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6 de junio. Elecciones generales de la CUT

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Culminó este 31 de enero la primera etapa del proceso de elecciones de la CUT, las que se celebrarán el próximo 6 de junio. La entrega por parte de los sindicatos del censo electoral, base sobre la cual se realizarán estas elecciones de carácter universal y directo, únicas en América y tan solo existentes en tres países del mundo.

El movimiento sindical y la reforma a las pensiones / 14 y 15 Domingo Tovar, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT: Lo primero es que el Estado debe proteger a la vejez con un sistema pensional digno. Y la reforma que presentó el Gobierno no logra ese objetivo.

Canción social y humana / 27 Graduada con honores de la prestigiosa Berklee College of Music luego de recibir la beca “Best Achievement”, la cantaautora colombiana Marta Gómez ha desarrollado una carrera artística que la posiciona como una de las compositoras e intérpretes más destacadas de la actual escena musical internacional.

Nº 101 Valor $500

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Bogotá, Colombia Febrero de 2013

En defensa de lo público / 2 Unión Sindical Obrera. 90 años de historia / 3 Drummond no es como la pintan / 6 Luces y sombras en educación / 7 Escuela de género y derechos humanos / 8 Comunicados de la CUT / 10 y 11 En la Clínica San Rafael / 12 Sábado de seminarios / 12 Atropellos de la empresa Fortox / 13 Carta abierta al Consejo de Estado / 16 Pliego estatal nacional / 17 Era mejor el ISS / 18 Declaración de secretarios de salud / 19 Creado sindicato en Homecenter / 23 Goleada de Correa / 25

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opinión

Nº 101, febrero de 2013

En defensa de lo público ción de la salud y 142 sobre privatización de los servicios públicos con las consecuencias ya conocidas hoy.

Guillermo Antonio Cardona M.

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Licenciado en Economía Política. Expresidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal

Hoy el Estado colombiano le está entregando a este gran capital internacional el control de los páramos y de las aguas, paralelamente con las licencias de explotación minera que destruyen las aguas y la vida; es decir, ya el objetivo del Estado colombiano no es preservar el bienestar y la integridad de su pueblo sino preservar la inversión segura y la ganancia al gran capital, a cuyo particular servicio está otro gran bien público creado por el Estado como es la fuerza pública, cuya prioridad no es tanto garantizar la seguridad ciudadana sino la seguridad de la inversión extranjera.

o público es lo de todos, es aquello que puede ser usufructuado por todos los seres vivos sin que nadie en particular se pueda apropiar de ello; es mucho más que la propiedad privada, que la propiedad comunitaria e inclusive que la propiedad estatal siendo un concepto tan amplio que ni siquiera admite la definición de propiedad sino de bien. Son bienes públicos el aire, el agua, el espacio. Durante un largo período de la humanidad las tierras eran bienes públicos que cada quien usufructuaba, por ejemplo en las comunidades indígenas para el pastoreo y la vivienda, pero nadie era propietario, cada quien usaba lo que necesitaba para su supervivencia digna mas no para la acumulación. Durante la mayor parte de la historia humana todos los bienes que proporciona la naturaleza para la supervivencia fueron públicos. Una razón fundamental de ser del Estado original republicano, liberal y democrático fue garantizar la primacía de lo público, tanto que diferentes tratadistas dicen hoy que el propio Estado debe ser uno de los bienes públicos más importantes, y en efecto es un concepto con mucha fuerza en la sociología y en el derecho. Dentro del concepto de Estado del Bienestar, es deber del Estado garantizar a todas las personas el acceso a los bienes públicos vitales como agua, luz, vivienda, salud, educación, empleo y protección a la economía interna de cada país, es decir, la razón del ser del Estado es garantizar la supervivencia digna de las personas; fue un concepto que predominó para Colombia y el mundo después de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta mediados de 1980; bajo este concepto los servicios públicos y sociales eran un derecho ciudadano que debía garantizar el Estado a todas las personas a costos de producción a quienes tuvieran con qué pagar y subsidiados a quienes no; a mediados de los ochenta aparece en Inglaterra con la Tacher y en Estados Unidos con Reagan el concepto del Estado neoliberal, es decir que ya la razón de ser del Estado no es garantizar la prevalencia de lo público para todos ni el pleno acceso de todas las personas a los bienes vitales para supervivir sino que, por el contrario, la razón de ser del Estado es garantizar al capital la propiedad y rentabilidad sobre todos estos bienes públicos, los que toda persona debe pagar si quiere acceder a ellos. Es a partir de entonces, con los gobiernos de Barco y César Gaviria que aparecen las privatizaciones masivas de las empresas de servicios públicos, luego de las empresas de seguridad social; desaparece

la banca de fomento o de apoyo al productor y a la industria nacional, pues quien quiera recursos de la banca debe pagar las tasas de interés del mercado según el modelo; aparece la apertura económica o libre ingreso sin pago de impuestos de productos extranjeros quebrando al sector productivo nacional. Bajo este concepto neoliberal, al contrario del Estado de Bienestar, los servicios públicos y sociales deben ser buen negocio para el gran capital nacional e internacional para cuyos intereses aparecen las leyes 50 sobre flexibilización laboral, 100 sobre privatiza-

Un Estado que persigue a los campesinos en las zonas rurales cuando se oponen a que las ultimaciones con su minería a gran escala destruyan los bosques y las aguas, o con las explotaciones de la sísmica en la exploración petrolera fracturen la tierra acabando con las fuentes de agua, convirtiendo millones de hectáreas ricas y productivas en desiertos. Un bien público en su origen, como es el Estado, está destinado a proteger el interés del gran capital nacional e internacional contra sus propios conciudadanos y unos servicios públicos y sociales que debieran ser garantizados como derechos a todas las personas con o sin pago de tarifas, según sus posibilidades, son por el contrario los mejores negocios.

Por eso hoy un propósito nacional de la población debe ser recuperar lo público para el interés de todos, arrebatándolo de las manos del gran capital nacional e internacional y de sus mafias en el poder, no es una lucha fácil pero la debemos continuar como en otras etapas de la humanidad; esa es la razón de ser de la Asamblea Permanente por la Defensa de lo Público; es una lucha que debemos fortalecer desde la base ciudadana en momentos en que el Estado la ha abandonado; •• Porque los servicios públicos sean un derecho bajo el control ciudadano y no un lucrativo negocio de particulares. •• Porque el ambiente y la vida primen sobre la explotación minera indiscriminada del territorio nacional. •• Porque los servicios sociales sean un derecho bajo el control de usuarios y profesionales y no lucrativo negocio y fuente de corrupción. •• Porque el Estado defienda los intereses públicos y la soberanía nacional y no siga siendo un simple instrumento de las multinacionales y de la corrupción. •• Por la ejecución de los recursos públicos a partir de las mejores propuestas ciudadanas y no con los amigos de los gobernantes. •• Por la plena vigencia de la planeación participativa y de los presupuestos participativos como estrategias para definir los grandes asuntos públicos.

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Las elecciones de la CUT Miguel Ángel Delgado R.

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Anotemos, entonces, que el 31 de enero se produjo un importante aumento del número de afiliados. Esto puede ser normal y positivo y obedece al deseo de dirigentes y sindicatos por participar de la vida y orientación de la Central, a la que consideran la más combativa y acertada del país. También refleja la tendencia, que hemos venido destacando como principal en nuestro trabajo organizativo, de los trabajadores por organizarse en sindicatos para resistir la explotación y expoliación. Ello no nos puede alarmar, lo que sí llama la atención es que este fenómeno debe obedecer a movimientos reales y comprobables de la acción de trabajadores y no a deseos de obtener ventajas electorales transitorias. El trajinar diario y el conocimiento de la vida de los trabajadores nos dan el termómetro ideal para medir esta temperatura organizativa. Ni gato por liebre, ni exclusión de sectores de trabajadores, formales o no formales, que desean vincularse a la Central, como herramienta de defensa de sus intereses y aportar al desarrollo de la Central y el sindicalismo. El tema de los informales deberá ser manejado con sapiencia, su número (58% de la población económicamente activa, PEA, 30% de ellos vendedores ambulantes), sus luchas por el derecho al trabajo y lo que representan en nuestra sociedad así lo amerita. La otra gran dificultad de este esquema electoral es el alcanzar la mayor y real participación de los afiliados. El nivel de conciencia y de aceptación de la labor sindical es, sin duda, el mejor aliciente para esta meta. La propaganda institucional y la labor en este sentido, tanto de los sindicatos como de los candidatos, son clave. A más de las reglas de juego (son para todos) hay que insistir en la

Unión Sindical Obrera

90 años de historia en la lucha por la soberanía nacional Parlamentaria Andina / www.gloriaflorez.com Info@gloriaflorez.com

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ulminó este 31 de enero la primera etapa del proceso de elecciones de la CUT, las que se celebrarán el próximo 6 de junio. La entrega por parte de los sindicatos del censo electoral, base sobre la cual se realizarán estas elecciones de carácter universal y directo, únicas en América y tan solo existentes en tres países del mundo.

Mucho hemos discutido sobre el punto desde que decidimos optar por este sistema electoral, que varios en su momento consideramos inconveniente, pero que hoy todos aceptamos como el más democrático y vinculante, pese a sus dificultades y falencias. Es, precisamente, sobre estas falencias y sobre lo trascendental de estas elecciones que opinaremos en esta nota.

opinión

Gloria Flórez Schneider

Fiscal CUT Bogotá Cundinamarca

La depuración de este censo, su confrontación con el pago de la cuota sindical, la aceptación de nuevas afiliaciones de sindicatos a la Central, la aprobación por parte de la Junta Nacional (que se realizará el 14 y 15 de marzo) del censo final y de las reglas del juego para estas elecciones, la campaña electoral y las votaciones serán las fases siguientes.

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opinión

vigilancia del proceso electoral. La CUT deberá hacer un esfuerzo para que la Registraduría u otra entidad externa (MOE) fiscalicen, con la mayor amplitud posible, los comicios. Este debe reforzar y apoyar nuestro propios controles. El gran ejemplo de este ejercicio lo ha dado, durante numerosas ocasiones, a nivel de Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores, ADE, el sindicato más grande del país, donde sus 23.000 afiliados, en jornadas alegres y masivas, eligen de manera transparente a sus directivas. Por supuesto que las condiciones de la mayoría de sindicatos no son las mismas de la ADE, pero lo que estamos señalando aquí es una conducta óptima dentro de un proceso, la cual debemos asimilar dentro de nuestras reales condiciones. Son trascendentales para el país, para los trabajadores, para el sindicalismo y para la Central estas elecciones. Atravesamos un período de persecución, muerte y aniquilamiento organizativo. El capitalismo salvaje se ensañó contra el movimiento sindical. En su necesidad de reducir al máximo posible el costo de la fuerza de trabajo y las garantías sociales y sindicales, los gobiernos de las potencias y las grandes multinacionales del mundo arrinconan a los sindicatos. En Colombia esto fue especialmente grave, pues a lo anterior hay que agregar el grado de violencia que los actores ilegales, en especial el narcotráfico y el paramilitarismo, ejercieron contra el movimiento sindical. Esto ha causado el consecuente desorden y desorientación internos, que ayudan a la debilidad en la correlación de fuerzas. Pero hay tendencias positivas, el entorno de corrientes democráticas mundiales, los gobiernos progresistas de Latinoamérica y otras latitudes (los ‘vientos del sur’) y la lucha denodada de los proletarios y trabajadores, están marcando que esta debilidad se puede revertir. También en nuestra patria esto influye. Con algunos de estos elementos, menos o más marcados, y la presencia de fenómenos emergentes, como la imparable tendencia a organizarse de miles y miles de trabajadores, y el legítimo y alcanzable deseo de la paz política, en nuestra nación no solo podemos, sino que tenemos el deber de alterar, a favor del trabajo, las condiciones materiales políticas y organizativas, que nos permitan escalar nuevas dimensiones en la lucha por la soberanía política y la autodeterminación económica. Si los dirigentes actuales y los candidatos en la CUT entendemos estos dos elementos y desarrollamos estas elecciones, primero en el marco de la nitidez y la honradez, y segundo en la aspiración de avanzar en el quehacer político, sindical y organizativo, estaremos aportado un caudal de riqueza espiritual a nuestra causa.

a Unión Sindical Obrera, USO, sindicato de la industria del petróleo en Colombia, se apresta a cumplir 90 años. Como parlamentaria, defensora de derechos humanos y amiga en tantas luchas por la soberanía y los derechos humanos de los trabajadores, quiero acompañarles en esta merecida celebración, que adquiere aún más importancia en el contexto de este país concesionado en millones de hectáreas a las grandes compañías multinacionales mineras y petroleras. Las múltiples historias de valor, dignidad y compromiso con los trabajadores y con el país que ha tejido la USO en estos 90 años merece ser contada y conocida por todos a lo largo y ancho del país. La USO desde su origen, contra viento y marea, ha estado ligada a la lucha por la soberanía nacional, a la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, su defensa y consolidación como patrimonio de todos los colombianos y colombianas; al diseño de un política petrolera autónoma, a la defensa de los derechos de los trabajadores y de los pobladores de las regiones petroleras, a la movilización popular, a la construcción de iniciativas de paz. Sin lugar a duda este carácter multifacético asumido por el sindicato, ha sido un camino difícil y doloroso: el asesinato de numerosos líderes, como el carismático Manuel Gustavo Chacón hace justamente 25 años y cuyo crimen permanece aún en la impunidad, y el de decenas de otros, como Aury Sara, presidente de la USO Cartagena; el desplazamiento y exilio de miles de trabajadores afiliados, el secuestro, la amenaza, la difamación, la criminalización e inmersa en ella hasta ¡la clonación de testigos en su contra!, que la opinión nacional conoció gracias a la valerosa denuncia de Eduardo Umaña Mendoza, en tiempos de la tristemente célebre justicia sin rostro. ¡Pese a todo la USO vive!, y avanza, pasando de ser el sindicato de la empresa petrolera Ecopetrol a ser el sindicato de industria del petróleo. Consiente además de los desafíos del siglo XXI en un sector estratégico como el petróleo y en una región clave para el suministro, como América Latina, la USO ha asumido la formación y fortalecimiento de nuevos liderazgos a través la Corporación Aury Sara, resultado de su trabajo de articulación con sindicatos de otras latitudes.

Los 90 años de historia de lucha de la USO, hacen parte integral de la historia de Colombia, desde los años 20 con Raúl Eduardo Mahecha, María Cano, Tomás Uribe y Torres Giraldo, pasando por el rol protagónico de los trabajadores petroleros en los 10 días de Poder Popular en Barrancabermeja, luego del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, hasta las luchas de las ultimas décadas por el respeto a la soberanía, el patrimonio de la nación, el derecho de asociación y el ejercicio de la actividad sindical. Esta historia debe ser recuperada en un proceso de memoria histórica de las luchas sociales en Colombia para ser conocida por los niños y niñas de nuestro país, por los pobladores de las regiones concesionadas a las multinacionales, por los trabajadores y por todos los colombianos. Su aporte en la construcción de la patria soberana, justa y en paz que soñamos ha sido significativo. El mejor homenaje con los obreros y dirigentes de la USO y con su historia de lucha es acompañarlos en el ejercicio de recuperación de su memoria histórica, otorgando el debido reconocimiento a los hombres y mujeres que entregaron su vida por una Colombia soberana. Es rodearlos de plenas garantías para fortalecer el sindicato y para que ninguna empresa multinacional, en ningún rincón del territorio colombiano, se sienta con el derecho de impedir el ingreso de sus dirigentes y la afiliación de sus trabajadores. Que sea esta una ocasión más para expresarles mi gratitud y para felicitarlos por su inclaudicable compromiso con la vida y la paz de Colombia. ¡La USO es también patrimonio de todos los colombianos!

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sindicales

Nº 101, febrero de 2013

Bavaria aceptó negociar convención colectiva con sus sindicatos

¡Por fin!

Agencia de Información Laboral

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29 de enero de 2013

ras 9 meses de negativa de Bavaria a reconocer sus sindicatos y eludir la negociación del pliego de peticiones presentado por estos, y tras 9 años de persistir en un pacto colectivo como única fórmula de relación laboral con sus trabajadores, la multinacional cervecera por fin aceptó iniciar el proceso de negociación de una nueva convención colectiva, que si todo sale como se espera deberá comenzar, a más tardar, el próximo 11 de marzo. En efecto, los sindicatos Sinaltrainbec (de industria) y Sintraceba (de empresa en la planta de Barranquilla) firmaron con Bavaria un acta de acuerdo por el cual esta se compromete a reconocer a las dos organizaciones sindicales y a iniciar la negociación del pliego de peticiones que estas presentaron desde el 29 de mayo del año pasado; el mismo que, mediante marrullas jurídicas y una sistemática hostilidad y persecución hacia los trabajadores sindicalizados, la cervecera se había negado a negociar. La negociación se adelantará tanto en Bavaria S.A. como en la Cervecería del Valle, empresa que tiene razón social distinta pero que también es de propiedad de la multinacional sudafricana SabMiller. Se hará simultáneamente en ambas pero a partir de pliegos separados. Actualmente en sus plantas de Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Duitama y Tocancipá, Bavaria tiene cerca de 5 mil trabajadores con contratación directa y más de 6 mil enganchados por empresas contratistas, es decir tercerizados.

La OIT, clave en el acuerdo Según el fiscal de la CUT, Fabio Arias, quien acompañó todo el proceso en representación de esta central sindical, el logro de los trabajadores en la principal empresa de bebidas del país fue fruto de la persistente lucha y movilización de Sinaltrainbec y Sintraceba, organizaciones que pudieron resistir las provocaciones y persecución por parte de la empresa. Pero también a la presión internacional, especialmente de la OIT. “El informe de la Alta Misión de la OIT que visitó el país a principios de 2011 se convirtió en un elemento que presionaba a Bavaria a acoger el punto de que hay que privilegiar la negociación colectiva con las organizaciones sindicales y no el pacto colectivo”, agregó el

directivo de la CUT, quien recordó que desde el 2004, año en que Bavaria dejó de pertenecer al Grupo Santodomingo y pasó a ser propiedad de SabMiller, la empresa canaliza sus relaciones laborales a través de un pacto colectivo. Precisamente un punto del pliego petitorio que se va a negociar incluye el desmonte progresivo de este pacto colectivo. El acompañamiento de la OIT se dio a través de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (Cetcoit), organismo este que desde hace 4 años funciona en Colombia con la misión de intermediar para que empresarios y trabajadores apelen al diálogo social como mecanismo para preservar las libertades sindicales. El acta de acuerdo se firmó el pasado 21 de enero en el Ministerio de Trabajo, donde, a parte de los representantes de los sindicatos y la empresa, estuvieron presentes delegados de la CUT, la Andi y la Cetcoit. Todas las partes acordaron hacer respetar los principios de la libertad sindical y la negociación colectiva consagrados en los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT. Es de destacar que en la comisión mediadora de la Cetcoit participó Carmen Moreno, directora regional de la OIT para el Área Andina, lo que da una idea de la importancia de este acuerdo. Y también estuvo presente como observadora Nancy Laos Cáceres, ministra de Trabajo del Perú, interesada en conocer la experiencia del Cetcoit en Colombia.

Desistimiento de demandas y querellas El 29 de enero se programó una reunión para elaborar la lista de querellas, demandas laborales, denuncias penales y tutelas que en desarrollo del conflicto instauraron tanto la empresa como los sindicatos, las cuales deberán ser objeto de desistimiento completo por ambas partes, incluida el tema de la multa que el Ministerio de Trabajo le impuso a Bavaria por su negativa a negociar los pliegos petitorios presentados por los sindicatos, consistente en 5 salarios mínimos mensuales por cada día de demora de la negociación. El 11 de febrero, en sesión especial de la Cetcoit, se verificará si la lista de querellas y demandas fue ya objeto de desistimiento y si se han cumplido las otras condiciones acordadas, para así empezar a contar 30 días e iniciar la negociación de la convención colectiva, que inicialmente beneficiará a los 500 trabajadores sindicalizados de Bavaria. Carlos Ortiz, presidente de Sinaltrainbec, calificó el acuerdo como un importante paso

en aras de solucionar el conflicto laboral que desde hace 9 meses se vive en Bavaria. Señaló que el pliego que se va a negociar será el mismo que presentaron en mayo del año pasado, con unas pocas modificaciones.

asociado. Y en el tema de los trabajadores tercerizados, hay un punto que dice que las actividades habituales y misionales de la empresa se desarrollen con trabajadores directos”.

Al respecto el dirigente sindical señaló: “En líneas generales se trata de recuperar casi en su totalidad lo que había en la convención colectiva que el desaparecido sindicato Sintrabavaria tenía firmada con la empresa hace 11 años, y contempla aumento de salarios, ascensos, auxilios y préstamos educativos, de vivienda y recreación. También que se les paguen primas extralegales a los trabajadores que ingresaron desde el 2004, ya que el pacto colectivo no contempla ese pago; y que se les reconozca antigüedad a algunos obreros que laboraron con la cervecería Leona y por cooperativas de trabajo

El dirigente sindical señaló que una tarea importante es buscar el crecimiento de la membrecía del sindicato, que los trabajadores pierdan el temor afiliarse ahora que el camino parece más despejado, con la meta de que a mediano futuro el sindicato sea mayoritario en Bavaria. Informó que la próxima semana se realizará en Cali una asamblea nacional de delegados de las distintas seccionales, con el fin de convalidar el proceso de aprobación del pliego de peticiones y poner en marcha un plan de afiliaciones en todas las plantas del país. Con igual propósito Sintraceba hará otra asamblea en Barranquilla.

Sindicalización de trabajadores estadounidenses llega a su nivel más bajo en 76 años

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ifras recientes muestran que el porcentaje de trabajadores estadounidenses sindicalizados alcanzó su punto más bajo en 76 años. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, en el año 2012, el 11,3% de trabajadores estadounidenses pertenecía a un sindicato, cifra menor que el 11,8% registrado el año anterior. La cifra total de trabajadores sindicalizados cayó en unos 400.000 aunque la tasa promedio de empleo aumentó en 2,4 millones. La membrecía de los sindicatos se ha visto

perjudicada además en los últimos años por legislaciones estatales como las restricciones de los derechos de negociación colectiva de Wisconsin y las llamadas leyes de “derecho al trabajo” de Indiana y Michigan. En un comunicado, la central sindical AFL-CIO sostuvo: “Mujeres y hombres trabajadores necesitan con urgencia una voz en sus trabajos, pero la triste realidad es que se ha tornado más difícil que puedan tenerla”. (Nota de Álvaro Rodríguez Soto del “Colectivo Pedagógico y Sindical Ariadna").

