promover la eficiencia energética pero aún resultan parciales e insuficientes. Una política integral que incluya la definición de estándares de eficiencia mínima (MEPS, por su sigla en inglés), impulse e incentive la aplicación de buenas prácticas en los sectores industrial, comercial y público, y lleve adelante campañas de concientización es la estrategia más efectiva en el corto y mediano plazo para disminuir el consumo energético. El potencial de ahorro estimado a 2020 se encuentra entre el 20% y el 30% en relación con la demanda estimada, de continuarse con las prácticas actuales. Todos los sectores pueden disminuir su consumo de energía. Esto le permitiría al Estado ahorrar, al menos, US$ 2.500 millones hasta 2020 a partir de una reducción de la demanda futura de combustibles para generación y de una disminución en el costo de inversión en centrales eléctricas (FVSA, 2006). En paralelo, recomendamos desarrollar un plan de inversión para incrementar sustancialmente las energías renovables (eólica, solar, micro-hidro, biomasa). Apostar a la conversión gradual de la matriz energética para minimizar la dependencia de los combustibles fósiles deberá ser una estrategia central del Gobierno. Es posible aspirar a que un 15% de la matriz provenga de energías renovables en 2020, en línea con las tasas de crecimiento en otros países en desarrollo.
067.
Promover una política de Estado que planifique estratégicamente el uso del territorio: implementar la Ley de Bosques (26.331) e impulsar procesos similares en otras regiones, dos pasos para un plan de desarrollo territorial integral Sin una planificación del uso del territorio, este queda definido por las demandas del mercado y el Estado debe afrontar las externalidades (pérdida de bienes y servicios ambientales) que los distintos tipos de uso puedan generar, y financiar inversiones millonarias para compensar las pérdidas. Por eso, es esencial que la administración 2011/2015 impulse una nueva política de Estado orientada a planificar estratégicamente, a mediano y largo plazo, el uso del territorio argentino. El primer paso es consolidar la implementación efectiva de la Ley de Bosques (26.331), que es la primera en plantear, a nivel nacional, el ordenamiento territorial y la creación de un fondo para el pago de servicios ambientales. Este fondo, que no debería ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, y que debe constituirse a partir del 2% de las retenciones a las exportaciones de los productos agrícolas, ganaderos y forestales (según dispone la ley), es la medida que permitirá completar el proceso de implementación.
[ 229 ] CAP. 11 DESARROLLO SUSTENTABLE, UN DILEMA SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL