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No.1 Abr - Jun 2013

Entrevista

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ara DN DerechoCriminología, la M. en D.A.E.S María Concepción Molina Alcántara, Directora de la Facultad de Derecho y el M. en D. P .P Andrés Bernal Barraza, Director de la Facultad de Criminología de la Universidad de Ixtlahuaca CUI, nos explicaron que la idea de la revista electrónica especializada en derecho y criminología surgió por la demanda de sus alumnos y maestros por tener un espacio

Por: Karina Pantoja Estrada para expresarse. “Hoy en día los estudios criminológicos son de gran relevancia debido a la situación que vivimos en el país en materia de seguridad y es una responsabilidad de los universitarios aportar sus experiencias y propuestas”, afirma el M. Andrés Bernal...

Luis Miguel Galán Díaz

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eamos a la deconstrucción como una estrategia de lectura, como una estrategia para desenmascarar discursos. Por supuesto la estrategia de lectura deconstructiva seguirá los designios de Jaques Derrida, y el discurso a desenmascarar será el de la criminología...

Selene Bastida Montiel

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or mucho tiempo la prisión ha sido considerada una casa de corrección donde llegan “los malos”; el tratamiento penitenciario es publicitado como mecanismo preventivo para evitar reincidencia y como ejemplo social para evitar nuevos delitos.

Directorio M. en D. Margarito Ortega Ballesteros

Rector y Director General Lic. Nicodemus Flores Vilchis

Secretario de Docencia Ing. María de las Mercedes Vieyra Elizarraraz

Secretaria Administrativa M. en D.A.E.S. Gustavo Modragón Espinosa

Secretario de Rectoría y Coordinador del Posgrado en Educación M. en D.A.E.S. María Concepción Molina Alcántara

Coordinadora Académica de la Licenciatura en Derecho M. en D.P.P. Andrés Bernal Barraza

Director de la Facultad de Criminología

Área Editorial César Gabriel Figueroa Serrano

Jefe del Área Editorial Nadia Salazar Contreras Karina Pantoja Estrada

Subcoordinación Editorial Luis Miguel Galán Díaz Adrián Nente Palma

Editores Especializados Lina Garcia Mercado Javier Munguía Mixcoatl María del Carmen Méndez Villalobos

Diseño Gráfico

Por Karina Pantoja Estrada.

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n Entrevista para DN DerechoCriminología, la M. en D.A.E.S María Concepción Molina Alcántara, Directora de la Facultad de Derecho y el M. en D. P .P Andrés Bernal Barraza, Director de la Facultad de Criminología de la Universidad de Ixtlahuaca CUI, nos explicaron que la idea de la revista electrónica especializada en derecho y criminología surgió por la demanda de sus alumnos y maestros por tener un espacio para expresarse. “Hoy en día los estudios criminológicos son de gran relevancia debido a la situación que vivimos en el país en materia de seguridad y es una responsabilidad de los universitarios aportar sus experiencias y propuestas”, afirma el M. Andrés Bernal. Asimismo, la M. Concepción Molina considera necesario explotar el talento y potencial de los alumnos y docentes en materia jurídica, además de la importancia de dar a conocer los trabajos de investigación que ellos realizan y que, en la mayoría de los casos, culminan en su trabajo de tesis.

Como miembro de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Derecho (ANFADE) y de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina (AFEIDAL), la Facultad de Derecho de la Universidad de Ixtlahuaca CUI, invitará a destacados juristas miembros de estas asociaciones a colaborar en la revista, también convocará a sus catedráticos de las maestrías en Derecho Fiscal, Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Penal y en la de Medios de Solución de Conflictos, ya que son personas que tienen experiencia en la postulancia, jueces y magistrados, que pueden contribuir en gran manera con su conocimiento a la publicación. Se está previendo, de igual manera, invitar a distinguidos autores de obras que han visitado esta universidad como son el Dr. Miguel 4

Carbonell, Dr. Raúl Carrancá, Dr. Enrique Díaz Aranda, entre otros investigadores. En materia Criminológica, al ser miembro del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica (CIECRIM) y de la Sociedad Mexicana de Criminología (SOMECRIM), así como del Instituto Iberoamericano de Victimología, la Facultad de Criminología de la Universidad de Ixtlahuaca convocará a los presidentes e investigadores de dichas organizaciones, así como del INACIPE, la UNAM, la UAEM, la UAM, entre muchas otras, para colaborar en la publicación. Una vez que se reciban las colaboraciones, tanto la Facultad de Derecho, como la de Criminología, contarán con un cuerpo especializado de revisores, quienes determinarán si el texto cumple con los lineamientos para

ser publicado. Cabe resaltar que los revisores son candidatos a doctor, especialistas en las materias con amplia experiencia laboral. De esta manera, la Universidad de Ixtlahuaca se proyecta, a través de DN Derecho-Criminología “como una escuela de compromiso y trabajo. La universidad tiene un gran reto, el cual consiste no solamente en informar a los alumnos, sino educarlos y, la educación está en todo, aquí vamos a hablar de actitudes, destrezas, capacidades, formar verdaderos líderes que conozcan sus potenciales para explotarlos en el ámbito laboral, se tiene que difundir ante la sociedad el trabajo y la responsabilidad que tiene esta universidad a través de la licenciatura en derecho con trabajos serios que hablen del entorno social, de los problemas que nos acontecen hoy en día y cuál es el papel que desempeñan los juristas. La Universidad de Ixtlahuaca CUI es un referente no sólo a nivel estatal y nacional,

sino también internacional, por los niveles de catedráticos que tenemos, una planta docente comprometida, preparada y de calidad, tan es así que publica sus obras”, asegura la Maestra Molina. Por su parte, el M. Bernal comenta que “la Licenciatura en Criminología en la Universidad de Ixtlahuaca es un referente no sólo en México, sino en el mundo, pues fue la primera que se estableció en el Estado de México 2005 y, a la fecha ha organizado 8 congresos internacionales que han convocado a connotados especialistas, representantes de diversas instituciones académicas, dependencias de gobierno, asociaciones civiles, entre otros organismos a los que se les enviarán los materiales a publicar para que nos puedan aportar opiniones o comentarios que nos permitan hacer mejoras en nuestros trabajos y, así formar mejor a los criminólogos, de los cuales, está ávida la sociedad actual”. Finalmente, la Maestra Concepción Molina aseveró que los catedráticos de las licenciaturas en Derecho y Criminología “continuamente implementan diversas estrategias para el aprendizaje de sus alumnos, que contribuyan a la formación integral de los mismos, una educación basada en valores, ya que mucho 5

se ha desprestigiado al abogado. Para garantizar la educación que impartimos, el 94% de nuestros docentes son posgraduados y seguimos preparándonos todos los miembros de este claustro para dar un mejor servicio, porque es fundamental que los docentes conozcamos cuáles son las nuevas formas de enseñanza y que aprovechemos los espacios e infraestructura que ofrece la Universidad de Ixtlahuaca como son: las Salas de juicios orales, en las que los discentes llevan a cabo sus prácticas y de manera periódica se imparten talleres y diplomados en juicio oral, sistema acusatorio y adversarial. También se cuenta con laboratorios de Criminología y Criminalística en los cuales los estudiantes realizan prácticas forenses, de balística, dactilares, pruebas microscópicas, 6

entre otras. Todo ello con el objetivo de que quienes egresan de esta Universidad posean el conocimiento y herramientas para incorporarse al campo laboral de manera exitosa”.

Una aproximación a la Deconstrucción de la Criminología Luis Miguel Galán Díaz

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ensemos la deconstrucción como una estrategia de lectura, como una estrategia para desenmascarar discursos. Por supuesto la estrategia de lectura deconstructiva seguirá los designios de Jaques Derrida, y el discurso a desenmascarar será el de la criminología. Discurso creado en el siglo XIX como una manera de mantener el orden y llegar al progreso social de la época. Hacer deconstrucción de la criminología resulta pertinente para quien escribe, puesto ésta se presenta como la panacea para el saber del delito y el delincuente, quien dirá y explicitará que hay en ese “otro” delincuente como diferente a los no delincuentes, permitirá prevenir y proteger, resocializar, reinsertar, dar tratamiento a los internos, protegerá a la víctima de un delito, propondrá estrategias para la seguridad pública, etc., en términos generales dará respuestas “científicas” a un “problema” de la sociedad. Quien escribe mira a dicho abordaje como

no científico, pues se le observa como eminentemente político y sumamente moral, la ciencia jamás debe ser política y moral. Siguiendo las ideas Derridianas, tomaremos a la deconstrucción para develar a la farsa de esa criminología, en palabras del autor Italiano Massimo Pavarinni a la mentira criminológica. La Criminología, como una ciencia, nace dentro del pensamiento positivista, paradigma que concebía a la realidad como fenómeno de la naturaleza el cual deberíamos de estudiar como cualquier otro que se presentase en ella; así como un matemático, físico, químico encontraron leyes para entender el mundo de su conocimiento, de la misma manera se presentarían leyes para explicar el delito, con esos descubrimientos se podría resolver el problema de la criminalidad, se creía. En el párrafo anterior, aludimos a una forma en la cual se consentía a la ciencia dedicada al estudio del delito, sus aportes definieron el no estudio de éste sino el estudio del perpetrador de aquél, porque, donde surge el delito es en un ser humano el cual engendraba al mismo mal. Dicho pensamiento científico positivista viene a convertirse en una amalgama con los sistemas jurídico penales en siglo XIX, sistemas que defendían al pacto social representado por una forma de estado la cual había abandonado 8

el feudalismo, absolutismo y ahora tendería al liberalismo, al libre mercado, a la intervención para la guarda y protección de la acumulación del capital. Existieron autores que ahora se conocen como clásicos, entre otros, tenemos a Beccaria en Italia con su libro Tratado de los Delitos y la Penas, y Howard en Inglaterra con su estudio sobre la realidad de las cárceles en Inglaterra y Gales, entre muchos otros. Así se dio origen a un discurso criminológico clásico que concebía al estudio del delito sólo como al ente jurídico que creaban las leyes penales, como algo absoluto, como la simple transgresión que se realizaba a aquellas, como algo abstracto. Así, “…en el ámbito de la criminología, muchos autores prefieren referir su inicio al siglo XIX, es decir, al período del positivismo criminológico, y, para que el paralelo sea todavía más

perfecto, es en ese lapso de tiempo, en 1879, cuando el antropólogo francés Topinard inventa el nombre de criminología. Por eso Stephan Hurwitz afirma que «el primer gran estudioso de criminología sistemática fue César Lombroso (p. 44), y Jean Pinatel sostiene que «los tres fundadores de la criminología han sido tres sabios italianos: César Lombroso (18351909) [...]Enrico Ferri (1856-1929) [...]Rafael Garófalo (1851-1934) [...]”1. Como se menciona, en la cita expuesta de Juan Bustos en la obra el Pensamiento Criminológico I, es en el siglo XIX donde surge tanto el nombre de criminología, como los primeros estudiosos sistemáticos de ésta. Es en ese período de tiempo, varias décadas antes de que Topinard diera el nombre de criminología, Augusto Comte, padre de la sociología, sostenía: “Ciertamente, estas leyes naturales no tienen un carácter iusnaturalista, pues no surgen de un absoluto metafísico, sino justamente del absoluto que es el mundo físico o social; de lo que se trata es de constatar o descubrir, mediante la observación, las leyes que rigen ese mundo físico o social, que tienen un carácter absoluto; y de ahí el dogma fundamental de la invariabilidad de las leyes naturales”.2 Recordemos que en las ciencias naturales, duras, se siguen reglas o pasos que van desde la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación, la 1 Roberto, Bergalli, et.al., El Pensamiento Criminológico I, Colombia, Temis, 1983, p. 16 2 Ibídem., p. 31

teoría y la ley, y con este mismo orden de ideas es, de acuerdo a Comte, como se debería utilizar en las ciencias sociales. “El positivismo criminológico representa el momento científico, de acuerdo con la famosa ley de Comte sobre las fases y estadios del conocimiento humano: la superación, por lo tanto, de las etapas <mágica> o <teológica> (pensamiento antiguo) y <abstracta> (racionalismo ilustrado). Significa, también – según Ferri- un cambio radical en el análisis del delito: los clásicos habían luchado contra el castigo, contra la irracionalidad del sistema penal del <antiguo régimen>; la misión histórica del positivismo, por el contrario será luchar contra el delito, luchar contra el delito a través de un conocimiento científico de sus causas, (vere scire est per causas scire), al objeto de proteger el orden social de la naciente sociedad burguesa industrial”.3 “El positivismo hizo girar la criminología exclusivamente en torno al hombre, tratando de distinguir entre un hombre <normal> y un hombre <anormal> o <peligroso>. Dentro de él, una tendencia plantea la criminología como una actividad científica dirigida a la investigación de las causas biológicas, antropológicas, psiquiátricas y psicológicas del delito.”4 “Lombroso (1835-1909), Garofalo (1851-1934) y Ferri (18561929) son los tres representantes más señeros de la Scuola Positiva.”5 Sin 3 Antonio, García-Pablos de Molina, Tratado de Criminología, España, Tirant lo Blanch, 2009, p. 365 4 Ibídem., p. 19 5 Antonio, García-Pablos de Molina,

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embargo, existieron muchos otros académicos que refutaron las ideas de dicha escuela, como algunos que defendían las posturas de la clásica, otros que privilegiaban el medio ambiente, como los franceses de la escuela Lyon, la escuela de la defensa social, la terza scuola, la escuela de Marburgo, entre varios autores de perfiles eclécticos.6 El presente trabajo no intenta convertirse en una antología sobre la criminología, la intención de los párrafos anteriores es para ilustrar el momento histórico y social donde se gesta un pretendido saber, el de la criminología, para rastrear elementos a su posible deconstrucción. Para comprender un poco lo dicho citemos textualmente a Derrida, en su primera sesión del seminario La bestia y el soberano, volumen I, en lo referente a la soberanía para aplicarlo a la criminología “… sino es natural, es deconstruible, Tratado de Criminología, España, Tirant lo Blanch, 2009, p. 367 6 Antonio, García-Pablos de Molina, Tratado de Criminología, España, Tirant lo Blanch , 2009, p. 411

