaria al momento de considerar la movilidad urbana; “hay que evaluar cómo se utiliza el espacio público con otros criterios. Esta consideración debe comprender el fenómeno de movilidad de una manera global. Hoy los niveles de capacidad están sobresaturados y hay una superposición de la oferta de un mismo corredor”, dijo Schmidt. A modo de ejemplo, a lo largo del eje de la Av. Rivadavia circulan varias líneas de transporte automotor de pasajeros, el ferrocarril y parcialmente el subterráneo, todos ellos con poca posibilidad de combinación. Reformulación de los recorridos del autotransporte público de pasajeros, urbano e interurbanos de media distancia: El autotransporte de pasajeros es uno de los modos que debe reestructurarse en función de los corredores logísticos. La gestión de una red que vincule los modos de transporte público ubicará al autotransporte de pasajeros en una función alimentadora de la red masiva, constituida por tren y subte. Integración de las líneas de ferrocarril: La integración de los modos de transporte público debe tener como premisa la articulación metropolitana de los modos masivos de transporte. Con este criterio, la integración ferroviaria es uno de los ejes de planificación de las políticas de transporte en las grandes metrópolis; las redes de expresos regionales permiten el transporte rápido y masivo de gran cantidad de personas a través de distancias considerables. Conectividad Norte-Sur: La Ciudad de Buenos Aires necesita urgentemente resolver los viajes metropolitanos pasantes Norte-Sur. La demora en la materialización de este corredor produce incalculables impactos negativos en toda la Ciudad y, especialmente, en el área central. Si la política de transporte es priorizar el transporte público, no cabe duda de que la solución para este problema no pasará por el diseño de una autopista. La Red Expreso Regional es parte de la solución a esta encrucijada. La afectación del espacio público por el transporte automotor199: El espacio público es parte del bien común que constituye el soporte de la actividad social. Es en definitiva la casa o condominio de la sociedad donde se desarrolla el trabajo, la cultura, la educación, la vida. El compromiso para la preservación y desarrollo es de toda la sociedad, pero especialmente de quienes ejercen la gestión pública. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su Capítulo Cuarto – Ambiente, establece con claridad las acciones y responsabilidades al respecto. El transporte automotor produce varias afectaciones: Derrame de combustible en el pavimento: Se observa a diario que los vehículos

133

Según datos publicados por el INDEC, la cantidad de personas lesionadas en accidentes de tránsito automotor en la Ciudad de Buenos Aires creció en los últimos años, ocasionando no menos de 10.000 heridos y 100 muertes al año.

de transporte suelen derramar gasoil sobre el pavimento al girar en las esquinas de la Ciudad o bien al frenar o arrancar, especialmente en las paradas. Estos derrames, provocados fundamentalmente por la falta -o bien, estado defectuoso- de la tapa del tanque de combustible de las unidades, genera un importante deterioro del pavimento, además de la afectación ambiental que resulta del escurrimiento del combustible por la vía pública hasta los desagües pluviales de la Ciudad, los cuales vuelcan al Río de la Plata en forman directa generando una grave contaminación. A diferencia de las naftas, que son de muy rápida evaporación, el gasoil derramado, de características betuminosas, permanece largo tiempo sobre la capa asfáltica, generando un proceso de degradación del pavimento, además de resultar altamente peligroso para el tránsito vehicular durante la acción de frenado. Violación de las normas de tránsito: Las velocidades máximas definidas por la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires resultan ser una utopía, pues tienen bajo acatamiento, siendo el control escaso y las sanciones casi inexistentes. Este cóctel poco feliz conduce a la situación que a diario provoca el caos vehicular y un sinnúmero de accidentes en las calles porteñas. Según datos publicados por el INDEC (ver tabla en página siguiente), la cantidad de personas lesionadas en accidentes de tránsito automotor en la Ciudad de Buenos Aires creció en los últimos años, ocasionando no menos de 10.000 heridos y 100 muertes al año. Si a estas estadísticas, que sólo contemplan a las personas fallecidas al momento del siniestro, se le sumaran los decesos de las víctimas graves que ocurren entre las primeras 24 horas y los 30 días siguientes al hecho, tal como lo hace el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito RENAT, las cifras aumentan aún más. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó un Análisis Estadístico de Siniestros Viales del año 2007 con la finalidad de profundizar el estudio y análisis de los siniestros viales en la Ciudad. Las estadísticas presentadas fueron de elaboración propia a partir de los hechos y víctimas relevados por las comisarías de la PFA, a través de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, durante los meses de enero a diciembre de 2007. Transporte de pasajeros Victimas fatales Victimas lesionadas Muertos cada 1.000 lesionados

10.1 %

14 personas

4.2 %

498 personas

28.11 %

Fuente: “Programa Sobre Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Análisis Estadístico de Siniestros Viales 2007” Defensoría del Pueblo de la CABA. Para ampliar información ingresar a la página web: www.defensoria.org.ar/institucional/doc/ infoaccidentes07.doc

134

El Derecho a un Ambiente Sano

El transporte automotor de pasajeros resulta ser uno de los actores principales de la situación descripta debido principalmente a la antigüedad y falta de mantenimiento de las unidades utilizadas, el exceso de velocidad, la imprudencia y/o cansancio de los choferes. Aportan también a la violación de las normas del tránsito la ubicación antojadiza de las paradas, como así también los recorridos que, en muchos casos, apuntan solamente a la recaudación, dejando de lado la adecuada prestación del servicio. Lo señalado, junto al indebido estacionamiento de los vehículos en general, pone los condimentos necesarios para poder hablar de un descalabro en el sistema de transporte automotor de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires. Deterioro de la red vial: En la Ciudad de Buenos Aires, el transporte automotor de pasajeros comparte la mayoría de las arterias que forman parte de la red de tránsito pesado. Esta situación, junto con el aumento del parque automotor que circula en la Ciudad, genera diariamente conflictos en el tránsito. A fines de 2007 se introdujeron modificaciones a la normativa que establece y define la red de tránsito pesado en la Ciudad, ley 2362. En consecuencia, en los barrios de la Boca y Barracas, las calles Brandsen, Suárez, Regimiento de Patricios, Martín García, Brasil y Juan de Garay dejaron de pertenecer a la red en alguno de sus tramos, descomprimiendo el movimiento vehicular en dichas arterias. El sistemático deterioro de pavimentos, sumado a las aperturas practicadas en la vía pública, deficientemente reparadas y la falta de un mantenimiento planificado han confluido para producir el deterioro actual del espacio público de la Ciudad, en especial, de sus calzadas.

135

CAPÍTULO La emergencia ambiental reclama la armonización y coordinación de políticas públicas y de su gestión entre todos los actores que componen la gran metrópolis. La profundización de políticas públicas interjurisdiccionales se torna imprescindible para encontrar verdaderas soluciones con compromiso para las generaciones futuras.

6

Conclusiones

La realidad ambiental dista mucho de alcanzar los paradigmas planteados en el contexto normativo supranacional que se resumen en el derecho al ambiente sano. Esto pone en evidencia un largo camino de afectación al ambiente, tanto por individuos con conductas desaprensivas, como por la ausencia de políticas públicas, acciones y coordinación en la gestión de los asuntos ambientales en el AMBA. Si bien se ha producido un cambio profundo durante los últimos 15 años en el contexto normativo nacional y local, sumamente favorable a la implementación de políticas públicas ambientales, este avance no fue acompañado por las acciones positivas de los diferentes gobiernos, y no obtuvo la necesaria coordinación con las distintas jurisdicciones que integran el AMBA. Los temas vinculados al espacio interjurisdiccional son de gran complejidad y envergadura: transporte público de pasajeros, cuencas hídricas compartidas, gestión de residuos, calidad atmosférica, salud ambiental. Todos tienen efectos principales sobre la salud y la economía de los ciudadanos del AMBA, espacio que concentra una tercera parte de la población de la Argentina. La emergencia ambiental reclama la armonización y coordinación de políticas públicas y de su gestión entre todos los actores que componen la gran metrópolis. La profundización de políticas públicas interjurisdiccionales se torna imprescindible para encontrar verdaderas soluciones con compromiso para las generaciones futuras. En este mismo sentido también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Mendoza”, referido a la Cuenca Matanza-Riachuelo. Cerrando esta reflexión final, somos conscientes de que hacen falta muchos concurrentes, consecuentes y permanentes esfuerzos para mejorar la calidad de vida ambiental, pero valoramos las acciones que se proyectan en el camino hacia la mejora del ambiente en cumplimiento de los paradigmas normativos y del ejercicio cada vez más pleno del derecho al ambiente sano.

137

CAPÍTULO

7

apéndice normativo y de fuentes

Fuentes bibliográficas . Informes Anuales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. . El Derecho a una Atmósfera Sana en la Ciudad de Buenos Aires. Políticas Públicas y Derechos. Ficha 3. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 2005. . Residuos Sólidos Urbanos: Otra deuda social. Arq. Atilio Alimena. Adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Publicación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 2007. . Informe de situación “Desalojos de nuevos asentamientos urbanos”. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 2006. . La seguridad en el espacio público y los derechos 4. Varios autores. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 2005. . Ambiente, ciudad y metrópolis. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 2007. . Siniestralidad peatonal en la Ciudad de Buenos Aires. Políticas Públicas y Derechos. Ficha 7. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 2007. . Informe “Transporte Automotor de Pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires” en el marco de la Región Metropolitana. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 2008. . Actuaciones y resoluciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. . Derecho Ambiental, aportes para una mejor planificación, gestión y control en materia ambiental metropolitana. Alicia Pierini, V. Lorences, L. Comparatore. Ed. Universidad. 2007. . Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. Años 2007 y 2008. . Atlas Ambiental de Buenos Aires. 2007. (AABA) www.atlasdebuenosaires.gov.ar . Informe Ambiental 2008 APA GCABA. Ley 303. . ENGIRSU. Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. República Argentina. Ministerio de Salud y Ambiente - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 2005. . Calidad y Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Buenos Aires. 2001. Instituto de Ingeniería Sanitaria. UBA. . Informe de ACUMAR a la Justicia Federal al cumplirse un año de la sentencia del 08/07/08. . Informe Anual de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Ley 1854. Año 2008. . Circuito del Reciclado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Informe del área de Investigación de la Dirección General de Políticas de Reciclado Urbano. 2006.

139

. Informe ECRSU. FIUBA. Instituto de Ingeniería Sanitaria. Otoño 2007. . Higiene Urbana por Terceros. Auditoría Legal, Financiera y Técnica. Auditoría. Informe-828-2007. AGCBA. . Plan Estratégico 2008-2012 Agencia de Protección Ambiental. Ciudad de Buenos Aires. . Primera Comunicación del Gobierno Argentino sobre el Cambio Climático. En cumplimiento de la Convención de Cambio Climático. Buenos Aires. 1997. . Segunda Comunicación del Gobierno Argentino sobre el Cambio Climático. En cumplimiento de la Convención de cambio climático. Buenos Aires. 2004. . Objetivos del milenio de Naciones Unidas. . Suplemento Ambiental www.eldial.com - Biblioteca jurídica on line 29-12-09. El ejercicio del poder de policía ambiental por las autoridades locales. El caso particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fuentes jurisprudenciales . Corte Suprema de Justicia de la Nación. M. 1569. XL. Originario. “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios (Daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)”. . Juzgado Federal de Quilmes: Resolución del 22 de mayo de 2009 y resolución del 10 de noviembre de 2009, Expediente 01/09, caratulado: “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/ Ejecución de Sentencia (en autos Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/Daños y Perjuicios; Daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)”, del registro de la Secretaría 9 a cargo del Dr. Pablo Ezequiel Wilk, del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes. Apéndice normativo Derecho tutelado: Derecho humano al ambiente sano - Normas supranacionales de derechos humanos: . Declaración Universal de Derechos Humanosi. . Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombreii. . Convención Americana sobre Derechos Humanosiii. . Pacto de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturalesiv. . Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo de San Salvador”v. . Carta de las Naciones Unidasvi.

140

- Normas supranacionales sobre derecho ambiental: . Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, de 1985vii. . Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono de la Convención de Viena, de 1987viii. . Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 1992ix. . Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, suscripto en Kyoto, el 11 de diciembre de 1997x. . Convención sobre la diversidad biológica, Río de Janeiro, Brasil 1992xi. . Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología sobre el Convenio de la diversidad biológicaxii. . Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y la sequía, Paris 17 de junio de 1994xiii. . Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, suscripta en Ramsar, Irán, 2 de febrero de 1972xiv. . Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, 1985. .Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios del 22 de marzo de 1989. Entró en vigor el 5 de mayo de 1992. 130 Partesxv.

. Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacionalxvi. . Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, 2001xvii. - Normativa nacional: . Constitución Nacional: Artículo 41. Consagra el derecho al ambiente sano. Artículo 43. Amparo ambiental. Artículo 75, inciso 22. Establece la jerarquía constitucional de los Derechos Humanos consagrados en los tratados de derechos humanos allí enunciados y la jerarquía supralegal de los demás tratados internacionales. Artículo 75, inciso 19. Derecho al desarrollo humano. . Código Civil: Derecho de propiedad: Derecho real de dominio, artículo 2506 y ss. Abuso de derecho artículos 2513/4. Responsabilidad objetiva artículo 1113. Acción posesoria artículo 2499. Responsabilidad artículo 2616. Medidas sobre el curso de aguas pluviales y otros recursos hídricos, artículo 2630 y ss. Construcción de represas artículo 2645. Caza de especies

141

silvestres artículos 2540/3. Actividades de pesca artículos 2547/8. Acciones redhibitoria y quanti minoris artículos 2164 y 4041: regulan transferencia de cosa contaminada o afectada por degradación. Responsabilidad artículos 902/4. - Régimen Penal: . Código Penal. Artículos 182, 183/4, 186/189, 189 bis, 200 y 203, 202, 205/6. - Código de Minería: . Artículos 32 y ss., y artículo 233. . Leyes modificatorias 24498/95 y 24585/95. - Normas que establecen presupuestos mínimos: . Ley 25675. Ley General del Ambientexviii. Decreto 2413 del 27 de noviembre de 2002. Reglamenta la Ley General del Ambiente. . Ley 25699. Régimen de gestión ambiental de aguas. . Ley 25916. Gestión integral de residuos domiciliarios. . Decreto 1158/04. Reglamenta Ley 25916 Gestión integral residuos domiciliarios . Ley 23614. Ley de Promoción industrial. Deroga el Decreto Ley 19904/72 y a las leyes 20560/73 y 21608/77 y a sus respectivos decretos reglamentarios. . Decreto 674/89. Reemplaza al Decreto 2125/78. Principio Contaminador-Pagador (pago de cuota de resarcimiento por parte de aquellos que vuelcan efluentes industriales a las aguas lindantes). . Disposición 79179/90. Disposiciones instrumentales para la aplicación del decreto 674/89 reglamentario de los artículos 31º, 32º y 34º de la ley 13577, modificada por la ley 20324. . Decreto 999/92. Disposiciones instrumentales para la aplicación del decreto 674/89 reglamentario de los artículos 31º, 32º y 34º de la ley 13577, modificada por la ley 20324. . Decreto 177/92. Crea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación. Establece los objetivos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación y de la Subsecretarías de Recursos Naturales; de Ambiente Humano y de Relaciones Institucionales. Autoridad de aplicación de las leyes 22421/81 (Fauna), 22428/81 (suelos), 23922/89 (Convenio Basilea), 24040 (Capa de Ozono), 24051/91 (Residuos peligrosos), leyes nacionales o normas relacionadas con la protección, mejoramiento y defensa de los recursos forestales. Aire. Calidad atmosférica . Ley 20284. Establece las normas para la preservación de los recursos del aire: fija parámetros de calidad del aire, crea el registro catastral de fuentes contaminantes y establece sanciones. No está reglamentada.

142

El Derecho a un Ambiente Sano

. Ley 24040/92. Establece restricciones a la producción, utilización, comercialización, importación y exportación de sustancias agotadoras de la capa de ozono definidas en el Protocolo de Montreal, ratificado por ley 23778/90.

Suelo. Recursos geológicos y de minería . Resolución SE 252/93. Guía y recomendaciones para la ejecución de estudios ambientales . Resolución SE 241/93 Cronograma y normas para el reacondicionamiento de piletas y restauración de suelos. Radiaciones no ionizantes . Decreto 2000/93. Pagos de . Resolución Nacional 530/00 de servidumbres y daños a superfila Secretaría de Comunicaciones ciarios. que estableció que el Estándar . Ley 24498/95. Modifica el Nacional de Seguridad es de Código de Minería. Obliga a aplicación obligatoria a todos los quienes exploten minas que consistemas de telecomunicaciones tengan minerales nucleares a preque irradian en determinadas sentar un plan de restauración frecuencias. del espacio natural afectado. Da . Resolución Nacional CNC N° lugar a sanciones que pudieran 3690/04 Protocolo de Medición. establecer las normas de protección del medio ambiente. Fauna . Decreto 89/95. Reglamenta la . Ley 14346/54. Fija las normas ley 24.498/95. de represión a los que infligieren . Ley 24585/95. Protección ammalos tratos a los animales. Ley biental para la actividad minera. 22421 de fauna silvestre. Modifica el artículo 282 del C. Flora Minería. . Ley 13273/48. Ley de defensa . Decreto 456/97. Modifica el de la riqueza forestal. Declara Código de Minería. Implemende interés público la defensa, ta los instrumentos de gestión regeneración, mejoramiento y ambiental (Informe de Impacto ampliación de bosques. PromoAmbiental, Declaración de Imción de la industria forestal. pacto Ambiental, etc.) Crea un . Ley 19995. Modificación de la Registro de Infractores. ley 13273/48. . Ley 25019. Declara de interés . Ley 21695/78. Establece un nacional la generación de energía sistema de crédito fiscal para la eléctrica de origen eólico y solar forestación; promueve la insen todo el territorio nacional. talación de bosques de rápido . Ley 26093/06. Régimen de crecimiento (en su mayoría espromoción para la producción y pecies de origen exótico) Deroga uso sustentable de biocombustiparcialmente el decreto 465/74. bles en el territorio de la Nación Modifica la ley 13273/48 y Argentina, actividades que se modificatorias. Modificada por regirán por la presente ley. ley 21911. . Ley 17319 de Hidrocarburos y . Ley 25081 de Explotación su modificatoria ley 26197. Forestal.

143

Agua . Ley 2797/1891. Prohíbe el volcado de aguas cloacales y residuos industriales sin tratamiento a los ríos. . Ley 20094/73. Ley de navegación. Establece la prohibición de contaminar las aguas navegables. . Ley 21172/75. Régimen de fluoración para las aguas para consumo en todo el territorio nacional. . Ley 21353/76. Aprueba el Convenio Internacional relacionado con la prevención de la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos; abierto a la firma en Londres el 12-5-54 con las enmiendas adoptadas por la Conferencia Internacional de Londres entre el 26-3 y el 15-4-62 y las adoptadas el 21-10-69 por Resolución A/175 (VI) de la Asamblea de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. . Ley 21947/79. Aprueba el convenio sobre la prevención de la contaminación de mar por vertimiento de desechos y otros materiales. . Ley 22190/80. Establece pautas de prevención, reparación y sanción vinculadas a la contaminación de las aguas u otros elementos del medio originadas por agentes contaminantes provenientes de buques u otros artefactos navales; la autoridad de aplicación es la Prefectura Naval Argentina. Deroga la ley 20481/73. . Decreto Reglamentario 1886/83. Deroga al decreto 4516/73 el Título IV- Capítulo 11: De la contaminación de las aguas del Régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre que deroga el Digesto Marítimo y Fluvial (decreto 125571/38). . Obras Sanitarias de la Nación Resolución 75185/186. Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones de Obras Sanitarias de la Nación. . Ley 25688/02. Establece los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas interjurisdiccionales se crean los comités de cuencas hídricas. . Ley 26168. Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Residuos . Ley 22415. Código Aduanero. Control de residuos peligrosos que entran y salen del país. Prohibiciones. . Ley 24051 de residuos peligrosos. Excluye a residuos domésticos y radioactivos. Crea un registro nacional de generadores y operadores de residuos peligrosos. Requisitos para generadores, transportistas, plantas de tratamiento y disposición final. Sanciones. . Resolución 233/86. Aprueba reglamento general para el transporte de material peligroso por carretera. Secretaria de Transporte de la Nación. . Resolución 720/87. Listado de materiales peligrosos. Tabla de incompatibilidades de materiales peligrosos. Guías de emergencia. Elementos identificatorios, vehículos y embalajes. Subsecretaria de

144

Transporte de la Nación. . Ley 23922/91. Aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos firmado el 23-3-89. . Ley 24051. Residuos peligrosos. Excluye a residuos domésticos y radioactivos. Crea un registro nacional de generadores y operadores de residuos peligrosos. Requisitos para generadores, transportistas, plantas de tratamiento y disposición final. Sanciones. . Decreto Reglamentario 831/93. . Decreto 181/92. Residuos, desechos o desperdicios procedentes de otros países. Prohíbe el transporte, introducción o importación definitiva o temporal de éstos al territorio nacional, al área aduanera especial y zonas francas creadas o por crearse. Anexo I nómina de residuos, desechos, lodos o desperdicios. De acuerdo a las leyes 23922 y 22415. . Resolución 184/95. Operador de residuos peligrosos. . Resolución 224/94. Establece los parámetros y normas técnicas tendientes a definir los residuos peligrosos de alta y baja peligrosidad. . Resolución 250/94. Clasifica las distintas categorías de generadores y de residuos peligroso líquidos, gaseosos y mixtos. . Resolución Secretaria de Salud 349/94. Aprueba las normas técnicas nacionales sobre el manejo de residuos biopatológicos de unidades de atención de la salud. . Ley 25018. Régimen de gestión de residuos radiactivos.

. Decreto Reglamentario 1222/98. . Resolución 97/01. Aprobatoria del reglamento para el manejo sustentable de barros generados en plantas de tratamiento de efluentes líquidos. . Ley 26011. Aprobatoria del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. . Decreto Ley 3489/58. Establece la obligatoriedad del control estatal previo sobre la venta de productos químicos o biológicos, destinados al tratamiento de plantas cultivadas o útiles. . Ley 18323. Determinación de residuos en plaguicidas. . Ley 19587/72 Decreto Reglamentario 351/79. Ley de higiene y seguridad en el trabajo. . Ley 20026. Establece los parámetros en la determinación de residuos en productos de origen animal, en elementos a usarse en fábricas, etc. . Ley 20316. Establece el régimen de expropiación de la existencia de fungicidas curasemillas, formulados con algunos productos y subproductos agrícolas y ganaderos. . Ley 20466. Ley de fiscalización de fertilizantes y enmiendas. . Ley 21481. Establece la concentración máxima de residuos en plaguicidas. . Ley 21862. Prohíbe la fabricación, importación y comercialización de determinados productos químicos por ser nocivos a la salud humana. . Ley 24292. Apruébase el convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por

hidrocarburos. . Ley 25670 de Presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB. . Ley 25612 Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios. . Ley 24804 Ley Nacional de actividad nuclear. Educación ambiental . Ley 24541 de Educación Superior. La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar la formación de personas capaces de consolidar el respeto al ambiente. . Ley 24195. Su Art 5, m), propicia la conservación del medio ambiente y la generación de ciudadanos defensores del medio ambiente. - Normativa local . Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Artículos 10, 14, 20, 26, 27, 28, 29 y 30. Impacto ambiental . Ley 6 Audiencia Pública. . Ley 71 Plan Urbano Ambiental. . Ley 742 mod. Ley 71. . Ley 123 de Estudio de Impacto Ambiental. . Ley 452 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Reglamentación. Prórroga. Modificación. . Ley 1733. Modificación ley 123. . Decreto 1352/02. Reglamentación de la ley 123 (Régimen de EIA). . Resolución 873/04. Complementación de la ley 123 (Régimen de EIA). . Resolución 61/05. Modificación de la Resolución SSMA

145

873/04 (Complementación ley 123). . Resolución 104/05. Modificación de la Resolución SSMA 873/04 y Resolución SSMA 61/05. . Resolución 421/06. Aprobación del cronograma de presentación de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de las actividades, proyectos, programas o emprendimientos incluidos en el art. 40 de ley 123. . Resolución 354/06. Intimación a los establecimientos dedicados a la producción, procesamiento y conservación de carnes y productos cárnicos, a someterse al procedimiento de EIA. . Decreto 220/07. Exigencia de EIA para edificios de cierta superficie en determinadas zonas de la CABA. . Resolución 254/07. Modificación del decreto 1352/02, la Resolución SSMA 873/04 y la Resolución SSMA 61/05. . Resolución 433/07. Incorporación de los establecimientos dedicados al tratamiento y revestimiento de metales al régimen de adecuación. . Resolución 434/07. Incorporación de los establecimientos dedicados al curtido de cuero al régimen de adecuación. . Ley 2216. Modificación Código de Planeamiento Urbano. . Ley 153. Básica de Salud . Ley 2494. Balance de la Responsabilidad Social y Ambiental. Información ambiental . Ley 303 del Derecho a la Información Ambiental. . Decreto 1325/06. Informe Anual Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. . Ley 104. Ley de Acceso a la Información. . Resolución 223/08.Aprueba el formulario de designación de enlace en el marco de las Leyes 104 y 303. Derecho de acceso a la información. Derecho a peticionar ante las autoridades del GCABA. Educación ambiental . Ley 1687 de Educación Ambiental. . Ley 2544 Separación de Residuos en Instituciones Educativas. Decreto 887/07. . Ordenanza 46.488/93 . Ordenanza 49.144/95 . Ley 2152 del Programa de Educación Comunitaria para la Salud. Energía . Ley 2802. Adhesión a los objetivos de Decreto 140-PEN-07 (Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de Energía). . Resolución 541/04. . Ley 2628. Creación de la Agencia Ambiental. . Resolución 202/95 MSAS. Radiaciones No Ionizantes de antenas de telefonía celular.