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sindicales

En la CNTV el gobierno asalta los principios de igualdad y confianza legítima de gobierno, jefe de Estado, y suprema autoridad administrativa, y su Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, y su Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic, Diego Molano Vega, tendrán que explicarle a la Organización Internacional del Trabajo, porqué no dieron un trato igual a los trabajadores del DAS, a los servidores públicos sindicalizados de Sintracntv, que fueron específicamente protegidos por las mismas normas: el artículo 20 de la Ley 1507 de 2012 y el parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011.

Juan Carlos Garzón Barreto

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Docente universitario / Presidente de Sintracntv

n el marco del proceso de liquidación de la Comisión Nacional de Televisión, el Congreso de la República expidió la Ley 1507 de 2012, la cual definió la distribución de competencias de la Cntv entre otras entidades del Estado, principalmente de la rama ejecutiva del poder público que, de ahora en adelante, tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y el control de los servicios de televisión. Así las funciones de la Comisión Nacional de Televisión, Cntv, se distribuyeron entre la Autoridad Nacional de Televisión, Antv; la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC; y otras entidades que encabeza el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic, como la Agencia Nacional del Espectro, ANE, y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC. En razón a que las funciones de Estado que cumplía la Cntv no desaparecieron sino que fueron distribuidas entre otras entidades del Estado, el Congreso de la República, en materia de protección laboral integral de los trabajadores de la Cntv, dispuso en el artículo 20 de la Ley 1507 de 2012 que: “Los servidores públicos de la Comisión Nacional de Televisión-En Liquidación, deberán ser amparados bajo las normas legales laborales vigentes. Los funcionarios de carrera administrativa y provisionales, recibirán el tratamiento que se establece en el parágrafo 3° del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 y decretos reglamentarios” De igual manera, la Ley 1444 de 2011, entre otras, empleada en la reciente liquidación del DAS, dispuso en materia de protección de los servidores públicos de la Cntv: “Esta ley garantiza la protección integral de los derechos laborales de las personas vinculadas a las distintas entidades del Estado reestructuradas, liquidadas, escindidas, fusionadas o suprimidas. Si fuese estrictamente necesaria la supresión de cargos, los afectados serán reubicados o reincorporados, de conformidad con las leyes vigentes”. No obstante que el artículo 20 de la Ley 1507 de 2012, estableció que: “El régimen de liquidación [de la Cntv], será el determinado por el Decreto-Ley 254 de 2000 y las normas que lo modifiquen o adicionen, salvo lo que fuera incompatible con la presente ley”. El Liquidador de la Cntv, designado por el mismísimo Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, mediante el Decreto 774 de 2012, despidió a todos los trabajadores de la Cntv, sin considerar tanto la protección legal que les dio a los funcionarios la Ley 1507 de 2012, como el hecho de que estos

Esta es una abierta vulneración a los principios de igualdad en la aplicación e interpretación de las normas y un asalto al principio de la confianza legítima. Para completar el atropello a las normas internacionales del trabajo, el liquidador de la Cntv, Reynel Fernando Bedoya Rodríguez, servidores públicos –actualmente– gozan del fuero sindical circunstancial, por cuanto el pliego de peticiones de Sintracntv, conforme el artículo 5 del Decreto 535 de 2009, se encuentra sin solución en segunda instancia ante el Gobierno Nacional, particularmente, el Ministerio del Trabajo. Estas acciones y omisiones de los funcionarios subalternos del gobierno de Juan Manuel Santos, a la luz del bloque de constitucionalidad, constituyen una abierta violación a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente, los Convenios 87, 98, 151 y 154, relacionados con los derechos de asociación y negociación colectiva en el sector público. Actuaciones por las que deberá responder el Estado de Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En el caso de los servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad, en aplicación de la misma protección legal establecida en el parágrafo 3° del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, el presidente Santos, en cumplimiento de sus funciones establecidas en el artículo 189 de la Constitución Política, entre otros, expidió el Decreto Ley 4057 del 31 de octubre de 2011, el Decreto 4064 del 31 de octubre de 2011, y recientemente, el Decreto 068 del 21 de enero de 2013; normas todas estas encaminadas a establecer las equivalencias entre la nomenclatura y clasificación de empleos de las entidad suprimida –DAS–, y las nuevas entidades creadas o receptoras de los funcionarios provenientes de las empresa liquidada. Con fundamento en estas mismas normas, tales funcionarios del DAS, fueron incorporados en forma directa en las entidades que asumieron las funciones del organismo desaparecido. Así las cosas, el Presidente de Colombia, quien conforme el artículo 189 de la Constitución Política, cumple funciones como jefe

designado por el presidente Santos recientemente, y con los recursos públicos del sector de la televisión, celebró el Contrato Público 069 de 2012, en cuya ejecución, se adelanta actualmente la extinción y aniquilamiento de la organización Sindical Sintracntv. ¿El Estado de Colombia emplea los recursos públicos de todos los colombianos para eliminar sindicatos? Por fortuna para los asociados del sindicato de trabajadores de la Cntv, y de las tecnologías de la información, la televisión y las comunicaciones, Sintracntv, los artículos 4º y 8º del Convenio 87 de la OIT, establecen que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa, y que la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el Convenio 87.

Comunicado de Prensa

En ETB se inicia negociación del pliego de peticiones Andrea Monsalve Triana

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Jefe de Prensa Sindicato de Sintrateléfonos

racias a los múltiples esfuerzos realizados por el Sindicato de ETB (Sintrateléfonos), al apoyo de los trabajadores de ETB, y de los diversos sectores políticos, sociales y sindicales; se suscribió el acta de garantías que dará inicio a la etapa de arreglo directo de la negociación del pliego de peticiones presentando desde diciembre de 2012 por la organización sindical. En la tarde de este pasado viernes, las comisiones negociadoras de Sintrateléfonos y ETB se reunieron y acordaron el texto del acta de garantías, la cual se firmó parcialmente por algunos de los negociadores asistentes a la sesión de ayer, esto debido a que el numeroso grupo negociador de ETB no se encontraba presente en su totalidad, por lo que se hizo el compromiso de completar la firma del acta con todos los negociadores para el lunes 25 de febrero, cuando se oficializará el inicio del proceso, que se extenderá hasta el 16 de marzo de 2013. Sintrateléfonos ratifica que en la mesa de negociación sólo se discutirán los puntos del pliego de peticiones, el cual busca el fortalecimiento de ETB como patrimonio público, la defensa de los derechos ciudadanos de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

(TIC), la reivindicación del derecho al trabajo digno y las justas conquistas para los trabajadores. Cabe anotar que congresistas de la República, concejales de Bogotá, organizaciones sindicales nacionales y extranjeras, así como el movimiento social de todo el país, han reconocido que el pliego de peticiones de Sintrateléfonos es un documento de avanzada en el sindicalismo colombiano y un referente para los trabajadores del Distrito. Por ello, Sintrateléfonos y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) liderarán la gran movilización por el trabajo digno en el Distrito el próximo 7 de marzo de 2013, en la que también se exigirá que Claro le pague a ETB la deuda de 200 mil millones de pesos y la asignación directa del espectro para los operadores públicos. La Comisión Negociadora de Sintrateléfonos considera que la firma del acta de garantías para el inicio de la etapa de arreglo directo de la negociación del pliego de peticiones es un importante avance para las partes, teniendo en cuenta los diversos condicionamientos efectuados por ETB para iniciar el proceso; por lo que agradece el apoyo recibido por parte de los trabajadores de ETB, de los diferentes sectores políticos, de las organizaciones sociales y sindicales; a quienes convoca a continuar rodeando a la organización sindical, ya que su acompañamiento y veeduría son muy valiosos para poder culminar exitosamente el proceso en beneficio de ETB, de la ciudadanía y de los trabajadores.

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cerrejón

Drummond no es como la pintan... es peor Mario Alejandro Valencia

Intransigencia de Carbones del Cerrejón dificulta negociación

Analista de Cedetrabajo. Miembro de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Reclame.

Sintracarbón

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A

rummond se encuentra en el ojo del huracán por su presunta responsabilidad en el vertimiento de más de 500 toneladas de carbón en la costa de Santa Marta. Sin embargo, tristemente, esto no es lo peor que ha hecho Drummond en el país. Si algún texto de administración quisiera tener un estudio de caso sobre las cosas que no debe hacer una empresa, tendría que tomar el caso de la multinacional estadounidense. Desde su llegada al país en 1988, no existe una sola actuación de Drummond que no haya estado acompañada de cuestionamientos: quejas de la comunidad, protestas laborales, hallazgos fiscales y hasta demandas penales por su presunta participación en la financiación de asesinatos a sindicalistas, conforman el enorme prontuario de la compañía del estado de Alabama. El contrato 078 de 1988, que le permite a la empresa operar en Colombia, sufrió 5 modificaciones para 1994, sin haber extraído un gramo de carbón. Entre otras cosas, dicho contrato le impide al Estado incidir sobre los costos de transporte del carbón desde la mina hasta el puerto, los cuales son descontados del pago de las regalías. Este es quizás uno de los puntos más polémicos de la relación entre la empresa y la nación: en teoría, Colombia participa en un porcentaje de las ganancias de Drummond, pero esta se encuentra atada al “costo presuntivo” del transporte que define la propia empresa. Para su cálculo se determinó un trazado inicial de 465 kilómetros, con 6 movimientos de cargue y descargue hasta Ciénaga, para lo cual se estimó un costo – hasta 6 millones de toneladas– de 13.305 dólares. Sin embargo, cuando Drummond entró en operación el trazado que realmente se realizó tenía una distancia de 193 kilómetros, con 4 movimientos de cargue y descargue, que inexplicablemente pasó a costar 17.508 dólares. Significa que la “ganancia presuntiva” de la empresa en el contrato quedó definida con una pérdida de 3,55 dólares por tonelada, aunque en realidad sus ganancias sean multimillonarias. Por esta situación, el Estado nunca ha participado de las ganancias. Para colmo, el contrato establece que la concesión de la mina La Loma va hasta el año 2019 pero la concesión del tren va hasta el 2021, permitiéndole tener el control del transporte del carbón aun cuando el contrato haya vencido. Otro aspecto de la relación contractual entre Drummond y la nación tiene que ver con lo ambiental: Drummond está obligada a restablecer “la tierra afectada por las operaciones mineras”. Quiere decir que su responsabili-

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dad se limita solamente a “la tierra afectada”, no a su afectación sobre el subsuelo, las aguas superficiales y subterráneas, el aire, la vegetación, la fauna, la morfología paisajística y la estabilidad geotécnica. Aún hay más: según la Contraloría General de la República, entre 1995 y 2007 Drummond recibió beneficios fiscales por 919.896 millones de pesos, representando el 76% de los 1,2 billones que el Estado recibió por regalías. También entre 2005 y 2010, el concepto jurídico de la Dian de permitir deducir las regalías en el impuesto sobre la renta le significó a Drummond 657.591 millones de pesos de ganancias adicionales. Por si fuera poco, la exención a los impuestos en la compra de gasolina en zonas de frontera, que benefició a Prodeco, Cerrejón y Drummond, le representaron a esta última 452.000 millones de pesos en ganancias, con los cuales se habrían podido tanquear 167.000 vehículos mensualmente por un año. Mientras esto ocurría, los colombianos pagamos una de las tarifas de gasolina más altas del mundo. Solo para el año 2010 el costo fiscal de los regalos del gobierno a Drummond costó 218.694 millones de pesos. ¡Mejor imposible! La respuesta de Drummond a semejantes cortesías por cuenta de los bolsillos colombianos, fue vender el 20% de su operación a la japonesa Itochu por 1.523 millones de dólares, la que según Colombia Punto Medio “se llevó a cabo en un paraíso fiscal”, por lo cual no tuvo que pagar un solo dólar en impuestos a Colombia. Como así le paga el diablo a quien bien le sirve, no contento con esto Drummond ha instaurado 36 demandas ante el Consejo de Estado contra instituciones estatales, todas relacionadas con temas económicos. Solo falta que, ante la decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Drummond demande nuevamente al Estado por obstaculizar su actividad económica. Finalmente, así es como funciona la Locomotora Minero-Energética de Santos. ¿A alguien le queda alguna duda de su propósito?

La Mina, 17/02/13

las 4:30 de la tarde del domingo 17 de febrero, los seis miembros de la Comisión Negociadora de Sintracarbón que esperaban en las instalaciones de la Mina la reanudación de conversaciones con Carbones del Cerrejón fueron sorprendidos con un comunicado entregado a los medios de comunicación, y que nunca llegó a los negociadores, en el que Cerrejón anunciaba “la suspensión” de las conversaciones iniciadas el viernes 15 a instancias del Gobierno Nacional, a través del doctor José Noé Ríos, viceministro de Trabajo. En cumplimiento de su voluntad de llegar a una Convención Colectiva de Trabajo justa y responsable mediante la negociación directa de dos partes que por principio están comprometidas con mantener a Cerrejón como una de las carboneras más importantes del mundo, Sintracarbón ha acudido a todas las instancias de diálogo a que ha sido llamada y ha demostrado profundo respeto por su contraparte en este proceso. Nunca, entiéndase bien, la ha dejado con la palabra en la boca. Dados los términos en que se trabajó en la tarde del viernes, durante el día sábado y por media hora el domingo, Sintracarbón entiende que los representantes de la empresa se molestaron porque esta Comisión no se allanó a negociar los términos de la Ley para abrir paso a un tribunal de arbitramento u otra salida negociada. Creemos en nuestra empresa, creemos en Carbones del Cerrejón Limited y ofrecemos nuestra trayectoria responsable: estas son circunstancias más que suficientes para que las partes nos dispongamos a acordar nuestras diferencias y tener una convención colectiva de trabajo construida por quienes sí conocemos la compañía. Sintracarbón representa a 3.709 trabajadores sindicalizados que trabajan para Carbones del Cerrejón Limited. De ellos, 3.182 participaron de la votación decisoria y 3.079, equivalente al 96,76%, de los votantes, optó por la huelga y la sigue respaldando con su constante presencia en las quince carpas, siempre uniformados y muchas veces acompañados de sus familias. Así ratifican al país su compromiso con hacer de Cerrejón un modelo de minería responsable con los trabajadores directos y sus familias, los trabajadores tercerizados, La Guajira y el país. Estos trabajadores aspiran a un acuerdo que responda a sus expectativas en atención en salud; a una convención colectiva en la que la Empresa acepte que los 700 trabajadores enfermos por silicosis, envenenamiento de la sangre con plomo e hidrocarburos y por lesiones osteo-musculares severas, adquirieron

estas patologías en sus puestos de trabajo y que los aliviados necesitan la protección en riesgos laborales propios de quienes laboran con materiales como el carbón. En las carpas, los trabajadores reclaman participación en la definición del escalafón laboral y el derecho a aspirar a un ascenso, que se les limita rápidamente. Igualmente reclaman la formalización de los tercerizados que comparten sus labores y que aquellos que no sean formalizados tengan ingresos de por lo menos dos salarios mínimos, ajustados a las condiciones y exigencias de su trabajo. Las peticiones se hacen a una compañía que el año pasado tuvo ganancias absolutas por 1,5 billones de pesos, que tiene expectativas porque el precio de la tonelada de carbón de este año se sitúe en un rango de 90 a 95 dólares (según dictamen de la Agencia Internacional de Energía y el Deutsche Bank) y a la que la convención colectiva de trabajo hoy solo le cuesta el 6,5 % de sus ingresos. Los obreros de Cerrejón buscan que sus hijos puedan tener una educación de calidad, así no tenga los costos que la compañía ofrece a los hijos de sus empleados administrativos; también confían en mantener un nivel de ingresos que sea acorde con su condición como una de las fuerzas laborales más productivas de Colombia, como fue demostrado en 2011, cuando por cada peso invertido en un trabajador, Cerrejón recibió 14,7 pesos en producto y 8,9 pesos en valor agregado. Sintracarbón tiene una historia de 31 años de disposición al diálogo y la negociación directa de sus conflictos. Hasta ahora, ha encontrado en la compañía un interlocutor respetuoso de sus posturas y posiciones y confía en que el desagradable incidente de este domingo sea un episodio olvidable de la historia de buenas relaciones laborales en la compañía. En el marco de ley, con pleno respeto por la legislación que nos protege, con agradecimiento con el Ministerio de Trabajo, que de manera incansable ha puesto sus buenos oficios en esta mediación, Sintracarbón sigue abierto a la negociación y sentada en la mesa por el bien de Colombia, La Guajira, los trabajadores de la empresa y esta organización.

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educación

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Luces y sombras en educación y los retos del magisterio su incorporación a la planta en propiedad, y peticionando su destinación prioritariamente para primaria, preescolar y especial en educación física y artística, segunda lengua, tecnología e informática, como también, los requeridos por la educación media especializada y en la orientación escolar.

Miguel Ángel Pardo Romero Magister en Historia y licenciado en Ciencias Sociales. Expresidente y actual Fiscal de la Asociación Distrital de Educadores, ADE. Exdelegado del magisterio de Bogotá a la Junta Distrital de Educación y al Comité Distrital de Capacitación Docente. Candidato al Comité Ejecutivo de Fecode en las elecciones del 6 de junio de 2013. Correo y face: miguep2011@ gmail.com, twiteer: miguep_ade, página www. renovacionmagisterial.org.

En el conjunto de las sombras sigue estando el tema de la jornada extendida, única o de 40 horas semanales. Tal como lo afirmamos en las discusiones sobre Plan de Desarrollo Distrital en el Cabildo Laboral realizado en abril pasado, continua siendo evidente “…la falta de consistencia en materia pedagógica, de infraestructura, de recursos, de matrícula escolar y confusa en cuanto a derechos laborales y salariales. También porque sigue desconociendo la autonomía, la democracia y el gobierno escolar”.

E

l año pasado terminó en Bogotá con un pulso entre los intereses generales y los particulares, entre los monopolios y la defensa de patrimonio público, en asuntos vitales para la ciudad como es la recolección de basuras, pleito que está relacionado con el eje vital de la política respecto al agua. En el terreno de las comunicaciones, la nueva ofensiva del monopolio Claro por adjudicarse la licitación, quebrar la ETB y avasallar la soberanía nacional en un campo estratégico como las telecomunicaciones y el espectro electromagnético. Este pulso también ha tenido su expresión en educación, mediante la decisión de la SED de no prorrogar una significativa parte de los convenios con colegios particulares. Tal como lo había denunciado la ADE, quedó demostrado que no se necesitaban o no cumplen con los requisitos, lo que significa, plantas físicas deterioradas, hacinamiento y/o docentes no titulados, sometidos a deplorables condiciones laborales. Pulso que terminó garantizando el retorno a los colegios oficiales de la ciudad de 23.000 de 26.000 alumnos. La ADE ha rechazado con contundencia las amenazas de las que han sido objeto rectores, directores locales de educación y funcionarios de la SED por adelantar las inspecciones y priorizar la matrícula en los colegios públicos; a la vez que, hacemos un vehemente llamado a la comunidad a no dejarse utilizar por los dueños de los mencionados colegios en la realización de “protestas” por “el derecho a la educación”, en virtud de que los colegios oficiales cuentan con cupos, edificios dignos para la labor pedagógica, docentes licenciados y posgraduados, alimentación y bienestar escolar para sus hijos. La ADE debe declarar el estado de alerta en defensa de lo público en educación. A la vez que compartimos la urgente necesidad de continuar las inspecciones a los colegios de convenio, y la reorientación del presupuesto asignado a estos al fortalecimiento de la educación pública. En el resto de temas claves de la política educativa de la ciudad y del Plan Sectorial de Educación, la ADE resalta luces y sombras. En el conjunto de las luces, además de

avanzar en la no prórroga de los injustificados convenios, resaltamos el destino del presupuesto distrital principalmente a inversión social y el significativo aumento en billones de pesos a niñez y educación, fortaleciendo las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación, como lo son la gratuidad, la alimentación el bienestar escolar, el reforzamiento, terminación y construcción de plantas físicas y los equipamientos necesarios para la labor pedagógica. Un avance significativo está en la aceptación del planteamiento de la ADE por parte de la Administración Distrital en escolarizar los niños de 3 y 4 años en los colegios oficiales. En dignificación de la profesión docente, merece capítulo especial la concreción de planteamientos de la ADE, reflejado en el incremento del presupuesto de formación docente en tres veces y media, aumentando de 16.000 a 53.000 millones de pesos para el próximo cuatrienio, fortaleciendo principalmente el programa de financiación de especializaciones, maestrías y doctorados, iniciado en 2007 mediante convocatorias públicas. El Idep aportará 5.860 millones de pesos en 2013, cuyo mayor porcentaje se destinará al desarrollo de los procesos de innovación pedagógica e investigación La formación docente se fortalece aún más con la expedición de la Resolución 2898 del 30 de noviembre de 2012 que reglamenta las comisiones de estudio, avanzando en los procedimientos para su otorgamiento y extendiendo el derecho a que sean remuneradas para los colegas regidos por el Decreto 1278 de 2002 y, en la mayoría de los programas de formación, para los docentes provisionales y en período de prueba. Asunto de mayúscula importancia es el anuncio en la formalización laboral de trabajadores administrativos y el aumento en más de 8.000 maestros con recursos propios. Frente a lo cual, la ADE seguirá defendiendo

Con respecto a la propuesta de grado 12, reiteramos que “...la relación de la educación media y la superior pasa necesariamente por la universalización de la educación media especializada, como también, por un balance de los procesos de articulación

entre la educación media y superior y en la supresión de la mal llamada Alianza para la Educación Superior... y debe hacerse en el marco de la educación formal, precisando las prioridades de educación superior para Bogotá, el fortalecimiento y ampliación de la Universidad Distrital y de las instituciones oficiales de educación superior de la capital” Dos importantes aspectos a tratar sin mayor dilación. El primero es avanzar en la modificación de parámetros que garanticen un menor número de estudiantes por aula, haciendo uso de los argumentos pedagógicos y legales y de la autonomía territorial, en favor de ambientes escolares apropiados. El segundo, tiene que ver con las condiciones laborales del magisterio. Aunque la Secretaria de Educación Distrital ha planteado que las respetará, no sobra reiterar que la ADE no aceptará desmejora en la situación laboral ni salarial del magisterio y, por el contrario, insistirá en avanzar en su dignificación. * Artículo elaborado con base en el editorial de la ADE domingo 9 de diciembre de 2012

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derechos humanos

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Escuela de género, derechos humanos y nuevas masculinidades “Bertina Calderón Arias” •• A rticular el trabajo de las mujeres en el movimiento sindical, con el trabajo del movimiento social de mujeres en el país, con el fin de fortalecer las actividades a desarrollar, desde las diferentes organizaciones (incluida la Corporación Nacional de Teatro). •• Organizar y fortalecer las Secretarías de la Mujer en las organizaciones sindicales. •• O rganizar y fortalecer el Equipo de Trabajo del Departamento de la Mujer en la región. •• Posibilitar la reflexión sobre las masculinidades construidas desde la sociedad patriarcal, en la vía de de-construir los imaginarios individuales y colectivos y contribuir en el proceso de la igualdad entre los géneros.

