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con un rol activo del Estado en la regulación de la economía y, especialmente, en la distribución de la riqueza, no logró consolidarse plenamente. Por el contrario, el ciclo desarrollista ecuatoriano preservó globalmente el modelo de crecimiento económico sustentado en exportaciones primarias (primero agrícolas y luego minerales). Aun cuando el Estado desde 1925 aumentó su capacidad de regular la economía, no logró adquirir la suficiente independencia de los sectores dominantes tradicionales y adoptar políticas públicas que favorecieran un crecimiento económico sostenido e inclusivo, basado en el mercado interno. Esto se debió a los sólidos nexos entre el Estado y la clase terrateniente. Se trataba de una coalición política que incluía, en una posición secundaria, a las emergentes burguesía y clase media “dependiente” urbanas y excluía, tanto política como económicamente, a los sectores populares, que hasta fines de la década de los setenta, eran predominantemente rurales. La industrialización capital intensiva que promovieron los gobiernos militares entre 1973 y 1979, mediante la asociación entre grupos económicos ecuatorianos de la oligarquía tradicional y empresas transnacionales, erosionó la capacidad de contestación de la clase obrera –al bloquear la formación del tipo de coalición política que, en otros países, llevó al círculo virtuoso de integración social y crecimiento del mercado doméstico– e incrementó la dependencia de los intereses industriales de los sectores financieros (Conaghan, 1984). Finalmente, impidió a un importante segmento de la población ecuatoriana transformar sus necesidades en demandas de mercado.
b. El ‘neoliberalismo criollo’ Se pueden distinguir dos periodos en el ajuste ecuatoriano: uno fácil, desde 1984 hasta el fin del segundo lustro de los noventa del siglo pasado; y uno difícil, cuyo término se ubicaría en 2005 luego de la caída de Gutiérrez. En el primer periodo, y gracias al control del Estado, los sectores dominantes lograron triunfos esenciales para su reproducción económica, entre otros, liberalizar el tipo de cambio y las tasas de interés y, lo más importante, desregular parcialmente el mercado laboral y el sistema financiero.
La fase difícil implicó mayores niveles de conflicto y turbulencia política entre las élites dominantes, en relación con la orientación de los procesos de reforma estatal; pero, sobre todo, una más clara dinámica de resistencia social, liderada por el movimiento indígena en contra de las políticas neoliberales, especialmente la privatización de las empresas públicas en el sector energético y de la seguridad social. Todo ello dio paso a un difícil y prolongado contexto de debilidad del sistema político, inestabilidad institucional y crisis socioeconómica, que fracturó a la sociedad e impidió la producción de orientaciones compartidas sobre la gestación de un ordenamiento económico que integre y garantice mínimos niveles de vida a la gran mayoría de la población.
c. El ciclo fácil de las reformas Con la llegada al poder de una coalición política de corte empresarial (1984), las propuestas principales fueron la apertura al mercado externo, la liberalización económica y la desregulación de la economía y las finanzas. La incompleta prioridad industrializadora de los años setenta fue sustituida por un énfasis en las exportaciones, mientras que las políticas de estabilización monetaria empezaron a desmontar la planificación centralizada. La paradoja central del periodo se tradujo, no obstante, en la imposibilidad de quebrar el intervencionismo del Estado. La reducción de la interferencia estatal fue selectiva y reforzó, una vez más, el subsidio a los sectores empresariales y productivos ligados a las exportaciones. Así, a pesar de una retórica antiestatal, se restablecieron tarifas y aranceles para ciertos productos importados, se volvió al control de precios para productos que habían sido desregulados y se reintrodujeron controles al mercado de cambios. El incremento del gasto público se financió mediante crédito externo y préstamos del Banco Central del Ecuador al gobierno. Tales medidas tuvieron un impacto negativo en las tasas de inflación, que bordearon el 100% anual al finalizar esa década (CORDES, 1999). La desregulación de los mercados era parcial y selectiva, lo que dejaba ver la decidida intervención de agentes privados específicos en la
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4. DIAGNÓSTICO CRÍTICO
ARMADO RESUMEN BUEN VIVIR