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es histórica; y cuanto que es histórica está sometida a una transformación infinita…”7. Se pretende mostrar a la criminología como un hecho no natural, artificial, construido por un discurso, un hecho histórico, además de político, el cual se vio y sigue viendo envuelto a transformaciones de múltiple índole. Líneas arriba apuntábamos a la corriente de pensamiento hegemónica en el mundo del siglo XIX era el positivismo, quizá es hora de preguntarse cuál era la forma de organización social de la época, y la respuesta lógica es el Estado, esa construcción artificial hecha por (algunos) hombres llamada por Rousseau Contrato Social, el cual debería terminar con el estado de guerra entre los mismos hombres (homo homini lupus), planteado por Hobbes en su obra el Leviatán. ¿Cómo podríamos los hombres obedecer a ese ser artificial? Las respuestas variarán 7 Jaques, Derrida, Seminario La bestia y el soberano, Volumen I, Argentina, Bordes Manantial, 2010, p. 48-49

de acuerdo al enfoque pretendido. Aquí diremos, mediante las armas, mediante la violencia, mediante la política, mediante sus aparatos represivos, pero también mediante sus discursos y su ideología. Encontramos pues al pensamiento criminológico positivista, ese discurso criminológico de corte positivo da la pauta a que el Estado lo utilice para el control de las masas, de aquellas que no entraban en la lógica nueva de la economía como preciado bien, el cual proporcionaba valor a las cosas, incluyendo los hombres, la lógica del mercado, el capital, demandante – ofertante, la lógica del trabajo, mudadas en su conjunto al ideal del orden social. Recapitulemos, el Estado entra en una nueva fase, reconfigurándose por la aparición de una nueva lógica, el capital, el mercado. Todos aquellos quienes no pudieron entrar a ésta nueva realidad aparecieron marginados, fuera-de-la-ley, del mercado, fueron extranjeros y no hubo hospitalidad para ellos. Éstos fuera de ley, fuera del mercado, del capital, de la razón se verían como otros menos como hombres partes del Estado. Así el soberano tendería a utilizar algún artificio “razonable” para la exclusión de los humillados, forzarlos a ser “razonables”, el artificio fue encontrado con ayuda de aquella ciencia positiva y, la ciencia criminológica cayó como anillo al dedo, como un as bajo la manga, ésta junto con los

sistemas jurídico-penales, crearon políticas criminales, leyes penales, conductas, delitos, trastornos, sumisos al orden legal establecido, orden que sirve a los intereses de una estructura político-económica determinada en beneficio de la perpetuidad de ese poder. Puesto siendo engendros del soberano y legitimados por la naciente ciencia, los deberíamos de obedecer sin cuestionar absolutamente nada. “La ambigüedad que caracterizaba las primeras formas de conocimiento criminológico estaba realmente dictada por la doble exigencia de criticar las formas hostiles de poder (el feudal) y al mismo tiempo proyectar las nuevas formas de un nuevo poder (el burgués); pero una vez que el poder político fue definitivamente conquistado, los intereses de la clase hegemónica se limitaron a inventar la estrategia para conservarlo”.8 En este sentido, ¿Cuál fue esa estrategia para construir y mantener el nuevo orden? Y qué otra cosa podría servir para conservar ese poder político sino la ciencia, la cual tenía su gran auge por ser la contraposición a lo metafísico, irreal, mágico y demás cosas que dominaron el pensamiento humano; además la ciencia se basaría en lo físico, en lo real y lo comprobable para convertirse en el legitimador del discurso político, el discurso del control social. ¿Pero quién es el encargado de 8 Massimo, Pavarini, Control y Dominación, México, Siglo XXI, 2008, p. 40

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mantener el orden social?, ¿Por quién será defendido ese orden?, ¿Quién es el detentador de ese poder?; bueno “el pensamiento criminológico se relaciona obviamente con el Estado y sus aparatos en cuanto la forma adoptada por aquél, determina una concepción de la desviación y del delito y unos modos de intervención para el control del comportamiento humano. En consecuencia, es necesario partir del estudio de las modernas formas de Estado para establecer sus relaciones con los diversos sistemas de pensamiento social y así poder interpretar las expresiones del control.”9 En este entendido es el Estado quien se encargará de mantener el orden social, quien lo defenderá, quién lo detentará. Siguiendo la tesis de líneas anteriores, además de lo escrito en párrafos precedentes, sobre que el positivismo será la forma de legitimar la nueva sociedad burguesa, ahora veremos qué la forma de Estado de esa sociedad que emerge es la del Estado intervencionista o de defensa social. “El capitalismo, para la acumulación, requería la reproducción de la fuerza de trabajo, y ello demandaba la existencia del «libre» mercado… Ahora bien, para que tal mercado se diera era necesaria la 9 Roberto, Bergalli, et.al., El Pensamiento Criminológico II, Colombia, Temis, 1983, p. 5

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concurrencia a él de los que poseen los medios de producción (los capitalistas) y de los que no los tienen (los trabajadores)”. 10 En este entendido encontramos la existencia de dos tipos de grupos sociales, los dueños del capital y los no dueños, entonces el Estado tiende a buscar cómo legitimar esas diferencias y quienes no tienen capital trabajen sin protestas, para quienes tienen, y de esta manera no surjan conflictos a la alteración de la seguridad estatal. “Ahora bien, la intervención en el mercado, su regulación, era justamente para lograr su defensa, la defensa de lo social, de la sociedad, que se daba en torno al mercado. Luego el control del Estado tenía que asumir el carácter de una defensa social.”11 El Estado intervendrá sólo para regular el libre mercado, la acumulación del capital y todas las relaciones sociales que entren en juego. “El positivismo brindó al intervencionismo su legitimación, ya que la ciencia (positiva) fundamentaba el orden, la disciplina, lo organizado… El control se lograba y se legitimaba a través de la ciencia… De este modo, además, la legitimación se separaba de lo político (y también de lo jurídico), era científic, y por tanto objetiva y 10 11

Ibídem., p. 14 Ibídem., p. 16

neutral; pero en verdad tal legitimación «científica» no era sino la ideología de un Estado intervencionista.”12 El develamiento del discurso está presente, la criminología no dice y explica qué hay en ese “otro” delincuente como diferente a los no delincuentes, porque no hay différance, previene y protege pero sólo intereses del poder, de clase, de capital, supraindividuales, etc., no otros, tampoco resocializa, reinserta, ni proporciona tratamiento a los internos sino los lleva a la inocuidad, a la segregación y secuestro, ni mucho menos protege a la víctima de un delito, éstas no existen, son producto justificado de los daños colaterales, propondrá estrategias no para la seguridad pública sino para la seguridad Estatal, la del soberano (en los códigos penales del país encontramos en primer término a los delitos contra el Estado). Con ayuda de los postulados Derridianos observamos lo no pensado de la Criminología oficial, con la deconstrucción deslindamos un decir, por un no decir, una negación para encontrar algo escondido en la penumbras de una Criminología mentirosa. En términos generales las respuestas dadas al delito, delincuente, etc., son puras “ideologías científicas”, son política, son eticidad, de ninguna manera es ciencia. Este fue un primer acercamiento a la lectura de la Criminología desde Derrida, se intentó, esperando se 12

haya logrado, mirar desde Khôra, la différance, la hospitalidad, y, quizá a regañadientes, desde la primera sesión del Seminario de la Bestia y el Soberano. Nos enfocamos al lugar que tiene la criminología (precisando al delincuente) dentro de lo humano, de lo social y con éste acercamiento encontramos una luz sobre el final. El lugar que tiene es el del indeseado, el del negado, el del lugar – no lugar. Bibliografía

Alicia, González Vidaurri y Augusto, Sánchez Sandoval, Criminología, México, Porrúa, 2008. Alessandro, Baratta, Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal, México, Siglo XXI, 2009. Alessandro, Baratta, Criminología y Sistema Penal, Argentina, IB de f, 2004. Antonio, García-Pablos de Molina, Tratado de Criminología, España, Tirant lo Blanch, 2009. Dario, Melossi, El Estado del Control Social, México, Siglo XXI, 1992. Gabriel Ignacio, Anitua, Historias de los pensamientos criminológicos, Argentina, Del Puerto, 2005. Jaques, Derrida, Khôra, Argentina, Alción Editora, 1993. Jaques, Derrida, La Escritura y la diferencia, España, Anthropos, 1989. Jaques, Derrida, Seminario La bestia y el soberano, Volumen I, Argentina, Bordes Manantial, 2010. Massimo, Pavarini, Control y Dominación, México, Siglo XXI, 2008. Roberto, Bergalli, et.al., El Pensamiento Criminológico I, Colombia, Temis, 1983. Roberto, Bergalli, et.al., El Pensamiento Criminológico II, Colombia, Temis, 1983. Roberto, Bergalli, et.al., Sistema Penal y Problemas Sociales, España, Tirant lo Blanch, 2003. Robinson, Dave, Groves, Judy. Filosofía Política para principiantes, Era Naciente, Buenos Aires, 2006. Sigmund, Freud, Obras Completas, Volúmenes XIV, XVIII y XIX, Amorrortu, Buenos Aires, 2005.

Ibídem., p. 17

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Convalidación de las actuaciones del Ministerio Público Estatal ante el Proceso Penal Federal Juan Carlos Salinas Moreno

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l tema objeto de la presente investigación emana de la determinación de incompetencia en razón de la materia del Ministerio Público del fuero común, hacia el Ministerio Público de la Federación para el conocimiento de hechos constitutivos de delito de su competencia; asimismo analizaremos el término de acto procesal y sus elementos, y una vez analizado lo anterior para comprender mejor el término convalidación del acto procesal, se analizará su concepto, elementos, tipos de convalidación, efectos jurídicos, y generalidades del vocablo en mención.

a los fines del proceso y pueden individualizarse como: a) Sistema acusatorio, inquisitivo o mixto b) Impulso procesal c) Preclusión d) Economía procesal e) Concentración f) Saneamiento g) Eventualidad h) Inmediación i) Comunicación La competencia es en realidad j) Publicidad o secreto la medida del poder o facultad otorgada a un órgano jurisdiccional Por cuanto hace al principio de para entender de un determinado saneamiento, Santos Cinfuentes, asunto. señala que “tiene por finalidad La jurisdicción se integra de concreta dotar al proceso de elementos como, la notio, la legalidad; por medio de este Juditio y la imperium; la primera principio y con el fin de evitar es la potestad de declarar mediante futuras articulaciones vinculadas juicio la aplicación de la ley penal a vicios, errores o nulidades en el en los casos concretos; la potestad trámite de la causa, la ley faculta de imprimir fuerza ejecutiva a al juez a que ordene a que se esa declaración y la facultad de subsanen esos defectos”. (SANTOS dictar los medios conducentes CINFUENTES, Alfredo. 1987) para la ejecución de la misma Los elementos que componen el respectivamente. acto procesal, encontrándose ellos referidos a los sujetos, el objeto y la Los actos jurídicos procesales, actividad que involucra. Siguiendo son todos y cada uno de los al procesalista Lino Enrique actos que emanan de los sujetos Palacio190, podemos efectuar la procesales, a través de los cuales siguiente descripción: se va materializando el proceso, y Sujetos: Pueden serlo las partes, el que tienen como finalidad crear, órgano judicial o sus auxiliares y los transferir, modificar o extinguir terceros directamente vinculados derechos y obligaciones de carácter al proceso. No obstante ello, cada procesal. actividad procesal de cada una de Los actos procesales responden a las partes encierra requisitos de principios que regulan en su forma exigibilidad y admisibilidad, según concreta la actividad procesal, el caso (PALACIO, Lino Enrique. los que se encuentran vinculados 2009). 15

Una cuestión trascendente para determinar el valor y la eficacia de un acto se refiere a la capacidad de la parte. La capacidad del emisor es fundamental para que él mismo produzca el objetivo deseado. La voluntad constituye un requisito subjetivo del acto procesal, pues éste, el acto; es, en principio, una consecuencia directa de un acto voluntario de quien emana, cuestión que en materia procesal penal cuenta en forma más restringida, ya que los actos producen efecto en la medida en que se hayan cumplido, a su respecto, requisitos prescriptos por la ley. En el proceso penal, las motivaciones o la fundamentación objetiva que sirvieron para justificar el acto, cuestión que se encuentra íntimamente ligada al debido proceso democrático. El interés, por su parte constituye un elemento subjetivo del acto, y está, en principio, sólo referido a las partes. Los órganos del Estado no actúan por un interés subjetivo, sino que lo hacen por mandato legal, mientras que las partes si lo hacen en la medida de sus pretensiones. El objeto del acto procesal es la materia sobre la cual recae dicho objeto, debe ser idóneo y jurídicamente posible. 1) Idóneo: La idoneidad se refiere a la aptitud del acto procesal para el logro de la finalidad pretendida. 16

2) Jurídicamente posible: se refiere a dos cuestiones; la primera, acerca de que el acto pueda ser efectivamente realizado y, la segunda, que no se trata de un acto contrario a la ley. La actividad, alude a criterios objetivos o funcionales de actuación del órgano jurisdiccional, concibiendo al proceso como una secuencia cronológica, es decir el elemento en cuestión se vincula a las distintas etapas del proceso. Los actos de iniciación se encuentran vinculados a la denuncia o la comprobación del hecho criminoso, y abarcan todos aquellos actos que tienen en mira dar por comenzado el proceso. Los actos de desarrollo implican decisiones que tienen en mira el desenvolvimiento del proceso hasta la etapa de su conclusión, estos a su vez, pueden dividirse en actos de instrucción y de dirección, los primeros de los mencionados se refieren a las alegaciones de las partes, a la comprobación y a la sustanciación

de la prueba y los segundos son aquellos actos destinados a encauzar el proceso o hacer saber en forma concreta a las partes, a terceros o a otros funcionarios judiciales o administrativos alguna petición o comunicación referida a cuestiones del proceso. Los actos de conclusión son aquellos que tienen por objeto dar por finalizado el proceso, se refiere al dictado de la sentencia definitiva, con prescindencia de la eficacia de la cosa juzgada en sentido moral o meramente formal. Muy diferentes pueden ser los vicios que afecten al acto procesal; entre ellos: a) Inobservancia de la forma: consiste en que el acto se reputará nulo por no haber sido dado en función de las normas expresamente fijadas por la norma; esto es cuando el mismo debe ser expresado por escrito y no lo sea, o no se emitiera en idioma nacional. b) Falta de competencia del órgano: cuando el que dispusiera el acto no tuviera aptitud legal para emitirlo; c) Falta de capacidad de las partes: cuando alguno de los intervinientes carezca de capacidad para emitirlo; en los delitos de acción pública, el querellante carezca de legitimación activa. d) Vicios del consentimiento: cuando el que emitiera el acto no lo haya efectuado en forma libre y en el marco de sus derechos. e) Ausencia de motivación: el acto procesal conforme a las

prescripciones del código de procedimientos penales, debe estar fundado. f) Ilicitud del acto: la finalidad del acto no puede ser otra que la del progreso del proceso; si él mismo fuera ilícito en sí, o destinado a cubrir la ilicitud de otro acto, sería nulo, por ser ilegal o por encontrarse viciada su motivación. Por cuanto a las nulidades relativas, estas pueden subsanarse, respecto de las nulidades absolutas estas son insubsanables y pueden ser anuladas de oficio, se encuentran expresamente excluidas, y se refiere a la conservación y convalidación del acto. Existen diversas hipótesis para que las nulidades se consideren subsanadas: 1) Cuando el ministerio fiscal o las partes no las opongan oportunamente. 2) Cuando los que tengan derecho a oponerlas hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto. 3) Si, no obstante su irregularidad el