Temáticas y jornadas Nivel Básico para las mujeres

Temas:

Equipo de Educación DD.HH. y Mujer

D

esde hace siete años, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, CUT, Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, instituyó la formación en Género y Derechos Humanos de las Mujeres, en cumplimiento de las conclusiones de los dos últimos congresos de la CUT, y como resultado de la necesidad de sensibilizar a mujeres y hombres del movimiento sindical sobre la histórica exclusión y discriminación de las mujeres en la sociedad. El proceso recorrido nos planteó varios retos, entre ellos, avanzar en la discusión sobre estos temas con los compañeros del sindicalismo colombiano; temas que a pesar de estar en cuestión en la CUT desde su creación, aún generan muchas prevenciones y resistencias. Pero a pesar de ello, quisimos asumir el reto y desde el 2012, resolvimos proyectar la escuela también para los hombres. La primera promoción de compañeros terminó en diciembre pasado con grandes satisfacciones. Avanzamos con los participantes en la sensibilización sobre los temas de género y en la comprensión de las causas y consecuencias de los más de cinco mil años de existencia del patriarcado y su afectación tanto en las mujeres como en los hombres. Y lo más importante, las reflexiones generadas en los compañeros sobre su pensar y actuar en la vida cotidiana y la necesidad de de-construir las prácticas impuestas por este sistema.

Este nuevo espacio de la escuela, nos llama no solo a cumplir con este reto que nos hemos planteado, sino es la oportunidad para los compañeros que aún se plantean resistencias en la discusión sobre este trabajo en el movimiento sindical. Por tanto, queremos compartir con los lectores y lectoras los objetivos de este proceso de formación y la invitación a que se vinculen a él.

Objetivos generales 1. Fomentar la participación y el empoderamiento de las mujeres en las organizaciones sindicales, sociales y políticas en Bogotá Cundinamarca. 2. Sensibilizar a hombres trabajadores sindicalistas en el tema de género y nuevas masculinidades, para que contribuyan a fortalecer procesos de cambio en la transversalidad de la perspectiva de género en los sindicatos.

Objetivos específicos •• S ensibilizar a las mujeres sobre su problemática específica y sobre la importancia de posicionar el tema de género en sus organizaciones. •• Elevar el nivel de cualificación y participación de las mujeres en las organizaciones sindicales, sociales y políticas, con el fin de fortalecer sus espacios de participación. •• Brindar elementos pedagógicos y metodológicos, para que se apropien de ellos y contribuyan a generar multiplicadoras en sus organizaciones.

1. Género y sensibilización de género. 2. Crecimiento personal: identidad, autoestima y autonomía. 3. Género y sindicalismo (movimientos sociales y movimiento social de mujeres). 4. Democracia, liderazgo y poder. 5. Género y derechos humanos (Historia y construcción). Nivel avanzado

Temas: 1. Género y comunicación.

2. Patriarcado, feminismos y nuevas masculinidades. 3. Género y teoría de género. 4. Género y sindicalismo. (Planeación y negociación). 5. Género y derechos humanos. (Instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales). 6. Instrumentos pedagógicos y metodológicos. Las jornadas de trabajo inician el 19 de febrero y culminan en diciembre, en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Género y nuevas masculinidades Espacio para los hombres

Temas: 1. El Patriarcado. 2. Género y teoría de género. 3. Género y sindicalismo. 4. Feminismos y masculinidades. 5. Género, democracia y poder. 6. Género y derechos humanos. 7. Género y comunicación. 8. Pedagogías y metodologías. Las jornadas de trabajo inician el 21 de febrero en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 M. Las invitamos y los invitamos a que asuman el reto con la CUT y participen en este espacio de formación. Bienvenidas y bienvenidos.

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mujer y género

¡8 de marzo, día internacional por los derechos de las mujeres!

Avances legislativos vs. retrocesos reales el literal 3 del artículo 12 del decreto reglamentario de la ley teletrabajo 0884 dice textualmente: “fomentará la posibilidad que las empresas adopten el contrato de teletrabajo, para las mujeres antes de entrar a licencia de maternidad y durante la etapa de lactancia, con el ánimo de flexibilizar el sistema y fomentar la equidad de género en el ámbito laboral”. ¿Dónde quedan las conquistas de la licencia de maternidad y la hora de lactancia? Evalúenlo ustedes.

July González Villadiego.

H

Dpto. de la Mujer CUT Bogotá Cundinamarca

istóricamente, muchas han sido las luchas que hemos librado las mujeres para ser sujetas de derechos. Luchas por los derechos civiles y políticos, que inicialmente estuvieron enfocadas en alcanzar el derecho de elegir y ser elegidas, el derecho de ser ciudadanas, que en Colombia solo se logró hasta 1954. Los resultados de estas batallas han incidido en avances legislativos, pero a la par, algunas políticas gubernamentales y la falta de voluntad política del gobierno, nos ha impuesto retrocesos en la práctica. Algunos ejemplos dan cuenta de esta realidad: desde 1994, el Ministerio de Trabajo prohibió a los patronos exigir la prueba de embarazo para el acceso de las mujeres al trabajo; sin embargo, 19 años después, en Colombia, no solo sigue vigente esta práctica, sino también, algunas empresas exigen la ligadura de trompas para contratar a las mujeres, todo esto ante la mirada indiferente de los entes del Ministerio Público encargados. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobó los Convenios 100 de 1951 y 111 de 1958 relativos a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres y sobre la discriminación respectivamente, ambos ratificados por Colombia; la Constitución Política en sus artículos 13 y 43 prohíbe la discriminación y la desigualdad. Contrastando esto con la realidad, las cifras establecidas según el Dane muestran que la realidad y la ley tienen una enorme brecha: en el último trimestre del 2012 la tasa global de participación, TGP, fue del 75,6% para los hombres, mientras que para las mujeres fue del 54,0%. La tasa de ocupación fue del 70,1% para los hombres y del 47,5% para las mujeres. El desempleo estuvo en el 12,1% para las mujeres y del 7,3% para los hombres. Si observamos estas cifras podemos concluir que tanto la discriminación como la desigualdad siguen tan vigentes como en el siglo pasado, a pesar de los avances en términos legislativos. Como una muestra de los retrocesos en el ejercicio de los derechos que nos plantean algunas leyes aprobadas, reseñamos el impacto real de la Ley 1496 de 2011 y su decreto reglamentario de la ley 1257 artículo 12, sobre igualdad salarial: según cifras del Dane, en el año 2011 la brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 17%; actualmente según la misma fuente, esta brecha se incrementó y pasó del 17% al 20,2% a finales del 2012. Distintas luchas femeninas antecedieron la vinculación de las mujeres al mercado labo-

Podríamos continuar señalando ejemplos sobre la realidad de las mujeres vs. los avances legislativos y no terminaríamos; lo único cierto es que en la medida que avanzamos con leyes que mejoran nuestra realidad desigual socialmente, tanto los mecanismos legales implementados desde el gobierno, como la

poca apropiación y falta de mecanismos de control, nos trasladan a una realidad distinta: exclusión social, aumento de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Esta radiografía nos plantea varios interrogantes: ¿Sigue vigente la lucha por los derechos laborales de las mujeres? ¿Es necesario que el sindicalismo haga propias las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras en sus peticiones? ¿Cuál es el compromiso real del gobierno colombiano frente a la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres? La realidad solo nos muestra que la lucha por los derechos de las mujeres continúa. Hagamos de este 8 de marzo, un día de lucha, de exigencia y de reivindicación.

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca ral; luchas que tuvieron costos importantes para las mujeres, incluso, hasta la vida misma. Tarea titánica para salir del espacio privado (hogar) a la producción, indistintamente de la histórica discriminación que la atraviesa. Sin embargo, el “compromiso” gubernamental frente a la igualdad de participación de las mujeres en el mundo laboral, deja mucho que decir: el primero de mayo del año anterior, el Presidente firmó el Decreto 0884 reglamentación de la Ley 1221 de 2008 sobre la nueva forma de vinculación laboral: el teletrabajo. El argumento fundamental es la posibilidad de que tanto mujeres como hombres y personas con alguna discapacidad puedan trabajar desde sus casas; con la particularidad de que supuestamente esta nueva forma de contratación “beneficiará” fundamentalmente a las mujeres, porque pueden realizar el trabajo productivo y a su vez atender el reproductivo; es decir, las labores del hogar y el cuidado de sus hijos e hijas. Tamaño adefesio para nosotras, por cuanto implica no solo enclaustrarnos nuevamente en el espacio privado, sino también tener que renunciar a derechos laborales adquiridos, asumir las consecuencias contra la salud producto del incremento del stress, invisibilizar la violencia doméstica y aumentar las ganancias de los patronos a costa del despojo de los pocos derechos que aún conservamos. Pero esto no termina allí. Observemos la contradicción que se presenta entre la Ley 1468 de 2011, sobre aumento de la licencia de maternidad a 14 semanas y el teletrabajo:

Héctor I. Bermúdez R. (Presidente); María Doris González (Vicepresidenta, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad Social); Carlos Arturo Rico Godoy (Segundo Vicepresidente, responsable Relaciones Internacionales); Manuel Téllez González (Secretario General); Miguel Ángel Delgado Rivera (Fiscal); José Meyer Álvarez (Departamento Tesorería y Finanzas), Winston Francisco Petro (Departamento de la Juventud y Menor Trabajador); Raúl Alfonso Soto Ariza (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos); Óscar Gustavo Penagos (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente); Alfonso Ahumada Barbosa (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva); July González Villadiego (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad); Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos); Alfredo Manchola Rojas (Departamento de Organización y Trabajadores Informales y Relaciones con Organizaciones Sociales); Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda); Fraydique Alexander Gaitán (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial).

Consejo Editorial Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Director del Departamento de Comunicaciones), Héctor I. Bermúdez R. (Presidente); Miguel Ángel Delgado (Fiscal), Óscar Penagos (Dept. Recursos Naturales y Medio Ambiente), Nohora Bulla (Dep. de Educación), Jorge E. Charry (asesor editorial).

Avenida Caracas Nº 44-54 Of. 402 Teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432 Bogotá D.C. Colombia Email: elperiodicocut@gmail.com cutsubdirectiva@hotmail.com ISSN: 1900-0898 Diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558. Caricaturas: Internet. Fotografías: Jorge Becerra, Manuel A. Mora, Manuel Téllez y tomadas de Internet. Asistencia editorial: Yolanda Rodríguez. Edición: 20.000 ejemplares. Tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones. Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

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cut

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COMUNICADOS CUT TLC con Corea es otro atentado a la industria colombiana

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pesar de que los hechos demuestran que Colombia es un perdedor neto en el libre comercio, el presidente Juan Manuel Santos y su gobierno insisten en acordar más Tratados de Libre Comercio, los cuales le darán el golpe de gracia al sector productivo agrario e industrial, con pésimas consecuencias para el empleo y el bienestar de los colombianos. Tras más de dos décadas de políticas de libre comercio la experiencia ha demostrado que en Colombia ellas significan el reemplazo de la producción y el trabajo nacional por el de los extranjeros, tanto en el sector agropecuario como en el industrial, que han sido avasallados por el gran poder de las trasnacionales y los enormes subsidios de la potencias económicas. Y esto ha ocurrido con un agravante: las exportaciones de Colombia que financian las mayores compras de bienes extranjeros no provienen del crecimiento de las ventas agrarias e industriales sino de los productos mineros, que se venden con muy poca transformación por parte del trabajo nacional, cuyas tasas de desempleo son las peores de América. Ningún país puede sobrevivir en buenas condiciones a una política económica que lo obliga a especializarse en minería, mientras le impone comprar en el extranjero casi todos los bienes industriales y una porción enorme de los agropecuarios. Como se sabe, el TLC con Corea del Sur es especialmente lesivo para los intereses nacionales. Las industrias automotriz, de autopartes, electrodomésticos, electrónica, petroquímica, textil y confecciones, que generan más de 165 mil empleos directos, serán empujadas hacia su ruina, porque tendrán que competir en desigualdad de condiciones con la poderosa industria surcoreana y los grandes subsidios oficiales de ese país. Y nadie puede demostrar, porque no es cierto, que las grandes pérdidas en la

industria serán compensadas con el aumento de las exportaciones agrícolas colombianas al mercado de Corea. Las economías más desarrolladas del mundo se encuentran en una crisis sin precedentes, que muestra el fracaso del libre comercio como manera de atender las necesidades de la humanidad. Y para enfrentar esa crisis, vienen recurriendo a cada vez más medidas proteccionistas, entre ellas la de depreciar sus monedas, lo cual nos significa a los colombianos la revaluación del peso y nos hace todavía más difícil competir. Mientras esto ocurre, el gobierno de Colombia desprotege el agro y la industria nacional, hecho que además de arruinar incontables empresas y generar más desempleo y pobreza en el país, lo sume en un mayor atraso científico y tecnológico. Las centrales sindicales de Colombia, unidas en torno a la defensa de la producción y el trabajo nacional, manifestamos nuestro total desacuerdo con la suscripción de un TLC con Corea del Sur. Exhortamos al Congreso de la República a no votar favorablemente la aprobación de dicho tratado. E invitamos a los trabajadores y a los empresarios, a los partidos políticos y a los colombianos sin excepciones, a que elevemos nuestro reclamo al gobierno nacional para que no ratifique un acuerdo en el que el país tiene demasiado que perder y nada para ganar. Bogotá, 18 de febrero de 2102 CUT: Domingo Tovar Arrieta (Presidente), Luis Alejandro Pedraza B. (Secretario General); CGT: Julio Roberto Gómez Esguerra (Presidente), Miryam Luz Triana (Secretaria General); CTC: Luis Miguel Morantes A. (Presidente), Rosa Elena Flerez Secretaria General); CPC: Orlando Restrepo (Presidente), Guillermo Portocarrero (Secretario General)

Nueva Convención Colectiva entre Sindicato Nacional de Trabajadores de Acerías Paz del Río y la brasilera Votarantim

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uego de haber resistido y confrontado la política antisindical de la multinacional Votarantim, empresa brasilera que adquirió la mayoría de las acciones de la metalúrgica y minera Acerías Paz del Río en Boyacá, el 14 de febrero en las horas de la madrugada se llegó al acuerdo sobre el Pliego de Peticiones que determinó la firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo. La multinacional brasilera, no obstante de haber renovado su contrato de extracción minera y producción metalúrgica por 25 años más con el Estado colombiano, se negaba radicalmente a la negociación del Pliego de Peticiones y ante la reacción del sindicato con mítines y protestas optó por iniciar el levantamiento de fuero de dirigentes sindicales, además de amenazar con un plan de retiro voluntario. La CUT y Sintra Acerías Paz del Río organizaron mítines de protesta en la embajada

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En ese contexto de lucha y ante la preocupante agonía de la red pública hospitalaria

Luego de las acciones precitadas se inició el proceso de negociación, se derrotó un contrapliego que planteaba la eliminación de 36 cláusulas de la convención, se pactaron incrementos salariales del 4,5% para el primer año de vigencia y el 4% para el segundo, además el incremento a primas especiales y bonos de auxilio para la totalidad de los trabajadores por la firma de la convención. Domingo Tovar (Presidente) Luis Alejandro Pedraza B. (Secretario General) Horacio Paba (Secretario de Conflictos)

La CUT condena y repudia el vil asesinato del maestro Leonardo García Morera

L

a Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, denuncia el asesinato del compañero Leonardo García Morera, docente de la Institución Educativa El Naranjal, sede Benjamín Agredo, corregimiento El Catre del municipio de Bolívar (Valle del Cauca) y afiliado al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutev. Los hechos sucedieron el 13 de febrero, Leonardo fue desaparecido en el municipio de Bolívar hacía el medio día, y en horas de la noche fue encontrado asesinado. La CUT llama a todas las organizaciones sindicales, sociales y populares a denunciar

28 de febrero movilización nacional por la salud nte la grave crisis que padece la salud en Colombia como resultado de la implementación de la Ley 100 de 1993 que impuso un modelo de exclusión y privatización y convirtió la salud en un negocio al servicio del enriquecimiento y la corrupción, amplios sectores de la población organizados en la Alianza Nacional Por un Nuevo Modelo de Salud, ANSA, hemos venido impulsando jornadas de movilización exigiendo, además, la aprobación de un proyecto de ley estatutaria que consolide la salud como un derecho humano fundamental.

del Brasil para exigir la intervención de ese gobierno y se requirió la intervención de la CUT del Brasil para que de forma solidaria exigiera el respeto al derecho de asociación y negociación en la multinacional de ese país.

y la desastrosa administración de los recursos por parte de las EPS, las entidades territoriales del país con sus secretarios de Salud al frente, han convocado la realización de grandes movilizaciones el 28 de febrero para exigir, entre otras medidas, que se unifique la unidad de pago de ambos regímenes y que todo el régimen subsidiado pase directamente a las administraciones territoriales.

universalidad y la calidad de los servicios, que garantice los derechos laborales y, ante todo, el derecho a la salud de toda la población colombiana.

Acciones como esta cuentan con todo el respaldo de nuestra Central CUT y alimentan la movilización social por un nuevo modelo que asuma la salud como un derecho humano, que elimine la intermediación financiera y las EPS, que garantice la

Domingo Tovar Arrieta (Presidente)

Por eso llamamos a nuestras filiales y a todas y todos nuestros afiliados a participar activamente en la gran movilización del 28 de febrero, seguir impulsando la lucha política y movilización social.

Luis Alejandro Pedraza (Secretario General) Witney Chávez Sánchez (Director Dpto. de Seguridad Social)

y rechazar estos hechos de violencia contra el derecho a la vida. Exigimos del gobierno nacional que se brinden las garantías para el ejercicio sindical docente y que cumpla con su obligación constitucional de preservar el derecho a la vida. Domingo Tovar (Presidente) Luis Alejandro Pedraza B. (Secretario General) Luis Alberto Vanegas Z. (Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad)

6 de junio

Elecciones generales de la

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COMUNICADOS CUT 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajo precario para las mujeres, más desigualdad Ante la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, la Central Unitaria de Trabajadores y el Departamento de la Mujer CUT, reclamamos al Estado colombiano, un verdadero compromiso para crear trabajo decente para las mujeres, teniendo en cuenta que su participación en el mundo laboral ha tenido un acelerado crecimiento, sin embargo, la capacidad de ofrecer empleos decentes no ha respondido a la proporción de esta inserción. En este sentido, la fuerza laboral de las mujeres se ha incrementado en Colombia en un 50%, especialmente en los sectores de baja productividad con bajos salarios, sin contrato y en condiciones desfavorables, todo ello conocido como trabajo precario. Destacamos que, con relación a la economía, el aumento de la participación de las mujeres en el mundo laboral no ha venido acompañada de políticas antidiscriminatorias necesarias que reduzcan las brechas existentes. Los derechos laborales relacionados con la maternidad y el cuido, siguen manteniendo bajos niveles, son muy pocas las mujeres que tienen acceso a un Trabajo Decente. Conmemoramos un nuevo 8 de marzo marcado por el protagonismo de la crisis económica y financiera que precarizan las condiciones de trabajo y su fuerte impacto en el desempleo, la celebración de tratados de libre comercio con países no asimétricos, que comprometen la situación económica del país y la política comercial con medidas laborales que recortan derechos y protección social a trabajadoras y trabajadores del país. Denunciamos unos pilares de crecimiento económico, con un mal desempeño en todos los espacios: el sector agrario, camina a media marcha, destacándose las caídas de aceite de palma y azúcar. La minería que es uno de

los pilares más fuertes del crecimiento en el país tampoco se salva, esta locomotora (vital para los ingresos del Gobierno) también sintió el rigor de la desaceleración. Su desempeño, del 0,5% en el tercer trimestre, obedeció a la menor producción de carbón y a las menores exportaciones de petróleo. Menores inversiones en las obras civiles con un fuerte decrecimiento en la construcción de obras del sector minero y de hidrocarburos, son pilares que venían empujando esta locomotora. La reforma tributaria que busca reducir los impuestos sobre el empleo y sustituirlos por impuestos a las utilidades de las empresas, demuestra como estos se transforman en impuestos a cargo de los trabajadores de clase media. Las empresas seguirán abonando lo mismo al fisco y dejarán de pagar 13,5 puntos porcentuales de su nómina, correspondientes al Sena, Icbf y salud de sus trabajadores.

Nuestras reivindicaciones El próximo 8 de marzo, las mujeres trabajadoras organizadas en el Departamento de la Mujer de la CUT, denunciamos la desigualdad de género en el mercado laboral que se hace patente en las mayores dificultades de las mujeres para acceder al empleo, con un desempleo femenino que alcanza ya el 23,3%, una brecha salarial en torno al 28%, mayor informalidad y tiempo parcial, segregación ocupacional, dificultades en la promoción, techo de cristal, menores prestaciones por desempleo y poco acceso de las mujeres a su pensión, por los bajos salarios y el alto desempleo en este sector. Las mujeres trabajadoras, nos hemos movilizado por todo el país para lograr que la negociación, las acciones de incidencia y el diálogo social, ubiquen nuestras agendas laborales en los escenarios de reivindicación hacia el trabajo decente para las mujeres trabajadoras.

