Respuestas Políticas e Institucionales Hasta hace poco, la falta de voluntad política en México, tanto de la presidencia como del Congreso, para dar prioridad a la promulgación de leyes necesarias y a la financiación de diferentes iniciativas destinadas a abordar el problema de la violencia contra los periodistas ha permitido que las iniciativas languidezcan en el limbo legislativo. Uno de los pocos indicios positivos es una ley promulgada en noviembre de 2011 que despenaliza los delitos de difamación, calumnias e injurias. La SIP consideró la medida como un “notorio avance para la libertad de prensa y la democracia” porque los periodistas no podrían ser encarcelados por lo que escriben, sino que afrontarían acusaciones civiles.28 Se han adoptado otras medidas, aunque son demasiado recientes como para evaluarlas eficazmente, pero ofrecen la posibilidad de avances. Tal como se señaló anteriormente, el gobierno mexicano ha prometido una rápida acción para proteger a los periodistas, al afirmar tras una reunión en septiembre de 2010 con una delegación del CPJ y la SIP que el programa incluiría un sistema de advertencias tempranas y otras “prácticas óptimas” para proteger a los periodistas29. Poco se ha realizado desde entonces, pero finalmente está llegando el dinero estadounidense para respaldar el programa a través de la Iniciativa Mérida, y los funcionarios estadounidenses indicaron que el establecimiento y la puesta en marcha del programa eran una prioridad. Queda por verse exactamente qué forma adoptará el programa y cómo se implementará. Los funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos señalaron que han estudiado detenidamente el caso de Colombia, a fin de aprender las lecciones, tanto positivas como negativas, para el programa de México. Pero la situación sigue siendo grave. El programa de protección de periodistas en riesgo ha ofrecido hasta el momento una “‘protección’ irrisoria” a ocho periodistas, según O’Connor y otros. Además de la falta de recursos, el programa se basó en el supuesto de que los periodistas permitirían que la policía estatal o local los protegiera. Habida cuenta de la creciente violencia, señalaron O’Connor y otros, esto es irracional “dado que los periodistas creen con justa razón que la policía estatal trabaja para los narcotraficantes, o si la fuente de la amenaza es un político, la policía estatal trabajará para él”, afirmó O’Connor. Existen varios problemas que aún quedan por resolverse. Se han llevado a cabo muy pocas investigaciones o acciones penales con éxito en contra de los responsables de los múltiples delitos; y, en los pocos casos en que se detuvo al supuesto autor del delito, a menudo se acusó de que las confesiones se obtuvieron bajo tortura y coacción. Freedom House, en cuyo ranking anual de las libertades de prensa en México se ha observado que se encuentran en una disminución constante desde 2004, indicó esto en una letanía de problemas relacionados con las libertades de prensa de 2010:
Trabajo Peligroso
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