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acto hubiere conseguido su fin con respecto a todos los interesados, y no produjo perjuicio a los mismos y al proceso. La norma trata de fijar por medio de pautas completas la imposibilidad de continuar con el debate respecto del supuesto vicio que afecta el acto cuando ya se hubieran cumplido etapas concretas dentro del proceso, se hubiera consentido el acto o hubiera cumplido con su finalidad. La norma contiene disposiciones que permite la consolidación, conservación y convalidación del acto procesal defectuoso, el que no obstante seguir teniendo el vicio o irregularidad, ya, y por expresas razones legales, no podrá ser combatido. El saneamiento del vicio implica la convalidación del acto y la imposibilidad de articular la nulidad de los conexos dispuestos en su consecuencia. El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 18

Economía de Víctor de Santo, expresa: “Convalidar”: Tornar válido y con eficacia jurídica un acto antes anulable. “Ratificar”: Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos o ciertos (DE SANTO, Víctor. 2008). Ismael Farrando y Patricia R. Martínez, en su obra Manual de Derecho Administrativo, exponen: “La Convalidación que se haga frente a un acto anulable puede optar por sanear el vicio, dando validez plena al acto; o extinguirlo manteniendo la anterior validez por habilitación y dejándolo sin ninguna validez para el futuro”. (FARRANDO Ismael; MARTÍNEZ Patricia R. 1996) Eduardo Gamero Casado en su obra monográfica acerca de “El Acto Administrativo”, esboza acerca de la Convalidación de los actos, lo siguiente: “La Convalidación es un acto

administrativo por el que se subsanan los vicios de otro acto administrativo anterior. (GAMERO CASADO, Eduardo. 2008) Cabe señalar que convalidar significa confirmar, revalidar, ratificar; cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. La convalidación constituye un elemento saneador para los actos afectos de nulidad. Entendiéndose que ratificar es el acto por medio del cual se le da un nuevo valor y firmeza a una cosa, es decir, revalidarlo; y finalmente subsanar, significa reparar un error o vicio, remediando el defecto, sea a petición de parte o de oficio por el juez. Por lo que podemos atrevernos a mencionar que los elementos de la convalidación o confirmación, son los siguientes: a) Es un acto jurídico procesal; b) El Ministerio Público Federal o los Juzgados Federales pueden confirmar o convalidar; c) Procede sobre un acto jurídico anulable o subsanable (nulidad relativa); d) La manifestación debe ser expresa o tácita; e) Produce la subsanación o saneamiento del acto jurídico procesal invalido, anulable, nulo, ambiguo, conservándolo plenamente como válido y con eficacia jurídica. En materia penal la convalidación o confirmación de actuaciones es de oficio por parte del Ministerio

Público Federal o de los Jueces Federales, en virtud de que devienen del hecho de que, de acuerdo a los razonamientos expuestos en el estudio de la ineficacia del acto jurídico, la falta de formalidad produce su nulidad relativa, por ende, sólo puede ser invocada por la parte interesada, esto es, la que ha sido perjudicada por esos defectos o vicios, o bien de oficio, si bien es cierto los actos procesales que hayan logrado el fin al que estaban destinados se consideran válidos aun partiendo de la hipótesis de que sea irregular o defectuoso, hecho que sucede con las actuaciones practicadas por el Ministerio Público del fuero común, las cuales cumplen con su finalidad y no causan perjuicio alguno a las partes, sino al contrario se viola el principio general del proceso de inmediatez procesal, no existiendo con ello la pronta y expedita procuración y administración de justicia penal. Por tanto, las consecuencias jurídicas que produce la confirmación, son esencialmente las siguientes: a).- Por regla general, extingue la acción de nulidad relativa y en determinados casos, la inexistencia, originados por la ineficacia del acto jurídico. b).- Constituye una renuncia a la acción de nulidad relativa, no a la absoluta, pues atentaría contra el interés público, en virtud de que la nulidad absoluta es insubsanable. c).- La convalidación surte efectos 19

retroactivamente, esto es, a partir de la fecha de celebración del acto jurídico. d).- No necesita de ninguna aceptación y una vez que se efectúa es irrevocable, en caso de ser de oficio, sus efectos surten inmediatamente, siendo también irrevocable. e).La convalidación o confirmación presupone dos elementos: el conocimiento del vicio y la intención de repararlo, o bien de conservar el acto, con la finalidad de que tenga plena validez y eficacia jurídica y además que no se tenga que repetir nuevamente. f).- Presupone la cesación del vicio o motivo de nulidad. Por otro lado los Tipos de Convalidación del Acto Jurídico Procesal a) Convalidación Tácita. Dentro de la categoría de la Convalidación, encontramos a la convalidación Tácita, la misma que se produce cuando la parte legitimada para solicitar la nulidad, pese a conocer del acto defectuoso, deja pasar las oportunidades señaladas por la ley

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para impugnarlo (preclusión), por lo que su omisión le priva después del derecho para invocarla. A esta convalidación en doctrina se denominada convalidación por conformidad, pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular. b) Convalidación Expresa. De otro lado, la convalidación expresa se produce cuando la parte afectada con el vicio realiza actuaciones en el proceso, demostrando pleno conocimiento de él, contribuyendo a que el acto en que incide cumpla los fines previstos, en todo caso la parte perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado. c) Convalidación legal y Judicial. También podríamos hablar de una convalidación legal y otra judicial, la primera es una forma de convalidar los actos defectuosos, que no obstante carecer de un requisito formal, logran los fines que estaban previstos al ejercerlos; y la segunda, llamada convalidación judicial, haciendo referencia de la integración judicial se refiere a cuando el juez puede integrar una

resolución antes de su notificación. d) Convalidación de Oficio. Por regla general, la irregularidad de un aspecto procesal es susceptible de convalidarse mediante el consentimiento de la parte a quien ella perjudica, asimismo también existe la convalidación de oficio, la cual proviene de tribunal o autoridad. La convalidación expresa es una muestra de que nuestro ordenamiento abandonó el sistema de la nulidad absoluta por la simple existencia de una irregularidad, para adoptar un modelo en el que la invalidación se fundamenta en la vulneración del derecho al debido proceso y en el que se procura, ante todo, conservar la actuación y rendirle culto al principio de economía procesal, con la finalidad de que dicha actuación no se repita nuevamente y tenga plena validez y eficacia. Lo más importante, es que la nulidad se entiende saneada cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de la defensa, ya sea tratándose de cualquier tipo de convalidación. Cabe mencionar que en el Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación, creado por la (CONATRIB) Comisión Nacional de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la reforma constitucional en materia

de justicia penal y seguridad pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, aprobado en la sesión de trabajo de Presidentes de los Tribunales el día 16 de octubre del mismo año, señalan cuándo procede el saneamiento y convalidación de los actos procesales, para lo cual es importante trascribir lo siguiente: Capítulo X: Nulidades Artículo 87. Principio general sobre prueba ilícita 1. Cualquier dato o medio de prueba obtenido con violación de los derechos fundamentales será nulo. 2. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuesto de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas, que impliquen violación de derechos fundamentales y las garantías del debido proceso en este Código, salvo que el defecto haya sido saneado, de acuerdo con las normas que han sido previstas con ese objetivo. 3. Tampoco podrán ser valorados los actos cumplidos con inobservancia de las formas que obsten el ejercicio del derecho a la tutela judicial de la víctima o impidan el ejercicio de los deberes del ministerio público, salvo que el defecto haya sido convalidado. Artículo 88. Saneamiento de defectos formales 1. Salvo los actos con defectos absolutos, todos los demás deberán 21

ser saneados, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a petición del interesado. 2. El juez o tribunal que constate un defecto formal saneable en cualquier etapa, recurso o instancia, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo para corregirlo, el cual no será mayor de tres días. 3. Se entenderá que el acto se ha saneado cuando, no obstante la irregularidad, ha conseguido su fin respecto de todos los interesados. 4. Si el defecto formal no se corrige en el plazo conferido, se resolverá lo correspondiente. Artículo 89. Defectos absolutos No será necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos aún de oficio, bajo pena de nulidad: a. Los defectos por violación a garantías individuales; por falta de intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que la ley establece o por inobservancia de derechos fundamentales; b. Los defectos por incompetencia de los jueces, en relación con el nombramiento, competencia y jurisdicción; y c. Los defectos por datos o medios de prueba ilícitos obtenidos con violación de las garantías fundamentales. Artículo 90. Convalidación 1. Los defectos formales que afectan al ministerio público o a la víctima quedarán convalidados en los siguientes casos: a. Cuando ellos no hayan solicitado 2 2

su saneamiento mientras se realiza el acto, o dentro de las veinticuatro horas de practicado, si quien lo solicita no ha estado presente; b. Si por las circunstancias del acto ha sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamarlo dentro de las veinticuatro horas después de advertirlo; y c. Cuando hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto. 2. La convalidación no procederá cuando el acto irregular no modifique, de ninguna manera, el desarrollo del proceso ni perjudique la intervención de los interesados. Artículo 91. Declaración de nulidad 1. Cuando no sea posible sanear o convalidar un acto, el juez deberá declarar su nulidad por auto fundado o señalar expresamente la nulidad del acto en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte. 2. Al declarar la nulidad, el juez establecerá los actos nulos por su relación con el acto anulado, salvo que se pueda demostrar la atenuación del vínculo, la existencia de una fuente independiente o la convalidación mediante supresión hipotética y el descubrimiento inevitable. En los artículos antes transcritos, podemos apreciar claramente que el Código Modelo emplea por primera vez los términos de convalidación y saneamiento

para actos jurídicos procesales inválidos, defectuosos, irregulares, etc. es decir, la convalidación tácita, expresa, de oficio, legal o judicial. Es importante señalar que con motivo de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral en los Estados Unidos Mexicanos, mediante reforma constitucional de fecha dieciocho de junio de dos mil ocho, la LVI Legislatura del Estado, mediante Decreto número 266 emitió un nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el cual desarrolla un nuevo esquema procesal para la justicia penal acorde a las reformas constitucionales. Posteriormente, la propia Legislatura aprobó las reformas a diversos ordenamientos, incluida, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, lo que genera entonces la coexistencia de un doble sistema procesal penal, a saber; en la Procuraduría General de la República y Tribunales Federales se aplica el sistema penal tradicional-escrito o inquisitivo, y en el Estado de México, se emplea el nuevo Sistema de Justicia Penal de corte Acusatorio, Adversarial y Oral. Entonces es cuando surge la problemática respecto de las actuaciones practicadas por el Ministerio Público del Fuero Común, dentro de la carpeta de investigación, ya que carecen de 23

formalidad ante el sistema penal federal, verbi gratia, las entrevistas de los elementos aprehensores o bien de los denunciantes o testigos, inspecciones oculares, ya sea para la integración de un delito común o que por diversas circunstancias se tipifique del orden federal o bien por su naturaleza sea de carácter federal, por encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo anterior, el Ministerio Público del fuero común se encuentra jurídicamente impedido para resolver sobre un delito del orden federal, y por ende remite desglose por incompetencia en razón del fuero y la materia, ya sea con detenido o sin detenido, al Ministerio Público de la Federación para que éste siga conocimiento de los hechos

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posiblemente constitutivos de delito y perfeccione hasta su total resolución. CONCLUSIONES PRIMERA: El antecedente más remoto del Ministerio Público lo encontramos en Francia, en virtud de que existe gran similitud a la figura jurídica que prevalece en nuestro país, ya que en dicho país europeo, se creó la institución de Ministerio Fiscal, con dependencia jerárquica del órgano ejecutivo, el cual fungía como representante directo de la sociedad en la investigación del delito y la persecución del delincuente; además, actuaba ante el tribunal como único titular del ejercicio de la acción penal. SEGUNDA: En la constitución proclamada el 22 de octubre de 1814, promulgada en Apatzingán, por el Siervo de la Nación Don José María Morelos y Pavón, se estableció la existencia de dos fiscales letrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, uno para el ramo civil y otro para lo criminal. TERCERA: Con el triunfo de la Revolución mexicana se modifican y transforman las instituciones, dando fin a una era y se da el principio a otra con nuevos modos de vida, tal es el caso que en la constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos de 1917, se le da el carácter de institución al Ministerio Público, dependiente

del Poder Ejecutivo, facultándolo para la investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes, siendo el titular del ejercicio de la acción penal ante los tribunales, el cual se auxiliará con una policía que está bajo su autoridad y mando inmediato. CUARTA: El Ministerio Público, es una institución dependiente del Poder ejecutivo, y actúa en representación de la sociedad, del Estado, menores e incapacitados, y como consejero jurídico de las autoridades gubernamentales, que tiene como función principal la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, mismo que se encuentra establecido en los artículos 21, 89 fracción IX y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 205 QUINTA: A lo largo del desarrollo de la humanidad, han existido diversos sistemas de justicia penal, entre ellos se pueden distinguir tres; acusatorios, inquisitivos y mixtos. La primera forma de enjuiciamiento en la mayoría de las naciones fue el sistema acusatorio, el cual era predominantemente oral y existía una sola instancia; posteriormente surgió el sistema inquisitivo que sustituyó la oralidad por la escritura, creándose además una fase anterior al juicio y recabándose pruebas preconstruidas. En el siglo XIX surgió el sistema de justicia penal

mixto, el cual es el que actualmente nos rige en el fuero federal. SEXTA: En México, el sistema de justica penal que opera en el ámbito federal es el mixto o clásico, el cual se divide en dos etapas propiamente dichas, que corresponden a la averiguación previa y al proceso en sí, respecto de la primera se caracteriza por ser escrita y secreta, es decir de publicidad restringida, es propia y exclusiva de la institución del Ministerio Público, en la que realiza todas aquellas diligencias necesarias para comprobar, en su caso, los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad, y optar por el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, a través del acto denominado consignación. SÉPTIMA: Respecto al proceso, 25

este se integra según el Código Federal de Procedimientos Penales Federales, por los procedimientos de preinstrucción, instrucción, primera instancia, segunda instancia, el cual inicia por la etapa preinstrucción, que consiste cuando el juez, luego de recibir el pliego de consignación, dicta auto de radicación por encontrarse elementos que justifiquen el proceso, es decir, si puede comprobarse la existencia de un delito y si hay datos que hagan posible la responsabilidad de un sujeto y, en este tenor, dicta auto de término constitucional, que puede ser de formal prisión, de sujeción a proceso o de libertad por falta de elementos para procesar; el periodo de instrucción, es aquel que incluye actuaciones practicadas por el juez, con el fin de averiguar y probar la existencia del delito y la probable responsabilidad, las circunstancias en que fue cometido, las peculiares del inculpado, principalmente en este periodo las partes presentan pruebas y se desahogan con el fin de probar ya sea la culpabilidad o la inocencia del imputado. Finalmente el periodo de primera instancia consiste en dar vista al Ministerio Público y a la defensa para que rindan sus conclusiones, el primero de los mencionados precisa su pretensión y el procesado su defensa, hecho lo anterior el juez dicta sentencia ya sea condenatoria o absolutoria. OCTAVA: La transición del sistema de enjuiciamiento penal 26