La CTC condena el atentado contra sindicalistas El Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Colombia -CTC, condena y repudia el atentado que sufrieron su Presidente Luis Miguel Morantes Alfonso y Adolfo Devia Paz, Presidente de la Unión Sindical Emcali - USE, en la ciudad de Cali, cuando ejercían labores sindicales, el compañero Adolfo ha sufrido varios atentados incluyendo el asesinato de su hermano a mediados del 2012; El sindicato desde tiempo atrás viene presentando serias dificultades de violencia contra sus directivos. Este lamentable hecho se enmarca en la difícil situación que está viviendo el movimiento sindical, que no solo está enfrentando las

violaciones a los derechos sindicales, sino; al derecho a la vida, como lo sucedido hoy en Cali, que no tuvo consecuencias letales, gracias a la oportuna reacción de sus escoltas. Exigimos al gobierno nacional garantías para el ejercicio sindical y una verdadera protección a sindicalistas y dirigentes. Solicitamos a todas las organizaciones sindicales filiales, rechazar y denunciar todo acto de violencia que atente contra la libertad sindical. Comité Ejecutivo Rosa Elena Flórez G. Secretaria General

Hace parte de nuestras acciones de incidencia, de lobby parlamentario y de la participación activa en la campaña del 12 por 12; la expedición de la Ley 1595 del 27 de diciembre del año 2012, que ratifica el Convenio 189 complementado por una recomendación, para las y los trabajadores domésticos. Convenio adoptado hoy por 16 países, incluyendo a Colombia. El Departamento de la Mujer de la CUT, hará especial énfasis en esta fecha en la exigencia a las políticas de igualdad que deben favorecer la aplicación efectiva de la normativa igualitaria, tanto en el desarrollo de la Ley para la igualdad salarial, entre mujeres y hombres, que tiene como objeto: “…garantizar la igualdad salarial y de cualquier forma de retribución laboral entre mujeres y hombres, fijar los mecanismos que permitan que dicha igualdad sea real y efectiva tanto en el sector público como en el privado y establecer los lineamientos generales que permitan erradicar cualquier forma discriminatoria en materia de retribución laboral”, como la erradicación de la discriminación, definidas en la ley. Denunciamos las dificultades detectadas para solventar la adecuada aplicación de la Ley 1275 de no violencia contra la mujer y la aplicación de medidas para combatir la violencia contra las mujeres. Resulta imprescindible que se mantengan plenamente vigentes los contenidos de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo, en los mismos términos en que fue aprobada en el 2010 ya que su modificación supondría un paso atrás en el derecho de las mujeres a decidir. Alertamos sobre los riesgos de un retroceso legislativo, propuesto por el procurador Ordoñez, que supondría volver a una situación de desprotección e inseguridad jurídica, y exponiendo a un mayor riesgo la salud y la propia vida de las mujeres. La Central Unitaria de Trabajadores a través de su Departamento de la Mujer, quiere manifestar que los logros obtenidos en la Ley 1413 de 2010 sobre la economía del cuidado, es un avance significativo contra la discriminación histórica hacia las mujeres y la inclusión de la economía del cuidado conformada por el trabajo de hogar no remunerado en el sistema de cuentas nacionales, con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.

Proponemos: El 8 de marzo debe tener un enfoque para concebir una agenda en temas laborales. Es necesario que, entre las tres centrales, tengamos apuestas en estos temas en medio de la coyuntura laboral que vive el país, donde se destacan aspectos como los siguientes: 1. Una ley de economía del cuidado en implementación. Hoy es necesario recoger en el conjunto de las mujeres trabajadoras del país estrategias a seguir con esta ley.

2. La reglamentación de la ley de equidad salarial en trámite, es un tema de reglamentación que requiere un amplio conocimiento de la misma y un debate nacional por parte de las mujeres trabajadoras. 3. Presentación sobre el proceso de ratificación del convenio de trabajo doméstico de la OIT por Colombia y la defensa del trabajo decente de las y los trabajadores domésticos. 4. Actuar para exigir la formalización del empleo de las mujeres en el país, cuya participación en la informalidad es del 57,9%, la formación y promoción de las mujeres en las empresas, eliminar la segregación laboral, promover la salud laboral de las mujeres y combatir la violencia de género, el acoso sexual y el acoso laboral por razón de sexo. 5. Las políticas de acciones afirmativas para las mujeres en el mercado laboral como los beneficios que reciben los empresarios por contratar mujeres víctimas de violencias. Requieren de medidas concretas, para una especial atención a esta población. 6. Se realizarán paneles en todo el país, con el fin de posicionar y construir nuestra agenda laboral, para ello se propone la siguiente estructura metodológica: •• La participación de trabajadoras y trabajadores y de la población en su conjunto, en los distintos actos y manifestaciones que se celebran con motivo del 8 de marzo, para proponer la construcción de agenda sindical por el trabajo decente para las mujeres y reiterar nuestro compromiso con la consecución de los necesarios avances hacia una sociedad más igualitaria, justa y democrática. •• Valorar positivamente los logros de las luchas persistentes de las madres comunitarias que nos dan como avance el reconocimiento de 28 años de lucha de las madres, lograr su propuesta reivindicativa de obtener el salario mínimo legal vigente y ser reconocidas como trabajadoras. •• Presentación de la coyuntura laboral desde los temas planteados anteriormente, profundizando en cada uno de ellos acerca de sus avances y posibilidades de actuación sindical. •• Identificación de cómo se ven afectados por estos temas los sectores económicos y las mujeres específicamente. •• Construcción de una propuesta de agenda sindical en estos y otros temas relacionados con los derechos laborales de las mujeres. •• Organizar mítines, movilizaciones y tomas en cada una de las ciudades principales, divulgando nuestra situación laboral mediante la entrega de volantes.

Departamento de la Mujer - CUT Domingo Tovar (Presidente) Luis Alejandro Pedraza B. (Secretario General) Ligia Inés Alzate Arias Directora (Departamento de la Mujer)

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En la Clínica San Rafael Asintraf, informa a la opinión pública la situación que se vive en la institución: 1. En marzo de 2012 se creó el Sindicato de Trabajadores del Hospital Universitario Clínica San Rafael, Asintraf, como respuesta a la arbitraria y unilateral decisión del director general de cambiar unilateralmente el horario de trabajo de las más de 650 enfermeras así como al retraso permanente en el pago de salarios a todos los trabajadores. 2. Ante la legítima reacción de los trabajadores, la dirección general, en cambio de optar por soluciones concertadas a estos problemas y de aliviar así las tensiones de su recurso más importante, optó por continuar incumpliendo con sus obligaciones y anunció públicamente en reiteradas oportunidades, que la dirección General “no va a endeudarse para cumplir con las obligaciones laborales, pase lo que pase, y que a quien no le sirva, allá esta la puerta”. 3. Según las palabras y cifras expresadas por el director, el año pasado renunciaron bajo la presión del retraso persistente en el pago de los salarios y la sobrecarga de trabajo a la que es sometido el personal, más de 500 personas, indicador que él anuncia sin ni siquiera sonrojarse. 4. La dirección general inició una dura política de persecución contra los trabajadores sindicalizados, acto este que originó una acción de tutela, cuya sentencia condenó por persecución sindical al Hospital Universitario Clínica San Rafael. 5. Con el atraso en el pago de más de dos meses de salarios, parte de las primas de 2011 y de 2012 y con el retraso en el pago de aportes al sistema de seguridad social, los trabajadores han interpuesto más de 150 tutelas y más de 140 jueces han sentenciado que tiene que cumplir con el sagrado deber de pagar el salario

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protegiendo el derecho al mínimo vital de los trabajadores. 6. Dada la gran cantidad de tutelas esta semana un juez ordena a las directivas pagar al total de los trabajadores por considerar que la situación vulnera los derechos de todos los trabajadores de la institución. 7. La dirección general en cambio de dedicarse a conseguir los recursos para pagar los salarios decide impugnar la tutela en una clara muestra de su pretensión de no cumplir con sus obligaciones salariales con los trabajadores. 8. Como respuesta al fallo de tutela conseguido por los medios que la Constitución nos da, la dirección general decide desmembrar el departamento de pediatría de la clínica, servicio este que agrupa a la junta directiva del sindicato y tiene la mayor proporción de sindicalizados, con el único objetivo de golpear la organización sindical. 9. El sindicato de trabajadores del Hospital Universitario Clínica San Rafael estará atento al cumplimiento del fallo y a levantar las respectivas denuncias por violación al derecho de asociación en caso de aprobarse la decisión de entregar el servicio de pediatría a manos de especialistas en pacientes adultos. 10. Solicitamos a las autoridades, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Trabajo, Comisión verificación por el respeto al derecho de asociación del TLC, Defensoría del Pueblo y Defensoría para la Infancia, Asociación de Sociedades Científicas, Sociedad Colombiana de Pediatría y demás instancias que protegen el derecho de asociación, cumplimiento de leyes laborales y el respeto por los derechos de los niños. Junta Directiva Sindicato de Trabajadores Hospital Universitario Clínica San Rafael, Asintraf

Sábados de seminario Nohora Bulla

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Directora Depto. de Educación CUT Bogotá Cundinamarca

l 9 de marzo daremos inicio al III Seminario de Formación en Derechos Laborales y Sindicales, propuesta que se desarrollará los sábados en la tarde y que ha sido el resultado de una acción conjunta de la Subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca con otras organizaciones y colectivos sociales y sindicales. Esta experiencia nació en el año 2012 como respuesta a la necesidad de pensar nuevas formas de educación sindical que afiancen, potencien y articulen acciones entre el sector sindical y los demás sectores sociales, a la vez que se promueve el conocimiento y la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales tanto en los trabajadores sindicalizados, como en los que no lo están. En este sentido, tanto el equipo de educación de la CUT, como las demás organizaciones convocantes al Seminario (Corporación Aury Sará Marrugo, USO, Sintrateléfonos, CEDINS, Anthoc Bogotá, Colectivo Soberanía y Naturaleza) hemos considerado que es preciso abordar la problemática laboral desde todos los sectores que caracterizan a la población económicamente activa, teniendo en cuenta tanto a los trabajadores, como a los desempleados, además de la población que trabaja en la informalidad, los estudiantes y las mujeres. En el marco de estas propuestas y preocupaciones, se desarrollaron con éxito en el año anterior dos seminarios, los cuales contaron con la asistencia de un buen número de compañeros y compañeras de diversas organizaciones y de los sectores ya mencionados. Los asistentes participaron de enriquecedores análisis y reflexiones temáticas que se abordaron desde una aproximación crítica de la difícil realidad de los trabajadores, como también desde la caracterización de los procesos organizativos en el sector sindical, laboral y social, y desde los desafíos que hoy tenemos en los sindicatos frente a estos problemas. Para el presente año continuaremos con esta propuesta de formación los sábados de 1:30 a 5:30 p.m., aprovechando para ello el tiempo libre de los trabajadores, estudiantes y demás participantes. Los aportes de los asistentes serán de gran valor, ya que un elemento importante para nuestro trabajo es conocer los principales problemas que atraviesan hoy cada uno de los sectores a los que pertenecen los participantes y, por consiguiente, los conflictos a los que estos se enfrentan, con el objeto de canalizar la reflexión, acrecentar el debate y fortalecer la proyección de nuestro proceso para acciones futuras.

Dos son los propósitos fundamentales de este seminario: Por una parte, ofrecer una oportunidad de capacitación en derechos básicos, laborales y sindicales y, por otra, fortalecer los sindicatos y avanzar en procesos organizativos que vigoricen las relaciones del sindicalismo con algunos sectores sociales de Bogotá y Cundinamarca. Igualmente, nos proponemos encausar esta tarea a partir de la reflexión y el examen de la realidad desde una mirada crítica y creativa, ya que tenemos la convicción de que es necesario conocer y cuestionar para transformar. Este es el contenido temático de nuestro seminario: •• Marzo 9: Derechos del trabajador-a y contratos laborales. •• Marzo 16: Salud ocupacional y seguridad industrial. •• Marzo 23: Problemas de los trabajadores y situación laboral en Bogotá, hoy. •• Abril 6: Derecho de asociación y organización de los trabajadores. •• Abril 13: Historia del movimiento obrero y sindical, y situación actual. •• Abril 20: La organización de los trabajadores y la sociedad. •• Abril 27: El arte y el deporte en la cultura de los trabajadores y las trabajadoras. Esperamos que esta idea sea acogida con beneplácito por los lectores y que las organizaciones sindicales encuentren en ella una buena alternativa para la formación de sus afiliados e, igualmente, contribuyan a la difusión de la propuesta entre los demás sectores de la población. Las inscripciones pueden hacerse solicitando el formulario en el correo: seminariosindicalbogota@gmail.com

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Comunicado

Atropellos de la empresa Fortox S.A. Sindicato de trabajadores de Fortox, Sintrafortox

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s más fácil ingresar a la cárcel modelo un fin de semana a visitar a alguien, que para un empleado ingresar a las instalaciones de Fortox a hacer cualquier diligencia que necesite; finalmente, cuando lo logra, sus objetivos nunca se cumplen ya que la empresa Fortox jamás le da solución a sus inquietudes o reclamos. Estamos denunciando públicamente todos los atropellos que la empresa Fortox S.A. en cabeza de su Presidente, Gerente Regional Norte, Jefe de Personal, Coordinadora Legal Laboral, Gerente de Operaciones, cometen con todos los trabajadores con el fin de que no se sindicalicen o renuncien a la organización sindical. Atropellos como: 1. El señor Gerente de Operaciones se empeña más por facturar que por el bienestar de sus propios trabajadores a quienes les prohíben hasta ir al baño a hacer sus necesidades, tienen puestos de trabajo sin las garantías para prestar un servicio de seguridad ya que no cuentan con las normas básicas requeridas, y lo que es peor, permite que a muchos compañeros los condenen a realizar turnos hasta de 16 horas diarias seguidas. 2. Hacer que el personal que se va a vincular a la empresa Fortox antes de firmar el contrato de trabajo firme el dañino pacto colectivo; advirtiéndole que por ningún motivo debe afiliarse al sindicato ya que este no trae nada bueno y que su único propósito es acabar con la empresa. 3. Perseguir a los compañeros vinculados con contratos a término fijo para enviarlos a descargos injustamente y registrarles arbitrarios antecedentes en la hoja de vida para no volverlos a contratar; estos trabajadores vienen sufriendo los atropellos de las sanciones y despidos sin ninguna justificación antes que se les termine el contrato pero es peor aún si denuncian los mencionados atropellos. 4. Desmejorar las condiciones de trabajo del personal sindicalizado trasladándolos de los puestos que tenían antes de que se afiliaran al sindicato y presionándolos hasta el punto que se ven obligados a renunciar porque no aguantan más. 5. Impulsar el pacto colectivo mediante estrategias como la entrega del kit escolar. Recientemente lo utilizaron para chantajear al personal diciéndoles que si se afiliaban al pacto colectivo les hacían la entrega del kit de inmediato y sin condiciones. 6. Atentar contra el ejercicio de la libertad sindical, Ley 26 de 1976, Convenio 87 ratificado por Colombia y contra el legítimo derecho constitucional de asociación, puesto que presionan a los trabajadores

para que no se afilien al sindicato diciéndoles que su salario va a desmejorar porque les descuentan una cuota sindical y que las garantías que reciben con el pacto colectivo son mejores, escondiéndoles que este pacto es unilateral y que la empresa Fortox puede decidir darles o quitarles lo pactado sin derecho a reclamar porque el pacto no tiene obligatoriedad para las partes como sí ocurre con la convención colectiva firmada con el sindicato Sintrafortox. 7. Liquidar la nómina bajo sus propias políticas sin tener en cuenta lo que está contemplado en el Código Sustantivo de Trabajo. Las horas son acumuladas y las únicas que liquidan como extras son las horas diurnas, que son las que menos valen. Las horas extras festivas aunque se trabajan y pueden comprobarse, Fortox no se las está pagando a nadie, vulnerando de esta manera el justo salario de quienes honradamente le trabajan. 8. Ocultar información en los desprendibles de pago y no entregar jamás recibos o comprobantes de pagos por concepto de cesantías e intereses de la misma, primas, etc. 9. Ocultar la conformación del Comité de Convivencia Laboral; aunque el sindicato insistentemente ha solicitado por medio de correos, solicitudes personales, y correos certificados el suministro de esta publica información, a la fecha no se ha recibido respuesta, lo que permite que se ponga en duda la existencia de este importante y obligatorio comité porque no hay donde dirigir las quejas en los continuos casos de acoso y persecución laboral que se presentan, vulnerándole a los trabajadores el debido proceso. 10. Discriminar a las mujeres en el tipo de contratación laboral con respecto al de los hombres, ya que sus contratos solo se firman por cuatro meses negándoles la posibilidad de una mayor estabilidad y un mejor ingreso. 11. Incumplir reiteradamente lo establecido en la convención colectiva de trabajo al no convocar a la comisión de reclamos de la organización sindical como está contemplado en el art. 14 de la convención colectiva, vulnerando el debido proceso de todos los trabajadores sindicalizados, quienes no tienen el derecho a apelar decisiones en su contra ni a defenderse. 12. Negar el pago de transporte intermunicipal a los compañeros que prestan su servicio en las afueras de Bogotá. 13. Negar los permisos para citas médicas y/o diligencias personales urgentes de los trabajadores, solicitándoles compensación. Compañeras y compañeros: Nuestra organización sindical Sintrafortox siempre ha estado y estará contrarrestando toda esta clase de atropellos y desmanes haciendo que a nuestros justos requerimientos, peticiones e

Mitin en las instalaciones de Fortox, convocado por el sindicato Sintrafortox, con el apoyo del Comité de Unidad Sindical de la Vigilancia y la Seguridad Privadas y las centrales obreras CGT, CTC y CUT.

inquietudes se les dé solución. Por tal razón hemos interpuesto los recursos jurídicos a que tenemos derecho como demandas y querellas ante el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. De la misma manera hemos conformado un comité de sindicatos que representan al gremio de la seguridad privada apoyado por las centrales obreras y el centro de apoyo en Colombia del sindicato global UNI Américas. Este comité se ha venido reuniendo con el Ministro y Viceministro de Trabajo y los representantes y encargados del control y vigilancia del mencionado Ministerio y mantiene contacto permanente y directo con dichos funcionarios, con el fin de buscar alternativas de solución a nuestras peticiones, ya que de ninguna manera podemos permitir que los empresarios de la seguridad privada conti-

núen pisoteando la materia prima de sus empresa que somos los trabajadores operativos, quienes continuamente arriesgamos hasta la vida en aras de satisfacer a los clientes de nuestra empresa Fortox, y que contribuimos a diario para que esta se posicione como una de las mayores empresas de seguridad privada en el país. Consideramos que los trabajadores de Fortox tenemos el derecho a ser respetados, reconocidos, pagados y tratados justamente, y en aras de conseguirlo llegaremos hasta las instancias internacionales para frenar la vulneración a nuestros derechos. Nuestra lucha es incansable, por lo tanto les hacemos la invitación a que nos unamos hoy más que nunca, a hacer parte de las organizaciones sindicales y a no permitir que estos descarados atropellos, avalados por empresarios sin responsabilidad social, sigan presentándose.

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El movimiento sindica de reforma pensional qu

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gencia de Información Laboral. 14 de febrero de 2013.- Según las declaraciones que el lunes pasado hizo el Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, al presentar la propuesta del Gobierno en torno a la reforma del sistema pensional y el esquema de protección a la vejez, este se afianzará sobre los principios de equidad, sostenibilidad y cobertura, la cual para el año 2030 será del orden del 80%, cuando hoy apenas supera el 30%, es decir, hay sólo 1.650.000 personas con pensión, frente a los 5.300.000 que la deberían tener. Aseguró el Ministro que la propuesta no incluye aumento de la edad de jubilación ni del número de semanas a cotizar, porque en un entorno de alta informalidad laboral como el que tiene el país eso haría más difícil pensionarse. Dijo que las pensiones altas no serán subsidiadas, que se fortalecerá el Régimen de Prima Media, y que este y el Régimen de Ahorro Individual no competirán sino que se complementarán. Anunció asimismo la implementación de los Beneficios Económicos Periódicos, mecanismo de cuentas de ahorro voluntario, flexible y variado que tiene 20% de subsidio sobre lo ahorrado, con el cual a 2018 se busca cubrir a 7 millones de personas; y la ampliación del programa de protección a los mayores de 65 años del Sisben 1 y 2 que no tengan ingresos y tampoco hayan ahorrado en sus vidas laborales. Para el 2018 este programa estaría cubriendo a 2,4 millones de ellos. Sin embargo, tras una primera lectura de la propuesta, la dirigencia del movimiento sindical la fustigó y manifestó serios reparos a la misma, porque no llena las expectativas de los trabajadores. Es una reforma que busca soluciones por el camino equivocado, dijeron unos; una reforma fiscalista, dijeron otros; y todos coincidieron en que, así el Gobierno diga lo contrario, debilitará el régimen de prima media en beneficio del régimen de ahorro individual. La Agencia de Información consultó la opinión de los líderes de la CUT, la CGT y la CTC, así como la de Héctor Vásquez F., investigador de la Escuela Nacional Sindical y estudioso del tema pensional. Estas son sus opiniones: Domingo Tovar, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT: Lo primero es que el Estado debe proteger a la vejez con un sistema pensional digno. Y la reforma que presentó el Gobierno no logra ese objetivo. Aunque el presidente Santos no lo diga, hace parte del proceso de desmonte del Estado social de derecho y democrático, lo mismo que ha ocurrido con el sistema de salud. Y no es una propuesta nueva, ya estaba perfilada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Vale recordar que se incluyó en aquel referendo que derrotamos. Luego vino el Acto Legislativo de 2005 que acabó con el sistema pensional convencional y las otras normas que salen después.