146

El Derecho a un Ambiente Sano

. Acuerdo 381-CPUAM-2006. Instalación de Antenas de telefonía Celular.

tativas de pobladores aledaños a la cuenca Matanza-Riachuelo.

Establecimientos industriales . Ley 2216. Régimen de readecuación para industrias no conforme según Código de Planeamiento Urbano. Resolución 44/07.

Tanques de agua potable . Ordenanza 43447/88 Limpieza de tanques de agua potable. . Ordenanza 45593/91 Limpieza de tanques de agua potable. . Decreto 2045/93 Limpieza de tanques de agua potable.

Agua . Ley 2274/08 Aprobación del Convenio con AySA para la Recuperación de Infraestructura Hídrica de los Barrios de la Ciudad de Buenos . Ordenanza 39.025/83. Código de Prevención de la Contaminación . Ordenanza 46.956/93. Modificación de la Ordenanza 39.025/83. . Resolución 115/97. Creación de la Comisión de Trabajo de Gestión de la Ribera. . Resolución 510/06 (T.O). Aprobación del Programa “Buenos Aires y el río”.

Suelo Residuos patogénicos . Ley 154 de Residuos patogénicos. Decreto 1886/01.Reglamentación de la ley 154. . Ley 747 de Prohibición de incineración de residuos patogénicos . Ley 1897. Actividades vinculadas a la aplicación de tatuajes, perforaciones, micropigmentaciones y similares. . Ley 2203 Gestión, manipulación, esterilización y reposición de ropa hospitalaria. . Resolución 112/02. Creación del Registro de Seguimiento Estadístico de la Gestión Integral de los Residuos Patogénicos.

Cuenca Matanza-Riachuelo . Ley 119. Cuenca MatanzaRiachuelo. Programa de manejo de los recursos naturales. . Ley 1939. Aledaños a Dock Sud. Estudio Epidemiológico (La Boca-Barracas- San Telmo Puerto Madero). . Ley 2057. Cuenca MatanzaRiachuelo. Emergencia Ambiental. . Ley 2217. Ley de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Adhesión a la Ley Nacional 26168. . Resolución 449/07. Creación del Registro de Organizaciones No Gubernamentales represen-

Residuos peligrosos . Ley 2214. Residuos Peligrosos. Regulación de la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento, y disposición final de residuos peligrosos. . Decreto 1706/98 y decreto 2020/07. Sólidos urbanos . Ley 992 de Residuos sólidos urbanos. Recuperadores urbanos y reciclado de residuos sólidos. . Ley 1828. Creación del Programa “Buenos Aires Limpia”. . Ley 1854 de Basura cero.

147

Gestión integral de residuos sólidos urbanos. Decreto 639/07. Reglamenta ley 1854. . Ley 2146. Modificación del Registro de recuperadores y cooperativas y pequeñas y medianas empresas. . Decreto 84/06. Crea Programa “Buenos Aires Recicla”. . Decreto 760/08 Modificación del decreto 639/07. . Decreto 1258/02. Separación de residuos en los edificios públicos de la Ciudad. . Resolución 2/07 Aprobación del reglamento para la constatación de la disposición de residuos fuera de horario. . Ley 2544. Implementación de separación de residuos en instituciones educativas. . Ley 2807. Medidas para la gestión de aparatos electrónicos en desuso. Sustancias controladas . Ley 760. PCB. . Ley 1820. Asbesto. Prohibición de producción comercialización y uso de fibras de asbesto. . Decreto 2019/07. . Ley 1884. Regulación control y gestión de aceites vegetales usados. . Decreto 202/05. . Decreto 217/03. Combustibles . Ley 2893. Tanques subterráneos para combustibles y surtidores. Código de Edificación. . Resolución 334/04. Obligación para los profesionales y empresas auditoras de seguridad de almacenamientos subterráneos de combustibles de presentar informes técnicos s/bocas de expendio de combustible. . Disposición 631/04. Espacios verdes . Ley 1153. Declaración “Parque Avellaneda como Unidad Ambiental de Gestión”. . Decreto 2118/03. Veto parcial a la ley 1153. . Ley 1582. Declaración s/ emergencia ambiental al Parque Indoamericano. Decreto 677/06. Reglamentación de ley 1582. . Ley 2583. Declaración “APH 2 Parque 3 de Febrero como unidad ambiental y de gestión”. Decreto 15/08. Veto parcial a la ley2583. Artículos 2° a 8° y DISPC. TRANS. 2° y 3°. . Decreto 1972/01. Reglamentación del tránsito y paseo de perros en los espacios públicos de la CABA.

148

Reserva ecológica . Ordenanza 41.247/86. Declaración de Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica a los terrenos ganados al Río de la Plata. . Ordenanza 42.859/88. Modificación de la ordenanza 41247/86. . Ordenanza 43609/89. Creación del distrito área de Reserva Ecológica en el área Costanera Sur. . Ordenanza 45676/91. Aprobación del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Costanera Sur. . Ley 560. Modificación de la ordenanza 45676/91. Arbolado público . Ley 490. Árboles. Prohibición de poda y tala. . Ley 1556. Regula el arbolado público urbano. . Ley 1982. Modifica ley 1556. Resolución 317/06. Disposición 13/03. Creación del Plan Maestro de Arbolado Público. Fauna . Ley 1446. Prohíbe en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el funcionamiento de circos y espectáculos circenses en los que intervengan animales. Aire Contaminación atmosférica . Ley 1356. Calidad atmosférica. Preservación del recurso aire y la prevención y control de la contaminación atmosférica. Decreto 198/06. . Ley 172. Frigoríficos y fabricación de hielo. . Ley 1540 de Contaminación acústica. Decreto 740/07.

. Ley 3013. Modificatoria de la ley 1540. . Ley 1727 de Regulación del proceso de limpieza a seco en tintorerías. Decreto Reglamentario 1512/07. . Ley 2936. Publicidad. Carteles. Marquesinas. . Decreto 1482/08. . Decreto1512/07. . Ley 2586. Creación del sistema de transporte público de bicicleta para la Ciudad. . Decreto 1474/08. . Ley 1799. Control del tabaco. Resolución 16/08. Cambio climático . Resolución 338/07. Creación del Registro de Empresas Consultoras para Proyectos MDL. . Resolución 04/08. Creación de la Comisión Asesora de Expertos en la Calidad de Aire. . Ley 2265. Establece la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria para todos los vehículos y motovehículos que circulen por la CABA. Radiaciones no ionizantes: . Resolución 244/0. Establecimiento de pautas para medición de radiaciones no ionizantes. . Resolución 47/02. Proposición al Gobierno la actualización de los mecanismos de control de radiaciones no ionizantes. . Resolución Conjunta 1/08. Procedimiento para la instalación de antenas. . Resolución 343/08. Aprobación del Protocolo para la evaluación de radiaciones no ionizantes.

149

Notas Ver fallo C.S.J.N. “Halabi”, Considerando 11). PIDESC: “11(1). Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento...- 12(2) (b). El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente”. 3 Ejemplo Convenio Ramsar. 4 Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono: aprobado por 28 países el 22 de marzo de 1985, en la Conferencia de Plenipotenciarios sobre la protección de la capa de ozono y depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En la actualidad 196 Partes han ratificado el Convenio de Viena. Secretaría del Ozono. La Argentina es parte desde 1990. El Convenio de Viena insta a la cooperación intergubernamental en la investigación científica y observación sistemática de la capa de ozono, la vigilancia de la producción de CFC y el intercambio de información. Aunque en el Convenio no figura compromiso alguno en cuanto a la adopción de medidas para reducir la producción o el consumo de CFC, no obstante, el Convenio de Viena fue un hito importante: las naciones acordaron en principio hacer frente a un problema ambiental mundial antes de que se sintiesen sus efectos o se demostrase científicamente su existencia, probablemente, el primer ejemplo de aceptación del “principio de precaución” en una negociación internacional importante. También se negoció en el marco del presente Convenio el importante Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. El Convenio de Viena continúa proporcionando orientación sobre la vigilancia, calibración y archivo de mediciones del ozono estratosférico y troposférico y su perfil vertical, las radiaciones UV-B, y otros oligoelementos atmosféricos de especies y aerosoles. También proporciona orientación sobre las actividades de investigación afines que son esenciales para comprender el problema del agotamiento de la capa de ozono así como las interacciones entre la capa de ozono y el clima. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi, Kenya.-http://www.unep.org/ozone -http://www.unep.ch/ozone. 5 El Centro de Noticias de las Naciones Unidas indicó que el 16 de septiembre de 2009 alcanzó su ratificación universal, con 196 ratificaciones. 6 http://ozone.unep.org. 7 Las formaciones vegetales actúan como sumideros por su función vital natural y principal, por el proceso de fotosíntesis. 8 Actualmente son 193 Estados Partes. Entró en vigor para Argentina el 6 de abril de 1997. 9 La misión de la Convención es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. Los “Sitios Ramsar” en la Argentina son los identificados como: N° 555 Argentina Laguna de los Pozuelos 4-May-92- 557 Argentina Río Pilcomayo 4-May-92-1459 Argentina Reserva Ecológica Costanera Sur 22-Mar-05-1626 Argentina Parque Provincial El Tromen 02-Feb-06-1750 Argentina Reserva Natural Otamendi 22Mar-08-1785 Argentina Humedal Laguna Melincué 24-Jul-08. Artículo 4. 1. Cada Parte Contratante fomentará la conservación de los humedales y de las aves acuáticas creando reservas naturales en aquéllos, estén o no incluidos en la Lista, y tomará las medidas adecuadas para su custodia. 2. Cuando una Parte Contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire de la Lista o reduzca los límites de un humedal incluido en ella, deberá compensar 1 2

150

en la medida de lo posible, la pérdida de recursos de humedales y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y para la protección de una porción adecuada de su hábitat original, en la misma región o en otro lugar. 3. Las Partes Contratantes fomentarán la investigación y el intercambio de datos y de publicaciones relativos a los humedales y a su flora y fauna. 4. Las Partes Contratantes se esforzarán por aumentar las poblaciones de aves acuáticas mediante la gestión de los humedales idóneos. 5. Las Partes Contratantes fomentarán la formación de personal para el estudio, la gestión y la custodia de los humedales”. 10 Convenio de Basilea. Actualmente son Partes 172 Estados. La Argentina es Parte desde el 27 de junio de 1991. 11 Convenio de Rotterdam. Actualmente son Partes 130 Estados. Entró en vigor en febrero de 2004. La Argentina es parte desde el 11 de junio de 2004.Entre los 40 productos químicos prohibidos se encuentra el asbesto en cinco tipos diferenciados y los PCB. 12 Convenio de Estocolmo. Las Partes se comprometen a reducir o bien eliminar la producción o liberación intencionales de químicos incluidos en los anexos A o B de la Convención, asimismo, se regula la importación y exportación de tales productos. 13 La ley 26331 en su artículo 6°, prevé: “Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable”. 14 Pierini, Alicia y otros. Derecho Ambiental Editorial Universidad. Pág.144: “Se trata conforme surge de su contenido, de una política transversal, profundamente solidara y abarcativa del resto de las políticas de Estado. No se trata de una política más, sino que es esencial para la vida actual y futura del hombre”. 15 Artículo 2: a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas; b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria; c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; f ) Asegurar la conservación de la diversidad biológica; g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal; i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma; j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. 16 COFEMA. Organismo permanente para la concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre los Estados miembros. Establece la Ley 25675, Anexo I, Artículo 3: “El COFEMA será una persona jurídica de derecho público constituida por los Estados que lo ratifiquen, el Gobierno federal y las

151

Provincias que adhieran con posterioridad y la Ciudad de Buenos Aires”. 17 “III.- Los Estados signatarios reconocen al Consejo Federal de Medio Ambiente como un instrumento válido para la coordinación de la política ambiental en la República Argentina. IV. -Los Estados signatarios se comprometen a compatibilizar e instrumentar en sus jurisdicciones la legislación ambiental”. 18 Artículo 15. 19 Ley 25675 General del Ambiente. Artículos 11, 12 y 13. 20 Idem artículo 21. 21 Idem, artículos 27 a 32. 22 Presunción que admite prueba en contrario. 23 Ley 25916. ARTÍCULO 2 - Denomínese residuo domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados. 24 Ley 25612. ARTÍCULO 2 - Se entiende por residuo industrial a cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, por la realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor productor o generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. 25 Ley 25612, artículo 14. 26 Ley 24051. ARTÍCULO 2 - Será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en el anexo II de esta ley. Las disposiciones de la presente serán también de aplicación a aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales. Quedan excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los radiactivos y los derivados de las operaciones normales de los buques, los que se regirán por leyes especiales y convenios internacionales vigentes en la materia. 27 Ley 25018. ARTÍCULO 2- A efectos de la presente ley se entiende por Gestión de Residuos Radiactivos, el conjunto de actividades necesarias para aislar los residuos radiactivos de la biósfera derivados exclusivamente de la actividad nuclear efectuada en el territorio de la Nación Argentina, el tiempo necesario para que su radiactividad haya decaído a un nivel tal, que su eventual reingreso a la misma no implique riesgos para el hombre y su ambiente. Dichas actividades deberán realizarse en un todo de acuerdo con los límites establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear y con todas aquellas regulaciones nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y acuerdos internacionales que correspondan. 28 Informe Especial de seguimiento, 2003-2005 del Defensor del Pueblo de la Nación, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Cels, FARN, Asociación Popular La Matanza, Asociación Vecinos de la Boca, Fundación Ciudad, Fundación Metropolitana, Greenpeace, Universidad Tecnológica, Universidad Nacional de La Matanza. 29 Sintetizadas en el Informe Especial de Seguimiento 2003-2005. 30 Idem. 31 Idem. 32 Ver Primer Informe “Cuenca Matanza-Riachuelo” del Defensor Del Pueblo de la Nación. y Resolución DPCBA 0268/06 ANEXO I 2º Informe “Cuenca Matanza-Riachuelo”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 33 ACUMAR presentó el informe ejecutivo de gestión ordenado por el juez de ejecución el 8-08-2009, el que se encuentra publicado en la página web del organismo. 34 Informe 2009, pág.10.

152

ARTÍCULO 26.- El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer. La Ciudad es territorio no nuclear. Se prohíbe la producción de energía nucleoeléctrica y el ingreso, la elaboración, el transporte y la tenencia de sustancias y residuos radiactivos. Se regula por reglamentación especial y con control de autoridad competente, la gestión de las que sean requeridas para usos biomedicinales, industriales o de investigación civil. Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas. ARTÍCULO 27.- La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve: La preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales que son de su dominio. La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora. La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común. La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica. La protección de la fauna urbana y el respeto por su vida: controla su salubridad, evita la crueldad y controla su reproducción con métodos éticos. La protección, saneamiento, control de la contaminación y mantenimiento de las áreas costeras del Río de la Plata y de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas hídricas y de los acuíferos. La regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y privado. La provisión de los equipamientos comunitarios y de las infraestructuras de servicios según criterios de equidad social. La seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia energética en el tránsito y el transporte. La regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y desechos, que comporten riesgos. El uso racional de materiales y energía en el desarrollo del hábitat. Minimizar volúmenes y peligrosidad en la generación, transporte, tratamiento, recuperación y disposición de residuos. Un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de tecnologías no contaminantes y la disminución en la generación de residuos industriales. La educación ambiental en todas las modalidades y niveles.  ARTÍCULO 28.- Para asegurar la calidad ambiental y proveer al proceso de ordenamiento territorial, se establece: La prohibición de ingreso a la Ciudad de los residuos y desechos peligrosos. Propicia mecanismos de acuerdo con la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones, con el objeto de utilizar o crear plantas de tratamiento y disposición final de los residuos industriales, peligrosos, patológicos y radiactivos que se generen en su territorio. La prohibición del ingreso y la utilización de métodos, productos, servicios o tecnologías no autorizados o prohibidos en su país de producción, de 35

153

patentamiento o de desarrollo original. La ley establecerá el plazo de reconversión de los que estén actualmente autorizados. ARTÍCULO 29.- La Ciudad define un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la mayoría prevista en el artículo 81, que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas. ARTÍCULO 30.- Establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública. Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 36 ARTÍCULO 10.- Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos. 37 Ver en el presente informe el “Marco normativo nacional de aplicación local”, desarrollado previamente. 38 Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 128: “Las Comunas ejercen funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia. Ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés general de la Ciudad. Son de su competencia exclusiva : El mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios verdes de conformidad a la ley de presupuesto. La elaboración de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual, así como su ejecución. En ningún caso las Comunas pueden crear impuestos, tasas o contribuciones, ni endeudarse financieramente. La iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos al Poder Ejecutivo. La administración de su patrimonio, de conformidad con la presente Constitución y las leyes. Ejercen en forma concurrente las siguientes competencias: La fiscalización y el control del cumplimiento de normas sobre usos de los espacios públicos y suelo, que les asigne la ley. La decisión y ejecución de obras públicas, proyectos y planes de impacto local, la prestación de servicios públicos y el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la comuna y que por ley se determine. La evaluación de demandas y necesidades sociales, la participación en la formulación o ejecución de programas. La participación en la planificación y el control de los servicios. La gestión de actividades en materia de políticas sociales y proyectos comunitarios que pueda desarrollar con su propio presupuesto, complementarias de las que correspondan al Gobierno de la Ciudad. La implementación de un adecuado método de resolución de conflictos mediante el sistema de mediación, con participación de equipos multidisciplinarios.” ARTÍCULO 131.- Cada Comuna debe crear un organismo consultivo y honorario de deliberación, asesoramiento, canalización de demandas, elaboración de propuestas, definición de prioridades presupuestarias y de obras públicas y seguimiento de la gestión. Está integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales, redes y otras formas de organización. Su integración, funcionamiento y relación con las Juntas Comunales son reglamentados por una ley.”. 39 Ley 123, artículo12. 40 Resolución 3377/06. 41 Conf. Pierini, Alicia y otros. Derecho Ambiental. Editorial Universidad. Pág.

154

208 y siguientes. 42 Informe Anual Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, 2008. Página 72: “La Ley Nro. 26.184 prohíbe en todo el territorio de la Nación la fabricación, ensamblado e importación de pilas y baterías primarias, con forma cilíndrica o de prisma, comunes de carbón zinc y alcalinas de manganeso, cuyo contenido de mercurio, cadmio y plomo sea superior al: - 0,0005% en peso de mercurio; - 0,015% en peso de cadmio; -0,200% en peso de plomo. También prohíbe la comercialización de pilas y baterías con las características mencionadas a partir de los 3 años de la promulgación de la Ley. Asimismo, la norma establece un mecanismo de certificación ante el INTI para su ingreso al país. En razón de ello, estos dispositivos debidamente certificados, una vez agotada su vida útil, pueden ser dispuestos con los residuos domiciliarios, ya que los mismos resultan compatibles con la tecnología utilizada por la Ciudad de Buenos Aires para la disposición final de sus desechos en rellenos sanitarios. Las pilas y baterías recargables requieren ser sometidas a planes de gestión específicos, porque aún no se ha sancionado una norma que limite sus componentes o determine la gestión ambientalmente adecuada. Además, las pilas y baterías recargables poseen metales preciosos cuya recuperación resulta beneficiosa.”. 43 Fuente IA 2008. Ciudad de Buenos Aires. 44 Servicios Previstos en la Licitación 6/03: Servicio de recolección domiciliaria Servicio de recolección diferenciada Servicio de recolección de residuos voluminosos Servicio de recolección de restos verdes Servicio de recolección de restos de obras y demoliciones Servicio de barrido y limpieza de calles 45 Informe Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Ley 1854 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, año 2008 pág. 9. 46 Ley general del Ambiente, arts 27 a 33. 47 Constitución CABA artículo 132 y ss. 48 Pierini, Alicia y otros Derecho Ambiental. Aportes para una mejor planificación de la gestión y control en materia ambiental metropolitana. Ed. Universidad. Capítulo I, pág. 71. 49 Idem, pág. 72. 50 Constitución CABA artículo 135. 51 Pierini, Alicia y otros. Derecho Ambiental. Aportes para una mejor planificación de la gestión y control en materia ambiental metropolitana. Ed. Universidad. Capítulo I, pág. 73. 52 Ver Pierini, Alicia y otros. Derecho Ambiental. Aportes para una mejor planificación de la gestión y control en materia ambiental metropolitana. Ed. Universidad. Pág. 105. 53 Idem pág.70. 54 Ley 303 Artículo 16.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la información ambiental, debe publicar anualmente un informe acerca del estado ambiental de la Ciudad. 55 Informe Anual de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Ley 1854. Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 56 “...Censo habitacional sobre la cuenca del Riachuelo, identificándose claramente las características ambientales y socioeconómicas como el acceso al servicio de agua potable y cloacas. - Arbitrar los medios necesarios para trasladar y reubicar a todas las personas que vivan en asentamientos precarios sobre la margen del Riachuelo correspondiente a la ciudad y estén siendo negativamente afectados por el mismo. - Brindar una inmediata y adecuada asistencia y atención médica integral a todos los afectados. - Formar, en cada uno de los hospitales de la cuenca del Riachuelo, un

155

“Centro de Salud Ambiental”, garantizando una infraestructura apropiada y la participación de profesionales expertos en salud ambiental, contaminación y su tratamiento. - Llevar un registro específico que comprenda todas las consultas o atenciones médicas de la Ciudad relacionadas con el impacto contaminante de la Cuenca Matanza-Riachuelo. - Actualizar el censo de los emprendimientos fabriles o comerciales que se encuentren en la cuenca del Riachuelo. - Realizar estudios en el agua, suelo y aire de la cuenca del Riachuelo con el objeto de determinar los contaminantes predominantes. - Garantizar la recolección diaria de residuos domiciliarios mediante recipientes y contenedores apropiados y la eliminación de basurales en toda la Cuenca del Matanza - Riachuelo, en concordancia con la Ley N° 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. - Control de roedores con el objeto de evitar su proliferación. - Realizar una amplia y activa campaña de concientización ambiental en toda la cuenca y de prevención de enfermedades relacionadas con el deterioro ambiental y sanitario. Ello en consonancia con la Ley 1687 de Educación Ambiental. - Arbitrar las medidas necesarias a fin de elaborar, y coordinar con otras jurisdicciones un plan de ordenamiento hídrico que permita el tratamiento de efluentes cloacales y pluviales. Se articularán acciones con AYSA SA. - Articular con el ETOSS acciones para el urgente saneamiento en las Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios reconocidos en la Ley N° 148 de la ciudad”. 57 Pierini, Alicia y otros Derecho Ambiental. Aportes para una mejor planificación de la gestión y control en materia ambiental metropolitana. Ed. Universidad. Capítulo IV Pág. 188. 58 Informe Ambiental Anual 2008 de la Ciudad de Buenos Aires, pp. 13 a 15. Elaborado en cumplimiento de la ley 303. 59 El Artículo 3 de la ley 2628 enumera como funciones y facultades de la Agencia Ambiental a las siguientes: Proponer políticas y diseñar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Proponer e implementar acciones vinculadas a la problemática ambiental del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) en conjunto con las jurisdicciones que la componen. Velar por el cumplimiento de las normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante agencias, organismos y/u organismos internacionales en general, vinculados a la problemática ambiental, como así también ante las autoridades gubernamentales de la Nación, provincias, municipios y estados extranjeros. Representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Desarrollar y revisar en forma continua las líneas de base para establecer los sistemas de mediciones e indicadores de desarrollo sostenible y la aplicación de estándares ambientales en línea con las recomendaciones locales e internacionales. Ser parte integrante del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA). Propiciar mecanismos de cooperación y/o asistencia técnica con la Nación, provincias, municipios, instituciones académicas nacionales, provinciales e internacionales, agencias, organismos y/u organizaciones en general, vinculadas a la problemática ambiental. Dictar normas de regulación y conservación, con el fin de favorecer una adecuada calidad ambiental para los habitantes de la Ciudad Autónoma de

156

Buenos Aires. Poner en funcionamiento el Sistema de Información Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asegurando el derecho de la comunidad a acceder a la misma y la interacción con las comunas cuando corresponda. Coordinar juntamente con el Ministerio de Educación las actividades educativas formales indispensables para el desarrollo de la conciencia ambiental de una comunidad participativa y responsable. Realizar campañas de información y difusión masiva tanto de la Política Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como de buenas prácticas ambientales. Implementar una política de investigación y desarrollo en materia ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estimulando la innovación tecnológica, la explotación de los resultados de la investigación, la transferencia de conocimientos y tecnologías y la creación de empresas tecnológicas. Promover la utilización de tecnologías limpias y la implementación de sistemas de gestión ambiental entre la comunidad regulada. Prestar capacitación técnico-ambiental a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y/o Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en ejercicio de sus funciones deban intervenir en cuestiones relativas a la temática ambiental así como asesorar a los funcionarios del Poder Ejecutivo que así lo requieran. Evaluar los estudios de impacto ambiental, llevando a cabo la categorización correspondiente y otorgar los certificados de aptitud ambiental de conformidad con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar las políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de Gobierno, en el marco a lo establecido en el artículo 104, inc. 11 de la Constitución de la C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública. Otorgar préstamos a instituciones o personas jurídicas con el fin específico de financiar la incorporación de tecnología de punta en materia de prevención, control y mejoramiento del ambiente. 60 Ley Acceso a la Información Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 303, Decreto Reglamentario 1325/06. 61 Ley de Educación Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 1687 sancionada en Buenos Aires, el 28 de abril de 2005. 62 Conf. Ley 1777, artículo 13. 63 Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban, Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaningó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Punta Indio, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate. 64 Ley de Calidad Atmosférica 1356: Artículo 3.- Se entiende por contaminación atmosférica la introducción directa o indirecta mediante la actividad humana de sustancias o energías en la atmósfera, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o calidad del ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legitimas del ambiente. Artículo 4.- Se entiende por estándar de calidad atmosférica la disposición legal que establece el valor límite, primario o secundario, de concentración o intensidad de un contaminante en la atmósfera durante un período de tiempo dado. Son límites primarios los destinados a la protección de la salud de la población y son límites secundarios los destinados a mejorar el bienestar público, que incluye la protección de los recursos naturales y el ambiente. 65 Atlas Ambiental de Buenos Aires, Aire. Contaminación Atmosférica .