hacia uno plenamente acusatorio fue una necesidad y con ello, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, aprobaron reformar los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instaurando el sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral. NOVENA: La transformación del nuevo procedimiento penal, de sus principios, etapas e intervinientes. El procedimiento penal de corte acusatorio, adversarial y oral, se desarrolla básicamente en tres etapas: investigación, intermedia y de juicio oral. Investigación: El objeto de esta etapa es el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia o querella, y determinar si hay fundamento para abrir un juicio penal, contra una o varias personas, mediante la obtención de la información y la

recolección de los elementos de prueba que permitan fundar, en su caso, la acusación y garantizar el derecho de defensa del imputado, se formula imputación, se vincula a proceso. Intermedia: Aquí se tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral. Juicio oral: Entendido como las decisiones de las cuestiones esenciales del proceso, se desahogan las pruebas y se dicta sentencia. DÉCIMA: El nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral, se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, inmediación, oralidad, presunción de inocencia, defensa técnica, justicia restaurativa, criterios de oportunidad, medios alternativos de solución de conflictos, el cual se aplica en la mayoría de las entidades federativas, especialmente en el Estado de México, territorio en el que hay coexistencia de sistemas de enjuiciamiento penal tanto a nivel federal como a nivel estatal. DÉCIMO PRIMERA: En la actualidad existe una seria confusión en cuanto a la distinción entre jurisdicción y competencia, ya que algunos autores los consideran sinónimos, esta confusión se motiva quizá por la íntima relación entre ambos términos, sin embargo la jurisdicción es una función soberana del Estado, mientras que

la competencia es el límite de esa función, el ámbito de validez de la misma. DÉCIMA SEGUNDA: El Ministerio Público del Fuero Común, remite por incompetencia en razón de la materia o fuero, cuando el delito por el que inició la carpeta de investigación es de orden federal, por conexidad con un delito federal, por atracción de la autoridad federal (delincuencia organizada). DÉCIMO TERCERA: Los actos jurídicos procesales, son todos y cada uno de los actos que emanan de los sujetos procesales ya sea del sistema de justicia penal mixto o bien del acusatorio y oral, a través de los cuales se va materializando el proceso, y que tienen como finalidad crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones de carácter procesal. DÉCIMO CUARTA: Existen distintos vicios que afectan al acto procesal los que pueden ser convalidados aún parcialmente y aquellos que presenten vicios tales que los tornen totalmente inválidos, es decir tenemos a la nulidad relativa y la absoluta, la primera de las mencionadas es susceptible de convalidarse y la segunda es insubsanable y se declara de oficio. DÉCIMO QUINTA: La convalidación del acto jurídico procesal se refiere a dar plena validez y eficacia jurídica a un acto invalido o nulo, tiene como finalidad la conservación 27

del mismo, aún y cuando el acto sea inválido, defectuoso, ambiguo, irregular; ya sea por la inobservancia de la forma, la falta de competencia del órgano, falta de capacidad de las partes, vicios del consentimiento, ausencia del consentimiento, ausencia de la motivación, por lo tanto, toda nulidad relativa es susceptible de sanearse o subsanarse a través de la figura jurídica convalidación. Se entiende que la el acto irregular o inválido, queda subsanado cuando el acto jurídico procesal ha logrado la finalidad a que estaba destinada, y acorde a la normatividad que los rige y además que no ha causado perjuicio alguno a las partes en el proceso y no modifica el sentido de la resolución. La falta de firmas de secretario o testigos de asistencia en las actuaciones ministeriales del fuero común, así como la falta de otro de tipo de formalidad, no invalidan el acto procesal en virtud de que han logrado la finalidad a que estaban destinadas y fueron realizadas conforme al Código Penal y Código de Procedimientos Penales, ambos del Estado de México, además la ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y la Ley Orgánica del Poder Judicial aplicables al Estado de México, estipulan que no es necesario que el Ministerio Público actúen con asistencia de secretario o testigo de asistencia, en virtud de que tiene fe pública de sus propias actuaciones, las que serán válidas 28

aún y cuando no se siente razón de ello y además se da formalidad conforme al código adjetivo del Estado de México. DÉCIMO SEXTA: Para dar solución a los planteamientos antes expuestos es necesario realizar la reforma y acción del artículo 145 del Código Federal de Procedimientos Penales, a afecto de que este mismo establezca la convalidación de las actuaciones practicadas por el Ministerio Público del Fuero Común, realizadas bajo el sistema de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral, siempre y cuando dichas actuaciones hayan logrado la finalidad a las que estaban destinadas y se hayan realizado conforme derecho y a las disposiciones aplicables. PROPUESTA Por todo lo anterior expuesto en este trabajo de investigación, la posible solución que propongo al problema planteado quedaría redactada en los siguientes términos, dentro del Código Federal de Procedimientos Penales vigente en la República Mexicana: TEXTO ACTUAL Artículo 145.- Las diligencias de la policía judicial y las practicadas por los tribunales del orden común que pasen al conocimiento de los federales, no se repetirán por éstos para que tengan validez, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 440.

lo dispuesto en el artículo 440. La nulidad y los recursos planteados contra las resoluciones de los tribunales comunes a que se refiere este artículo, cuando actúen en los términos de la La nulidad y los recursos fracción VI del planteados contra las resoluciones artículo 1o. de la Ley Orgánica del de los tribunales comunes a que Poder Judicial. se refiere este artículo, cuando actúen en los términos de la fracción VI del artículo 1o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, serán resueltos conforme a lo establecido en este Código, por el tribunal federal que corresponda. DEBE DECIR Artículo 145.- Se convalidarán todas aquellas actuaciones de la policía ministerial y las Bibliografía practicadas por los tribunales del DE SANTO, Víctor. Diccionario de Ciencias Políticas, Sociales y de Economía. orden común que se rigen bajo Jurídicas, Editorial EU Universidad. Buenos Aires, el sistema penal acusatorio y oral, Argentina. 2008. Pág. 210. que pasen al conocimiento de FARRANDO Ismael; MARTÍNEZ Patricia R. los federales, siempre y cuando Manual de Derecho Administrativo. Editorial no causen perjuicio a cualquiera Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1996. Pág. de las partes, y hayan logrado su 156. GAMERO CASADO, Eduardo. Derecho finalidad conforme a la legislación Administrativo para el ECTS, Editorial aplicable, aun y cuando carezcan IUSTEL. España, 2008. Pág. 134 de alguna de las formalidades SANTOS CINFUENTES, Alfredo. El Negocio esenciales que prevenga la presente Jurídico. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1987. Pág. 587. ley, a fin de que no se repitan por Argentina. PALACIO, Lino Enrique. Manual de Derecho éstos para que tengan plena validez Procesal Civil, 7ª edición. Editorial AUM. y eficacia jurídica, sin perjuicio de Buenos Aires. 2009. Págs. 80-85 29

Victimización penitenciaria y postpenitenciaria Selene Bastida Montiel

RESUMEN or mucho tiempo la prisión ha sido considerada una casa de corrección donde llegan “los malos”; el tratamiento penitenciario es publicitado como mecanismo preventivo para evitar reincidencia y como ejemplo social para evitar nuevos delitos. Pero, ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué hay detrás de los muros carcelarios?, ¿Hemos pensado si la cárcel ha formado, fomentado o construido víctimas invisibles pero reales? Este breve ensayo pretende poner en evidencia cuestiones de fondo en materia penitenciaria que permitirán revisar la función de readaptación y reinserción social en nuestros tiempos.

P

PALABRAS readaptación, victimización.

CLAVE: control

Víctima, social,

1. INTRODUCCIÓN El tema de la Victimización ha tomado gran auge en nuestros días debido al alto grado de personas vulneradas a causa de violencia doméstica, de pareja, escolar o social, pese a lo anterior, el fenómeno de la victimización no sólo debe estudiarse desde el enfoque de las consecuencias de un hecho, sino también analizar a las víctimas de los sistemas de control social que lejos de solucionar el problema lo agravan, es por ello que hablar de la victimización penitenciaria y postpenitenciaria involucra una profundización en temas controversiales. 2. LA VICTIMIZACIÓN PENITENCIARIA ¿Quién es la víctima?, el sujeto pasivo del delito, Según la ONU : “Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros…” Se ha considerado entonces por víctima a la persona que resiente los daños causados por el delito, por la infracción a las normas, pero ¿nos hemos preguntado si las víctimas están dentro de las prisiones? las hay, aquellas que a causa del abuso

de poder, corrupción, inadecuada defensa o mala administración e impartición de justicia han sido privadas de su libertad sin ni siquiera haber cometido un delito, esas víctimas son un secreto a voces, palpables, pero olvidadas e indefensas; tratemos entonces de enfocarnos al problema de la victimización penitenciaria: “La humanidad ha tratado siempre de conservar el orden social castigando de diversas maneras a aquellos individuos que rompen su armónica convivencia, así se les hiere su integridad física con golpes, marcas y mutilaciones corporales, se les priva de sus derechos civiles, se les segrega de la comunidad desterrándolos de su hogar, se les priva de su libertad encerrándolos entre gruesos muros, alambres con navajas y puertas con barras de hierro, y en el extremo de los casos, se les quita la vida” A esto no le llamamos victimización, pues hemos legitimado el castigo como medio de control social, el Estado Victimiza y nosotros nos convertimos en espectadores, hay que mantener entre gruesos barrotes al “malo”, desviado, patológico, delincuente, y ¿la etiqueta no victimiza?, no pongo en duda el nivel de victimización ni el merecimiento de la pena, sino el doble discurso creado por el estado y la norma, publicitado y difundido por los medios de comunicación y aceptado pasivamente por la ciudadanía. El malo está en la cárcel, el bueno 31

fuera, pero ni al malo ni al bueno se le trata como humano, sino como simple juguete del estado en manos del poder. ¿Para qué dar tratamiento al malo si en la cárcel está su castigo? Porque tanto bondad y maldad son términos creados por el poderoso, y entonces ¿quién resulta ser víctima? la madre de familia y sus hijos a quienes les arrebataron la felicidad y el sustento que el padre, privado de la vida, prodigaba a su familia; el empresario al sufrir un menoscabo patrimonial en un fraude; el niño violentado sexualmente; la mujer con secuelas físicas y psicológicas en la violencia de género; el joven ultrajado después de un secuestro. De eso no cabe duda, pero también lo es aquel sujeto etiquetado como delincuente, tratado como animal en prisión y pisoteado socialmente ante el rechazo, aquél que cavó su tumba cuando decidió corromper la norma, pero en realidad el delincuente no resulta ser antisocial sino un sujeto que se ha cruzado en los intereses de 32

quienes tienen el poder de definir los delitos, el sujeto que cumplió la etiqueta. El ambiente de prisión no readapta, ni el tratamiento, ni las medidas extrapenales, ni el trato indigno, ni la sobrepoblación, ni el cobro por favores

al interior. Tampoco se debe evitar el castigo y olvidar el daño causado, no hay un borrón y cuenta nueva, pero, sí debe existir la justicia, “… la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno su derecho” en palabras de Ulpiano, dar a cada quien lo que le corresponde; no más y no menos de lo que les corresponde por derecho, un derecho inherente y humano que no puede sobrepasar ni la vida, ni la integridad, ni la salud, ni la dignidad, de no ser así estamos verdaderamente victimizando al victimario. Y continúa la victimización, el interno tiene derecho a un trato digno en prisión, a recibir un tratamiento resocializador que le permita una reintegración a la sociedad, y el tratamiento encuentra su sustento en el artículo 18 constitucional que menciona como base de la readaptación el respeto a los derechos humanos, trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte

.Y lo primero que deberíamos analizar es que los derechos humanos no se establecen o no se deberían establecer al antojo del poderoso sino que deben ser considerados como: “[el]… conjunto de atributos propios de todos los seres humanos que salvaguardan su existencia, su dignidad y sus potencialidades por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, que deben ser integrados y garantizados por los ordenamientos jurídicos… para evitar que el poder público y la sociedad los vulneren o violenten…” . Los derechos humanos aunque defendidos en su superficialidad sólo resultan salvaguardados en algunos, con poder económico suficiente para pagar la justicia; la cuestión del trabajo y la capacitación para el mismo resulta ser parte de la victimización en el mundo globalizado y la inserción

a la lógica capitalista “O trabajas o te mueres”, “o trabajas o no comes, no estudias, no consumes”, otra vez diferencia de clases sociales y hay que recordar que a prisión llegan los pobres, los desprotegidos, “los otros”, los excluidos 3. V I C T I M I Z A C I Ó N E X T R A M U R O S (POSTPENITENCIARIA) La victimización no termina en el trato inhumano y devastador en prisiones, que para hacer un bosquejo de lo que bien llamaría Jonh Howard, “geografía del dolor”, habría que dedicar hojas y horas enteras a plantear la realidad hermosamente maquillada por los medios de comunicación; la victimización continúa cuando el “readaptado” se reintegra a la sociedad, y sale con una marca gigantesca llamada “carta de antecedentes penales”, la etiqueta más bellamente esculpida por el