Una verdadera reforma pensional tiene que resolver, primero que todo, el problema de la situación laboral. ¿Por qué la baja cobertura? Porque el sistema de contratación en Colombia no da para cotizar a pensiones. Hay 14 millones de trabajadores informales, con muy baja capacidad de cotización. En el fondo lo que se busca es acabar con el régimen de prima media y fortalecer el ahorro individual, manejado en su mayor volumen por el capital financiero privado. Se busca que cada quien tenga una pensión de acuerdo con su capacidad de ahorro, y en Colombia los trabajadores no tenemos capacidad de ahorro por lo menguados que son los salarios. El tema es muy serio y requiere una amplia discusión, pero creo que esta no se va a dar porque ya el Gobierno y los partidos políticos tienen decidida la agenda legislativa. Va a ocurrir lo mismo que pasó con el proceso de la reforma tributaria: presentamos ponencia y fuimos a todos los escenarios, pero no nos tuvieron en cuenta para nada, no nos recogieron una letra. ¿Qué nos queda entonces? Articular un plan de movilización social con el resto de la sociedad colombiana en la lucha por una pensión digna. Witney Chávez, Secretario General de la CUT: La propuesta del Gobierno no ataca el problema de fondo, no propone soluciones. Las tres estrategias de protección al adulto mayor que nos presentaron: la reforma pensional y los dos componentes complementarios: los llamados Pebs y la ampliación del programa Adulto Mayor, realmente no contribuyen a resolver el problema central, no garantizan que los trabajadores tengan una protección digna en su retiro; no logra alterar las condiciones en que nos embarcó la Ley 100. No resuelve el problema de cobertura. Parte de reconocer que los pensionados representan el 30% de la población adulta mayor, y su idea es que en el año 2030 tengamos cubierto el 34%. O sea que no habrá incremento porcentual del volumen de los pensionados. El hecho de que haya pocos cotizantes al sistema lo determina un modelo de desarrollo que es el resultado de factores como la apertura económica, la política minero-energética, los TLC, las privatizaciones de lo público; un modelo que no estimula el empleo formal y por el contrario aumenta la informalidad. Si este modelo no se cambia es imposible ampliar el número de cotizantes. Hay que reconocer que no se aumentan las edades ni las semanas de cotización, porque el mismo gobierno argumenta que si se aumentan habrá menos cotizantes y baja cobertura; e incluso plantea propuestas de reducción del número de semanas en casos especiales. Nuestra posición siempre ha sido la de fortalecer el régimen de prima media. Pero vemos que

en la propuesta del Gobierno este se diluye, se debilita. Se piensa meter a todo el mundo en el régimen de prima media con un salario mínimo, y las cotizaciones por encima de ese mínimo pasan al régimen de ahorro individual, que en la práctica se ve fortaleciendo, y el ahorro individual no contribuye a la generación de la pensión. Además pierden valor las mesadas pensionales de las personas que coticen más allá de un salario mínimo. El otro tema es el de las personas que no tienen derecho a una pensión: la gente de la economía informal, independientes, cuentapropistas. Sobre esto el Gobierno tiene dos estrategias. Una que ya está en marcha y es la de los auxilios del programa Adulto Mayor, que tiene poca cobertura: un millón de personas apenas, cuando hay 5 millones para cubrir, y recursos irrisorios, una suma que fluctúa entre 40 y 70 mil pesos por persona, que ni siquiera les permite salir de la extrema pobreza. La propuesta es extenderlo a todos los adultos mayores del Sisben 1 y 2, pero apenas en 1918. La otra estrategia es la de los beneficios económicos periódicos, que vienen del Acto Legislativo del 2005. La gente puede cotizar menos del mínimo, lo que pueda, y cuando llegue a la edad del retiro se mirará cuántas semanas cotizó para que el Gobierno le contribuya con un 20% y le entregue un auxilio proporcional a lo que cotizó. La suma será irrisoria, por la sencilla razón de que inmensa mayoría de los trabajadores no tienen capacidad de ahorro. Ante esto, estamos trabajando con las centrales y los pensionados buscando profundizar el análisis de las propuestas para edificar los criterios que desde el movimiento sindical le plantearemos al país. William Millán, Secretario General Confederación General del Trabajo, CGT: Hay que advertir que la CGT no asistió a la reunión de la Comisión de Concertación en la que el Gobierno presentó la propuesta. Desde diciembre no asistimos a dicha comisión porque después del fracaso de la negociación del salario mínimo entendimos que entre el Gobierno y los empleadores existe un contubernio, pactan acuerdos por debajo de la mesa. Además nos pareció muy grosera la manera como el ministro de Trabajo se refirió a los trabajadores. Creo que lo mismo está ocurriendo ahora con la reforma pensional, una reforma que no consulta los verdaderos intereses de la población colombiana. Y no la vamos a legitimar con nuestra presencia para que luego se diga ante los organismos internacionales que aquí sí se hacen ejercicios de concertación pero que finalmente no hay acuerdos. La realidad es que hay muchos colombianos y colombianas que no tienen derecho a pensión, entre otras cosas por la temporalidad de los

contratos, trabajadores que solo tienen vinculación formal de 3, 4 o 6 meses al año. Creemos que se está tratando de solucionar el problema pensional por donde no es, y en el futuro podría generar una desfinanciación del sistema de pensiones. En la CGT hemos venido proponiendo que debemos fortalecer el régimen de prima media, como ocurrió con la reforma que se hizo en Argentina, donde se fortaleció. Aquí lo

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al rechaza el proyecto ue presentó el Gobierno apenas una introducción de la discusión, para que los gremios y los demás interesados, entre ellos los fondos de pensiones, pretendan reformar esa situación. Asofondos ya anda diciendo que ve con preocupación la propuesta porque va a desfinanciar los fondos. O sea que, sin decirlo, está planteada la posibilidad de ampliar la edad o las cotizaciones. Hay vemos un peligro que se cierne sobre la clase trabajadora. Es un tema muy complejo, no es fácil de digerir y apenas lo conocimos esta semana. Hemos venido haciendo estudios para poder construir una posición clara ante el Gobierno. También hemos convocado a las asociaciones de pensionados de la CGT y a la Confederación Colombiana de Pensionados, para movilizarnos, porque está en juego el futuro de los trabajadores de este país. Miguel Morantes, presidente Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC: Insistimos en que el régimen de prima media es el más justo para el pensionado, y no el sistema de ahorro individual. Pero debe estar reforzado con otros pisos de salario para que haya la solidaridad y se asegure la cobertura y la sostenibilidad del sistema. Porque lo que vemos hoy es que la inmensa mayoría de los trabajadores está por fuera de la pensión.

que se quiere es que todo el mundo tenga una pensión mínima, y no se habla de las demás personas que han trabajado y aportado más. También hemos dicho que la llamada bomba pensional no existe. Existirá cuando empiecen a agotarse los recursos de los fondos privados, a partir del 1º de enero de 2015. El Gobierno dice que no se aumentarán las edades ni las semanas de cotización, pero nos preocupa que sea

El sistema tiene hoy poca cobertura porque, debido al subempleo y al empleo informal, hay mucha intermitencia laboral. La gente trabaja 3, 5 meses y después no vuelve a trabajar, y así es muy difícil acreditar las semanas requeridas. La solución es que el gobierno, los empleadores y toda la sociedad colombiana se la juegue por crear empleo formal, que es el que contribuye a que el sistema tenga sostenibilidad y más gente se pueda pensionar. Estamos por defender el sistema de la prima media, con asignaciones definidas y por supuesto con solidaridad. El esquema que se nos presenta: la cotización en prima media por solo un salario mínimo, nos deja dudas, porque entonces los potenciales pensionados no van a recibir la solidaridad de la gente que más gana, sino sólo el subsidio del Estado. No vemos que la solución sean los fondos de pensiones. Tenemos ejemplos dramáticos de cómo administran a sus pensionados. Un caso que denunciamos de un pensionado que tenía $1.500.000 de mesada en el 2011, y en el 2012 pasó a ser de $1.250.000, la explicación que le dieron es que cayó la rentabilidad de los fondos. O casos de personas que eran del régimen de prima media y, debido a la publicidad engañosa que se les hizo a los fondos de ahorro individual, se pasaron a estos. Pero ahora el fondo les responde que no pueden acceder a la pensión porque no alcanzaron a ahorrar la suma que se requiere, entonces les dan una indemnización y dejan a la gente desprotegida. Estamos de acuerdo en que las personas mayores que hoy no tienen opción de pensionarse

tengan protección del Estado, con programas como Adulto Mayor. Pero estos programas no deben ser alimentados por los pensionados porque eso no es equitativo, sino por el presupuesto nacional, que a su vez puede financiarse con la explotación de los recursos naturales, que es la riqueza de los colombianos y debe beneficiar a los mismos colombianos, especialmente a los más pobres y desamparados; recursos que hoy se llevan las empresas extranjeras. Héctor Vásquez F. Director Área de Investigaciones de la ENS: Creíamos que el Gobierno iba a proponer una reforma más agresiva, que definitivamente atacara los dos grandes problemas del sistema pensional. Uno es la baja cotización de la población trabajadora: sólo el 32% cotiza. O sea sólo la tercera parte tiene alguna expectativa de pensionarse; pero sólo expectativa, porque no todos lo logran debido a las características del mercado laboral: altas tasas de desempleo, formas de contratación tercerizadas que no aseguran continuidad en los aportes, y más de la mitad de los trabajadores en la economía informal, en el rebusque. Menos del 1% cotiza a pensiones. Un reciente estudio del Banco de la República indica que menos del 10% de los actuales trabajadores se van a pensionar al cabo de su vida laboral. El segundo problema es la exclusión: de cada 100 adultos mayores apenas 31 están recibiendo una pensión. El resto, si no tiene una renta, que es una minoría, está condenado a vivir de la solidaridad de la familia o en la indigencia. Ninguno de estos dos problemas los resolverá la reforma propuesta por el Gobierno, que es fiscalista, solo trata de resolver el problema fiscal. La propuesta de financiar pensiones hasta un salario mínimo (todos debemos cotizar sobre un salario mínimo) en principio suena bien porque iguala a todo mundo en torno a un salario mínimo, e iguala el subsidio del Estado que hoy es inequitativo: los que más tienen más reciben y los que menos tienen menos reciben. Pero no resuelve los dos problemas aludidos, es más, acaba de tajo con el sistema actual, en donde la pensión está en consonancia con el ingreso base de liquidación, lo que le permite a los trabajadores que ganan más de un salario mínimo tener una pensión que asegure un mejor nivel de vida. Va a tener sí un efecto positivo sobre las finanzas del Estado, que hoy destina $24 billones para pagar a 1.600.000 pensionados. Sólo que el 86% de esa suma va a financiar pensiones millonarias, no recae en el régimen de prima media. Recae principalmente sobre los regímenes especiales: fuerzas armadas, policía, congresistas, jueces y magistrados de las altas cortes, que tienen pensiones millonarias por las que nunca han cotizado. Lo que resuelve ambos problemas sería el mejoramiento del mercado de trabajo con más

empleo formal, más vigilancia del Ministerio de Trabajo para que los empleadores no eludan las obligaciones que tienen en materia pensional. Pero con el modelo económico que tenemos eso no es posible, porque es un modelo basado en la minería, el sector financiero, las exportaciones y los TLC, que no generan empleo formal. El Gobierno dice que al 2030 el 80% de la población mayor estará cubierta. Lo propone a través de la implementación de los beneficios económicos periódicos, los llamados Beps, que consisten en que los trabajadores que no puedan afilarse al régimen de prima media, porque no tienen empleo estable ni ingresos que les permita cotizar sobre un salario mínimo, abran una cuenta individual donde pueden ahorrar hasta un máximo de $850 mil al año, y al cabo de su vida laboral el gobierno les va a garantizar un 20% adicional y un ingreso para toda la vida. Pero esa propuesta no es práctica, porque los trabajadores de la economía informal, que es a quienes va dirigida, no tienen capacidad de ahorro. Sus ingresos en promedio representan el 80% de un salario mínimo, y gastan el 70% de sus ingresos en solo alimentación y vivienda, no les queda para ahorrar. Si calculamos sobre el máximo que un trabajador de estos pude ahorrar durante 10,3 años, que es el tiempo promedio de cotización al régimen pensional, le daría para un ingreso mensual de $93 mil, incluido el subsidio. Entonces ese trabajador va a preferir el subsidio que hoy reciben los adultos mayores, que es de $75 mil, por el que no deben ahorrar nada. Desde el movimiento sindical estamos proponiendo que se establezca un sistema de protección social universal para toda la población adulta mayor, los llamados Pisos de Protección Social que propone Naciones Unidas y la OIT, y que ya se han implementado en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y 25 países en todo el mundo. Consiste en asegurarle a todo adulto mayor un ingreso mínimo para su vejez que los proteja de caer en la indigencia, independientemente de si ha cotizado o no al régimen pensional, El movimiento sindical está de acuerdo en que ese piso mínimo sea equivalente a medio salario mínimo, un poco más de la línea de pobreza, que se pueda incrementar con ahorros individuales y con cotizaciones. Es un sistema sostenible porque se puede financiar con los recursos que hoy se destinan al programa de adulto mayor, con la devolución que deben hacer los fondos privados y Colpensiones cuando un trabajador no aporte las semanas suficientes, con el fondo de garantía mínima pensional, con el fondo de solidaridad pensional y con el presupuesto de la nación. Cuesta unos $7 billones, que es menos que las exenciones tributarias que en el gobierno Uribe se otorgaron generosamente a las grandes empresas inversionistas.

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CARTA ABIERTA estudio, toda vez que un empleado como el suscrito, ha sido enjuiciado y sancionado ilegítimamente, no por desplegar la conducta que efectivamente realice, sino por ser dirigente sindical y haber respaldado a un candidato con opiniones políticas diametralmente opuestas a las del jefe del Ministerio Público, pese a haberlo hecho dentro del marco constitucional y legal, mientras el señor Procurador emplea, ese sí de manera abusiva, el poder que le confiere el pueblo a través de su elección por el Senado, y en consecuencia se acojan las pretensiones de la demanda.

Bogotá D.C., febrero 21 de 2013. Señores Consejo de Estado Sección Segunda Ref. Expediente 11001032500020110031500 M.P. LUIS ALFONSO VARGAS Nulidad y restablecimiento del derecho.

H. Magistrados Carlos Ernesto Castañeda Ravelo, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, mediante el presente escrito y de manera inconsulta con mi apoderado judicial en el expediente, presento a su consideración en relación con el mismo algunos elementos del contexto social y jurídico de nuestro país, relacionados directamente con el caso en controversia, a efecto de que los mismos sean considerados en el momento del fallo que está por proferir su honorable despacho. En el presente caso es de gran desventaja para el suscrito que la institución demandada a más de su defensa como parte, pueda allegar a su favor adicionalmente un concepto sobre el caso, pues considero que ello rompe la denominada “Igualdad de armas” como señalan en derecho penal, al otorgar una oportunidad procesal adicional a la parte demandada en desventaja del suscrito. En razón de lo anterior es pertinente que se considere lo siguiente: 1. En el caso bajo su examen, se analiza la licitud en la actividad política del suscrito, pues considera el ministerio público que la misma atenta contra la prohibición establecida en el artículo 127 de la Carta Magna, y que por tanto me pone en el escenario de la validez de la sanción disciplinaria. 2. El mencionado artículo 127 constitucional, en su inciso 3º, no contiene una prohibición, sino todo lo contrario, una habilitación o derecho a favor de los empleados públicos como el suscrito que no hacemos parte de la rama judicial, ni detentamos el poder como “Funcionarios Públicos”. 3. Mi actuación sancionada por la demandada, estuvo amparada a mi favor por el Artículo 28, numeral 61 del Código Único Disciplinario, no por el simple convencimiento respecto de la no ocurrencia de hecho sancionable disciplinariamente, sino por qué en efecto la conducta desplegada no constituye falta disciplinaria. 4. Un hecho relevante en mi opinión sobre éste caso, es que el propio jefe del Ministerio Público, Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado, actuando en interés propio y con base en una interpretación mucho más amplia aún que la que reprocha al suscrito sobre las libertades y derechos que otorgan los vacíos constitucionales, presentó su nombre como candidato a la reelección cómo Procurador General de la Nación, sin que exista norma que le faculte para ello, a diferencia de mi caso

Atentamente, Carlos Ernesto Castañeda Ravelo Miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT Subdirectiva Bogotá - Cundinamarca en que la propia Constitución me facultó de manera expresa, me otorgó ese derecho, para adelantar la acción desplegada. Es claro que como funcionario público a la persona que funge como jefe del ministerio público hoy, no le está otorgado como derecho en disposición alguna el de presentarse como candidato al cargo que viene ocupando para ser reelegido (Participación en política no partidista pero si en interés propio), pero actuando con base en la simple libertad y el principio de que lo no prohibido está permitido, presentó su nombre como candidato, y con todo el poder de ese organismo detrás de ello, logró su reelección en el Senado. 5. Me llama poderosamente la atención que un hecho tan elemental, y revestido de toda la legalidad, como el generado por el suscrito2 al amparo de la Constitución Nacional (Inc 3, Art. 127) que me permite hacer lo que hice, aún cuando el Congreso de la República no haya delimitado las condiciones en que ello se puede hacer, haya sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación con una muy dura determinación en firme, consistente en destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por diez años, mientras el Jefe del organismo que me impone la sanción emplea todo el poder de nominación (Nombramientos al por mayor de familiares de congresistas registrado por los medios de comunicación), la ventaja mediática del cargo que desempeña, y el poder político del mismo (Asuntos que en materia de reelección presidencial son prohibidos, y desde una óptica de principios estarían vedados para el Procurador o cualquiera otro funcionario de un alto cargo) en una campaña a su favor. Señores magistrados, con la vehemencia del reclamo de sus reivindicaciones sobre la igualdad en materia de la edad de retiro forzoso frente a los demás magistrados, solicito de ustedes en su fallo en éste expediente, una discriminación positiva en el caso bajo

Notas 1 Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. 2 Simplemente remitir un correo electrónico a la Secretaria General del Departamento de Cundinamarca, Dra. Liza Paola Gruesso Cely, invitándole a votar por un candidato al Senado en 2006.

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Centrales sindicales y federaciones del sector público presentan a Santos pliego de peticiones unificado Agencia de Información Laboral.

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12 de febrero de 2012

l pasado 7 de febrero, las tres centrales sindicales y todas las federaciones nacionales del sector público: Fecode y Fenaltrase (CUT), Unete y Utradec (CGT), Fecotraservipublicos y Fenaser (CTC), radicaron en la Presidencia de la República un pliego unificado que recoge las peticiones y reivindicaciones laborales y salariales de los trabajadores al servicio del Estado en todos los niveles: nacional, departamental y municipal, que en total suman 1.183.000, según cifra del Departamento Administrativo de la Función Pública. Este pliego es el resultado de un proceso de unidad y deliberación del movimiento sindical del sector público, y tiene como piso jurídico el Decreto 1092 que el año pasado suscribió el Gobierno Nacional. Contempla, entre otras, reivindicaciones en materia laboral y prestacional, ampliación de las plantas de personal, revisión del reglamento de la carrera administrativa y la aplicación de las sentencias 614 de 2009 y 171 de 2012 de la Corte Constitucional, referidas a la formalización laboral y la obligación de vincular directamente a los empleados con funciones permanentes, o sea acabar con las plantas paralelas y la precarización en el empleo público. El pliego fue radicado directamente en la Presidencia de la República porque, según el aludido decreto, es el presidente Santos quien tiene la competencia constitucional y legal para negociar las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos. El Presidente tiene 5 días hábiles (hasta mediados de esta semana) para definir la Comisión Negociadora por parte del Gobierno. Por parte del movimiento sindical la comisión estará conformada por 3 representantes de cada una de las federaciones estatales y de las centrales sindicales, con el apoyo de la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP). Asimismo, las federaciones solicitarán acompañamiento de la OIT.

Un hecho histórico El hecho fue calificado como histórico por la dirigencia sindical estatal en razón a que es la primera vez que los funcionarios del Estado negocian sus condiciones de trabajo con el soporte de una norma, como lo es el Decreto 1092. Los pliegos unificados presentados en el pasado no tuvieron una base jurídica que obligara al gobierno a la negociación. Se recuerda aquel que presentaron al presidente Samper y que conllevó a un paro nacional estatal de 35 días. “Además en la actual coyuntura contamos con una reactivación del movimiento sindical estatal, que ha mejorado cualitativamente su

nivel de coordinación y unidad de acción”, señaló Francisco Maltés, responsable de asuntos estatales de la CUT, quien recordó que en los últimos diez años el sindicalismo estatal fue duramente golpeado por procesos de reestructuración de las entidades públicas. En el gobierno Uribe se reestructuraron unas 500 entidades y se recortaron muchas plantas de personal. Si bien en su momento las federaciones sindicales estatales manifestaron que el decreto 1092 no llenaba sus expectativas, dadas sus limitaciones, “logramos superar la discusión sobre si el decreto es bueno o malo. De todas maneras da un margen que nos permite avanzar en el derecho a negociación colectiva”, dijo al respecto Juan Diego Gómez, Secretario Subregional Andino de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), organización que ha venido acompañando el proceso. “No es un pliego que vaya a llevar al Estado colombiano a la quiebra. Es muy aplomado, orientado a que se cumplan normas de la carrera administrativa y se corrijan las disparidades que en el sector público, tanto en lo salarial como de los cargos”, opinó Jorge Peña, presidente de Federación Colombiana de Trabajadores y Servidores Públicos, de la CTC. Este pliego nacional unificado es referencia para los pliegos que los funcionarios presentarán ante alcaldes, gobernadores y directores de demás entidades estatales del orden nacional. Hasta el momento ya se han presentado unos 50 pliegos, uno ellos el que Sinaltraempros le presentó al propio Ministerio de Trabajo, que según Francisco Maltés, debe dar ejemplo y dar salida efectiva a las peticiones formuladas por sus trabajadores. Fecode participó en el proceso de elaboración del pliego unificado, pero a la vez presentará su propio pliego sectorial que recoja las aspiraciones específicas de los educadores colombianos.

Puntos centrales del pliego “No es un pliego tan amplio como hubiéramos querido, pero tampoco tan restringido que no recoja las reivindicaciones más sentidas de los estatales”, opinó Juan Diego Gómez, de la ISP. Entre otras cosas, los sindicatos estatales esta vez buscan que haya una nivelación de salarios y prestaciones para los trabajadores en todos los órdenes. “Es pertinente la discusión de una política salarial, porque no tiene sentido que los funcionarios del orden nacional perciban unos beneficios que no tienen los del orden regional, habida cuenta de que hay una ley de carrera administrativa que se aplica a todo el mundo y les exige los mismos requisitos”, señaló Percy Oyola, presidente de Utradec, federación de la CGT.

Otro punto central es la ampliación de las plantas de personal en las entidades públicas, a fin de dar cumplimiento a las dos mencionadas sentencias de la Corte Constitucional, que conminan a los nominadores a vincular de planta a los empleados tercerizados que tengan funciones permanentes.

El pliego aspira asimismo a corregir aspectos que tienen que ver con las deficiencias de la carrera administrativa, así este tema esté vedado en el Decreto 1092. “Toca hacerlo porque además es un tema abordable desde la óptica del diálogo social establecido por la OIT”, destacó Percy Oyola. Al respecto el pliego incluye la solicitud de que se eleven a categoría de faltas gravísimas que los nominadores boicoteen la carrera administrativa en cualquier de sus procesos, o bloquen los concursos de méritos.

Según un acopio de datos que hizo el año pasado el Ministerio de Trabajo, en el sector público hay 171 mil funcionarios tercerizados. “Pero esa no es una cifra confiable porque no sabemos si todos los alcaldes, gobernadores y directores de entidades públicas dijeron la verdad sobre sus empelados tercerizados”, puntualizó Oyola, y agregó que hoy la única administración que viene propiciando que no haya más contratos ni órdenes de prestación de servicios, y está ampliando planta de personal y nombrando provisionales en propiedad, es la administración distrital de Bogotá.

El movimiento sindical estatal espera que el gobierno nacional dé ejemplo para que también a nivel departamental y municipal los alcaldes y gobernadores permitan que fluya la negociación colectiva como un derecho de los servidores públicos.

Al respecto, Francisco Maltés agregó que el pliego también plantea una reforma al Código Penal para que se convierta en delito de fraude procesal nombrar personas deslaboralizadas en la administración pública; que sea delito de peculado el pagar salarios con gastos de inversión, o que se confabulen los nominadores con los jefes administrativo y de personal para nombrar funcionarios de planta, lo que sería concierto para delinquir.