157

www.atlasdebuenosaires.gov.ar “…los 4 equipos de la subred tipo 1 ya han sido instalados. Estarán instaladas una en Catalinas Sur, en el Barrio de La Boca, otra en el microcentro y otra reemplazando la ya existente en Parque Centenario”. 66 Agencia de Protección Ambiental Plan Estratégico 2008-2012, pág. 28:“Los vehículos automotores ocupan el primer lugar en emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO), y el segundo lugar en emisiones de COV (compuestos orgánicos volátiles)”. 67 AABA. AIRE. Contaminación Atmosférica. TABLA 3: Valores extremos de monóxido de carbono tomados de distintas campañas de medición (mg/m3N). 68 Ley 1356 ANEXO I (artículos 65 y 66). ANEXO A: ESTÁNDARES DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE TABLA A Contaminantes criterio (*) ContaminanteSímboloMg/m3PpmPeríodoTipo de normaDióxido de azufreSO2 0.080 0.365 1.3 0.03 0.14 0.50Media aritm. Anual Prom. 24 hs. Prom. 3 hs. Primario Primario SecundarioMaterial particulado en suspensiónPM10. 69 Ver http:// www.atlasdebuenosaires.gov.ar 70 Conf. AABA. wwwatlasdebuenosaires.gov.ar 71 Idem. 72 Arroyo Maldonado: El área total de la cuenca cubre aproximadamente 10.000 ha: 4.500 ha en la provincia y 5.500 ha en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 73 www.atlasdebuenosaires.gov.ar 74 www.atlasdebuenosaires.gov.ar 75 www.atlasdebuenosaires.gov.ar 76 Idem. 77 Informe de Avance 2003-2005. 78 Este informe fue realizado por un convenio entre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de aquel entonces (SRNyAH) y el Institut für Angewandle Physikalische ChIemie KFA y el INCYTH. 79 Infm. 80 Información publicada on line http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/obras_hidraulicas/?menu_id=21112#c 81 Desagües La situación deficitaria de la red de desagües se debe, entre otros factores, a que desde fines de la década del 40 no se realizaron inversiones de envergadura para la ampliación ni mantenimiento de la red. Gabriela Mistral entre Nazca y Helguera Olleros entre F. Lacroze y Cramer Virasoro y Antezana Guardia Vieja y Pringles Larralde entre Lugones y P. Canaveri Julián Álvarez entre Beruti y Juncal Ramal Arévalo Nueva York y Llavallol Pi y Margall entre Irala y Hernandarias Garro y Urquiza Pavón entre J. Mármol y Castro Barros

158

Carlos Calvo y Quintino Bocayuva Juan B. Alberdi y Rivera Indarte Cafayate entre B. de Astrada y Madariaga Manuel Artigas y Araujo. 82 Información publicada on line http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/obras_hidraulicas/?menu_id=21112#c 83 Conf. www.atlasdebuenosaires.gov.ar 84 Idem: “Hay que destacar que en los últimos tiempos se están monitoreando en la CBA las pérdidas de combustibles en las estaciones de servicio. Hay riesgos no debidamente evaluados como los depósitos de combustibles en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. En la zona de Dock Sud se han registrado numerosos casos de plombemia, lo que compromete seriamente a la población infantil. Toda la zona sur en la que se desarrollan actividades relacionadas con refinamiento y almacenamiento de combustible presenta riesgos para la salud de los pobladores y de los trabajadores”. 85 www.atlasdebuenosaires.gov.ar: Se registran suelos con algunos metales como Pb, Cr y Cd. Estos elementos son potencialmente carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos, además de presentar en ciertas dosis fenómenos asociados a toxicidad aguda. Los centros urbanos presentan en general enriquecimiento en metales por ser elementos asociados a los insumos de la vida moderna. Puede citarse como ejemplo el caso de intoxicación con Pb en Villa Lugano y con Hg en el barrio Ramón Carrillo. El control de la cantidad de los mismos en el ambiente depende en gran parte del manejo de los residuos. En el caso de dragados, como en las márgenes del río Reconquista y la cuenca Matanza - Riachuelo, existe riesgo de liberación de contaminantes al ambiente como consecuencia de la deposición de sedimentos contaminados tanto en las márgenes como en zonas bajas y en relleno de humedales. 86 V. en Apéndice. Ficha resumen del servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Estudio de Calidad de los RSU CABA Otoño 2007. 87 Anuario Estadístico de la CABA 2008. 88 Conf. en Diagnósticos III, pág. 73 Asentamientos Urbanos, y pág. 69 Villa 20. Basurales a cielo abierto y vuelcos clandestinos. 89 Informe del Cuerpo Colegiado de la Cuenca Matanza-Riachuelo, diciembre 2009. 90 “Diagnóstico de la situación actual sobre la generación, recuperación y disposición final de los residuos sólidos urbanos en Ciudad de Buenos Aires”. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Información aportada por CEAMSE. Diagnóstico de la situación actual sobre la generación, recuperación y disposición final de los residuos sólidos urbanos en Ciudad de Buenos Aires. Noviembre de 2007. 91 Resolución 2250-08 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. 92 Informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires: “Transporte automotor de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires - En el marco de la Región Metropolitana”. 93 Idem. 94 Ley 25031 ENTE Coordinador del Transporte Metropolitano ECOTAM, artículo 2, establece un área de influencia de 43 municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 95 Tal se ha dado en llamar a la disputa comercial por los recorridos, sin atender la demanda real. 96 Resolución 2250-08 DPCABA. 97 Informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires: “Transporte automotor de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires - En el marco de la Región Metropolitana”. 98 Idem. 99 Conjunto de motor y caja de velocidades de la unidad. 100 Informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires: “Transporte automotor de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires - En el marco de la Región

159

Metropolitana”. 101 Idem. 102 Idem. 103 Superficie resultante de la consideración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 43 municipios de la provincia de Buenos Aires. 104 Resolución 2250-08 DPCABA. 105 Resolución 3551/08. Defensoría del Pueblo de la Ciudad. 106 Proyecto de ley modificatorio de la ley 1540: Artículo 1.- Modifíquese el artículo 31º de la Ley 1540, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Dispositivo de señalización acústica. Los vehículos deberán estar provistos de un dispositivo de señalización acústica, símil bocina, de no más de dos tonos que suene simultáneamente, cuyo sonido, sin ser estridente ni prolongado, se oiga en condiciones de campo libre a cien (100) metros de distancia, debiendo cumplir en cuanto a sus límites y procedimientos de ensayo según lo establecido por la Norma CETIA 13 D1 para cada una de las siguientes categorías de vehículos: a) En los automóviles, vehículos de carga y de transporte público de pasajeros; b) En las motocicletas, motonetas y bicicletas a motor; c) Las ambulancias, vehículos policiales, de bomberos y los de brigadas de servicios públicos de apuntalamiento y derrumbe. Artículo 2.- Comuníquese, etc. 107 Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Resoluciones 1545-08; 2676-05; 1436-05. 108 Conf. Anexo III al Convenio de Rotterdam. 109 INFORME 621-DGPYEA-08 - Elaborado por la entonces Dirección General de Política y Evaluación Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día 24 de enero de 2008 (fs. 148).Actuación 5583/05 DPCABA. 110 Ley referida a los presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB. 111 Ver fs. 148 y 149 de la actuación 5583/05 y resolución 1545/08 DPCABA. 112 Resolución 1545/08 parte resolutiva: “LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES R E S U E L V E : 1) Recomendar a la señora Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniera Graciela Elizabeth Gerola, arbitre todos los medios con el fin de hacer cumplir la Ley nº 760 vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en resguardo de los derechos y garantías Constitucionales de quienes habitan y transitan por esta Ciudad. 2) Poner en conocimiento de la presente Resolución al señor Subsecretario de Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, don Néstor Alejandro Nicolás, en virtud del riesgo ambiental que la situación planteada pueda implicar. 3) Poner en conocimiento de la presente Resolución a la señora Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, doctora Romina Picolotti. 4) Poner en conocimiento de la presente Resolución al señor Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Pablo Gabriel Tonelli. 5) Poner en conocimiento de la presente Resolución al señor Presidente de la Auditoría General de la Nación, doctor Leandro Despouy, a los efectos que estime corresponder. 6) Fijar en 10 días el plazo previsto en el art. 36º de la Ley nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”. 113 Actuación 3289/04 iniciada de oficio con motivo de una denuncia telefónica efectuada por la profesora Zulma Prina, Directora de la Escuela 11 del Distrito Escolar 4º “Antonio J. Bucich”, sita en la calle Brandsen 1057 de esta Ciudad de Buenos Aires -barrio de La Boca-, atento la existencia de una cámara transformadora (C.T.) de media tensión de la empresa DISTRIBUIDORA DEL SUR S.A. (EDESUR S.A.) en el interior del patio de la misma. 114 Fs. 17 y 1 de la misma actuación. 115 Resolución 3289/04.

160

Idem. En nuestro país, el principio precautorio se aplicó en varios fallos entre ellos en autos “Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes c/ ENRE - EDESUR s/ cese de obra de cableado y traslado de Subestación Transformadora” - CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PLATA (Buenos Aires) - SALA II - 08/07/03. 118 Resolución 1436/05 parte resolutiva: 1) Poner la presente en conocimiento de la Secretaria de Educación, licenciada Roxana Perazza, a fin de que arbitre las medidas y acciones tendientes a intimar a Edesur S.A. a efectivizar el retiro de la cámara de media tensión ubicada en el interior del predio del edificio escolar ubicado en la calle Brandsen 1057 del barrio de la Boca. 2) Recomendar al señor Presidente de la empresa DISTRIBUIDORA DEL SUR S.A. (EDESUR S.A.), disponga las medidas y acciones tendientes a efectivizar el retiro de la cámara de media tensión ubicada en el interior del predio del edificio escolar ubicado en la calle Brandsen 1057 del barrio de la Boca. 3) Recomendar al señor Presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (E.N.R.E.), disponga las medidas y acciones tendientes a efectivizar el retiro de la cámara de media tensión ubicada en el interior del predio del edificio escolar ubicado en la calle Brandsen 1057 del barrio de la Boca. 4) Poner el presente dictamen en conocimiento de las autoridades de la Escuela nº 11 Distrito Escolar 4º “Antonio J. Bucich”. 119 Actuación DPCABA 7195/08. 120 Resolución 1200/08 de esta Defensoría del Pueblo (8 de abril de 2008). 121 Resolución del Parlamento Europeo de fecha 2 de abril de 2009 sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos (2008/2211(INI)). Puede consultarse en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//ES 122 Pág. 18, de este Diagnostico. 123 Actuación DPCBA 1795/08, fs, 20 a 44. 124 “LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES R E S U E L V E : 1) Recomendar a la señora Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniera Graciela Elizabeth Gerola: a) arbitre las medidas necesarias para revisar y reformular la secuencia de etapas descriptas en el Anexo I de la Resolución nº 1/GCABA/APRA/08, invirtiendo el orden establecido para las etapas 2 y 3 y ajustando en consecuencia los correspondientes requisitos descriptos en dicho Anexo; b) arbitre las medidas necesarias tendientes a relevar a la Dirección General de Interpretación Urbanística de la función de analizar el Plan de Implantación de la Red propuesta por el peticionante, derivando dicha responsabilidad (ampliada al conjunto de operadores de servicios similares) a un organismo de orden superior, tal como podría ser la propia Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a su cargo. 2) Exhortar al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ingeniero Juan Pablo Piccardo, tome los recaudos adecuados para implementar e impulsar, tanto en la normativa reglamentaria que se genere en las dependencias del Ministerio a su cargo, como en las medidas de aplicación concreta, una consideración prioritaria a la interacción de los campos electromagnéticos asociados a las RNI, con la salud de la población expuesta en forma crónica a su influencia. A tal fin se proponen dos caminos convergentes hacia dicho objetivo: a) crear una comisión de expertos independientes en telecomunicaciones para que, trabajando en forma conjunta con sus similares de todas las empresas operadoras de servicios de radiocomunicaciones celulares, diseñen una red global optimizada para el ejido urbano de la Ciudad. Dicho diseño, basado en el Princi116 117

161

pio ALARA, debería procurar el logro de una cobertura homogénea para las áreas de servicio, con los mínimos niveles de densidades de potencia para las señales de RNI involucradas, compatibles con la sensibilidad media de los terminales móviles; b) mientras subsista la incertidumbre científica acerca de los posibles perjuicios sobre la salud de la población expuesta en forma crónica a las RNI, dicha consideración debería manifestarse mediante cláusulas o medidas protectivas inspiradas en el Principio de Precaución, emitidas por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de las áreas competentes del Ministerio de Salud. Por ejemplo, la identificación de las áreas de mayor riesgo, tales como escuelas, establecimientos de salud, institutos geriátricos, Jardines Maternales, etc. Consecuentemente, la delimitación de aquellas zonas críticas que pueden requerir un aumento de los umbrales de protección estipulados en la Resolución MSyAS nº 202/95. 3) Poner en conocimiento de la presente Resolución a las siguientes dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: a) al señor Jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Horacio Antonio Rodríguez Larreta; b) al señor Ministro de Desarrollo Urbano, arquitecto Daniel Gustavo Chain; c) al señor Ministro de Salud, doctor Jorge Daniel Lemus; d) al señor Coordinador Técnico Administrativo del Consejo del Plan Urbano Ambiental, arquitecto Héctor Lostri; e) al señor Director General de Interpretación Urbanística, arquitecto Ramón Antonio Ledesma; f ) al señor Director General de Evaluación Técnica dependiente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don Horacio Walter; g) al señor Director General de Registro de Obras y Catastro, arquitecto Guillermo García Fahler; h) al señor Director General de Fiscalización y Control de Obras, don José Báez…”. 125 Resolución DPCABA 2730/08 “…Dirección General de Interpretación Urbanística claramente establece la necesidad de gestionar un nuevo permiso de localización. Por su parte, la misma Dirección General de Interpretación Urbanística, en su Informe nº 320-DGIUR-2008 confirma que trascurridos dos años de haber caducado el permiso original, la instalación de marras permanece funcionando sin permiso de localización…”. 126 Trascripto en la Resolución DPCBA 2730/08. 127 Ejemplo en resolución 1372/08 de esta Defensoría del Pueblo, disponible en http://www.defensoria.org.ar/institucional/resoluciones/r1372-08.doc 128 Resolución DPCABA 2730/08 parte resolutiva: “LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES R E S U E L V E : 1) Recomendar al señor Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, licenciado Horacio Antonio Rodríguez Larreta: a) impartir las instrucciones necesarias a los organismos competentes, a fin de disponer que a la brevedad se efectúe un relevamiento exhaustivo de todas las instalaciones de estaciones de comunicaciones denunciadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo el servicio de comunicaciones móviles celulares, sistemas radioeléctricos de uso comercial y servicios de radiodifusión. Dicho relevamiento deberá constatar si cada uno de los emisores censados cuenta con las pertinentes autorizaciones y en caso negativo, se deberá intimar en forma fehaciente y perentoria a sus responsables a fin que procedan a su inmediata regularización, bajo pena de desconexión y posterior desmantelamiento; b) impartir las instrucciones necesarias a los organismos competentes, a fin de disponer la inmediata desconexión y posterior desmantelamiento de la

162

instalación denunciada, situada sobre el edificio con frente a la calle México 4050 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; c) respecto de las radio bases instaladas en cinco establecimientos educativos situados en Ciudad de la Paz 1282, Dorrego 2124, Ayacucho 665, Armenia 1353 y Castillo 767 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se solicita informe a esta Defensoría del Pueblo si actualmente cuentan con las pertinentes autorizaciones. Si las mismas han cumplido con las previsiones de la Ley nº 449, Cuadro de Usos 5.2.1 a. Referencia C del Código de Planeamiento Urbano, que se acompañen las copias de los acuerdos del Consejo del Plan Urbano Ambiental y las respectivas disposiciones de la Dirección General de Interpretación Urbanística que autorizan el uso en cada lugar. Si así no fuera, por las razones que se han expuesto en estos actuados, recomendamos se disponga el mismo procedimiento enunciado en el párrafo anterior, es decir, desconexión y posterior remoción del equipamiento involucrado”. 129 Actuaciones de la DPCABA 3487/07 y 4587/07 y resolución DPCABA 2520/07. Diagnósticos III pág. 88/89. 130 “90 años de vivienda social en la Ciudad de Buenos Aires”, Programa de Mantenimiento Habitacional, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 131 Resolución 2520/07, parte resolutiva: “LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES R E S U E L V E : 1) Recomendar al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: a) disponga las medidas pertinentes a efectos de conminar a la empresa contratista a que tome los recaudos necesarios para la correcta manipulación del Asbesto/Amianto a fin de evitar la exposición de la población del Barrio Presidente Illia a posibles daños en la salud; b) disponga los medios necesarios a fin de controlar y verificar durante la ejecución de las obras de reemplazo de techos en el Barrio Presidente Illia la manipulación del Asbesto/Amianto por parte de la empresa contratada al efecto; c) informe si los demás Complejos Habitacionales construidos y/o administrados por ese Organismo poseen material que contenga Asbesto/Amianto. 2) Fijar en 30 días el plazo previsto en el art. 36 de la Ley nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”. 132 Actuaciones 6830/07, 3169/08 y 7078/08 y Resoluciones 3449/07 y 1312/09. Parte dispositiva de la Resolución 3449/07: “...Por todo ello: La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires R e s u e l v e: 1) Poner la presente Resolución en conocimiento del señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, licenciado Daniel Fernando Filmus. 2) Solicitar al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenga a bien: a) publicar en el sitio de Internet oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la nómina de instituciones educativas de gestión privada que reciben aportes del Estado, con sus respectivos montos y porcentajes, detallando los mismos por nivel y modalidad educativa; b) disponer lo necesario a fin de emitir el acto administrativo correspondiente, a efectos que los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aporte estatal informen en el contrato educativo, en el reglamento escolar y en las carteleras de los mismos, el porcentaje y monto que perciben de aporte desagregado por nivel de enseñanza, como así también las respectivas actualizaciones por modificaciones de esos aportes durante cada ciclo lectivo. 3) Solicitar a la Dirección General de Educación de Gestión Privada, tenga a bien: a) remitir a esta Defensoría del Pueblo la nómina de instituciones educativas de gestión privada que reciben aportes del Estado, con sus respectivos mon-

163

tos y porcentajes, detallando los mismos por nivel de educación (inicial, primario, medio, superior, especial); b) remitir a esta Defensoría del Pueblo copia de la Disposición emitida por esa Dirección General mediante la cual se fijan los aranceles máximos por categoría de establecimientos, niveles, regímenes y modalidades para la enseñanza programática que deberán observar durante el año 2008, las escuelas de gestión privada que perciben aporte estatal; c) informar a esta Defensoría del Pueblo si los establecimientos educativos que constan en el Anexo I -que forma parte integrante de la presente-, perciben o no aporte estatal, detallando en caso de corresponder porcentaje y monto mensual por nivel de educación; d) informar a esta Defensoría del Pueblo si los establecimientos educativos que constan en el Anexo II -que forma parte integrante de la presente-, perciben de sus alumnos algún arancel o contribución, indicando montos y conceptos; e) informar a esta Defensoría del Pueblo, los motivos por los cuales el Instituto de Psicopatología Ntra. Señora de Luján (A-1114) percibe el 40% de aporte estatal, siendo que según lo informado por la A.F.I.P. dicho establecimiento no impartiría enseñanza; f ) disponer las medidas necesarias a fin de solicitar las explicaciones del caso al Instituto Evangélico Americano (A-0036) y al Instituto Centro Psicopedagógico de Educación Especial Acuarela (A-1090), ya que de acuerdo a lo informado por esa Dirección General perciben el 70% y el 80% de aporte estatal, respectivamente, pero informan a la A.F.I.P. que no perciben aporte estatal. Informar a esta Defensoría del Pueblo las mediadas adoptadas o a adoptar al respecto por esa Dirección General; g) disponer las medidas necesarias, a fin que esa Dirección General, realice los controles pertinentes de acuerdo a lo establecido por el art. 25º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el art. 5º del Decreto nº 2542/PEN/91, con relación a las características socioeconómicas de las zonas de influencia y de la población escolar de los colegios de gestión privada, a efectos de otorgarles, modificarles o retirarles el aporte estatal, informando a esta Defensoría del Pueblo, los resultados de dichos relevamientos; h) remitir a esta Defensoría del Pueblo, la nómina de los establecimientos educativos de gestión privada que durante el presente ciclo lectivo otorgaron becas de estudio a sus alumnos, detallando la cantidad total de alumnos por colegio, nivel y sección de grado, y el número total de becas otorgadas por colegio, nivel y sección de grado; i) informar a esta Defensoría del Pueblo, cuáles son los controles que lleva a cabo esa Dirección General, con relación al cumplimiento del otorgamiento de las becas por parte de los colegios de gestión privada, indicando los criterios que deben seguir los mismos a fin de otorgar las becas, información que deben brindar a los padres de los alumnos y medidas adoptadas o a adoptar en caso de incumplimiento. 4) Solicitar a la Presidenta del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, doctora Erica Viviana Covalschi, tenga a bien: a) remitir a esta Defensoría del Pueblo copia del Reglamento interno del Consejo a su cargo, conforme lo dispuesto por el art. 21º del Decreto nacional nº 40.471/47; b) informar a esta Defensoría del Pueblo los datos de los miembros que integran el Consejo a su cargo, en carácter de representantes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (inc. a) del art. 27º de la Ley nº 13.047) y en carácter de representantes de las asociaciones de los padres de familia (inc. f ) del art. 27º de la Ley nº 13.047); c) informar a esta Defensoría del Pueblo, la cantidad de becas de estudio que debieron otorgar los establecimientos educativos de gestión privada que perciben aporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el ciclo lectivo 2001

164

al 2006 inclusive; d) remitir a esta Defensoría del Pueblo, copia de la normativa emitida por el Consejo a su cargo mediante la cual fija el número de becas de estudio, por grado y curso, que debieron otorgar los colegios de gestión privada que perciben aporte estatal, durante el año 2007, de acuerdo a lo establecido por el art. 26º de la Ley nº 13.047; e) remitir a esta Defensoría del Pueblo, copia de las memorias anuales del Consejo a su cargo correspondientes a los años 2001/2006 conforme lo dispuesto por el Decreto nº 40.471/47 en el art. 22º. 5) Poner la presente Resolución en conocimiento de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de su intervención y posterior informe a esta Defensoría del Pueblo con relación a lo actuado por ese Organismo. 6) Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a los fines de su intervención y posterior informe a esta Defensoría del Pueblo con relación a lo actuado por ese Organismo. 7) Exhortar a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponga las medidas necesarias a efectos que se brinde tratamiento al Proyecto de Ley de “Transparencia en los aportes del Estado a las instituciones educativas de gestión privada” (Proyecto de Ley nº 1975/F-2005) presentado por esta Defensoría del Pueblo con fecha 3 de agosto de 2005, en ejercicio de la Iniciativa Legislativa conferida por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el art. 137 y la Ley nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 8) Poner la presente Resolución en conocimiento de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de su opinión e informe a esta Defensoría del Pueblo. 9) Poner en conocimiento de la presente Resolución a las Comisiones de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, y, de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 10) Publicar en el sitio de internet oficial de esta Defensoría del Pueblo www.defensoria.org.ar la nómina de establecimientos educativos de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus respectivos porcentajes y montos de aporte estatal, conforme la información suministrada a este Organismo por la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su Registro nº 11.885/ MGESYA/2007, cuya copia consta a fs. 28/32 que a su vez fue grabado en un disquete, el cual se encuentra a fs. 34. 11) Fijar en 10 días el plazo previsto en el art. 36 de la Ley nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 12) Registrar, reservar en la Adjuntía para su seguimiento, y oportunamente, archivar”. 133 Resolución DPCABA 618/07 con recomendación. 134 Actuación 6127/06 y Resolución DPCBA 1140/07. 135 RESOLUCIÓN SEyM 0108/2001 -Secretaría de Energía y Minería “...ANEXO I. CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS... 2.1 Centrales Turbovapor: a) Utilizando fueloil (u otro combustible líquido) como combustible de caldera . Dióxido de azufre (SO2) máximo MIL SETECIENTOS MILIGRAMOS POR METRO CÚBICO NORMAL (1.700 mg/Nm3)...”. 136 RESOLUCIÓN SEyM 0108/2001 -Secretaría de Energía y Minería “...ANEXO I. CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS... 2.5. En las centrales con unidades turbogas que utilicen combustibles líquidos, los tenores de azufre de los mismos no deberán superar el CERO COMA