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estado, que prodiga la readaptación pero es el primero en no creer en ella. El estado victimiza a su “protegido”, al que debió darle tratamiento y se supone readaptó, el doble discurso, una carta de antecedentes penales es la mejor forma de afirmar que la prisión sólo crea sujetos resentidos, capacitados y recapacitados para el crimen. Al delincuente se le atribuye la etiqueta con éxito y entonces es despreciado, presionado, señalado, despedido, criticado, mirado con recelo y miedo, otra vez la victimización. Pero esto es justo porque cometió un daño, hay que castigarlo ya no con la dureza de la ley, sino con el látigo del desprecio y entonces parecemos retrógradas, de aquel pensamiento iluminista de hace años: “la pena es un absoluto mal que elimina otro mal”, el rechazo social es un absoluto mal que elimina otro mal, y entonces se convierte en control, y no ese que previene el delito sino el que manipula y mantiene en línea el comportamiento, el control a través del miedo. 4. LA VERDAD EN LA VICTIMIZACIÓN Ante lo anterior existe una verdad irrefutable detrás de esa victimización penitenciaria y postpenitenciaria: “…los poderes que dominan los grupos sociales crean el delito y la desviación, al hacer las definiciones y las reglas que los constituyen 34

como tales. Además, en las instituciones totales se refuerzan las etiquetas y se construyen como delincuentes, locos o inobedientes a los sujetos, que los funcionarios deciden que deban ser castigados, aunque sean inocentes” . Resultan victimizados tanto buenos como malos, culpables e inocentes, sin más medida que la legalidad y legitimidad de los actos del Estado y el poder, en realidad ni la víctima del delito resulta beneficiada al mantener en prisión al delincuente, ni recibe tratamiento victimológico, ni es tratada con dignidad, pasa a segundo plano y se convierte en la chispa que moviliza al estado, en muchas ocasiones la reconocida como víctima asume un papel pasivo como principal testigo y no como afectado, el estado asume el papel de ofendido. Es innegable lo que en palabras de un hombre humanitario y conocedor de la realidad en las prisiones como lo es el Dr. Eduardo Gómez Bernal comenta: “La mala información que nos llega por los diversos medios de comunicación de lo que cotidianamente sucede dentro de los penales, contribuye a deformar la realidad, a crear mitos sobre ese misterioso mundo de las prisiones, en donde impera la inmoralidad, la crueldad, el tormento tanto físico como espiritual, y en ocasiones la muerte, ese mundo poblado por sujetos repudiados y despreciados por la sociedad, pero en el que

también existen seres dotados de una naturaleza humana que, a pesar de su condición legal, no dejan de ser personas que también sienten, que también sufren, que también se enferman, que también conservan anhelos e ilusiones, que también en un destello de inspiración tratan de exteriorizar sus sentimientos, y que también aún conservan, en mínima o mucha cantidad, una dosis de amor” . Con lo anterior queda claro que no hay más que seres humanos recluidos en prisión, de la misma manera en que se defienden los derechos humanos fuera, deben ser defendidos dentro, pero no sólo en discurso o proteccionismo económico sino en hechos tangibles que permitan la búsqueda de una verdadera prevención. 5. CONCLUSIÓN Víctimas las hay en distintos espacios, bajo diversas circunstancias y ninguna de ellas debería ser tratada con base a su capacidad económica; por el hecho de ser persona le corresponden una serie de prerrogativas que permiten su adecuado tratamiento, sin embargo, no sólo existen víctimas de carácter primario, aquellas que resienten un daño derivado de un delito y que viven la victimización en una experiencia personal; también las hay de carácter secundario revictimizadas en la mayor parte de los casos

por autoridades encargadas de su protección; finalmente las hay terciarias, el delincuente que fue victimizado y revictimizado de manera penitenciaria y postpenitenciaria. Al igual que las víctimas primarias y secundarias, las víctimas terciarias merecen atención y tratamiento y, sobre todo, trato digno, pues ni la sociedad ni el mismo gobierno pueden vengar el delito cometido, esa, no es su función. Y debe quedar en manifiesto que todos, en menor o mayor medida hemos contribuido a la victimización penitenciaria y postpenitenciaria. Bibliografía 1. ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra, 29 de Noviembre de 1985, Recuperado el 03 de Noviembre de 2012, de http: //www 2.ohchr .org/ spanish /law /delitos.htm 2. ATLANTIC Internacional University, Estados Unidos de América, 2010, Recuperado el Noviembre de 04 de 2012, de http:// www. aiu.edu /cursos/Derecho %20Romano/pdf% 20leccion %203 /lecci%C3%B3n%203.pdf 3. CONSTITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Sista, 2012. 4. GÓMEZ Bernal, Eduardo, Tópicos Médicos Penitenciarios, México, Compañía Editorial Impresora y Distribuidora, 2004. 5. GONZÁLEZ Vidaurri, Alicia, SÁNCHEZ Sandoval , Augusto, Criminología 2ª ed., México, Porrúa, 2008. 6. QUINTANA Roldán, Carlos, SABIDO Peniche, Norma, Derechos Humanos. México, Porrúa, 2004.

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Situación actual de los sistemas de control del delito Karla Daniela Molina Estrada

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n la actualidad la delincuencia ha tomado un auge evidente, en nuestro país los sistemas tanto formales como informales que debiesen, de cierto modo, mantener un control del delito han ido decayendo, dejando de cumplir sus funciones como repelentes para la delincuencia. Se pretende realizar este ensayo con la finalidad de analizar la situación de los sistemas de control del delito poder encontrar la razón o razones por las cuales estos han dejado de cumplir con sus funciones y plantear la base de posibles soluciones al fenómeno, para que sean aplicadas por los agentes involucrados en los sistemas represivos del crimen y encaminar sus acciones a un eficaz control delictivo. En el siguiente ensayo se discurrirá sobre diversos temas relacionados al fenómeno que se estudia, estos temas son: control social formal e informal, los diferentes sistemas de control del delito, así como la situación actual de estos sistemas de control, la crisis que estos han

tenido y cómo han venido decayendo con el paso del tiempo. La deficiencia en los sistemas que se encargan de controlar el delito se muestra evidente, uno de los puntos de partida es la grave problemática con respecto al funcionamiento de su sistema penal y por ende como consecuencia genera desconfianza para los integrantes de la sociedad. El control es uno de los medios que tiene el Estado actual, trata de mantener una esfera de equilibrio en la sociedad, hablar de control como aquello que opera en caso concreto (delito) ya surgido para dominarlo, le interesa el mantenimiento del orden sin pretender extinguir al delito sólo controlarlo. En este caso se debe hablar sobre el control social que se entiende como “El conjunto de sistemas normativos cuyos portadores, a través de procesos selectivos, y mediante estrategias de socialización, establecen una red de contenciones que garantizan la fidelidad de las masas, a los valores de un sistema de dominación; lo que, por razones inherentes a los potenciales tipos de conductas discordantes, se hacen destinatarios sociales diferencialmente controlados según su pertinencia de clase”. (Molina, 2000, p. 36) El control social por lo tanto

tiene un objeto vasto, el cual es comprender a la sociedad en todos los ámbitos públicos o privados, manifestándose de diversas maneras, sin que estos se perciban como un orden o prohibición. El control social puede verse por un lado como una estrategia de orden, o como un instrumento de dominación legitimado por la base social. Abarca los medios de control que serán aquellos instrumentos por los cuales todos los integrantes de la sociedad ejercen sus derechos, este tiene dos vertientes un control social informal “No cuentan con una regulación preestablecida y pública de las sanciones a aplicar, ni tampoco unos individuos en concreto para llevarlas a la práctica”. (Gonzales, 2010), es en dado caso la manipulación de la ciudadanía, lo integran: la familia, la escuela, trabajo, religión así como los medios de comunicación. Por otro lado para efecto de este ensayo existe el control social formal o institucionalizado. “Es aquel que se encuentra incorporado a la estructura de gobierno, a través de las instituciones legalmente constituidas; se expresa en la diversidad de dependencias 37

públicas que a todos los niveles y áreas se encargan de plantear, estructurar y ejecutar las políticas públicas en materia de salud, educación, agricultura, desarrollo social así como las culturas, económicas y también las de seguridad pública” (Anon., 2008). El control formal se convertirá entonces en un sistema de control del delito las cuales serán todas aquellas medidas que se toman para prevenir o castigar el delito, pero en la actualidad estos sistemas de represión del delito se encuentran en una crisis, una problemática en el desempeño de sus funciones, por lo tanto resulta preocupante la crisis de los sistemas de control del delito. De tal forma se abordará el Sistema Penal como uno de estos restrictivos del delito, se entiende por Sistema Penal al conjunto de organismos

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especialmente diseñados para combatir la delincuencia tomando como base el Derecho Penal. Tomando el subsistema legislativo dentro del Sistema Penal, a este le corresponde dar origen a leyes o normas penales, además de establecer en materia de ley las conductas que serán consideradas como delictivas e indicar las penas que habrá de imponerse a estas. En el caso de nuestro país, se encuentra una grave problemática al pretender crear leyes, tomando a Descartes refiere a los Estados más organizados a los que dictan pocas leyes, pero de rigurosa observancia. México presenta una ilusión legislativa se sigue creyendo que con la creación de nuevas leyes se podrá erradicar la delincuencia. Los legisladores encargados de esta función tendrán que crear leyes cuando sea totalmente necesario.

Se puede observar esta problemática en México con el Partido Verde Ecologista en su propuesta de pena de muerte para secuestradores, terroristas, homicidas; es importante que los legisladores se pregunten ¿estos delitos disminuirán con la creación de la pena de muerte?, en realidad los secuestradores, terroristas y homicidas dejarán de cometer estos delitos o sólo se presentará esta pena como una estrategia de dicho partido para obtener el poder en el Estado. De igual manera el subsistema judicial, cuando hablamos de la administración de justicia, el cual tiene una estrecha relación con la función judicial en el proceso penal tanto a nivel federal como a nivel estatal con sus respectivos organismos. Se refiere entonces a la impartición de justicia, la aplicación de las leyes, la función de este subsistema no es nada sencilla, ya que tiene como principal oficio juzgar sobre los actos de otro, el encargado de esta función debe entonces tener objetividad y compromiso al momento de aplicar la ley. Sin embargo, siendo la crisis de estos sistemas la el que nos ocupa en este ensayo, encontramos que las decisiones de los jueces se encuentran constantemente cuestionadas por razones como; desagrado por parte de los sujetos juzgados conforme a la resolución, se critica de igual forma la corrupción de estos encargados de la aplicación

de la ley, son corrompidos y los privilegiados por sus recursos económicos o de influencia, ya sea política o de otra índole que podrían ser los culpables, abusan de este poder y se ve corrompido el proceso. Por otra parte encontramos una problemática en los Sistemas Penitenciarios, debe entenderse a este sistema como: “el conjunto de principios, normas e instrumentos para la organización y ejecución de la prisión preventiva y de otras medidas cautelares personales vinculadas a la vigilancia; de las sanciones penales” (Direccion General de Proyectos Normativos, 2011). Retomando los subsistemas anteriores para explicar una parte de la problemática de este sistema, principalmente la creación de leyes innecesarias que conllevarían por un lado a la aplicación de la administración de justicia de leyes superfluas, por lo tanto, si el principal sistema de control del delito en este caso el legislativo tiene una crisis, generará una crisis en el siguiente subsistema, la impartición de justicia, trayendo como consecuencia una crisis en el sistema penitenciario. El constante crecimiento de la población dentro de los centros penitenciarios es una de las principales problemáticas que presentan los centros de reclusión, si existe exceso de internos implica mayores compromisos tanto en estructura, vigilancia, así como las 39

óptimas condiciones de salubridad, exigencias que las autoridades de esos centros no pueden sustentar. Cuando existe una sobrepoblación en dichos centros, surge el hacinamiento penitenciario, que va a originar diversos problemas como riñas de toda magnitud, corrupción que propicia la venta de toda clase de privilegios y, sobre todo, la falta de seguridad. De igual manera, el tráfico interno de drogas se incrementa y su control se dificulta en proporción directa al hacinamiento, el cual el hacinamiento surge debido a que la creación de espacios penitenciarios siempre ha ido más lenta que el requerimiento de estas instituciones. Además, podemos partir con otro de los graves problemas dentro de los centros penitenciarios la contaminación carcelaria, en primera instancia no hay una clasificación para procesados y sentenciados, esto origina diversas situaciones de riesgo en cuanto a contaminación, se puede presentar como consecuencia que un individuo inocente aprenda conductas antisociales al convivir con sentenciados, por otra parte se presenta la falta de una clasificación por peligrosidad, referimos esto, debido a que un individuo que presentase una peligrosidad baja, va adquiriendo conductas por la convivencia con internos de peligrosidad alta, sustentado lo dicho con la teoría del aprendizaje social con 40

su principal exponente Albert Bandura, entonces los internos de peligrosidad baja van aprendiendo nuevas conductas antisociales. Es entonces la sobrepoblación, la falta de una clasificación penitenciaria y la contaminación carcelaria una problemática dentro de los centros de reclusión que vuelve a este sistema, un sistema en crisis. Ahora bien, otro de los temas para el control del delito que se encuentra en crisis es la política criminal, entendida como Atendiendo que la política criminal son los medios que emplea el estado para la lucha contra el delito se convierte en estrategias para responder a los problemas planteados por la prevención y represión del fenómeno criminal, es por estas razones que se convierte en un sistema de control del delito. Ahora bien ¿cómo se muestra la crisis de este sistema?, si analizamos de manera breve el Plan de Desarrollo Nacional 20072012 específicamente el objetivo 8 punto 1.4 Crimen Organizado del Estado de Derecho y Seguridad, en el que el presidente Felipe Calderón Hinojosa refiere, “Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado. ESTRATEGIA 8.1 Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes

y otras organizaciones delictivas”. (Calderon, 2007-2012) Retomar la cita anterior nos permitirá destacar la crisis de esta política criminal, como se ha visto la guerra contra el narcotráfico no ha reprimido o ha hecho disminuir este delito, por el contrario ha incrementado el número de muertes, de soldados, civiles, etc. Se observa la falla en la creación de esta propuesta, este medio de la política criminal no cumple con su objetivo y es cuando no se tiene un control del delito. Otro punto importante es la ineficaz implementación de programas de prevención. Es común que México pretenda copiar los programas de prevención de otro países como Estados Unidos, es una grave problemática, ya que para aplicar un programa de prevención es necesario realizar estudios previos sobre la sociedad en la que se va a aplicar, no son los mismos integrantes de otro país a los de México, la cultura, sus comportamientos difieren en de gran manera, además de que en México esos programas se

implementan, pero no llevan un seguimiento, no corroboraron si ese programa funcionó o no. Es entonces otro de los fracasos de la política criminal la implementación de los programas de prevención, sufren un aprieto para cumplir su objetivo de manera correcta. ¿Qué pasa entonces con los sistemas anteriormente mencionados?, se presenta una grave problemática ya que están estrechamente relacionados, si uno falla, todo el sistema como tal comienza a fallar. Es importante retomar en concreto esta problemática conforme a la criminología y para efectos de este apartado en relación al control del delito, la criminología crítica es la que se revela no sólo a la criminología existente y al derecho penal, sino también a todo orden establecido, se presenta como una corriente de ataque al poder. Como una de las principales exponentes de la Criminología Crítica Lolita Aniyar menciona el control del delito dentro del control social como “el conjunto de sistemas normativos cuyos portadores, a través de procesos selectivos, y mediante estrategias de socialización, establecen una red de contenciones que garantizan la finalidad de las manas, a los valores de un sistema de dominación; lo que, por razones inherentes a los potenciales tipos de conductas 41

discordantes, se hacen destinarios Bibliografía Anon., 2008. Sistema Penal en Mexico. [En sociales diferenciablemente línea] controlados según su pertinencia Available at: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/ tales/documentos/ledf/netzahuatl_m_l/ de clases” (Avila, 2010, p. 12). capitulo1.pdf A través de las vertientes anteriores [Último acceso: 3 Noviembre 2012]. se debe fundamentar la creación de Avila, K., 2010. Aproximacion a las propuestas de prevencion y control del delito desde la los sistemas de control del delito, criminologia critica. [En línea] la correcta manera de aplicar Available at: http://www.iuspenalismo.com.ar/ el sistema penal en todos sus doctrina/preveenciondelitokeymer.pdf [Último acceso: 6 Noviembre 2012]. subsistemas, la política criminal Calderon, H. F. d. J., 2007-2012. Plan de en sus programas de prevención, Desarrollo Nacional. [En línea] Available at: http://pnd.calderon.presidencia. etc. gob.mx/eje1/crimen-organizado.html Por último se debe entender que [Último acceso: 5 Noviembre 2012]. General de Proyectos Normativos, en la actualidad el sistema de Direccion 2011. Gobierno Federal. [En línea] control del delito está decayendo, Available at: http://es.scribd.com/ doc/55159794/52/Definicion-del-sistemapor no cumplir con sus funciones primordiales ante la sociedad a la penitenciario [Último acceso: 3 Noviembre 2012]. que van dirigidas, el control del Gonzales, L., 2010. El control Social. [En delito debe ser entonces aquella línea] Available at: http://ocw.unican.es/ciencias-deestrategia por la que la aplicación la-salud/ciencias-psicosociales-i/materiales/ de la justicia desde el origen de bloque-i/tema-3.-socializacion/3.5-el-controllas leyes hasta el cumplimiento de social/skinless_view [Último acceso: 3 Noviembre 2012]. éstas sea llevada a cabo por sujetos Gonzales, M. M. J., 2003. Programa de y organismos competentes para Prevencion. [En línea] at: http://www.rrhhmagazine.com/ tener un equilibrio en el orden Available articulos.asp?id=239 [Último acceso: 6 Noviembre 2012]. social. A. C., 2000. Introduccion a la Se debe buscar una transformación Molina, Criminologia. Tercera edición ed. Bogota: a fondo de cada uno de los Grupo Leyer. componentes del sistema penal, Ruiz, T. M. A., 2009. Politica Criminal y Sistema en Mexico. [En línea] a fin de asegurar una respuesta Penal Available at: http://redalyc.uaemex.mx/src/ efectiva a los problemas que se inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=32515302 suscitan por la crisis de los sistemas [Último acceso: 5 Noviembre 2012]. Secretaria de Seguridad Publica, 2012. de control del delito. Estadisticas del Sistema Penitenciario Federal. La criminología como partícipe [En línea] at: http://www.ssp.gob.mx/ en estos sistemas de control del Available por talWebApp/ShowBinar y?nodeId=/ delito, desde la formación de BEA%20Repository/365162//archivo las leyes y la aplicación de éstas, [Último acceso: 4 Noviembre 2012]. 2003. Teoria del Aprendizaje estaría generando una perspectiva Sharedaction, Social. [En línea] multidisciplinaria para lograr con Available at: http://www.sharedaction.org/ el control del delito el bien común. espanol/sites/default/files/teoria_sobre_el_ apredizaje_social_0.pdf [Último acceso: 23 Octubre 2012].