“Este año en la Conferencia de la OIT se evaluará cómo se está aplicando en Colombia el Convenio 151, y esperamos que el Gobierno haga una buena letra en este tema si no quiere tener que hacer una cara desafortunada en esta conferencia. Porque lo que vemos es que alcaldes y gobernadores han mostrado resistencias a la negociación de los pliegos que se les han presentado, persisten en su cultura antisindical”, señaló Percy Oyola.

Corregir la anomalía de la tercerización contribuiría a fortalecer el movimiento sindical, bastante golpeado por esa anomalía toda vez que los tercerizados difícilmente se pueden afiliar a los sindicatos. Y en este sentido también se buscará que todos los funcionarios beneficiarios de la negociación colectiva paguen cuota sindical, como una forma de fortalecer el movimiento sindical estatal. “Hay un parasitismo. Unos se benefician de los acuerdos que logran los demás y no aportan nada”, señaló al respecto Percy Oyola.

Esperan el compromiso del gobierno

“Estamos muy optimistas de salir adelante en este proceso. Esperamos que así como hay diálogos en La Habana con las Farc, aquí también haya diálogo con los trabajadores estatales. Sería un lamentable mensaje que con los unos negocien y no con nosotros”, puntualizó Jorge Peña, de la CTC. Para los días 1º y 2º de marzo se programó en Bogotá el Tercer Encuentro Nacional Estatal, con el fin de revisar los procesos de la negociación y establecer las estrategias y acciones que permitan su avance.

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pensiones

Privilegio o negación de derechos adquiridos

¿Qué pasa con las pensiones en Colombia? Segundo Hernando Cañón Prieto Abogado. Especialista en gerencia de Proyectos de Ingeniería de Telecomunicaciones ETB-Usta. Directivo de Sintrateléfonos

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ara los colombianos “de a pie” no existen reivindicación ni derechos adquiridos. Parafraseó un magistrado del Consejo de Estado en una entrevista radial: "es que lo nuestro es un derecho adquirido". ¿Cómo así? Ahora los magistrados de las altas cortes de Colombia hablan como sindicalistas, de derechos adquiridos, cuando en sus despachos se encuentran archivados procesos en los que los trabajadores solicitan el reconocimiento de sus pensiones ante la negativa de Colpensiones (otrora Seguro Social) o del empleador; aclarando que muchas de ellas, ponderadas no rebasan el millón y medio de pesos. Aun así, las altas cortes interpretando la ley y la Constitución, han creado un cerco invisible a la clase trabajadora para negarles el acceso a una pensión que no supera los dos y medio salarios mínimos legales vigentes. Según artículo de Hernando López del semanario Voz de enero de 2013, 1 millón 793 mil colombianos están pensionados 750 mil de ellos colombianos poseen una pensión de menos de 2 salarios mínimos vigentes; 626 excongresistas están pensionados cada uno con la “insignificante” mesada de 19 millones de pesos mensuales, 11 expresidentes o sus viudas reciben mensualmente entre 20 y 23 millones de pesos por 4 años de servicio público, 196 exmagistrados de las altas cortes perciben, aproximadamente, la módica suma de 19 millones de pesos de mesada. Resulta paradójico que hoy un magistrado o un congresista acceda a una pensión de 20 millones de pesos, pero en los escritorios de ellos está la facultad de negar una pensión de 2 millones que solo representa el 10% de la pensión del juzgador y por qué no decirlo, del mismo perverso legislador. Como lo cita el escritor Eduardo Galeano en su poema "El mundo al revés" hoy la réplica del error termina convirtiéndose en institución recordemos, en dónde están los congresistas que fueron los que por extraña coincidencia, aprobaron a pupitrazo la reforma constitucional del Acto Legislativo 01 de 2005. Miremos con cifras cómo a congresistas en la cárcel se les reconocen pensiones millonarias. Otros que estando investigados por parapolítica, como el primo del expresidente Uribe (preso en la Picota ) recibió su pensión, como sucedió con el exsenador Alberto Santofimio y la lista sigue, por ejemplo el excongresista de la yidispolitica, que estando preso recibió su onerosa pensión. Prueba de

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Siempre lo hemos dicho y defendido: era mejor el ISS Alberto Pardo Barrios Presidente Sintraiss Nacional La perspectiva de los pre y pensionados, y de los trabajadores y de su futuro pensional depende de todos nosotros.

ello está en el editorial de El Tiempo del día 4 de febrero de 2013: "Más de 30 excongresistas condenados por graves delitos, algunos relacionados con la afectación del erario, reciben pensiones mensuales que sobrepasan los 18 millones de pesos. Por ejemplo, Alberto Santofimio, condenado a 24 años de prisión por ser el coautor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, recibe una pensión mensual de 20.920.804 pesos. Y Mario Uribe, hallado culpable de alianzas con paramilitares, tiene una pensión de 18.650.042 de pesos mensuales. A ellos se suman nombres como Miguel Pinedo Vidal (21.198.184 mensuales), Teodolindo Avendaño (19.235.504), Ciro Ramírez Pinzón (18.791.491), Eduardo Mestre (21.330.309) y Vicente Blel (18.487.801). Este último recibió su jubilación mientras estaba tras las rejas." Otro ejemplo emblemático que merece no solo la revisión, sino el repudio social del Acto Legislativo 01 de 2005, es precisamente esa discriminación que se legisló concediendo privilegios al Presidente de la República, para que se mantuviera la pensión con solo 4 años de ejercicio, independientemente que se reeligiera para mejorar el monto de la mesada que hoy está en 25 devaluados millones de pesos. Pese a que el Acto Legislativo fue la resulta espuria de un referendo convocado en el 2003, con el mismo fin y el constituyente mayor (el pueblo) en las urnas votó democráticamente en contra del contenido del referendo que se convirtió posteriormente acto legislativo. Así las cosas, vemos que en este país no solo se legisla para el privilegio de una minoría, sino que se interpretan en contra de la sociedad las mismas normas promulgadas por el ejecutivo, legisladas y revisadas por los que hoy utilizan amañadamente el término “derechos adquiridos”. Por favor jueces y magistrados, coherencia entre lo que fallan negando, y lo que el Procurador les defiende como beneficio pensional o "derecho adquirido", ojo, el derecho que tú niegas, no se acerca al que tú defiendes.

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e lograr la suficiente conciencia social que permita que todos los colombianos comprendan que la pensión es un derecho humano fundamental y que como tal le pertenece a todos los colombianos al llegar a su edad de retiro, que este derecho no es solo de quienes han logrado trabajar y cotizar, sino de todos. Este derecho ha sido negado por todas las leyes desde 1990, Ley 50, Ley 100/93, Ley 797/2003, Acto Legislativo 01 de 2005, Decreto 4488/2009, Decreto 4121/2011, y ahora la tan promovida reforma pensional que pretende más de lo mismo. Defender el régimen de prima media con prestación definida, los regímenes exceptuados y especiales, el derecho a negociar en las convenciones colectivas los derechos pensionales, aplicar y promover el trabajo decente, eliminando todas las formas de desregulación y flexibilización laboral, y confrontar y demostrar que los fondos privados y el régimen de ahorro individual son solo un negocio que consolida día a día al sector financiero a costa del engaño de millones de trabajadores, solo así, y aplicando los principios universales de la OIT en materia pensional, solo así podremos contar que la pensión sea un derecho y no una ilusión o algo extraño a nuestra realidad social, económica y política. Colombia merece un mejor país, en donde todos seamos cada vez más iguales pero sin expandir la miseria y pobreza a punta de subsidios, auxilios, o limosnas que solo someten a la indigencia a más y más colombianos, sepultándoles su dignidad y condición humana.

Nuestros adultos mayores merecen ser tratados con dignidad y respeto no como una carga. Los pensionados tienen derecho a que sus mesadas se incrementen de manera real, por encima del ajuste por inflación, tienen derecho a no pagar la cotización en salud, y tienen derecho a que se les dé un tratamiento privilegiado en las instituciones públicas y privadas de todo orden, que el respeto se refleje de verdad en hechos concretos de reconocimiento a su gran papel que han jugado. Construir nuestro modelo de pensiones es la tarea, es de todos, no solo de quienes están en las centrales obreras, gremios o sectores del gobierno, la sociedad colombiana toda debe discutir, aportar, proponer y lograr un consenso nacional, con fundamento en el diagnóstico objetivo que la OIT garantiza, para que el régimen pensional sea un factor fundamental en la distribución del ingreso nacional que cree y mantenga condiciones de equidad, de dignidad y desarrollo social y económico. Día a día países hermanos nos dan ejemplo en materia de concebir a la pensión como un derecho fundamental que crea y mantiene el equilibrio social, la equidad en la distribución del ingreso y las riquezas nacionales, en reducción de la pobreza y la total erradicación de la miseria, son ejemplo de esto: Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay y también Chile. ¿Qué más debemos esperar?

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salud

DECLARACIÓN

Segundo Encuentro Nacional de Secretarios de Salud y Gerentes Empresas Sociales del Estado CONSIDERANDO Que ninguna de las EPS del régimen subsidiado cumple en la actualidad con los requisitos habilitantes a los que se comprometieron para ejercer como aseguradoras y/o promotoras del régimen subsidiado. Que las deudas de las EPS-S (régimen subsidiado) con los prestadores es gigantesca, envejecida y en muchos casos impagable, lo que ha llevado a la ruina a la mayoría de estos y consecuencialmente a afectar gravemente la calidad y oportunidad de los servicios que prestan. Que la mayoría de las EPS-S se encuentran en estado de insolvencia, incrementan las barreras de acceso a los usuarios, acumulan tutelas y desacatos por eventos pos y han sido sancionada e intervenidas sin que corrijan las causas de las medidas tomadas en su contra. Que las EPS-S no son garantía para la prestación de los servicios de salud y la administración de los recursos del régimen subsidiado por que han burlado la Constitución y la ley, defraudando la confianza pública. Que ninguna de las medidas expedidas ha sido suficiente para superar las fallas existentes, impedir la violación del derecho a la salud y garantizar el pago de las acreencias a los prestadores. Que distintos sectores, incluidos del gobierno exigen y plantean cambios estructurales al actual sistema. Por lo anterior, los Secretarios de Salud y los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado.

DECLARAMOS 1. Que la salud como derecho fundamental no puede estar sometida a las leyes del mercado, al ánimo de lucro ni a la intermediación porque impiden su garantía y prestación.

2. Es necesario que el gobierno nacional recobre la confianza en los entes territoriales, entregándoles la responsabilidad de administrar los recursos y la garantía de la prestación de los servicios de salud a la población pobre y vulnerable, previos rigurosos requisitos que impidan repetir errores o quedar expósitos a otros. 3. Nuestra negativa a mantener cualquier tipo de relación contractual con las EPS-S, como una forma de proteger el buen uso de los recursos y garantizar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud a la población subsidiada. 4. N uestro compromiso y disponibilidad de retomar la rectoría de la salud y asumir con responsabilidad e idoneidad el régimen subsidiado e iniciar sin tregua el rescate de la los hospitales públicos, mejorando la prestación de los servicios de salud a los usuarios. 5. Respaldar las declaraciones y propuesta del ministro de Salud, doctor Alejandro Gaviria en cuanto a “entregar el manejo del régimen subsidiado a los entes territoriales, bajo ciertas condiciones y controles férreos; posibilidad de un fondo único pagador sin intermediación financiera; acabar con la politiquería en la Superintendencia de Salud y atacar la corrupción en salud, realizar reformas estructurales al actual sistema de salud y aseguramiento; que las reformas hechas a la Ley 100 han sido fallidas y en fortalecer los hospitales públicos” 6. Nuestro decisión de participar en la gran movilización nacional el próximo 28 de febrero y convocar la presencia masiva de todos los sectores de la población en todas las capitales de departamento, como respaldo a la solicitud del manejo responsable de los recursos y garantía de los servicios de salud a la población pobre y vulnerable por parte de los entes territoriales. Bogotá, D.C., enero de 2013

Presentado pliego en Medicina Legal

Horario de atención Lunes a viernes: 9:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:30 pm Cita previa

FINANCIADO POR

CON EL APOYO DE

Asamblea extraordinaria de Aspef (Asociación Sindical de Personas en Ejercicio Forense), capítulo Medicina Legal, durante la aprobación del pliego de peticiones 2013 radicado el jueves 14 de febrero, el cual contiene reivindicaciones de tipo salarial, prestacional y de estabilidad laboral.

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cundinamerca

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Participación y democracia escolar: ¿realidad o ficción? María Cristina Orozco L.

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Presidenta Adec Girardot

profecrisgirardot@hotmail.com

recisamente cuando se ha iniciado un nuevo año escolar, los maestros, especialmente del área de ciencias sociales, sobre los que recae la responsabilidad de liderar el proyecto de democracia escolar reglado en la Ley General de Educación, se aprestan a motivar a los estudiantes para que participen en la elección de sus representantes en el Consejo Estudiantil y Consejo Directivo de las instituciones educativas. Son ya 18 años en esta ardua labor de intentar responder a lo mandado por nuestra Carta Magna, cuya columna vertebral es precisamente la participación ciudadana. Sin embargo, aunque habrá excepciones, en la mayoría de las instituciones educativas se sigue viviendo el verticalismos impositivo de parte de algunos directivos docentes, padres de familia y docentes, que están lejos de ser un ejemplo en el proceso formativo de niños, niñas y jóvenes en el camino de construir una sociedad más democrática, participativa y comprometida con los asuntos que son de todos. Baste con escuchar los lamentos de muchos maestros y hasta tener que vivirlo en carne propia por estos días, cuando algunos rectores nos recuerdan conciliadoras y democráticas palabras como: “La ley 715 me faculta para...” o a coordinadores imponentes, que se ufanan cuando se dirigen a un maestro para decirle “si no le sirve la carga, pida traslado”. Peor aún, “profesor (a), usted está sobrando”, “profesor (a) le “acomodé” ésta carga, pues su perfil no encaja para tal”. Estas son solo algunas de las más famosas frases por estos días, al iniciar el calendario escolar, un comienzo que causa escozor, pues lejos de motivaciones para los trabajadores de la educación, muchos maestros se sienten humillados, subestimados y hasta desprestigiados pues ni siquiera se les tiene en cuenta para opinar frente a los cambios que se deben hacer, ni se les dan claras razones de los mismos. Eso ha traído como consecuencia que algunos tengan temor de opinar, pues las represalias no se dejan esperar en la evaluación, para el caso de los maestros del 1278, en las cargas académicas de los dos estatutos y en el peor de los casos, con la entrega o los traslados. Estamos en el siglo XXI y pese a la intención que quedó plasmada en el artículo 68 de la C.P. de 1991 “...la comunidad educativa participará en la dirección de las Instituciones Educativas...” lo que se ratifica en la Ley

General de Educación, Ley 115 de 1994 y su Decreto reglamentario 1860 del mismo año. La verdad es que el Gobierno Escolar es más una figura que se pone de moda en los primeros 30 días al iniciar labores académicas, que esa verdadera oportunidad de transformación de la cultura democrática y ciudadana, desde el corazón de la formación y transformación, la escuela. Cajiao (1994), a partir de trabajos etnográficos auspiciados por la FES entre 1991 y 1992 en diferentes regiones del país, hace una caracterización de la institución educativa en Colombia y concluye que sigue teniendo los mismos rasgos autoritarios, represivos y de vigilancia y control con los que inició el siglo, entre los que se destacan la autoridad incuestionable como característica definitoria del rol del maestro, el dogmatismo como manifestación de la autoridad en el terreno pedagógico, la disciplina como uno de los pilares del funcionamiento de la institución educativa, como instrumento para garantizar la homogeneización y la normalización, el cuerpo como el principal objeto de control, la definición estricta de espacios, tiempos y funciones, la administración arbitraria de justicia, y una juridicidad propia que funciona al margen del Estado social de derecho. Después de ésta reflexión que anhelo no sea la realidad de muchas instituciones en el país, la participación y la democracia en las instituciones educativas, en la práctica, sería ficción (simulación), una “democracia” de papel. Vale la pena tener en cuenta afirmaciones como “De la misma manera, la democracia escolar no es solamente la elección del

gobierno escolar. Hacer esta equiparación conduce, en palabras de Santos Guerra (1995) a ‘la ilusión de la democracia escolar’; es decir, creer que la realización de eventos como las elecciones evidencia la existencia de democracia en la escuela. En ese sentido, podemos señalar que para que la cultura democrática penetre en la institución escolar es necesaria una profunda modificación de una serie de discursos, acciones y actitudes que han sido habituales en el funcionamiento de la escuela (Santos Guerra, 1995). Por otro lado, González (1998), señala que “la escuela debe reconocer su entorno político, cultural, social, económico e ideológico y superar su distanciamiento con el ámbito local inmediato, generando procesos de empoderamiento en los sujetos de su propia comunidad educativa, y auspiciando un equilibrio dinámico entre la igualdad y la diferencia”.

La invitación a partir de este análisis es a un proceso de reflexión académica y ciudadana frente a un tema tan importante para la transformación de nuestros contextos. La democracia y la participación escolar deben ser una realidad tangible en cada una de las instituciones educativas, los maestros y maestras, los estudiantes, los padres de familia; todos y todas, debemos empoderarnos del tema, para hacer realidad la aspiración constitucional, pero fundamentalmente para aprender a gobernar desde la escuela y cambiar desde allí lo que no consideramos justo. Las preguntas para los y las lectoras son ¿Qué tanto participa o ha participado usted en los asuntos de la escuela de sus hijos? ¿Han manifestado sus hijos interés por ser elegidos en la escuela? ¿Cuáles han sido sus consejos para ese proceso eleccionario? ¿Qué tanto se siente tenido en cuenta en las decisiones que se toman en la escuela? ¿Qué tanto sabe del gobierno escolar?

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educación

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¡Triunfó la lucha del Liceo Femenino Mercedes Nariño! Miguel Lasso Docente Liceo Femenino Mercedes Nariño, Exdirectivo de Adec y Subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca

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a política del gobierno y sus agentes puede ser derrotada con la lucha y la movilización como se demostró en el Liceo Femenino Mercedes Nariño.

La arbitraria pretensión de trasladar a varios educadores bajo el sofisma de maestros “excedentes” o “sobrantes” no pudo ser aplicada, ningún educador fue trasladado, se amplió a 36 el número de cursos en bachillerato, jornada de la tarde, (habían reducido a 34 cursos), se disminuyó el parámetro que "obliga" el MEN, se respeta la especialidad y la asignación académica a todos los docentes. Estos son los resultados alcanzados con la movilización y la huelga de hambre desarrollada desde el pasado 28 de enero hasta el 31 de enero de 2013 por el profesor Miguel Antonio Lasso Muñoz apoyada solidariamente por los padres de familia, docentes y las estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Nariño. Es decir si se lucha se gana. El camino de la movilización es el que deben seguir todos los maestros del Distrito y del país para derrotar la nefasta política del gobierno de Santos, que desafortunadamente por acción u omisión aplican los gobiernos regionales de turno y que ejecutan la mayoría de los directivos docentes. Es urgente organizar en una sola lucha la resistencia que en cada una de las Instituciones Educativas del Distrito se libra en contra del hacinamiento, la entrega de docentes, la sobrecarga laboral, la no asignación académica en la especialidad, la jornada global, ampliada o completa (de 40 horas ), y contra el acoso laboral. Las juntas directivas de la ADE y de Fecode deben liderar y acompañar estas justas reclamaciones de las bases. Debemos mancomunadamente preparar el paro indefinido del magisterio contra las políticas neoliberales y privatizadoras de la educación oficial, la reforma tributaria y laboral, la reforma pensional y la pretensión de evaluar a los docentes del Estatuto Docente amparados por el Decreto 2277 de 1979. Estas calamidades, además de la entrega de estudiantes en convenios o los colegios en concesión y la pésima prestación de los servicios médicos privatizados se pueden derrotar con la lucha unificada del magisterio y la comunidad educativa. Los representantes del Congreso de la República y los representantes del Gobierno (MEN) postergan la reunión de la Comisión Tripartita para el día 20 de marzo de 2013 para diseñar los mecanismos para evaluar a todos los docentes y sancionarlos con el aplazamiento del ascenso y el despido de

quienes terminen mal evaluados. De nada nos sirve que se suprima del proyecto de Estatuto Docente Único el capítulo sobre la evaluación, cuando la columna vertebral de toda la propuesta es esa, la evaluación. De nada nos sirve que le cambien el nombre si los efectos son los mismos: el despido, la

pérdida del puesto de trabajo. Esperamos que esta comisión tripartita, incluida la dirección de Fecode, no entregue definitivamente la estabilidad alcanzada con el Estatuto Docente 2277 de 1979 conquistado con muchos años de lucha y sacrificio del magisterio.

¡No al cierre de sedes, jornadas y cursos. No a la “entrega” de docentes! ¡Por apertura de cursos y cupos en los colegios distritales. Abajo los convenios y colegios en concesión. Basta de acoso laboral contra docentes!

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laboral

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sindicales

–Informe especial–

Trabajadores de Homecenter crean sindicato y negocian convención colectiva política de bonificaciones y estímulos; inexistente interlocución entre el trabajador y el empleador.

Agencia de Información Laboral

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De ahí que como puntos destacados en el pliego de peticiones presentado, están: incrementos salariales, espacios para el diálogo con la empresa, procedimiento disciplinario claro y con etapas, una política de salud ocupacional, tablas de indemnización por despido sin justa causa, alimentación para los trabajadores, fondo rotatorio de vivienda y auxilios escolares.

ebido a las malas condiciones salariales y a los múltiples problemas laborales y de bienestar en el lugar de trabajo, y ante la renuencia de la administración de Homecenter-Sodimac a ofrecerles mejores condiciones, 27 trabajadores de esta multinacional chileno-colombiana, todos empleados del almacén norte de Bogotá, decidieron organizarse en un sindicato con alcance nacional. Así nació el Sindicato Nacional de Trabajadores de Sodimac Colombia, Sintrasodimac, que un mes después de creado, ya tiene más de 100 afiliados y se apresta a negociar convención colectiva. Las comisiones negociadoras de empresa y sindicato se reunieron el 21 de febrero para iniciar la negociación del pliego de peticiones presentado desde el 7 del mismo mes. Una negociación que sin duda no será nada fácil, dadas la resistencia y las trabas de todo tipo que –como se verá– Sodimac Colombia ha interpuesto desde el mismo momento en que fue notificada de la creación del sindicato. Les impuso a los trabajadores una especie de pacto colectivo paralelo con el fin de hacerlos desistir de su afiliación al sindicato, aparte de otros hostigamientos. En los 19 años que lleva Sodimac en Colombia (su primer almacén Homecenter lo abrió en 1994 en Bogotá) es la primera vez que cuenta con un sindicato y negocia convención colectiva, lo cual habla de la dimensión del reto que enfrenta Sintrasodimac; un reto del mismo tamaño de la empresa, una de las gigantes del comercio en Colombia, sector este que tradicionalmente mantiene en condiciones precarias a sus trabajadores. “A mí me nació esto viendo la necesidad de la gente, tanta injusticia que se comete contra los trabajadores y sin espacios para expresar la inconformidad que hay. Decidimos arriesgarnos a que nos echaran si no éramos capaces de formar el sindicato”, dice Fernando Ramírez Acosta, presidente de Sintrasodimac, empleado del almacén del norte de Bogotá y persona completamente nueva en los gajes sindicales.

