Resumen del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013

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ARMADO RESUMEN BUEN VIVIR

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4.2.3. Sentidos y avances de la nueva acción pública: la Constitución como horizonte En los 31 meses transcurridos desde la asunción al mando del presidente Correa, se ha dado un progresivo retorno estatal al primer plano de la escena política. En la agenda interna, ello ha apuntado hacia el restablecimiento de las capacidades estatales de planificación del desarrollo, de regulación y control de los sectores estratégicos de la economía y de distribución y redistribución de la riqueza social. En el ámbito de la política exterior, se ha avanzado en una estrategia geopolítica que impulsa diversos procesos de integración regional, así como una inserción soberana en el contexto global. El esbozo y la puesta en marcha de una nueva agenda pública ha supuesto, sin embargo, una intensa disputa política con los partidos tradicionales y las élites ecuatorianas: círculos empresariales, bancarios, financieros, mediáticos –afines a las ideas liberales dominantes. Incluso diversas agencias estatales, corporaciones y sectores burocráticos comprometidos con el viejo orden han desafiado y bloqueado abiertamente las extensas expectativas de cambio impulsadas por el nuevo gobierno. La estrategia antisistémica y el discurso antineoliberal que Rafael Correa promocionó desde el inicio de la campaña electoral de 2006 lo situaron siempre en las antípodas del poder establecido. Apoyados en un sólido respaldo popular y favorecidos por la inmensa debilidad del sistema de partidos, Rafael Correa, el movimiento político Alianza País (AP) y el gobierno asestaron diversos golpes a la estructura de poder que sostenía el modelo de Estado y de desarrollo desde la década de los noventa. Las decisiones políticas del régimen lo ubican, entonces, por fuera de la pugna hegemónica entre los dos sectores de las clases dominantes que se han disputado el poder, prácticamente, desde el retorno de la democracia en 1979: el polo de intereses económicos articulado en torno al Partido Social Cristiano, al que se sumaron en su tiempo la Izquierda Democrática (ID) y la Democracia Popular (DP), y el polo que inicialmente giró en torno a Abdalá Bucaram y terminó expresándose con Álvaro Noboa, por

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medio de un Lucio Gutiérrez que hacía de doble comodín, tanto en la articulación del bloque Noboa como en los nexos entre éste y el polo Social Cristiano (Unda: 2008). El gobierno ha enfrentado, con mucho éxito, a este amplio bloque de poder. La incautación estatal de casi 200 bienes del poderosísimo grupo Isaías (septiembre de 2008) y el cobro de la deuda pública de dicho grupo reafirmaban la defensa de los intereses públicos y la vocación antioligárquica de la Revolución Ciudadana. En tal opción se delinea una efectiva ruptura con la matriz de poder social que sostuvo el ciclo neoliberal. La derrota electoral de los partidos políticos –del centro a la derecha–, que inauguraron el régimen democrático en 1979, durante los comicios convocados para la elección de los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente en 2008, el deterioro del espacio de representación de las formaciones derechistas surgidas a fines de siglo (PRIAN, Sociedad Patriótica) y la afirmación de una nueva fuerza política progresista (Alianza País), acompañada, no sin tensiones, por otras pequeñas fuerzas de izquierda en el seno de la Asamblea, reflejan la configuración de una nueva correlación de fuerzas en el Ecuador. De este escenario, surgió el proyecto constitucional ratificado el 28 de septiembre de 2008. Descontando la ratificación del presidencialismo como régimen político, la Carta Magna avanza, entre otros elementos, hacia cuestiones ligadas con: • implantación de una economía social y solidaria • reconstitución y racionalización estatal • descentralización del Estado • recuperación de la planificación pública • regulaciones ambientales del desarrollo • consagración de los derechos de la naturaleza • reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado • promoción de la participación social y el poder ciudadano • construcción de un Estado constitucional • ampliación de los derechos


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