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Sociedad de riesgos. Globalización, ¿progreso o retroceso? Camilo Valencia García

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randes han sido los esfuerzos de la sociedad y de los teóricos modernos para definir con exactitud cuál es la forma en la que el hombre ha puesto en duda su progreso al discurrir respecto al impacto real que tienen sobre el mundo todas las actividades encaminadas a la evolución y masificación de la tecnología, es decir, la globalización implica necesariamente hacer colectivo cualquier esfuerzo para insertarlo en el entramado económico y político mundial y por ende abarcar a un mayor número de personas. Empero, situaciones parecidas pueden expresarse en el sentido contrario; la globalización puede ser vista como un instrumento de dominación, pérdida de identidad tanto cultural como personal, “imposición de determinadas formas de cultura sobre otras casi indefensas, supresión de una forma de vida” (Aller, 2010), dando como resultado la

creación de nuevas y hostiles formas de interacción social, tenemos como ejemplo el apogeo de los grupos delictivos conocidos como Barrio 13 y 18 provenientes de una entera de mezcla entre diversas regiones de Latinoamérica. Pero llaman la atención los fenómenos de exclusión que si bien están inmersos en lo antes mencionado, merecen un cierto énfasis, pues la pobreza y la marginación no se solucionan a la par de los avances tecnológicos y del mercado, a lo que será necesario responder el siguiente cuestionamiento: ¿Por qué la globalización da origen a la sociedad de riesgos? Para abordar los procesos que involucra la globalización, vista en sí misma como un eje rector y no estrictamente como un factor determínante, este ensayo argüirá sobre las formas en las que se presentan los efectos de la masificación tecnológica, los fenómenos de exclusión social para agrupar la idea del progreso y cómo

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este victimiza a las comunidades vulnerables, además de entrelazar dichos sucesos globalizantes a la teoría de la sociedad de riesgos. Primeramente habría que definir a la globalización desde la óptica más cercana a la Criminología, sin embargo, considero pertinente citar a Ulrich Beck, sociólogo alemán, cuando explica a la globalización como un movimiento parecido al de los obreros en el siglo XIX, pues representa la agrupación de personas para conseguir fines específicos pero son diferentes en cuanto que los obreros tenían un “contra-poder”, es decir, el empresario o, burgués (en términos Marxistas), mientras que las empresas actuales disponen de poder y no tienen un contrapoder que les haga frente (Beck, 2001), por lo cual dichas empresas se arrogan el cuasi legítimo poder político. Por lo anterior diría que la globalización es autócrata por generar imposición y suprimir la capacidad de las poblaciones para regirse por sí mismas, aunque lo preocupante es que dicha población no lo sabe pero lo acepta de forma directa al fomentar el sometimiento de sus habitantes a un modo de vida impuesto, aunque cabría preguntarse ¿Por qué si el Estado sabe de este sometimiento, mantiene aún una política dirigida hacia el consumo?, la respuesta puede ser divida en dos vertientes, la primera: mantener una ideología basada en el mítico

“pan y circo”, la idea de fondo responde a mantener a la población en un estado similar al que podría llamársele adormecimiento crítico por anular la capacidad de cuestionar tanto las decisiones del gobierno, como las de las empresas comerciales al ofertar de manera aparentemente accesible productos para mejorar la calidad de vida, aunque dichos productos sólo pueden ser adquiridos por cierta parte de la población y el estado de adormecimiento suele generar una aparente calma social. La segunda vertiente se relaciona con los que detentan el poder ideológico, (político, cultural, religioso, comercial, etc.), y encaminan a la sociedad a mantener justamente su propia dominación haciéndole creer que es necesaria la forma de gobierno hasta ahora llevada, usando para tal tarea a los medios masivos de comunicación. Para la Criminología el fenómeno de la globalización no es un hecho aislado o nuevo, existen estudios que han tratado, desde diversas perspectivas, de analizar el crimen en su forma globalizada y cuando es una respuesta ante ello, se tiene por ejemplo a Cohen cuando dice que los sentimientos de frustración enrolan al joven en un especie de subcultura a fin de conseguir lo que de manera individual no puede, algunas veces esta subcultura tiene matices antisociales y desemboca en la comisión de delitos, pero ¿a qué se refiere la frustración?, para

explicar esto hay que tener clara la importancia de la felicidad en el individuo y como ésta puede ser influenciada por el medio, por ejemplo, en un ambiente con carencias tecnológicas en el cual el individuo se ha desarrollado desde la infancia no existirá la necesidad de usar esos avances, pero si sacamos al sujeto de ese contexto y lo llevamos a una ciudad donde prime la aplicación poco escrupulosa de la tecnología entrará de forma casi automática en un conflicto tanto ideológico como económico, y al verse rebasado por la mayoría, sentirá la necesidad ya no sólo de tener esas tecnologías, sino de tener las más caras en el mercado, pues la idea general en dicho contexto dicta que si no eres dueño de ciertos aparatos tu estatus social se demerita, dándose así uno de los más claros ejemplos de cómo 45

el progreso victimiza a los sujetos vulnerables, abriendo el espacio a la reflexión sobre la realidad de los derechos humanos afectados directamente por el capitalismo en el que ineludiblemente estamos inmersos. Todo esto, sin duda deja entrever la importancia de la globalización en el crimen y más aun en los hechos que generan exclusión, pero existe otra forma de victimización por parte del Estado que trasciende al sujeto como persona y abarca a la sociedad en general, tal es el caso de la creación de leyes, en un país como reacción a un hecho delictivo que se está presentando en otra nación, es de esta forma que México adopta la llamada “guerra contra el narco”, acto que si bien responde a la problemática del narcotráfico en el país, tiene sus raíces tanto terminológicas, como tácticas en América del Norte, con aproximadamente 150,000 personas que perdieron la vida según relatan los periodistas Daniel Lizárraga, de Animal Político, y Adela Navarro, del Semanario Zeta (CNN México, 2012). Aunque, regresando a la internacionalización penal, no todo es un fallo sistemático, la colaboración entre países ha llegado a fortalecer las políticas criminológicas que buscan abatir 46

los delitos trasnacionales como la trata de personas o el tráfico de menores. La globalización, al otorgar a los Estados las fórmulas para mundializar tantos sus leyes como sus problemáticas, acarrea riesgos supraindividuales y hace evolucionar las formas de convivencia al grado de mutar los riesgos sociales y por ende los delitos cometidos pero como siguen siendo un producto de la globalización dichos riesgos no van a ser iguales para todas las sociedades, ni naturales, ni los que produce el hombre, “porque aquellos carenciados, definidos como de segundo o tercer orden, siguen siendo victimizados” (Beck, 2001: 21) dejando claro que con el reparto de los riesgos surgen situaciones sociales de peligro donde el hombre es el verdadero enemigo del hombre, pues tiene una capacidad superior a la misma naturaleza para exterminarse, por lo cual diría que la sociedad se ve amenazada tanto por la naturaleza, como por el hombre, haciendo de ella una colectividad en riesgo constante. Los teóricos sobre los conflictos sociales discurren respecto a la definición de la sociedad de riesgo. Parafraseando a Ulrich Beck: significa una fase de desarrollo de la sociedad moderna donde los riesgos

sociales, políticos, económicos e industriales suelen cada vez más escapar a las instituciones de control y protección de la sociedad industrial”. (Ulrich, 2002) generando un efecto “boomerang”, esto aparece como un supresor de las clases sociales, es decir, se creería que las víctimas sólo son personas de escasos recursos pero en la globalización también los estratos sociales económicamente poderosos son víctimas de ellos mismos pues, recordando los postulados del realismo de izquierdas, los sujetos con menores ingresos no cometen delitos contra los más asalariados sino que son esos mismos asalariados los victimarios de su clase social, por lo tanto, en la sociedad de riesgos como producto de la globalización, todas las esferas sociales se encuentran en riesgo. El vínculo entre naturaleza y colectividad se deja ver de manera lógica en la sociedad de riesgos, pues la producción social de riqueza (a partir de la explotación de los recursos naturales), va acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos, lo que desemboca en una generalización del peligro donde en la relación víctima-victimario ambos resultan o resultarán víctimas de algo o alguien, (catástrofes naturales, explosiones, etc.). El origen de la sociedad del riesgo, según la Criminología, surge donde los sistemas de

normas sociales fracasan en otorgar la seguridad prometida ante los peligros desatados por la modernidad, ocurriéndole también a las normas jurídicas. Sin embargo para entender el origen de la sociedad de riesgos, inevitablemente se debe rastrear su nacimiento hasta los procesos que involucran justamente el fracaso de dichas normas. Se tiene entonces un recuento sobre los procesos de industrialización y modernización que en sí mismas ya significan una intromisión en la vida humana. La cuestión relevante en el citado suceso es la creación de nuevos riesgos y las implicaciones inherentes pues, a través de las variaciones en las definiciones de riesgo, pueden lograrse tipos de necesidades específicas con la finalidad de evitar ciertamente esos riesgos, es decir, el impacto de la publicidad es tal que una persona puede enfermar de un virus que nunca había escuchado pero la televisión hizo sonar mortal, al conocer de ese virus la persona se siente expuesta, vulnerable, al grado de requerir o un producto

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para prevenir el contagio o una medicina nueva para curarse de eso hasta hace poco desconocido, pero que, según ella, ahora es probable padecer: arrugas, quemaduras de sol, múltiples enfermedades ventiladas por la televisión y la consecuente oferta del producto para curarlas. En pocas palabras, el efecto de la globalización en el comercio también se vale de la paranoia social para victimizar al hombre. Todo lo anterior nos guiaría de forma inequívoca a preguntarse ¿Qué hacer para disminuir los riesgos y evitar el colapso social?, pareciera, ante la perspectiva catastrófica que tanto la Criminología como la Sociología vislumbran un caos social dominado por el capitalismo arraigado ya en las costumbres humanas de ser sometidos, vendidos y consumidos para lo cual poco cabría hacer en la realidad, pero aquellos intentos de aminorar la carga de tensión socioeconómica, psicológica y ecológica dependen directamente de tener una conciencia “popular de los riesgos”, para así, reclamar el respeto a los derechos fundamentales, protectores de la dignidad humana, es decir, reconocer las situaciones probablemente vulnerantes a partir de un análisis de las que ahora están causando daño. El problema radica en “que mientras los riesgos no sean reconocidos científicamente éstos no existen” (Ulrich, 2002: 80), pues en el ambiente flota 48

ese rigor científico que dicta sobre lo verdadero y lo falso. Las razones para creer en la ciencia nacen justamente al reconocer la autoría del cientificismo ante la idea del riesgo pues, como hace la Criminología, es necesario definir el problema para poder tener una base sobre la cual resolverlo, en otros términos, la ciencia creó el concepto de sociedad de riesgos para poder atender a esos riesgos y minimizarlos pero, eso no significa el abarque de todas las posibles situaciones peligrosas por lo cual la ciencia debería tomar en cuenta la percepción y la experiencia personal en dirección a tratarlos con seriedad. Concluyendo, es necesario resolver el cuestionamiento de inicio: ¿Por qué la globalización da origen a la sociedad de riesgos?, pudiendo resolverse de la siguiente forma: La globalización vista como un proceso de cambio y avance no sólo tecnológico sino, cultural, político e ideológico, implica la masificación de todo tipo de información: delitos, leyes en respuesta; catástrofes naturales; publicidad y medios de comunicación, cuestiones que conllevan la implementación de un modelo social determinado en otro más débil, (vulnerable) ya sea países, subculturas, personas o etnias para generar en él una serie de procesos de interacción que van desde el consumo de nuevos productos hasta la creación de grupos criminales, convirtiendo a

todos ellos en víctimas de una u Bibliografía otra situación y sometiéndolos a Aller, G., 2010. Sociedad de riesgo. [En línea] riesgos constantes provenientes Available at: http://www.fder.edu.uy/ del entorno, el gobierno con su contenido/penal/pdf/2010/sociedad-delsistema penal, el capitalismo y sus riesgo_aller.pdf allegados comerciales, (empresas [Último acceso: 5 noviembre 2012]. multinacionales), o ellos mismos Beck, U., 2001. ¿Qué es la globalización? como lobos del hombre. Por lo Falacias del globalismo, respuestas a la tanto, los procesos involucrados globalización. Barcelona: Paidós. en el desarrollo social son entonces CNN México, 2012. Aristegui. [En línea] victimizadores globalizantes, pues Available at: http://blogs.cnnmexico.com/ harán de todo aquel inmerso en aristegui/2012/03/28/150000-personas-hansu sistema, un agraviado, y no sólo muerto-por-el-narcotrafico/ un agraviado que vio destruidas [Último acceso: 5 noviembre 2012]. sus bases morales para suplirlas González, H. A., 2003. Sociedad de riesgo y con necesidades nuevas y poco desigualdad social. [En línea] funcionales, sino una víctima que Available at: http://www.socialesuaz.com.mx/ no sabe reclamar su derecho a ser cuerpoacademico/vulnerapobreza/dieciocho. pdf libre. [Último acceso: 6 noviembre 2012]. Ulrich, B., 2002. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.