La empresa reacciona con la “doble” Tan pronto fue notificada de la creación del sindicato, la empresa dio muestras de apertura. Ese día el gerente general de los Homecenter, Miguel Pardo Brigard, emitió un comunicado en el que, palabras más palabras menos, reconocía la creación del sindicato y recordaba que la empresa es respetuosa de la ley y el derecho de asociación de sus trabajadores. Fernando Ramírez A., Presidente de Sintrasodimac

nes; e Inversiones Falabella, de capital chileno, con el 49% de participación. Es pues una empresa exitosa. En el 2011 obtuvo ingresos por $2 billones, sus activos fueron $1,2 billones y sus utilidades $99.000 millones. Sin embargo, no se destaca por el buen trato a sus trabajadores ni por la buena condición de los salarios, que oscilan entre $630.000 y $1.060.000, y que, según el sindicato, están por debajo de lo que se paga en el sector de los grandes almacenes. Además están descuadrados: hay personas con 8 años en la empresa ganando menos que otras que llevan dos o tres años. Otras quejas sentidas, según el sindicato, son: exceso de carga de trabajo por jornada; llamados a descargos de manera indiscriminada; enfermedades laborales ocasionadas por funciones repetitivas y levantamiento de cargas pesadas; sanciones y despidos sin un debido proceso y sin posibilidad de defensa; malla de turnos inflexibles que impide que los trabajadores puedan armonizar su vida laboral con la familiar y educativa; débil

“Reiteramos que Sodimac Colombia tiene y seguirá construyendo espacios de confianza con sus colaboradores para que nuestra empresa siga siendo el mejor lugar para trabajar”, se lee en el comunicado. Lo que hizo pensar que el proceso se encarrilaría por el mismo camino de Carrefour, multinacional que el año pasado reconoció su sindicato y negoció convención colectiva. Sin embargo, a juzgar por los hechos ocurridos después, tal comunicado fue más un elemento distractor que un saludo al sindicato. La empresa jugó con la “doble”. A través de su equipo jurídico empezó a hacer reuniones consultivas en todas las tiendas, preguntándoles a los trabajadores cuáles problemas los aquejaban y qué beneficios querían. Preguntas que a todos sorprendieron porque en sus 19 años de existencia la empresa nunca les había consultado nada. Se pensó que era información que necesitaba para preparar la negociación con el sindicato. Pero no. La empresa se preparaba para montar un pacto colectivo con un fin completamente contrario: desestimular la afiliación al sindicato.

Aparte de la negociación del pliego de peticiones con la empresa, Ramírez Acosta ve como el mayor reto de la naciente organización es tratar de afiliar a ella a la mayoría de los 5.766 trabajadores directos que operan en los 30 almacenes Homecenter de 13 ciudades del país, gente joven casi toda, entre 20 y 35 años.

Además se incrementó la vigilancia sobre los trabajadores. Incluso se han presentado situaciones que podrían caracterizarse como inquisitorias. Fue lo que ocurrió en la tienda de Palmira el 18 de febrero, donde un jefe de área destruyó la publicidad que estaba distribuyendo el sindicato, en la que les informaba a los trabajadores sobre los contenidos del pliego peticiones.

Un pacto colectivo paralelo Tan pronto la empresa recibió el pliego de peticiones, a todos los trabajadores les hizo firmar un plan de beneficios denominado “Sodimac Conmigo”. Varios puntos de este plan tienden a contrarrestar, o copiar, las peticiones del sindicato en temas como salud ocupacional, beneficios económicos y permisos. Además incluye préstamos para vivienda y compra de vehículo. Cabe recordar que la Corte Constitucional en diferentes fallos ha conceptuado que los planes de beneficios y los pactos colectivos son la misma cosa. Con el agravante de que el proceso de promulgación del plan de beneficios “Sodimac Conmigo” no surtió los trámites establecidos en el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que no hubo comisión negociadora, no se efectuó asamblea de aprobación, no existen actas. En conclusión, es un pacto colectivo impuesto por la compañía para destruir el sindicato.

El sindicato hace lo suyo Frente a las presiones de la empresa, Sintrasodimac hace lo que a toda organización naciente le corresponde: difundir sus principios y propósitos. Lanzó una campaña nacional de difusión del pliego de peticiones, que empezó el 17 de febrero y ya ha recorrido los almacenes de Medellín Cali, Bogotá, Palmira, Bucaramanga y Barranquilla. En algunas de ellas la empresa envío integrantes del equipo de seguridad para impedir la distribución de las cartillas y boletines sindicales. Incluso solicitó el apoyo de la Policía Nacional, argumentando que Sintrasodimac turbaba el orden público distribuyendo sus papeles. “Esas actuaciones tienen un carácter disuasivo. El mensaje que transmiten a los trabajadores es: sindicalizarse te puede acarrear consecuencias de tipo policivo y represivo, con lo cual la empresa quiere transformar un problema laboral y sindical en un tema de orden público”, denuncia el presidente de Sintrasodimac.

Un gigante del comercio en Colombia Dentro del grupo de las cadenas de almacenes de grandes superficies, Sodimac Colombia S.A. ocupa el cuarto lugar en activos y el mismo lugar en ingresos, pero sorprendentemente es el segundo en utilidades, por encima de Carrefour y Olímpica. Sus propietarios son la Organización Corona, de Colombia, con el 51% de las accio-

Y simultáneamente empezó una campaña de señalamientos y comentarios disuasivos por parte de mandos medios de la empresa, con el fin de que los trabajadores no se organizaran en sindicato. Eran frases como: “si te afilias puedes perder tu trabajo y no vas a conseguir otro en ningún lado; si te afilias no vas a ascender, se te daña la hoja de vida; si te afilias la empresa se va a quebrar; con el sindicato vas a perder los derechos adquiridos”.

La Comisión Negociadora de Sintrasodimac portando el folleto del pliego de peticiones, de derecha a izquierda, José Fernado Ramírez, Mauricio Forero Olaya, Juan Ortiz Sanabria y Jaime William Ramírez.

Sin embargo, y pese a todas las dificultades, este dirigente es optimista: “No sé si por las ganas que tenemos de fortalecer este sindicato y la oportunidad que tenemos de llevar el mensaje a todos los trabajadores de los Homecenter del país”, dice.

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análisis

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Una mirada al mercado de trabajo en Colombia en 2012

Resultados más malos que buenos Héctor Vásquez F.

A

Escuela Nacional Sindical

la hora de la verdad, los datos del comportamiento del mercado de trabajo en el 2012 son más malos que buenos. Buenos, porque se mantuvo la tendencia a la baja de las tasas de desempleo: la general disminuyó 0,4 puntos porcentuales (pp), al pasar del 10,8% promedio en 2011, al 10,4% promedio en 2012; y bajó también la de jóvenes y de mujeres: 1,3 y 0,9 pp, respectivamente. Malos, porque el empleo en la economía informal no cede, pues la tasa de informalidad permanece alta y en esta condición se mantiene el 51,01% de la población que trabaja en las 13 áreas metropolitanas, situación que es peor en el resto del país (más del 60%). Malos porque aún las tasas de desempleo entre jóvenes y mujeres es altísimo: 19,6% y 14,2%, respectivamente; y malo también porque el mercado de trabajo genera una situación de discriminación gravísima frente a las mujeres: primero, porque estas tienen una tasa de desempleo en general mayor que los hombres: 14,2% frente 8,2%; segundo, porque esta brecha es aún más grande en la población joven: 26,2%, frente a 14,8%; y tercero, porque son también las mujeres quienes presentan una alta proporción de trabajo en la economía informal: 49,2%, frente a 50,8%. Estos datos se presentan en un contexto de crecimiento de la economía de casi 4% en el 2012. 3,9% fue el promedio de crecimiento hasta el tercer trimestre del año pasado, lo que indica que el modelo productivo que se ha impuesto y las políticas de crecimiento que se promueven desde el gobierno, no son eficientes para generar trabajo decente. Según el Dane, Colombia tenía en 2012 una población de 45,2 millones de personas, de las cuales 35,7 millones (79,1%) estaban en edad de trabajar. De esta última, 23,1 millones (64,5%) era población económicamente activa, que es la que está en el mercado de trabajo como ocupados, así sea vendiendo minutos en la calle, o trabajando una hora semanal en el negocio familiar sin recibir remuneración, o simplemente desempleados. En el 2012 la población ocupada sumó 20,6 millones y los desempleados 2,39 millones. El resto es población inactiva, es decir, población que estando en edad de trabajar no lo hace, porque está estudiando, o porque es pensionada, o porque tiene rentas y vive de ellas, o simplemente porque se cansó de buscar empleo y ya ni figura en las estadísticas de desempleo. Lo que resulta una paradoja bien amarga es que en la categoría de “población inactiva” se incluyen a las amas de casa, que son las que más trabajan, las que primero se levantan y las últimas que se acuestan. Respecto al comportamiento del empleo por ramas de actividad económica, las que presentaron una dinámica negativa fueron las ramas del sector agropecuario, el minero, y el de suministro de electricidad gas y agua. El empleo en los demás sectores creció, principalmente en el sector de comercio, hoteles y restaurantes, y en el sector de los servicios comunales, sociales y personales. El empleo en la industria evolucionó positivamente, pero apenas generó 52 mil empleos en el año.

La participación que tienen cada uno de estos sectores en el total del empleo es como sigue: 26,75% corresponden a empleos que se generan en el sector del comercio, hoteles y restaurantes. En este sector el trabajo informal alcanza 69%. En segundo lugar aparece el sector de los servicios sociales, comunales y personales, con el 18,96%. En este sector el nivel de trabajo informal es del 39,1%. El sector agropecuario genera el 17,50% del empleo total, con niveles de informalidad superiores el 50%. La industria manufacturera es el cuarto sector en generación de empleo, con una participación del 12,83% y con niveles de trabajo informal del 39,5%. El sector del transporte, almacenamiento y comunicaciones genera el 8,3% del empleo total, del cual el 62,6% es empleo informal. Sigue el sector inmobiliario, con el 6,7% y con un nivel de trabajo informal del 37%. El sector de la construcción genera el 6,0% del empleo, con 60% de informalidad. En el sector financiero se generaron 1,26 empleos de cada 100, y en la locomotora minera 1,14. Estas últimas con muy bajo nivel de informalidad: 10,8% y 12,5% cada una. Finalmente, el sector de electricidad, gas y agua, genera apenas medio empleo de cada 100.

El trabajo informal domina en la economía colombiana Según la posición ocupacional, la única categoría que no creció fue la de jornaleros o peones, que disminuyó 4,9%. La que más creció fue la categoría “trabajador sin remuneración en otras empresas”: 6,6%, seguida empleados particulares: 6,2%; la categoría “trabajadoras domésticas” creció 4,7%; los “trabajadores familiares sin remuneración” creció 4%. Los trabajadores por cuenta propia crecieron apenas 1,7%, en tanto que la categoría “patrón o empleador” lo hizo en 3%. Finalmente, los empleados del gobierno crecieron 4,3%. La categoría ocupacional que más incidencia tiene en el empleo es la de los trabajadores por cuenta propia, que son el 42,9% de la población ocupada. El 80,8% de estos trabajadores son informales. El trabajo por cuenta propia se presenta principalmente en actividades del rebusque, como el comercio informal, o el reciclaje, entre otros, y tiene el efecto de reducir la tasa de desempleo, pues cualquier ocupación, por precaria que sea, como pararse en un semáforo a limpiar los vidrios de los automóviles, o vender minutos de celulares en la calle, sirve para incrementar la tasa de ocupación. La mayoría de las veces el trabajo por cuenta propia no obedece a una elección que implique la reafirmación de autonomía personal, sino la única alternativa frente al desempleo y la pobreza, y frente a la ausencia de políticas públicas que protejan a los desempleados de la amenaza de verse reducidos a la condición de indigencia. Como lo señala la OIT, ser pobre significa no poder permitirse el desempleo absoluto, por lo que “casi cualquier trabajo sea mejor que ninguno”. De ahí que los altos niveles de pobreza que tiene Colombia sea también una de las razones que explican la alta incidencia que presenta el trabajo en la economía informal. La otra categoría con alta incidencia en el empleo es la de los empleados particulares, o trabajadores asalariados, que son el 35,2%. En esta categoría el trabajo informal es apenas del 21,5%. Las otras categorías, aunque tienen una baja participación en el empleo total, tienen, sin

embargo, una alta incidencia del trabajo informal: las trabajadoras domésticas, el 100%; los trabajadores sin remuneración en otras empresas, el 91%; los trabajadores familiares sin remuneración, el 95%; la categoría patrón o empleador, el 81%, y los jornaleros, el 66%. Características del trabajo en la economía informal son los trabajos más precarios y menos productivos, la ausencia de ingresos fijos y suficientes con los cuales atender las necesidades personales y familiares, y la exclusión de la protección social. En su conjunto el 87,7% de los trabajadores y trabajadoras de la economía informal no tienen seguridad social (a salud acceden vía Sisben). Al respecto, los datos del Dane indican que al régimen contributivo de salud se encuentran afiliados el 11,96%, y a pensiones apenas el 0,8%. Según la OIT, “no se puede negar que es la pobreza lo que fuerza a la mayoría de las personas a aceptar puestos de trabajo poco atractivos en la economía informal, y que los bajos ingresos que se obtienen de estos empleos crean un círculo vicioso de pobreza”. Los resultados del empleo durante 2012 y la estructura del mercado laboral, están condicionados por el modelo productivo que se ha implementado en el país, primero con la apertura y desregulación de la economía que se hizo desde la década de los 90 del siglo pasado durante el gobierno de Gaviria, y después, con la negociación de tratados de libre comercio en los gobiernos de Uribe y Santos. En el 2012 (datos hasta septiembre) los sectores que más incidieron en el crecimiento de la economía del lado de la oferta, fueron el sector minero, con un crecimiento del 7,4%, y el sector financiero, con un crecimiento del 5,5%. Como ya lo mostramos, ambos sectores apenas aportan el 1,14% y el 1,26% del empleo total. En cambio, sectores claves en la generación de prosperidad y empleo, como el sector agropecuario y la industria, el primero apenas creció 2,1% y el segundo 0,0%, es decir, no tuvo crecimiento. Y por el lado de la demanda, los factores que más crecieron en el 2012 fueron las importaciones: 10,1%, muchas de las cuales significan pérdidas de puestos de trabajo; la inversiones o formación bruta de capital: 6,6%; el consumo final (hogares, gobiernos y empresas): 4,2%; y las exportaciones: 4,3%. Si el país privilegiara una política de fortalecimiento del mercado interno (que supone mejorar distribución del ingreso), el desarrollo de la infraestructura, el mejoramiento de la calidad de la educación, y la cobertura de la educación superior, los resultados del empleo y la estructura del mercado de trabajo serían otros, más acordes con la idea de una sociedad incluyente y democrática en los componentes social y económico.

Resultados de Bogotá y Medellín La tasa de desempleo promedio año de Bogotá en el 2012 fue del 9,5%, en tanto que la de Medellín y el Valle de Aburrá se ubicó en 12,4% en el mismo período, 2,9 pp más que la capital. En Medellín se presentó un ligero incremento del desempleo respecto del año anterior, de 0,4 pp, mientras que en Bogotá permaneció invariable. Ambas ciudades tienen un problema en común, pues son receptoras de poblaciones pobres y desplazadas que buscan en ellas mejores oportunidades y seguridad para sus vidas: Bogotá de todo

el país, y Medellín de los municipios del departamento de Antioquia y del Chocó, principalmente. Aunque Medellín tiene una mayor proporción de población en edad de trabajar que Bogotá (83,7% frente a 81,0%), la tasa global de participación (TGP), el indicador que expresa la proporción de población en edad de trabajar que presiona el mercado de trabajo, es mucho mayor en Bogotá (72,1%) que en Medellín (65,6%). En 2012 este indicador se incrementó en ambas ciudades, 1,2 pp y 1,4 pp respectivamente, entre otras razones por la disminución en ambas de la población inactiva, fenómeno que a su vez puede ser consecuencia de los precarios ingresos de los ocupados, un factor que obliga a que nuevos miembros del hogar, como las mujeres y los jóvenes, se vuelquen sobre el mercado de trabajo en busca de un empleo que permita mejorar los ingresos. Aunque Bogotá tiene una mayor tasa global de participación que Medellín, tiene sin embargo una mayor tasa de ocupación y una tasa de desempleo menor, lo que refleja una dinámica económica con mayor capacidad de respuesta respecto de la población que busca un empleo. Con relación a la calidad del empleo que las personas tienen en ambas ciudades, una situación que miden los indicadores “tasa de subempleo subjetivo y objetivo”, ambos mayores en Bogotá que en Medellín: 34,1% frente a 31,8%, y 13,2% y 12,1% respectivamente. Ambos indicadores miden la proporción de personas inconformes respecto del empleo que tienen, por insuficiencia de horas, o porque el empleo no es el adecuado con las competencias que se tienen, o porque los ingresos que proporcionan son insuficientes. Pero el segundo indicador expresa que además de estar inconforme con el empleo que se tiene, se están haciendo gestiones para buscarse otro. En relación con la ocupación por ramas de actividad económica, en ambas ciudades la mayor proporción de población ocupada se encuentra en el sector del comercio, hoteles y restaurantes: 28,69%en Bogotá y 28,97% en Medellín. En Bogotá la segunda actividad con mayor participación de población ocupada son los servicios sociales, comunales y personales, en la que están ocupados el 22,75% del total; para Medellín, en cambio, esta actividad es la tercera, con una participación del 20,93%. La industria manufacturera es la actividad con la segunda participación en el empleo en Medellín, con el 21,85% del total, y la tercera en Bogotá, con una participación del 15,90%. En esta actividad Bogotá presentó una disminución del empleo en el 2012, pues se perdieron 17 mil empleos en todo el año. En Medellín, en cambio, durante todo el 2012 se crearon 315 mil nuevos empleos. Tanto en Bogotá como en Medellín aumentó el empleo en los sectores de la construcción, del inmobiliario, del transporte, almacenamiento y comunicaciones. En cambio, mientras en Bogotá el sector financiero generó 15 mil puestos de trabajo durante todo el 2012, en Medellín se perdieron 6 mil. Respecto al trabajo en la economía informal, Medellín presenta una mayor proporción que Bogotá de población que trabaja en esta condición: 47,3% frente a 45,9%; en ambas ciudades el trabajo informal se incrementó en el último año: Bogotá 0,56 pp, y Medellín 0,49 pp.

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internacional

Elecciones en Ecuador 2013

Goleada de Correa Eduardo Tamayo G. Periodista ecuatoriano / Alai Amlatina

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l Presidente Rafael Correa ha sido reelecto en la primera vuelta con una votación superior al 60%, según encuestas a boca de urna realizadas por las empresas Cedatos y Opinión Pública Ecuador. Según estos datos preliminares extraoficiales, Correa ha ganado en todas las provincias del Ecuador, seguido por el banquero Guillermo Lasso, quien obtiene un 21% de los votos. Salvo la denuncia de intentos de jaqueo a la página web del Consejo Nacional Electoral, la jornada electoral se desarrolló en forma tranquila y normal, tanto en los recintos electorales del Ecuador como del exterior.

de los sectores económicos dedicados a estas ramas. Estos sectores empresariales ya se habrían ‘acostumbrado” a pagar impuestos y a cumplir las leyes laborales porque esto les permite tener mejores relaciones con sus trabajadores, repercutiendo en una mayor productividad. Desde el punto de vista internacional, el triunfo de Correa representa el afianzamiento de la tendencia de los gobiernos progresistas que ya han logrado reelegirse en Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Nicaragua, y una apuesta al fortalecimiento de los espacios de integración como el Alba, la Unasur y la Celac. El gobierno de Correa deberá enfrentar situaciones difíciles como el caso de Julián Assange, que se encuentra asilado en la embajada de Ecuador en Londres, la ley de Estados Unidos

El triunfo de Correa implica un triunfo de la estabilidad en un país que ha tenido profundas crisis políticas en las que varios gobiernos corruptos y entreguistas han sido derrocados por la movilización social. Es la primera vez, en más de tres décadas, que un presidente conserva altos niveles de popularidad al final de su mandato y es reelecto con un amplio margen.

Algunos elementos pueden explicar el contundente triunfo de Correa: crecimiento económico, bajas tasas de inflación y de desempleo y políticas de redistribución del ingreso que se han traducido en una masiva inversión social en educación, salud, vivienda, atención a los discapacitados y mejora de la calidad de los servicios públicos (correos, seguridad social, registro civil, función judicial).

Un candidato a asambleísta del Movimiento Alianza País, cuyo nombre omitimos, plantea que el voto de Correa es ‘transclase”, es decir que estaría compuesto por todos los sectores sociales. La gestión del gobierno, de acuerdo a esta versión, ciertamente ha favorecido a sectores empresariales a los cuales no les ha ido nada mal y que constituirían el voto escondido a favor de Correa. El mejoramiento de las carreteras, por ejemplo, les permite ahorrar tiempo y una mayor facilidad para movilizar sus productos. De la misma forma, las políticas económicas que limitan las importaciones de textiles o calzado han permitido el crecimiento

La campaña Otra cosa que influyó en los resultados electorales fue el diseño de la campaña de Correa. Pese a la gran popularidad del Presidente, el movimiento Alianza País partió con el criterio de actuar como si no tuviera un solo voto y privilegió la campaña en la calle, el acercamiento a la gente, las concentraciones en pueblos y ciudades, lo que se complementó con el uso de medios y redes sociales. Este movimiento ha acumulado la experiencia de ocho victorias electorales consecutivas. Aunque ya se preveía el triunfo de Correa, no estaba asegurada la mayoría en la Asamblea Nacional compuesta por 137 miembros, por lo que la estrategia del Presidente se enfocó en la Asamblea. “No me dejen solo” decía Correa a sus seguidores en las concentraciones mientras llamaba a votar en plancha por su lista de asambleístas. Pese a que algunos candidatos a asambleístas fueron cuestionados e incluso el candidato a la Vicepresidencia, esto no parece haber repercutido en los resultados finales que darían una holgada mayoría a Alianza País en la legislatura, habiendo influido más el carisma de Correa.