165

CINCO POR CIENTO (0,5%), como indicación indirecta del nivel de emisión de SO2...”. (fs. 250 de la Actuación DPCABA 6127/06). 137 DECRETO 1212/89 - artículo 16º. “Condiciones de seguridad. Será responsabilidad total de la empresa propietaria y o expendedora, cumplir las reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales. Las Provincias y Municipalidades ejercerán el poder de policía...”. 138 Ley 13660. Artículo 1- Las plantas generadoras de energía eléctrica se regirán por las normas y requisitos que establezca la autoridad jurisdiccional, debiendo ésta coordinar las disposiciones destinadas a atender la seguridad de las poblaciones, de las instalaciones y del abastecimiento de los servicios, con las normas que dicte el Poder Ejecutivo en resguardo de las necesidades de la defensa nacional. Artículo 2- A los fines de la coordinación de las normas a las que deberán ajustarse las construcciones de todas las instalaciones especificadas en el Art.1 y las ampliaciones o modificación de las existentes o de las que se construyan, el Poder Ejecutivo, dictará la reglamentación pertinente con intervención de la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, sin perjuicio de las prescripciones que con fines concordantes puedan dictar las autoridades locales en sus jurisdicciones respectivas... 139 INFORME ANUAL ENRE 2004 - Potencia Instalada (en MW) TOTAL MEM+MEMSP (TÉRMICA): 13.530 CENTRAL COSTANERA: 1.982; CENTRAL PUERTO: 1.777; TOTAL CIUDAD DE BS. AS.: 3759. 140 Resolución 2989/0: “ …LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES R E S U E L V E : 1) Recomendar a la Subsecretaría de Control Comunal del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, disponga controles sobre las Lavanderías Industriales mencionadas en la presente (cuyos domicilios se detallan a continuación) a fin de determinar si se han subsanado las irregularidades detectadas dando así cumplimiento a la Ley nº 1727, e informe a esta Defensoría del Pueblo los resultados de los operativos: Ayacucho nº 1221-Matheu nº 220-Juncal nº 830-Avda. de los Constituyentes nº 6020--Avda. Gral. Fco. Fernández de la Cruz nº 4602—Avda. Corrientes nº 5535--Galicia nº 2041--Remedios de Escalada de San Martín nº 3520—Nicolás Repetto nº 2052-Avda. Directorio nº 5212/14--Agustín Magaldi nº 1568. 2) Recomendar a la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental, informe si las Lavanderías Industriales mencionadas en la presente cuentan con Certificado de Aptitud Ambiental. En caso contrario, indique medidas a tomar en cada establecimiento donde se verifique su carencia. 3) Fijar en 30 días el plazo previsto en el art. 36 de la Ley nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”. 141 La Reserva Ecológica es un Sitio Ramsar, y se encuentra incorporado a la lista de humedales de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, Ramsar 1972. 142 Resolución 3922/05, de fecha 30 de noviembre de 2005. 143 La falta de respuesta adecuada a las recomendaciones efectuadas por este organismo constitucional, así como el incumplimiento de la ley 2724 motivaron a esta Defensoría del Pueblo a constituirse como parte interesada en el juicio iniciado por la Asesoría Tutelar 1, del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Ejecutivo local. En el marco de dicha acción, el titular del Juzgado 2 ordenó al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) la realización de un estudio de suelo a fin de establecer los niveles de contaminación existentes en el predio. Este estudio se encuentra demorado en virtud de diversas presentaciones efectuadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 144 Resoluciones 1948/00, 2336/06, 0575/07, 1768/07 y 0990/08. 145 El estudio fue ordenado por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una medida autosatisfactiva promovida por el doctor Gustavo

166

Daniel Moreno, a cargo de la Asesoría Tutelar 1, de dicho fuero. 146 Actuación 539/08, fs. 28/43. 147 Según el Center for Disease Control (EEUU) se consideran valores referenciales aceptables en niños hasta 10 ug/dl. 148 Actuación 4520/07 y Resolución DPCABA 3050/07. 149 Resolución 1102/2004. Artículo 34.- Los tanques, cañerías conexas y/u otras instalaciones de combustibles e hidrocarburos que permanezcan fuera de servicio por un tiempo superior a los DOCE (12) meses, tendrán que ser cegados llenándolos con agua, previa eliminación del producto y certificación por empresa auditora habilitada. De ponerse nuevamente en servicio deberán efectuárseles las pruebas de hermeticidad y demás ensayos correspondientes debidamente certificados por empresa auditora habilitada por la SECRETARIA DE ENERGÍA. En caso que esta situación se mantuviera al vencimiento del período de vigencia de las pruebas de hermeticidad, o se decidiera la desafectación definitiva, o que la SECRETARIA DE ENERGÍA y/o cualquier otra autoridad jurisdiccional correspondiente disponga la inhabilitación definitiva de los mismos, deberán ser retirados o anulados de acuerdo con las normas del Decreto n° 2407 de fecha 15 de septiembre de 1983, cuyo cumplimiento deberá ser certificado por empresa auditora habilitada quien deberá comunicar lo actuado al municipio de la jurisdicción correspondiente. 150 ORDENANZA 33788/1977 - PROHÍBESE EL EMPLAZAMIENTO DE SURTIDORES EN LA VÍA PÚBLICA AD 630.114 - ESTACIÓN DE SERVICIO AD 630.144 - DE LAS INSTALACIONES PARA INFLAMABLES AD 799.1- DECRETO NACIONAL 2407/1983 - NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL EXPENDIO DE COMBUSTIBLE POR SURTIDOR AD 799.7- RESOLUCIÓN NACIONAL ENARGAS 93/1994 - EXPENDIO DE COMBUSTIBLE POR SURTIDOR RESOLUCIÓN 404/1994 - SECRETARÍA DE ENERGÍA - COMBUSTIBLES - DISPOSICIONES GENERALES. 151 Ordenanza 49936/95 “Artículo 1º: Revócase toda autorización conferida por el departamento ejecutivo para la construcción de una estación de servicio en la esquina sita en Av. Independencia y la calle Bolívar Nº 808/814, identificado como parcela 5b, Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 30, por carecer de medidas mínimas exigidas en la Ordenanza Nº 45.198 (B.M. 19.131) y Decreto Municipal Nº 2.016/92 (B.M. 19.352) de fechas 18/09/91 y 24/08/92 respectivamente, normativa vigente con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del particular (10/11/92) y al visado de uso conforme (01/12/92). Artículo 2º: Prohíbese otorgar la habilitación para operar como estación de servicio a la obra que se lleva a cabo en el inmueble comprendido en el Artículo 1º. Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo instruirá a los organismos bajo su dependencia para disponer la clausura de la obra mencionada y para la adopción de todos los recaudos administrativos y en su caso, judiciales, tendientes a asegurar la plena vigencia de las normas de orden público citadas, dictadas por este Cuerpo y por el propio Departamento Ejecutivo, dando asimismo cumplimiento a la presente Ordenanza en el término de cinco días, contados a partir de su vigencia. Artículo 4º: Comuníquese, etc.”. 152 Ordenanza 45198/91 “Artículo 1° - Incorpórase el numeral 20 en las Referencias Generales correspondientes a los Cuadros 5.2.1. y 5.2.1.b. del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto: ‘20: sólo se permite el uso en Avenidas, una única localización por manzana, y en predio de esquina’. Artículo 2° - Modifícanse las condiciones de localización para el rubro “Estación de Servicio” en el Distrito R2, del Cuadro de Usos 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano (AD 610.21), de la siguiente manera:

167

Distrito R2a y R2b, con numeral 20 de Referencias Generales. Distrito C1: no permitido. Artículo 3º - Modifícase el texto de la observación 19 que figura a continuación del rubro ‘Estación de Servicio’ del cuadro mencionado en el artículo 1º, que quedará redactado de la siguiente manera: ‘19: Los establecimientos a localizar en parcela de esquina tendrán un desarrollo mínimo sobre línea municipal de 30 m. En parcelas intermedias tendrán un desarrollo mínimo sobre línea municipal de 40 m. En dichos establecimientos se consideran como actividad complementaria la venta minorista de repuestos, lubricantes y aditivos envasados, así como el taller de reparación de automóviles (excluido chapa-pintura y rectificación de motores), que integre la unidad de uso. La superficie máxima a admitir para estas actividades será de 70 m2’. Artículo 4° - Los establecimientos habilitados como ‘Estación de Servicio’ en los distritos R2 y C1, mantendrán su condición de ‘Uso Conforme’, mientras perdure la titularidad de la habilitación. Artículo 5° - Comuníquese, etcétera”. 153 Ley 123, el artículo 40 define: “Los responsables de actividades, proyectos, programas o emprendimientos que se presumen como de Impacto Ambiental con relevante efecto que se encuentren en desarrollo, ejecución o funcionamiento al promulgarse la presente ley, deben presentar un Estudio Técnico de Impacto Ambiental elaborado de conformidad a lo indicado por el artículo 19 y en los plazos que determine el cronograma que establezca la autoridad de aplicación... El citado estudio estará acompañado de un Plan de Adecuación Ambiental, según las condiciones de tiempo, forma y publicidad que determine la autoridad de aplicación”. 154 Resolución 404/1994: “...b) ENSAYO DE DETECCIÓN DE PÉRDIDAS 0 ENSAYO DE HERMETICIDAD: Dicho ensayo deberá realizarse en cada uno de los tanques y líneas subterráneas que compone el SASH vinculado con la edad de la instalación y según se establece a continuación: EDAD DE LOS SASH Y FRECUENCIA DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD: De acuerdo a la edad de los SASH las pruebas de hermeticidad deberán realizarse observando los siguientes plazos: 1. Tanques nuevos, instalados y en servicio el último año anterior a la vigencia de la presente resolución y hasta CINCO (5) años de edad: un ensayo cada CINCO (5) años a contar desde la fecha de su instalación. 2. Más de CINCO (5) años y hasta DIEZ (10) años: un ensayo cada TRES (3) años. 3. Más de DIEZ (10) años: un ensayo cada DOS (2) años. Para todos aquellos SASH que cuenten con más de CINCO (5) años de edad será obligatorio realizar una prueba de hermeticidad antes del 31 de diciembre de 1996. En caso de aquellos titulares de instalaciones alcanzadas que aún no hubieren dado cumplimiento a lo establecido en la presente resolución, deberán informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES antes del 1° de mayo del año 1995, la fecha estimada para realizar la auditoría correspondiente. El resultado de estos ensayos deberá ser informado a la Autoridad de Aplicación...” 155 Actuación fs. 140 156 IA 2008, p. 92 y ss. 157 http://www.aysa.com.ar/index.php?id_seccion=69 158 Actuación 7813/06. Ubicada entre las calles Av. Castañares, Av. Carabobo, Lautaro, Zelarrayan 159 En la resolución 2285/03 de esta Defensoría del Pueblo, se realizaron diferentes recomendaciones, a saber: “...1) Recomendar al señor JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, doctor Aníbal Ibarra, arbitre las medidas necesarias a fin de dar cauce a la problemática básica y de salubridad, de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo, amén de los desembolsos del préstamo BID.

168

2) Recomendar a la SECRETARÍA DE SALUD y a la SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PLANEAMIENTO URBANO, que en un plazo perentorio proyecten e impulsen la realización, por sí o de manera conjunta con los organismos de salud involucrados (hospitales y centros asistenciales), de un relevamiento de impacto actualizado sobre la salud del núcleo poblacional lindante a la ribera de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo (en especial, menores de edad) de tóxicos ambientales, a los fines de determinar por medio de estudios especializados la presencia de casos de enfermedades y/o patologías cuyas causas generadoras guarden directa relación con la contaminación de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo y su área de influencia. 3) Recomendar a la SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PLANEAMIENTO URBANO, intime al COMITÉ EJECUTOR DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE MANEJO DE LA CUENCA HÍDRICA MATANZA RIACHUELO y a la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, presente las correspondientes Evaluaciones de Impacto Ambiental, de acuerdo a la Ley nº 123, respecto de las obras de saneamiento de la cuenca, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, art. 30...”. 160 Anexo I a la Resolución DPCABA 0268/06. 161 Misma resolución. 162 Actuación 2954/08 y resolución 01/09. 163 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Capítulo Segundo Límites y Recursos, artículo 8; Capítulo Cuarto - Ambiente, artículos 26 a 30 y Capítulo Tercero - Atribuciones y Deberes del Jefe de Gobierno, artículos 102 al 105. 164 Actuación 2649/08 fs 13/17. 165 Resolución 3384/09. 166 Actuación 383/08, fs. 2 a 4. 167 Resolución DPCABA 0605/08. 168 Ley 1854 Gestión integral de residuos sólidos urbanos. 169 Actuación 8825/07. 170 Not in my backyard. 171 Actuaciónes 6987/07 y 7708/07 172 Resolución DPCABA 213/08. 173 Actuación 132/08. 174 Actuación 223/05. 175 Hospital General de Infecciosas “Dr. Francisco Muñiz”. 176 Conf. Decreto Reglamentario 1886/01, articulo 4, de la Ciudad de Buenos Aires. 177 De acuerdo al capítulo I, artículo 1 de la ley 24051. 178 El Manifiesto Nacional consta de un original y cinco copias, siendo su emisión responsabilidad del Generador. El Generador o su autorizado (Transportista u Operador), previo a utilizar los Manifiestos para el transporte de los residuos, presenta los mismos ante la Unidad Residuos Peligrosos de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental. El original del mismo queda en poder de la Unidad, retirándose las cinco copias. Al momento de efectuarse el transporte, todas las copias deben estar firmadas por el Generador. La copia 1 queda en poder del Generador, firmada por el Transportista. La copia 2 queda en poder del Transportista, firmada por el Operador y el Generador. La copia 3 queda en poder del Operador, firmada por el Generador y el Transportista. La copia 4 debe ser remitida por el Operador al Generador y la copia 5 es remitida por el Operador a la Unidad Residuos Peligrosos, la cual estará firmada por todos los intervinientes, es decir: Generador, Transportista y Operador, cerrando así el circuito de manifiesto. Este mecanismo diseñado por la ley 24051 pretende asegurar la trazabilidad del residuo desde su generación hasta su destrucción o disposición final. 179 Artículo 8 del Anexo I del Decreto Reglamentario 1886 de la ley. 180 Global Position System.