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Derecho de sucesión ante la ausencia de parentesco en el Código Civil para el Estado de México Néstor Armando Solano Rodríguez

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a evolución del derecho hereditario, se da con base a las necesidades y costumbres en la sociedad, es por eso que surge la inquietud de establecer dicho derecho a la persona que se haya hecho cargo en atenciones y cuidados, dos años anteriores o a partir de un año, de la muerte de aquel. La razón de establecer el derecho a partir de un año se toma, de la figura del concubinato mediante reformas en el mes de mayo del presente año, ya que la concubina tiene derecho en la sucesión, en diversos supuestos. Adición al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Para heredar hasta el 50 % de la masa hereditaria, cuando no exista parentesco del de cujus y se prefiera a la persona que se haya responsabilizado en atenciones y cuidados, durante los dos

años anteriores a su fallecimiento o a partir de un año de cuidados. Estableciendo la siguiente tabla de porcentajes: Tiempo Porcentaje Un año 25 % Año y medio 35 % Dos años 50 % La idea de que se le otorgue el derecho a heredar a la persona responsable, del de cujus, surge y se fundamenta en que el patrimonio del causante fue adquirido a base de esfuerzo en el transcurso de su vida, surgiendo la inequitatividad de que sea heredero universal la Beneficencia Pública, siendo que existe dicha persona que cuidó del causante, custodió y reservó dicho patrimonio, entonces se estaría en la posibilidad de otorgarle la potestad de heredar hasta el 50 % del total de los bienes. El presente tópico se pone en cuestión debido a que se presta para elaborar un criterio subjetivo, de que el que pretenda heredar es sólo por interés o se dedicara a cuidar a personas, es por eso que se establece el derecho a partir de un año, hasta dos, para el tesista es un lapso de tiempo razonable, para obtener dicho derecho. El tema de investigación se basa en la relación que existió con el causante, esto sustentado en la idea aportada por el doctrinario Edgar Rojas: (BAQUEIRO ROJAS, Edgard) El presunto afecto que se supone existe entre el autor y sus herederos.

Mencionando que el heredero, que tenga vocación hereditaria, a ostentar hasta el 50 % del caudal hereditario, deberá promover medios preparatorios a juicio, para que mediante declaración judicial se le reconozca dicho derecho. Esto debido a que si existen dos personas que se crean con vocación hereditaria, no podría aplicarse el procedimiento de jurisdicción no contenciosa regulado por el artículo 3.1 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Aclarando que el presente tema se deberá seguir conforme a las reglas generales que rigen a los medios preparatorios a juicio y al juicio sucesorio intestamentario, en el Estado de México. Pero siendo esto así, en dichos medios preparatorios el heredero deberá de acreditar por qué medios conoció al causante, de cuanto tiempo, ofrecer pruebas como son: la testimonial de personas que lo hayan visto con el causante, documentales como: el acta de defunción, aclarando la relación personal que tenía con el de cujus, la presuncional a cargo del juez, todos los elementos aportados por la ciencia y tecnología. Concluyendo éste, pueda ahora sí denunciar el juicio sucesorio intestamentario, pero ya no como un extraño, si no que debió comprobar su calidad de heredero, mediante la aportación de pruebas, obteniendo la declaración judicial. Mencionando que el tesista quiso 51

establecer de manera estadística, en el Municipio de Toluca los juicios sucesorios donde se declaraba heredero al Desarrollo Integral de la Familia, o se le adjudicaba la masa hereditaria, acudiendo al departamento de Estadística del Poder Judicial, obteniendo sólo la siguiente información: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ESTADÍSTICA EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN MATERIA FAMILIAR (http://www.infoem.org.mx) DESCRIPCIÓN REGIÓN TOLUCA REGIÓN TLANEPANTLA R E G I Ó N TEXCOCO TOTAL Sucesorio Intestamentario 1, 652 3, 115 1, 992 6, 759 Pero como se observa la información no establece qué

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número de juicios son a favor del DIF, dándome a la tarea de acudir a los juzgados, a revisar los libros índices, pero los funcionarios de los diversos juzgados en materia familiar, me comentan que sería imposible saber en qué juicios se declaró heredero a la beneficencia pública o se adjudicó el caudal hereditario, debido a que sólo se radica como juicio intestamentario en los libros índices, apareciendo el nombre del actor solamente, esto sólo sería posible revisando cada expediente en el auto declaratorio de herederos o la sentencia donde se adjudica el caudal hereditario al Desarrollo Integral de la Familia. Para el tesista la ventaja del tema presentado, sería el conceder el derecho a heredar a la persona que se haya hecho cargo en atenciones y cuidados del de cujus, conforme a lo establecido en el punto

anterior. Mencionando que dicha ventaja no sólo es equitativa, si no que se funda en idea y derecho de justicia, que si la persona se hizo responsable del causante y cuidó su patrimonio, pueda heredar hasta el 50 % de la masa hereditaria La propuesta es pertinente debido que sería injusto adjudicar el total de la masa hereditaria, a la beneficencia pública cuando no ha desempeñado alguna labor para merecer y ostentar dichos bienes, es por eso que se forma la idea con en base en lo justo, dando derecho a la persona que se responsabilizó en atenciones y cuidados del causante. Haciendo el comentario de que el derecho, debe ser justo para ser derecho, la justicia se basa en la equidad debido a que un derecho adquisitivo, se activa con la acción que realiza el individuo y esta acción se refleja en la atención que tuvo la persona con el de cujus. El porqué no adjudicar el 100 % de la masa hereditaria, al responsable del de cujus, por que la propuesta se basa en agradecimiento a dichos cuidados, como una compensación en los casos que haya realizado erogaciones en el causante de la sucesión, el velar por su fama, su patrimonio. La Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios, regula la facultad de intervenir en los juicios sucesorios en donde se ha nombrado heredero a la beneficencia pública, así como los programas, acciones y la forma

de administración de los bienes obtenidos en la adjudicación de la herencia, no quitando este derecho porque son para el bien de los beneficiados, en dicho supuesto. La idea de otorgar dicho derecho a la persona responsable del causante, sería como forma de agradecimiento al cuidado, compensar los gastos que en su caso haya realizado la persona en el causante de la sucesión, supongamos que se complica el estado de salud del causante, los gastos del hospital y medicamentos, son cubiertos por el cuidante. CONCLUSIONES PRIMERA. El derecho hereditario, evoluciona conforme a las necesidades de una sociedad estableciéndose en primer término la propiedad privada, el dominio sobre ciertos bienes, surgiendo el derecho de sucesión con la idea que debía de prevalecer el patrimonio después de la muerte. SEGUNDA. Las partes del Derecho Hereditario son el causante, herederos, legatarios, albaceas, interventores, acreedores de la herencia, deudores de la herencia. Mencionando que el Juez no es parte dentro del Derecho Hereditario, siendo este un servidor público ante el cual se acude para promover el juicio sucesorio testamentario o intestamentario. TERCERA. En el caso de sucesión ab intestato la norma sustantiva civil para el Estado de México, establece quiénes tendrán 53

vocación hereditaria, por lo cual el patrimonio del de cujus no puede quedar sin heredero, debido a quienes acrediten el derecho a serlo, se les entregará o, en su caso, a la beneficencia pública. CUARTA. La sucesión testamentaria, tendrá por objeto la voluntad del testador, instituyendo herederos y legatarios, mientras que en la sucesión legítima sólo habrá herederos, rigiéndose por los principios de la sucesión legítima. QUINTA. En el derecho hereditario la vocación legítima o testamentaria es el llamamiento que se hace a todos los que se crean con derecho a heredar, al momento en que muere el de cujus. SEXTA. En la masa hereditaria, se ejerce un derecho real donde herederos y legatarios, ostentan dicho patrimonio. SÉPTIMA. La figura de legatario siempre se instituye por testamento. OCTAVA. El único continuador del causante, es el heredero, pasando las relaciones jurídicopatrimoniales activas y pasivas. NOVENA. El derecho de suceder tiene como finalidad que el activo, pase a la persona deseada por el causante (sucesión testamentaria), ya sea por herederos y legatarios o conforme al orden de prelación (sucesión legítima). DÉCIMA. El derecho de sucesión a la persona que se haya hecho cargo en atenciones y cuidados del de cujus, dos años anteriores a su fallecimiento a partir de un año, 54

otorga la potestad que ostente a heredar hasta el 50 % de la masa hereditaria, basándose en una idea de justicia y equidad debido, a que se hizo cargo del causante de la sucesión y conservó su patrimonio. PROPUESTA PRIMERA. La Adición al artículo 6.144 debido a que le otorga potestad al Desarrollo integral para la Familia, al ser heredero universal de la masa hereditaria cuando no existen herederos legítimos, es inequitativo debido a que no ha hecho ningún mérito para recibirlo. Dice Debe de decir Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: 1.- los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado, concubina o concubinario; 2.- A falta de los anteriores El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: 1.-….. 2.- A falta de los anteriores El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México el 50 % del total de la masa hereditaria y la otra mitad la persona que se haya hecho cargo en atenciones y cuidados, durante los dos años anteriores a

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México el 50 % de la masa hereditaria y la otra mitad la persona que se haya hecho cargo, en atenciones y cuidados dos años anteriores a su fallecimiento o a partir de un año, conforme a los siguientes

su fallecimiento o a partir de un porcentajes. año. Tiempo Porcentaje El Código Civil para el Estado de Un año 25 % Año y medio 35 % México en su artículo 6.144: Dos años 50 % SEGUNDA. Se propone la adición al artículo 6.177 del Código Civil TERCERA. Se propone la adición para el Estado de México, en el al artículo 2.38 del Código de mismo sentido otorgando derecho, Procedimientos Civiles que marca a la persona que se haya hecho cuando es procedente promover cargo en atenciones y cuidados del los medios preparatorios, en su artículo 2.38 establece: de cujus, a partir de un año.

De los Medios Preparatorios a Dice Debe de decir: Falta de cónyuge y parientes con Juicio derecho a heredar Dice Debe de decir Artículo 6.177. A falta de todos los herederos señalados en los I. Declaración, bajo protesta, el Capítulos anteriores sucederá el que pretende demandar de aquél Sistema para el Desarrollo Integral contra quien se propone dirigir la de la Familia del Estado de México. demanda, acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia; Debe decir: Artículo 6.177. A falta de todos En este caso es improcedente la los herederos señalados en los confesión a base de posiciones; Capítulos anteriores sucederá el II. El reconocimiento de contenido 55

y firma de documento privado, para juicio ejecutivo; III. La exhibición del bien mueble que haya de ser objeto de la acción real que se trate de entablar; IV. El legatario o cualquier otro que tenga derecho de elegir uno o más bienes, entre varios, su exhibición; V. El que sea heredero o legatario, la exhibición de un testamento; VI. El comprador al vendedor, o éste a aquél, en el caso de evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran al bien vendido; VII. Un socio o copropietario la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o copropiedad, al consocio o condueño que los tenga en su poder; VIII. El examen de testigos que por cualquier circunstancia se tema que su testimonio pueda volverse muy difícil o perderse y no pueda deducirse aún la acción u oponerse la excepción, por estar sujeta la obligación a plazo o condición sin cumplir.

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I.- …... II.- ….. III.- …. IV.- …. V.-…... Vl. El heredero que tenga vocación hereditaria conforme a lo establecido en los artículos 6.144 y 6.177 del Código Civil. VIl. El comprador al vendedor, o éste a aquél, en el caso de evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran al bien vendido; VIIl. Un socio o copropietario la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o copropiedad, al consocio o condueño que los tenga en su poder; lX. El examen de testigos que por cualquier circunstancia se tema que su testimonio pueda volverse muy difícil o perderse y no pueda deducirse aún la acción u oponerse la excepción, por estar sujeta la obligación a plazo o condición sin cumplir.

Los Conflictos en los Sistemas de Ahorro para el Retiro como facultad exclusiva de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Alanís Cortez Ulises

E

l tesista analiza la posibilidad de hacer exclusiva la facultad de conocer y resolver los conflictos en los Sistemas de Ahorro para el Retiro a una entidad como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de conformidad al sentido Social de los sistemas de Ahorro y en consideración al Sector Poblacional Beneficiario de este Seguro. La autoridad que resuelva este tipo de conflictos además, debe contar con jurisdicción y competencia para poner fin a la litis, asegurando así la armonía

de las partes en pugna, a más de conocimiento en la materia a dirimir, resaltan las cualidades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por sobre la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues los sujetos protagonistas, el interés del debate y la naturaleza de la controversia son de origen Social y del Trabajo aún cuando se atiende a cuestiones fiscales. Atendiendo a la letra de la ley, se podría establecer para la Junta y evadir esta atribución para otra autoridad de conformidad al artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo pues enuncia: “Corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas, salvo lo dispuesto en el artículo 600 fracción IV.” Aún cuando el cuerpo legal especifica la solución de controversias entre trabajadores y patrones, es posible concretar esta atribución a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pues también argumenta, va a resolver 58

en hechos relacionados con la relación de trabajo; por tanto, es de considerar el suceso origen de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y en ese sentido ampliar el texto jurídico para contemplar a las entidades de arraigo laboral y el propio Estado, pues estos no se excluyen de los sectores participantes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la relación laboral. En tal vertiente, habremos de atender también al texto de la ley reguladora de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, pues sus líneas intrínsecamente muestran cierta discordancia, pues aun cuando regulan el actuar de la CONSAR y por medio de este órgano se cumplimenta esta ley, el artículo 117 enuncia: “Las disposiciones de esta ley no deberán interpretarse como de carácter fiscal.”104 Aun cuando la naturaleza de la CONSAR es eminentemente fiscal la ley expresamente obvia esa atribución

y en tal virtud se entiende como de carácter laboral atribuyendo su aplicación en caso de conflicto entre los Sistemas de Ahorro para el Retiro a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 105. Ventajas de Atribuir la Solución de Conflictos en los Sistemas de Ahorro para el Retiro a una entidad de Carácter Fiscal. Respecto del carácter fiscal de las aportaciones de Seguridad Social, es de atender cuán factible es desligarse del arraigo laboral, para determinar las facultades en materia de administración de justicia a una entidad de prosapia fiscal; así, deviene establecer la naturaleza de las aportaciones de Seguridad Social, sin las cuales no podría concebirse un Sistema de Ahorro para el Retiro inclusive, no se hubiere creado el Seguro Social, se ha discutido acerca de si es de naturaleza fiscal o no; al respecto, ilustra esta vertiente el jurista Luis Ávila Salcedo, escribe: Al respecto, un sector de la doctrina se inclina por darla a la cuota obrero-patronal el carácter de impuesto con los siguientes argumentos: a) Porque son contribuciones que gravan los salarios. b) Porque es un gravamen establecido unilateralmente por el Estado y que de manera obligatoria se aplica a todas aquellas personas que la ley vincula. (AVILA SALCEDO, Luis, 2007).