En este sentido, la votación por Correa expresa un espaldarazo a la continuidad de sus políticas y una oportunidad para que concluya las obras que ha emprendido en materia de carreteras, hospitales, planteles escolares, centrales hidroeléctricas, etc.

Al imprimir altos niveles de calidad a los servicios públicos y al ponerlos a disposición de los sectores más pobres de la población, estos últimos no solo tienen acceso a ellos sino que se sienten valorados en su dignidad y eso explicaría el alto apoyo a Correa. Estos sectores, asimismo, han sido beneficiados por el bono de desarrollo que en el mes de enero subió de 35 a 50 dólares mensuales.

tores de la derecha tradicional que comparten algunas de sus tesis esgrimidas en la campaña como el de derogar los impuestos a los más ricos, firmar tratados de libre comercio y abrir el país a la inversión extranjera privada. Lasso es miembro numerario del Opus Dei y mantiene relaciones con José María Aznar del Partido Popular de España, que actúa en América Latina representando a la derecha internacional y al capital transnacional.

Ampliación de la democracia

que sanciona a los países que mantienen relaciones con Irán, las demandas de las transnacionales contra el Estado ecuatoriano, entre otros. A la victoria de Correa contribuyó de manera decisiva la fragmentación y la pobreza del discurso de las oposiciones (de derecha, izquierda y populistas) que presentaron siete candidaturas presidenciales, sin que hayan podido unificarse en tres o cuatro tendencias. Centradas todas en atacar lo que denominaron el autoritarismo, la intolerancia y la concentración de poderes en manos de Correa, fueron incapaces, especialmente desde la derecha representada por el banquero Guillermo Lasso, el hombre más rico del Ecuador Álvaro Noboa y el expresidente Lucio Gutiérrez, de proponer alternativas creíbles y medianamente estructuradas y coherentes. Guillermo Lasso, que se ubicó en el segundo lugar, canalizó el voto anticorreista de los sec-

A principios del siglo XX se reconoció el voto a las mujeres. En 1979, cuando el Ecuador retornó al régimen democrático, se reconoció este derecho a los analfabetos. En el 2013, y gracias a la nueva Constitución, se ha avanzado mucho más en la inclusión política. Ahora pudieron votar los jóvenes de 16 a 18 años, los militares y policías, los emigrantes, los presos sin sentencia ejecutoriada, los extranjeros residentes. De acuerdo a esta política, se tomaron medidas para que los policías y transportistas ayuden a las personas con discapacidad y personas de la tercera edad a llegar a los recintos electorales. Este nuevo triunfo de Correa plantea grandes retos y desafíos en función de cumplir las propuestas contenidas en el programa de gobierno 2013-2017 de Alianza País y responder a las expectativas de una ciudadanía cada vez más empoderada. En el horizonte de las deudas pendientes está atacar la concentración escandalosa de la tierra, la redistribución del agua, la ley de comunicación, el freno a los grupos monopólicos que concentran la economía, el abrir el diálogo político con los pueblos indígenas, el combatir a fondo la corrupción, entre otros.

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laborales

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La Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores

Compromiso con el trabajo decente

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ntrevista del Informativo CUT Bogotá Cundinamarca con el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores, Luis Eduardo Pineda Palomino.

a las 4 p.m., y en especial, los de fin de mes, tenemos conversatorios sobre temas de actualidad jurídica y social. Estos son completamente gratis, y pueden asistir todas las personas que lo deseen. Para el día 7 de marzo a las 4 p.m., está confirmada la conferencia sobre el Proceso de Paz en la Habana, Cuba, por parte del compañero Carlos A. Lozano Guillén, director del semanario Voz. Están todos invitados.

Cuéntenos qué es la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores de Colombia, y qué funciones cumple. Nuestra Asociación, es una ONG con personería jurídica vigente, reconocida por el Ministerio de Justicia mediante la Resolución Nº 6349 de 22 de agosto de 1977, cuyo objetivo principal es la defensa de los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales. Las funciones se encuentran contenidas en sus estatutos y se resumen en la asesoría, litigio en los estrados judiciales y administrativos, educación en materia legal, laboral y política, orientación de conflictos jurídicos y económicos en favor de los trabajadores. Propende también por el desarrollo y formación de sus miembros. ¿Qué es la Carta Sociolaboral Latinoamericana que los abogados laboralistas promueven, y qué relación tiene con la lucha por el trabajo decente en el mundo? La Carta Sociolaboral Latinoamericana es un instrumento jurídico que viene proponiendo la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Alal, a la cual nosotros pertenecemos, para la construcción de un nuevo paradigma de relaciones laborales, que constituya un piso inderogable para todos los trabajadores latinoamericanos. Una respuesta global a una crisis global del sistema capitalista. Es una Carta Sociolaboral para Latinoamérica, como paso previo a una Constitución Social planetaria. Es ante todo el resultado de la búsqueda de la patria grande que integrará a la América Latina, aspiración bolivariana, en relación con la unidad de los pueblos y de los derechos de los trabajadores en todos sus aspectos: en particular la estabilidad en el trabajo, la unificación de la jurisprudencia, la protección para los inmigrantes; es la tendencia a que sirva de apoyo a los intentos reales de unificación de los Estados latinoamericanos. Esta Carta es una fuente formal de derecho que se propone al movimiento obrero y a todos los gobiernos latinoamericanos, que contiene entre otros, los siguientes derechos y garantías: 1. Libre circulación de personas en el espacio comunitario, sin discriminación en razón de la nacionalidad y con igualdad de derechos. 2. Relaciones laborales democráticas y sin discriminación de cualquier tipo, de manera tal que el trabajador, ciudadano en la sociedad, también lo sea en la empresa. 3. Derecho a la verdad, y de información y consulta, en todos los temas relativos a la vida de la empresa que puedan afectar a los trabajadores. 4. Derecho a un empleo estable, y prohibición y nulidad del despido arbitrario o sin causa.

¿Qué publicaciones y sobre qué temáticas ha venido desarrollando la Asociación de Abogados Laboralistas? Luis Eduardo Pinada Palomino (a la derecha de la foto) es entrevistado por los compañeros de Sintracntv.

5. Derecho a un trabajo digno y de calidad que, como mínimo, responda a las pautas de la Organización Internacional del Trabajo. 6. Derecho a una retribución digna, que cubra todas las necesidades del trabajador y de su familia y que, además, tenga en cuenta los beneficios obtenidos por el empleador. 7. Derecho a una real y efectiva jornada limitada de trabajo. Los Estados deberán ejercer con la energía necesaria y con los medios adecuados su poder de policía laboral, para evitar toda trasgresión a los límites horarios máximos de labor. 8. Derecho a la formación y capacitación profesional. 9. Derecho a la seguridad social, que cubra las necesidades vitales del trabajador y de su familia, frente a las contingencias sociales que puedan afectar sus ingresos económicos. La seguridad social debe ser función indelegable del Estado, por lo que deberá revertirse el proceso de privatización que sufrieron nuestros países en la década del 90. 10. Institucionalización de una Renta Básica Ciudadana, como derecho de cada persona, sin importar su raza, sexo, edad, condición civil o social, de recibir una renta para atender sus necesidades vitales. 11. Derecho a la efectiva protección de la salud y la vida del trabajador, frente a los riesgos del trabajo. La gestión del sistema de prevención y reparación de los daños causados por los siniestros laborales no podrá estar en manos de operadores privados que actúen con fin de lucro. 12. Derecho a la organización sindical libre y democrática. 13. Derecho a la negociación colectiva, nacional y transnacional. 14. Derecho de huelga, comprensivo de las diversas formas de presión y protesta, y sin restricciones reglamentarias que lo limiten o anulen. 15. Protección laboral real y efectiva para los trabajadores afectados al servicio doméstico y al trabajo agrario. 16. Garantía del cobro de los créditos laborales, estableciéndose la responsabilidad solidaria de todos los que en la cadena

productiva se aprovechan o benefician de la fuerza de trabajo asalariada. 17. Creación de Fondos que cubran los casos de insolvencia patronal. 18. Garantía de una Justicia especializada en Derecho del Trabajo, con un procedimiento que recepte el principio de protección. 19. Tutela para los representantes y activistas sindicales contra cualquier represalia que pueda afectar a su familia, a su empleo o a sus condiciones laborales. 20. Principio de progresividad, que significa no solo la prohibición de retroceso social, sino el compromiso de los Estados de alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos laborales. ¿Qué actividades de estudio permanente y de formación sindical desarrolla actualmente la Asociación de Abogados Laboralistas? La Asociación realiza cada año un conversatorio para los trabajadores del Estado, un Seminario Nacional Sindical que se hará en Bogotá, el 30 de abril; también una Clínica Jurídica que se llevará a cabo en Cali, en julio de este año; el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Alal, en Medellín, a finales de noviembre de 2013. Hemos promovido la conformación y sesión en Bogotá, del Tribunal Mundial de Libertad Sindical, conformado por magistrados que vienen de varios países, que conoce de la violación permanente del derecho a la libertad sindical (asociación, negociación y contratación colectivas, y huelga) por parte de patronos públicos y privados, ante el silencio y muchas veces aval de las autoridades. También, en convenio con la Universidad Autónoma de Colombia, realizamos los diplomados en Casación, Seguridad Social y uno nuevo de Acciones y Procesos Constitucionales, este último con el fin de fortalecer y reforzar los conocimientos no solo de nuestros miembros, sino de todos los abogados, en el derecho constitucional, dado que para ser un buen laboralista, penalista, civilista, etc., primero hay que conocer el derecho constitucional, y para los litigantes, los procesos de esta índole. En la sede de la Asociación, de la calle 17 Nº 5-43 piso 9, en Bogotá, todos los jueves

La Asociación tiene su órgano permanente de difusión de su posición política, doctrinaria y jurídica, que es la Revista Trabajo y Derecho. Recientemente se acabó de publicar la número 49 y estamos elaborando la número 50, asunto de gran orgullo y satisfacción para nuestra organización, dado el inmenso esfuerzo que nos representa y la importancia de esta en el movimiento sindical. La revista número 49 contiene, entre otros temas importantes, la Sentencia de condenatoria contra el Estado colombiano proferida por el Tribunal Mundial de Libertad Sindical, por la violación sistemática al derecho a la libertad sindical y sus repercusiones en la OIT. ¿Cómo se pueden contactar los interesados en participar en las actividades que promueve la Asociación de Abogados Laboralistas? Con nosotros se pueden contactar a la dirección de correo electrónico: asolaborales@ gmail.com. ¿Qué convenios o alianzas estratégicas considera usted que pueden desarrollar los sindicatos y la Central Unitaria de Trabajadores con la Asociación de Abogados Laboralistas? La Asociación mantiene vínculos permanentes con las centrales obreras a través de los distintos sindicatos que asesoramos en forma habitual. Esto debe mejorar y ampliar su cobertura en un intercambio fluido. Con la CUT tenemos firmado institucionalmente un Convenio para asesoría en distintos aspectos, en particular en lo relativo a la educación para los trabajadores, el cual contiene la firma de su anterior presidente, Carlos Rodríguez; se debe revisar, actualizar y ponerlo en práctica. ¿Cuáles son las próximas actividades de formación que desarrollará la Asociación de Abogados Laboralistas? Para el día 13 de marzo de 2013, tenemos un conversatorio sobre Negociación Colectiva de Empleados Públicos y el pliego de peticiones unificado de estos. Será en el Auditorio Azul de la Universidad Autónoma de Colombia. Empezará a las 8:30 a.m. La entrada es gratis. Realizaremos el Seminario Nacional Sindical en Bogotá, el 30 de abril, y la Clínica Jurídica, en el mes de julio en Cali.

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cultural

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Marta Gómez G

canción social y humana

raduada con honores de la prestigiosa Berklee College of Music luego de recibir la beca "Best Achievement", la cantaautora colombiana Marta Gómez ha desarrollado una carrera artística que la posiciona como una de las compositoras e intérpretes más destacadas de la actual escena musical internacional. Marta fue nominada en el 2005 a los premios Billboard de la música latina en la categoría Jazz Latino junto a Paco De Lucía, Gonzalo Rubalcaba y Néstor Torres, y ha sido calificada por la prensa como una cantante con una "voz exquisita". El diario Los Angeles Times"la describió recientemente como "un talento excepcional con una voz sublime". Marta Gómez inició su carrera musical a la edad de 4 años cantando en el coro del Liceo Belalcázar, en Cali, Colombia. En el verano de 1999 Marta viajó a Boston para ingresar a Berklee donde más tarde recibió el premio de composición Alex Ulanowsky por su bambuco Confesión antes de graduarse Magna cum laude en el 2002. En el año 2003, Marta fue escogida por la famosa cantante norteamericana de blues Bonnie Raitt para abrir su concierto al lado del joven ganador del Grammy, John Mayer, y más tarde Marta fue la invitada especial en el concierto de la gran cantora argentina Mercedes Sosa. A principios del 2004, la joven cantaautora fue incluida por el sello Putumayo World Music en su recopilación de cantantes femeninas latinoamericanas, donde aparecen también cantantes de la talla de la peruana Susana Baca, Totó la Momposina y Tania Libertad, entre otras.

ricos latinoamericanos. En este CD, Marta tuvo la fortuna de contar con la participación de otro grande de la canción, el cantaautor gaditano Javier Ruibal. Promocionando este nuevo trabajo, ha viajado a Israel (Zappa Jazz Club), Colombia (Festival de Músicas de Cartagena), Ecuador (Teatro Sucre), España (Festival Barnasants y La mar de músicas de Murcia) y Suráfrica (KKNK Festival). En una entrevista realizada por la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, el periodista Steve Inskeep dijo que admira la capacidad de la cantante de "transformar la dura historia de su país en música dulce". Marta se nutre de lo cotidiano, y de esa nostalgia surgen canciones con un profundo contenido social y humano. “...tengo un país atravesado en la garganta que no me deja que me vaya acostumbrando a la distancia”. Marta Gómez

Siendo la composición su centro de enfoque y con más de 80 canciones compuestas, Marta ha ganado muchos concursos en este campo, siendo el más prestigioso el Sibl Project, de EE.UU., que escogió su canción Paula Ausente como la mejor canción inspirada por un escritor latinoamericano. Paula Ausente es una canción dedicada a la escritora chilena Isabel Allende y Marta tuvo la oportunidad de cantársela a Allende en noviembre del 2004, en California. Esta misma canción fue incluida en otro álbum de Putumayo llamado "Mujeres del mundo acústico" (2007) y hace parte de la banda sonora de la serie "Capadocia" producida por HBO Latino América.

taautor norteamericano Kris Kristofferson dedicada a los desaparecidos en Argentina e Irak. Marta "llevó la canción a un nivel muy alto, a donde realmente pertenece" según las palabras del mismo Kristofferson. El escritor John Sandford, hizo referencia a esta interpretación en su novela Dark of the moon (La oscuridad de la luna).

Marta fue escogida por la revista colombiana Fucsia como una de las cinco colombianas más representativas del año 2005. Más adelante, Marta grabó una canción llamada The circle (El círculo) compuesta por el can-

Su producción "Entre Cada Palabra" (2005 Chesky records) la hizo merecedora del título a "Mejor Acto Nacional de World Music" del año 2006 por el diario Boston Phoenix. Su quinta producción "Musiquita" hizo entrar

http://www.martagomez.com/index.php / http://www.lepoissonrouge.com/lpr_events/ encuentro-nyc-presents-marta-gomez/

La canción de Marta a Marta una vez más en la lista de los diez mejores discos del género "World Music" de los European World Music Charts por varias semanas consecutivas. Con este trabajo, Marta ofreció una serie de conciertos en países tan diversos como Estados Unidos, Países Bajos, España, Suecia, Suiza y en Israel, donde también colabora frecuentemente con el ícono de la música de ese país, Idan Raichel. En "El corazón y el sombrero", su sexta producción discográfica, la cantaautora le rinde un homenaje al gran poeta granadino Federico García Lorca, musicalizando 12 de sus poemas con ritmos folkló-

Marta nació cantando. En su cuna componía y cantaba los ruidos que la rodeaban, para llamar el sueño. Marta compone para conjurar la nostalgia y espantar las tristezas, las suyas y las ajenas. Aprendió a cantarle al alma y el alma aprendió a oírla. En su voz canta el viento, a veces se ríe un río y hasta se escuchan los murmullos de la tierra. Con su guitarra, su voz y llena de ganas sigue componiendo los cantos que la rodean y las voces que le dictan las ausencias, para arrullar el silencio. Nicolás Buenaventura Vidal

La constitución del estado nacional

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Reforma agraria, repúblicas independientes y conflicto agrario en el campo (segunda parte) Miguel Ángel Urrego Instituto de Investigaciones Históricas Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

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n esta segunda entrega sobre el problema agrario en Colombia queremos detenernos en su transformación en las últimas décadas a raíz de tres fenómenos nuevos: el conflicto armado, el narcotráfico y el paramilitarismo; y las recientes formas de acumulación neoliberal.

El conflicto armado y problema agrario Obviamente el crecimiento del conflicto armado, que tiene como escenario principal el campo, transformó sustancialmente las formas que revestía el tema agrario en Colombia. En efecto, importantes zonas estratégicas, económica o militarmente, se convirtieron en región de conflicto, un buen ejemplo fue Urabá donde se asentaron grandes empresas exportadoras de banano, influyentes sindicatos agrarios, guerrillas (especialmente el EPL y las Farc), grupos paramilitares y contingentes del ejército. En Urabá se presentaron todo tipo de eventos ligados al conflicto: secuestros y extorsiones por parte de la guerrilla; asesinato de campesinos y dirigentes sindicales por el paramilitarismo; masacres, como la de 37 militantes y reinsertados del EPL que vivían en el barrio La Chinita a manos de las Farc (23 de enero de 1994), y el desplazamiento; y el pago de protección de algunas empresas bananeras a los paramilitares. En otras regiones de importancia militar o económica, como en el Putumayo, Cauca o Arauca se han presentado dinámicas similares. Ello ha originado que el tradicional conflicto agrario, por la propiedad de la tierra y contra relaciones de trabajo serviles en el campo, sea obviado por el impacto de la guerra y que los dirigentes campesinos queden en medio del conflicto. No es extraño que en varias regiones los campesinos e indígenas constituyan comunidades de paz y exijan ser considerados ajenos al conflicto. De manera que el impacto de la lucha armada en el campo ha sido desastroso para las reivindicaciones campesinas, pues en lo esencial quedaron aplazadas.

Autodefensas, paramilitares, narcotráfico y problema agrario La transformación de las primeras autodefensas, surgidas como reacción a los desmanes de la guerrilla, en grupos paramilitares se constituyó en una de las grandes tragedias para el movimiento campesino y popular en Colombia. En efecto, de los pequeños grupos aislados de campesinos y propietarios que vigilaban sus propiedades y bienes de la acción insurgente, se pasó, en un muy

corto tiempo, al abandono de las tareas de autodefensa por la de combate directo con la guerrilla y la implantación de modelo de tierra arrasada que implicó el asesinato de la población que era acusada de auxiliar a la insurgencia. La transformación del paramilitarismo en un verdadero ejército que copó el país abrió la caja de Pandora y con ello se escaparon todos los males: degradación del conflicto con crímenes atroces de extrema sevicia; masacres permanentes de campesinos inermes; desplazamiento forzados de millones de colombianos; proceso agresivo de territorialización de paramilitares y sus aliados, lo que supuso una contrarreforma agraria y un proceso vertiginoso de creación de grandes latifundios; masificación de las extorsiones económicas y régimen de terror en los campos y ciudades debido a la imposición de cuestionables códigos de conducta de los ciudadanos; y privatización de la justicia. Además de estos efectos negativos hay que detenerse en dos hechos adicionales en la historia del paramilitarismo. El primero, el desplazamiento de los paramilitares a los negocios de la droga y la formación de nuevos carteles. Con ello no solamente diversificaron sus fuentes de financiamiento sino que adquirieron enorme poder económico. No obstante, para el país la unificación de estos dos intereses dificultaba la solución del conflicto interno, pues amarraba el proceso de paz a la solución del narcotráfico e involucraba, aún más, a Estados Unidos en el conflicto interno, la extradición de guerrilleros bajo la acusación de tráfico de drogas es un buen ejemplo. El segundo afecto negativo es que el paramilitarismo logró constituirse en una fuerza no solamente militar sino en la expresión de la ultraderecha, con tintes fascistas, del mundo agrario, que logró constituir un proyecto político que tuvo enorme influencia en el Congreso, los cuerpos de seguridad y controló el Estado bajo el gobierno de Álvaro Uribe. El tema del paramilitarismo se constituye así en el más importante de la nación. Por último, habría que señalar que el modelo de combate al narcotráfico ha sido el medio para la intervención de Estados Unidos en nuestra política interna, la imposición de la fumigación como principal estrategia de combate a los cultivos y el establecimiento de la guerra contra los carteles y consumidores, antes que la prevención y la creación de alternativas para los campesinos cultivadores.

Neoliberalismo y locomotora minera Un último ajuste de tuercas al problema agrario ha sido el impacto del modelo de acumulación neoliberal en el campo. En efecto, inicialmente empobreció a los productores de alimentos al permitirse la introducción masiva de exportaciones agrícolas subsidiadas del primer mundo. Posteriormente, el modelo se ocupó de inundar zonas estratégicas con cultivos de palma africana como supuesta solución a las dificultades del mundo rural. No obstante, este cultivo se ha basado en la aniquilación de los bosques tropicales, un gran impacto ambiental toda vez que la palma requiere grandes usos de fertilizantes y químicos y, por último, no representa una alternativa laboral, pues la mano de obra que requiere su cultivo es comparativamente menor. Finalmente, el modelo incluyó la masificación de la minería que fue radicalizada con la metáfora de la “locomotora minera”. Dicho modelo puso al país en la misma condición de la época del dominio colonial: explotar metales preciosos con la pauperización de la población y escaso impacto económico. Por otra parte, la minería ha desatado una verdadera degradación del medio ambiente, acabando con la flora y fauna y envenenando las aguas debido al uso del mercurio. Adicionalmente, se entregó a los grandes monopolios extranjeros la explotación de los yacimientos más importantes. En resumen, el problema agrario, que definimos como uno de los más importantes para la nación, ha venido complejizándose en los últimos años debido a la presencia de nuevos actores y problemas. Ya no se trata, como en la primera mitad del siglo XX, de la lucha por la tierra sino que también ha sido fundamental que los campesinos y la sociedad civil se planteen el problema de la autonomía alimenticia y la preservación del medio ambiente, que el modelo de la minería y de cultivos como el de la palma amenazan con agravar. Por supuesto, la restitución de las propiedades, el retorno de los desplazados a sus zonas de origen y el pago de indemnizaciones, son prioridades.


Informativo Cut , Bogota -Cundinamarca