169

Resolución DPCABA 2240/05. Artículo 42.- Sanciones. Los infractores a la presente ley serán sancionados de acuerdo a lo dispuesto en el Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 24.051 en todo aquello no previsto por el citado código (ley 154). 183 La responsabilidad primaria de la Dirección General de Control se centra en elaborar planes tácticos de control de la calidad ambiental de la Ciudad y fiscalizar y controlar los mismos. Por otra parte, la dirección ejerce el poder de policía mediante la aplicación de normas respectivas en materia de calidad ambiental, contaminación, higiene y salubridad. http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/apra/institucional/misiones. php?menu_id=32253 184 Actuación 3517/06, Resolución DPCABA 1835/06. 185 Actuación 3517/06, Resolución DPCABA 1835/06. 186 Actuación 7508/06. Resolución DPCABA 4050/06. Resolución DPCABA 2158/08. 187 Resolución 1731/08 con fecha 12 de mayo de 2008 (fs. 45, 46) - actuación 7145/06. 188 Las audiencias involucraron la consideración de la ejecución de obras en los siguientes cruces bajo nivel: calle Esteban Bonorino con vías del ex Ferrocarril General Manuel Belgrano Sur, Av. Mosconi con vías del ex Ferrocarril General Urquiza, Av. Punta Arenas con vías del ex Ferrocarril General Urquiza, Av. Dorrego con vías del ex Ferrocarril General San Martín, Av. Warnes con vías del ex Ferrocarril General San Martín, calle Crisólogo Larralde con vías del ex Ferrocarril General Bartolomé Mitre, calle Manuela Pedraza con vías del ex Ferrocarril General Bartolomé Mitre, calle Olazábal y Av. Monroe con vías del ex Ferrocarril General Bartolomé Mitre. 189 Actuaciones 7145/06, 7508/06, 7544/07 y 8170/07. Resolución 2108/08. 190 Actuación 4233/08. Resolución 4175/08. 191 Capítulo Cuarto del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -artículos 4.12.1.5 y 4.12.1.6- se establece como mecanismo de coordinación, entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina, el envío de una copia de planos de la instalación de prevención contra incendio y documentación técnica a la Superintendencia Federal de Bomberos por parte del área correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 192 Resolución 3331/07, se resolvía: “...1) Recomendar al Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: a) arbitre las acciones necesarias para exigir y comprobar la aprobación final de las “instalaciones contra incendio” de los grandes centros comerciales y paseos de compras, shoppings, hipermercados, complejos cinematográficos, salas de teatro, como así también los restantes “locales de masiva concurrencia” existentes en esta Ciudad; b) se establezcan los mecanismos necesarios para dar estricto cumplimiento de los arts. 4.12.1.5 y 4.12.1.6 del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Capítulo 4.12 - Prevención Contra Incendio-. 2) Poner en conocimiento de la presente Resolución al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...”. 193 Actuación 4784/07. Resolución DPCABA 4178/08. 194 195 Resolución 2250/08. 196 Superficie resultante de la consideración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus 203 km2 y los 43 municipios de la Provincia de Buenos Aires. 197 Ley 25031 ENTE Coordinador del Transporte Metropolitano ECOTAM, artículo 2º establece un área de influencia de 43 municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 181 182

170

Tal se ha dado en llamar a la disputa comercial por los recorridos, sin atender la demanda real. 199 “Transporte Automotor de Pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires -En el marco de la Región Metropolitana”. Segunda parte, pág.17/33. 198

Notas especiales Capítulo 7 i DUDH Preámbulo “… considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;…”, Artículo 3º.-  Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. ii DADDH Artículo XI. - Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales. Artículo XXVIII. - Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático. Artículo XXIX. - Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad. iii CADH, Artículos 4ª 1. Toda persona tiene el derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la Ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.2..., Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. iv PIDESC: Preámbulo… reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos;…” Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Artículo. 5. - 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en é1. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado… Artículo 11. - 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. v Protocolo de “San Salvador”: Preámbulo: …Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en

171

anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales,…” “Artículo 1. Derecho a un Medio Ambiente Sano. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. vi CARTA ONU. COOPERACIÓN INTERNACIONAL ECONÓMICA Y SOCIAL. Artículo 55.- Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. Artículo 56. Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55. vii Ratificado por la República Argentina el 18 de enero de 1990. En la actualidad se encuentra en vigor en 196 estados, habiendo alcanzado el total de ratificaciones estatales a nivel universal. Su objetivo primordial es proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono. El Convenio de Viena insta a la cooperación intergubernamental en la investigación científica y observación sistemática de la capa de ozono, la vigilancia de la producción de CFC y el intercambio de información. Aunque en el Convenio no figura compromiso alguno en cuanto a la adopción de medidas para reducir la producción o el consumo de CFC, no obstante, el Convenio de Viena fue un hito importante: las naciones acordaron en principio hacer frente a un problema ambiental mundial antes de que se sintiesen sus efectos o se demostrase científicamente su existencia, probablemente, el primer ejemplo de aceptación del “principio de precaución” en una negociación internacional importante. También se negoció en el marco del presente Convenio el importante Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. El Convenio de Viena continúa proporcionando orientación sobre la vigilancia, calibración y archivo de mediciones del ozono estratosférico y troposférico y su perfil vertical, las radiaciones UV-B, y otros oligoelementos atmosféricos de especies y aerosoles. También proporciona orientación sobre las actividades de investigación afines que son esenciales para comprender el problema del agotamiento de la capa de ozono así como las interacciones entre la capa de ozono y el clima. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente P. O. Box 30552, Nairobi, Kenya. Tel: (254 2) 62 3850 Fax: (254 2) 62 3913/62 3601- http://www.unep.org/ozone - http://www.unep. ch/ozone. viii Protocolo de Montreal. Ratificado por la Argentina el 18 de septiembre de 1990. Alcanzó el máximo de ratificaciones: 196 estados. El Protocolo de Montreal prevé medidas de control que se imponen a la producción y el consumo de sustancias destructoras del ozono (SDO). En el artículo 2 del acuerdo se definen calendarios de eliminación para las diversas categorías de SDO. Esos calendarios se han ido acortando progresivamente en los acuerdos alcanzados en Londres (1990), Copenhague (1992), Viena (1995), Montreal (1997) y Beijing (1999). De conformidad con esos calendarios, el grueso de SDO, incluidas todas las sustan-

172

cias especificadas en el Protocolo original de 1987, se eliminaron por completo en los países industrializados a fines de 1995. Se prevé que la eliminación total de las restantes categorías tendrá lugar en 2002 (bromoclorometano), 2005 (metilbromuro) y 2030 (HCFC). Regula un grupo de sustancias identificadas por su potencial de agotamiento de la capa de ozono y establece para cada una un cronograma de reducción del consumo y la producción hasta su eventual eliminación. Dichos cronogramas están diferenciados según se trate de países desarrollados y economías en transición (art. 2) o de países en desarrollo (art. 5), desarrollados y economías en transición (art. 2) o de países en desarrollo (art. 5). El Protocolo (PM) fue enmendado en cuatro oportunidades: - Londres (1990): introduce controles al consumo y producción de otros CFC completamente halogenados, CTC y MC; crea el Fondo Multilateral. Actualmente 193 ratificaciones. - Copenhague (1992): controles al consumo de HCFC y al consumo y producción de HBFC y BM. Actualmente 190 ratificaciones - Montreal (1997): obligación de establecer sistemas de licencias para el consumo y la producción de las sustancias controladas. Actualmente 177 tarificaciones. - Beijing (1999): controles a la producción de HCFC y al consumo y producción de Bromoclorometano. Obligación de informar cantidad de SAO utilizadas para cuarentena y preembarque (QPS). Actualmente tene 158 ratificaciones. ix Entró en vigor para la República Argentina el 9 de junio de 1994. x Entró en vigor para la República Argentina el 28-09-2001. xi Diversidad Biológica. Entró en vigor para la República Argentina en 1994. Su objetivo es la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. xii Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. Entró en vigor para la República Argentina el 11 de septiembre de 2004. xiii Desertificación. En la actualidad ratificada por 193 Estados. Entró en vigor para Argentina el 6 de abril de 1997. xiv La Convención de Ramsar, de 1971 establece el compromiso de sus países miembros para mantener las características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planificar el “uso racional”, o uso sostenible, de todos los humedales situados en sus territorios. Entró en vigor en 1975. En la actualidad tiene 158 Estados Partes. Los humedales declarados internacionalmente cubren una superficie total de 183.678.350 hectáreas. La Argentina es parte desde el 11 de septiembre de 1992. Declaró en total 18 sitios Ramsar. (5.315.376 ha.). xv Entró en vigor el 5 de mayo de 1992. La Argentina es parte desde el 27 de junio de 1991. Actualmente son Partes 172 estados. El Convenio de Basilea regula estrictamente el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las Partes para el manejo ambientalmente racional de los mismos, particularmente su disposición. El régimen que establece es la respuesta de la comunidad internacional a los problemas causados por la producción mundial anual de 400 millones de toneladas de desechos peligrosos para el hombre o para el ambiente debido a su características tóxicas/ecotóxicas, venenosas, explosivas, corrosivas, inflamables o infecciosas. xvi El texto del Convenio de Rotterdam fue adoptado el 10 de septiembre de 1998 por una Conferencia de Plenipotenciarios en Rotterdam, Países Bajos. El Convenio entró en vigor el 24 de febrero de 2004. La Argentina lo ratificó el 11 Junio de 2004. El Convenio se aplica a plaguicidas y productos químicos industriales que han sido prohibidos o rigurosamente restringidos por razones sanitarias o ambien-

173

tales por las Partes y que han sido notificados por las Partes para su inclusión en el procedimiento de CFP. El Convenio crea obligaciones jurídicamente vinculantes para la aplicación del procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (CFP). Se basa en el procedimiento de CFP voluntario ya existente, aplicado por el PNUMA y la FAO en 1989. Sus objetivos son promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños; y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes. xvii Convenio de Estocolmo. Entró en vigor el 17 de mayo de 2004. Actualmente son Parte 166 Estados. Argentina ratificó el 25 de enero de 2005. xviii Ley General del Ambiente N° 25.675. Artículo 1-La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Artículo 3-La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta. Principios de la política ambiental. La política ambiental argentina estará sujeta al cumplimiento de los siguientes principios: de congruencia, de prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad y de cooperación.

174

La Ciudad en números Población total: 3.042.581 (1.403.522 varones, 1.639.059 mujeres) Superficie total: 203,2 km2. Densidad: 14.973 habitantes/km2.

Distribución porcentual de la población según tipo de vivienda % 27,8 67 5,2

Tipo de vivienda Casa Departamento Vivienda precaria*

* Inquilinato, un conventillo, un hotel o pensión, una construcción no destinada a vivienda, un rancho o una casilla.

Distribución porcentual de hogares y población por condición de pobreza % 90,3 9,7 1,6

Hogares No hacinados Hacinados* Con hacinamiento crítico

* En las Comunas 4 y 8 (de la zona sur), los hogares hacinados superan al promedio de la Ciudad, con el 19 y el 24,4 % respectivamente. Las Comunas más afectadas son la 4, la 3 y la 1, con porcentajes muy por encima del promeido de la Ciudad (5,1%). En la Comuna 4, el porcentaje de viviendas precarias asciende a 13,7. Por otro lado, en las Comunas 11, 2 y 6 este indicador no supera el 1,4 %

Máximo nivel de instrucción alcanzado por la población mayor de 25 años que reside en la Ciudad (Encuesta Anual de Hogares 2008) Hasta Primario Primario Incompleto Completo 4,7 % 14,9 %

Secundario Incompleto 11,6 %

Secundario Superior Completo Incompleto 20,6 % 17,8 %

Superior Completo / Posgrado Incompleto 30,4 %

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2008.

175

Colección Diagnósticos

La colección Diagnósticos está compuesta de cinco núcleos temáticos, a saber: 1)La vida y su calidad: Abarca el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación y a un ambiente sano. 2)La democracia y sus libertades: Abarca los derechos políticos y de participación, el derecho a la igualdad, la diversidad y la no discriminación, el derecho de acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión y a la cultura y el derecho al espacio público. 3)El sistema de justicia: Abarca el derecho a acceder a la justicia y el derecho a la integridad, libertad y seguridad. 4)Los grupos vulnerables: Abarca a quienes sufren las secuelas de la última dictadura militar, los excombatientes de la Guerra de Malvinas, la infancia privada de familia, la tercera edad, los discapacitados, los indigentes, los migrantes y refugiados y las víctimas de la trata de personas. 5)Los derechos difusos: Abarca el derecho a los servicios públicos y los derechos de consumidores, usuarios y administrados.

Próximo fascículo: El Derecho al Trabajo


Diagnósticos 5: El Derecho a un Ambiente Sano