Del apunte antes citado, es importante resaltar el carácter de las cuotas obrero-patronales, para determinar la incursión del Derecho Fiscal en los Sistemas de Ahorro para el Retiro y en tal virtud determinar si la solución de conflictos es propia de una autoridad en materia del Trabajo o si por el Contario, la solución de controversias debe quedar reservada a un órgano eminentemente fiscal; así las cosas, el IMSS como órgano fiscal autónomo, ostenta atribuciones de autoridad para ejecutar sus resoluciones debido precisamente a la naturaleza de las aportaciones de seguridad social; sin embargo, su ley es escueta respecto a la solución de controversias en los sistemas de Ahorro para el Retiro. Por tanto, en el supuesto manejado, el presente trabajo de investigación, para hacer exclusivo el conocimiento de los conflictos entre los participantes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, habrá de considerar el atribuirle a la junta esta calidad para contar con jurisdicción plena estableciéndose como un organismo fiscal autónomo con capacidad para ejecutar sus resoluciones, cuestión poco probable, pues en tal supuesto, se tiene al Órgano de Vigilancia del Seguro Social con capacidad para determinar una solución a las controversias, la cuestión aquí radica en establecer 59

esta atribución al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o reservarla para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como tribunal establecido para dirimir las controversias resultantes entre el capital y el trabajo. La investigación defiende la propuesta de establecer como único tribunal capaz de dirimir las Controversias en los Sistemas de Ahorro para el Retiro a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, desligando a este seguro totalmente de otras materias como la fiscal, mercantil o civil, para retornarla a sus orígenes laborales, cuestión tal vez un tanto retrógrada en consideración al cambio evolutivo de la Seguridad Social y el Derecho en general; sin embargo, no es posible a nuestro parecer, dejar a un lado al sector trabajador quien demuestra su fragilidad y en consecuencia la fragilidad del sector productivo; por tanto el presente trabajo trata de delimitar la jurisdicción y competencia de las diferentes autoridades en materia de sistema de ahorro, empero, en especial de la materia fiscal, luego entonces habremos de considerar el alcance de esta materia retomando el apunte del jurista Rodríguez Lobato quien al respecto menciona:“Entendemos por materia fiscal todo lo relativo a los ingresos del Estado provenientes de las contribuciones y a las relaciones entre el propio Estado y los particulares, considerados 60

en su calidad de contribuyentes” una autoridad exclusiva a la (RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, Junta Federal de Conciliación 1998). y Arbitraje, sin perjuicio de auxiliarse de la CONSAR para En tal virtud, habremos de la supervisión y vigilancia de considerar la naturaleza de la los Sistemas de Ahorro para el subcuenta de Ahorro para el Retiro y sin ostentar el carácter Retiro pues se ha discutido acerca fiscal pues se estaría atentando de su carácter fiscal o no, si es parte contra la naturaleza del tribunal del erario del Estado e ingresa a establecida también en el artículo sus arcas o sólo se establece como 123 de la Constitución Política de un ingreso para la federación en los Estados Unidos Mexicanos, el código fiscal para garantizar su pues habremos de considerar la pago, en esta divergencia de ideas postura de la Suprema Corte de es pertinente acotar el apunte Justicia de la Nación, Tesis Aislada del jurista Ruíz Moreno (2007) (laboral), Ponente: Carlos Alberto quien escribe: “Algunos juristas Bravo Melgoza Séptimo Tribunal opinan que las mismas no pueden Colegiado en Materia de Trabajo considerarse como de índole fiscal del Primer Circuito, Marzo de propiamente dicho –pese al texto 2005, Novena época, pág. 1059, tanto de la LSS, como del CFF, con respecto a nuestro trabajo de que las contempla como una investigación; más de las diversas especies de los tributos en México-, porque A D M I N I S T R A D O R A S estas contribuciones no tienen DE FONDOS PARA su fundamento, como todos los EL RETIRO (AFORES). demás tributos, en la fracción IV NATURALEZA LABORAL del artículo 31 de la Constitución DE LAS APORTACIONES Federal que obliga a los mexicanos VOLUNTARIAS, CONFORME a contribuir para los gastos A LOS ARTÍCULOS 159 Y 169 públicos, sino que, por el contrario, DE LA LEY DEL SEGURO su génesis se encuentra en los SOCIAL. derechos sociales consagrados en “El artículo 159 de la Ley del Seguro el propio artículo 123 de nuestra Social establece que en materia de Carta Fundamental…” (RUÍZ fondos para el retiro deberá abrirse MORENO, Ángel Guillermo una cuenta individual para cada 2007) asegurado en las Administradoras de Fondos para el Retiro, a fin de Luego entonces y bajo el criterio que en ella se depositen las cuotas de la ley de los Sistemas de Ahorro obrero-patronales y estatal por al evadir su legislación del carácter concepto de seguros para el retiro, fiscal, es viable, establecer como cesantía en edad avanzada y vejez, 61

así como sus rendimientos, y que dicha cuenta estará integrada por las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vivienda y aportaciones voluntarias. Por tanto, el hecho de que la subcuenta de aportaciones voluntarias provenga exclusivamente del asegurado, no puede variar su naturaleza laboral, pues está prevista en la citada ley como integradora de la cuenta individual, y si bien es cierto que el diverso numeral 169 del mismo ordenamiento excluye dichas aportaciones de la inembargabilidad, ello tampoco permite concluir que su naturaleza sea diversa a la laboral, puesto que el objeto de dicha restricción se debe a que las subcuentas relativas a los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como la de vivienda, constituyen prestaciones mínimas e irrenunciables que obedecen al espíritu proteccionista de la Ley del Seguro Social a fin de preservar la subsistencia de un trabajador; de ahí que tal excepción sea insuficiente para desvirtuar la naturaleza laboral de la subcuenta de aportaciones voluntarias.”

trabajador y sus beneficiarios, a más de contravenir con el objeto de este seguro, consistente en garantizar la vida post-laboral de los sectores endebles; por tanto, hemos de considerar la cualidad de esas aportaciones, las cuales lejos de considerarse propiedad del Estado, son propiedad del trabajador pues esto garantiza su venidero bienestar.

Como se ha expresado en este trabajo de investigación, la posibilidad de hacer exclusiva la función de dirimir controversias a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es de considerarse, contar con un órgano con competencia y jurisdicción para resolver las controversias de los sectores participantes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro es complicado, consecuencia de la complejidad sui generis del Seguro de Retiro, al ser un híbrido complica la forma de actuar del Estado para dirimir esas controversias; sin embargo, la jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es un argumento importante para excluir Atendiendo al rubro de la a órganos como la CONDUSEF precitada tesis resulta importante del conocimiento de los asuntos tomar en consideración el aspecto en materia de Sistemas de Ahorro. proteccionista de este seguro, pues arraigado en los principios Para finalizar, los sistemas de originales de la Seguridad Social, ahorro en la actualidad se alejan nulifican cualquier posibilidad de cada vez más del su génesis para entender a este seguro materia del dar paso a un mercado laboral en área fiscal o mercantil pues se estaría donde quien tiene más factores a su atentando contra el bienestar del favor será favorecido; sin embargo, 62

quien por sus limitantes no tenga las mismas oportunidades; es decir, el sector vulnerable, tendrá un futuro incierto, realidad distante de la naturaleza de la Seguridad Social. Se trascriben las conclusiones y propuestas que el tesista ha tenido a bien dejar a su consideración para su crítica y reflexión. CONCLUSIONES PRIMERA: La Seguridad Social, Derecho Social consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un instrumento producto de la necesidad colectiva para garantizar el bienestar tanto individual como colectivo de la sociedad, previendo en un principio y de ser necesario, erradicando un mal y generalmente surge como consecuencia de la relación laboral, basada en los principios de libertad, igualdad y justicia en beneficio del sector vulnerable.

SEGUNDA: Los Sistemas de Ahorro para el Retiro, son creados con el fin de garantizar la subsistencia de una persona posterior al trabajo, por tal motivo el seguro de retiro y la Seguridad Social en general, se consagran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos elevándolas a rango constitucional y adoptando el sentido de utilidad pública, por tanto, el Estado ha de garantizar su buen funcionamiento en aras de sustentar la economía del país y su bienestar. TERCERA: El modelo de sistemas de Ahorro para el Retiro adoptado por México respecto de su similar de Chile, tiene por objeto garantizar el bienestar de la población en retiro, por conducto de una Administradora de Fondos para el Retiro a elección del trabajador, generando así una pensión con aportaciones de los tres sectores de la relación laboral, privatizando por tanto la

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Seguridad Social y en especial los Sistemas de Ahorro para el Retiro, obligando al asegurado a contratar una administradora, dejándolo en un estado parcial de indefensión. CUARTA: Entre los principios rectores de la Seguridad Social destaca la Solidaridad; sin embargo, con la creación de la cuenta Individual, se apela al individualismo soslayando el objeto de la Seguridad Social pues ahora quien haya cotizado en mayor cantidad gozará de una buena pensión, en cambio, quien por su trabajo cotice en menor cantidad obtendrá una pensión raquítica e insuficiente para garantizar una vida digna. QUINTA: Las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro operadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro, son creadas para garantizar rendimientos sobre el capital del asegurado; sin embargo se muestran como un medio de las AFORE para obtener una ganancia sin arriesgar capital propio, a más de las comisiones cobradas por las

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AFORE, actividad favorable para los empresarios quienes engrosan sus arcas a costa de la población. SEXTA: En un esfuerzo del Estado por garantizar el bienestar entre los sectores participantes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, ha creado un complejo de ordenamientos jurídicos y autoridades como la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; no obstante esta estructura es compleja de descifrar y por tanto es desfavorable para el Trabajador. SÉPTIMA: La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, son órganos dependientes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y, por

tanto, son distantes del origen de los Sistemas de Ahorro para el Retiro a diferencia de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. OCTAVA: En cuanto a las facultades del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual además conoce en segunda instancia, establece como competencia de este tribunal conocer de los conflictos de pensiones del ISSSTE y el ISSFAM; empero, es indolente para con el IMSS. NOVENA: La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, es una autoridad con competencia para conocer de los Conflictos en los Sistemas de Ahorro para el Retiro; empero, deja a salvo los derechos cuando las partes no convienen para hacerlos valer ante el tribunal competente, así denota su falta de jurisdicción. DÉCIMA: La ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en su articulado argumenta la negativa de interpretar a su ley como de carácter fiscal, en ese entendido, queda reservada esta interpretación al ámbito laboral, por ser las dos vertientes de mayor raigambre en los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 134 DÉCIMA PRIMERA: La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuenta con jurisdicción y competencia además de estar en conexión con la Seguridad Social, por tanto se muestra como una alternativa de solución

complejidad de autoridades de injerencia en los Sistemas de Ahorro para el retiro; sin embargo es conveniente la profesionalización del personal en esta materia para hacer eficaz y eficiente la administración e impartición de justicia en este rubro. DÉCIMA SEGUNDA: La falta de un órgano especializado en solución de controversias en materia de Seguridad Social es una problemática para los Sistemas de Ahorro para el Retiro y otros rubros de la seguridad social, sin embargo; es importante considerar cuan viable es crear un organismo con tal naturaleza pues causaría una erogación en principio la liquidación de órganos como la CONSAR y la CONDUSEF y la creación de un órgano especializado en materia de Seguridad Social acarrearía una fuerte erogación con la incertidumbre de crear un órgano saludable, eficaz, eficiente y concluyente o la creación de un órgano más en nuestro sistema jurídico, ocioso y sin sentido. 65

DÉCIMA TERCERA: Nuestro Sistema de Ahorro para el Retiro, híbrido de su similar de Chile a quince años de su adopción a nuestro sistema jurídico se está desfasando de un sistema evolutivo, como es el sistema de pensiones, inmerso en problemáticas de carácter mundial, las crisis, la falta de empleo, el crecimiento demográfico, el deterioro en los sectores de la producción han hecho reflexionar en 2008 al sistema chileno ocasionando mejoras a su programa de pensiones, por tanto si nuestro país no previene la deficiencia de su sistema, a la postre será un mal difícilmente resarcible. 135 PROPUESTAS Por tanto, de lo expresado a lo largo del presente trabajo de investigación, con el fin de garantizar una justicia eficaz, eficiente y engendrada bajo los principios rectores de la Seguridad

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Social, en beneficio siempre del sector endeble de entre los participantes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y en razón de lo fundamentado en el presente trabajo de investigación proponemos las siguientes adiciones: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 123, Fracción XXXI, inciso b. TEXTO VIGENTE. PROPUESTA DE ADICIÓN. b) Empresas: 1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; 2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas; y 3. Aquéllas que ejecuten trabajos

en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación. También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la b) Empresas: 1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; 2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas; 3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación. También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de Ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los

términos de la ley reglamentaria correspondiente. a p l i c a c i ó n de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de Ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria correspondiente; y 4. Aquellas que derivan de la Seguridad Social y que afectan los intereses de los trabajadores en cuanto a su retiro. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. CAPITULO II, ARTÍCULO 527, FRACCIÓN II. TEXTO VIGENTE. PROPUESTA DE ADICION. Para hablar de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, aún cuando no de manera exclusiva, es necesario acudir al Derecho del Trabajo, en tal virtud, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Ley Federal del Trabajo homologan criterios para determinar la Competencia 67

de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; entonces, si consideramos la naturaleza y origen de los sistemas de Ahorro para el Retiro, es importante convocar tanto al artículo 123, apartado A diverso además del apartado B de la Constitución Política dedicado al Trabajo y la Previsión Social, como la Ley Federal del Trabajo, determinado como la Competencia Constitucional de las Autoridades del Trabajo y si de conformidad a la fracción XX de el artículo 123 de nuestro máximo ordenamiento enumera a los conflictos entre el capital y el trabajo y la ley de los sistemas de Ahorro para el Retiro en su artículo 117 establece, sus disposiciones no deben interpretarse como de carácter fiscal. Entonces, al establecer como facultad exclusiva la solución de controversias entre los participantes de los SAR a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no se estaría contraviniendo a la ley, si no de manera legal se estaría legitimando a este órgano para obviar esta atribución a entidades carentes de jurisdicción o competencia o simplemente ajenas a la naturaleza de la Seguridad Social. Asimismo para cumplimentar las adiciones a las leyes antes propuestas, se propone reformar los siguientes ordenamientos legales.

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LEY DEL SEGURO SOCIAL ARTÍCULO 295 TEXTO VIGENTE. PROPUESTA DE REFORMA. Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios, y el Instituto, los patrones y demás sujetos obligados sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y arbitraje??

Bibliografía AVILA SALCEDO, Luis F. La Seguridad Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, Porrúa, México 2007 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. Derecho Fiscal, Harla, Segunda Edición, México 1998

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