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Trabajo Peligroso: La Violencia Contra Periodistas Mexicanos y las Lecciones de Colombia

Un Informe para el Centro de Asistencia de Medios Internacionales

Por Douglas Farah

11 de Abril de 2012

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El Centro para la Asistencia de Medios Internacionales (CIMA), un proyecto de La Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy), apunta a reforzar el apoyo y mejorar la visibilidad y la efectividad de los programas de asistencia por medio de la información, redes de contactos, investigación, y destacando el rol indispensable que los medios independientes tienen en la creación y el desarrollo de las democracias sostenibles alrededor del mundo. Un aspecto importante del trabajo de CIMA es el de investigar las formas de atraer interés adicional por parte del sector privado de Estados Unidos para apoyar el desarrollo de los medios internacionalmente. El Centro fue uno de los principales organizadores no gubernamentales del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2011 en Washington, DC. CIMA convoca grupos de trabajo, discusiones, y paneles sobre una variedad de temas en el campo del desarrollo de y asistencia a los medios. El Centro también publica informes y recomendaciones basados en discusiones de grupos de trabajo y otras investigaciones. Estos reportes apuntan a proveer a los responsables de formular políticas, así como a los donantes y practicantes, con las ideas para reafirmar la efectividad de la asistencia a los medios. Marguerite H. Sullivan Directora Ejecutiva Centro para la Asistencia de Medios Internacionales Fundación Nacional para la Democracia 1025 F Street, N.W. 8th Floor Washington, DC 20004 Teléfono: (202) 378-9700 Fax: (202) 378-9407 Email: CIMA@ned.org URL: http://cima.ned.org

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Acerca del Autor Douglas Farah Douglas Farah es un investigador principal en el International Assessment and Strategy Center (Centro Internacional de Estrategias y Evaluaciones), con sede en Alexandria, VA, y un investigador adjunto en el Programa de las Américas en el Center for Strategic and International Studies (Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos) en Washington, DC. Se desempeña como consultor y analista de seguridad nacional. En 2004, trabajó durante nueve meses con el Consortium for the Study of Intelligence (Consorcio para el Estudio de Inteligencia) con sede en DC, estudiando los grupos armados y la reforma de los servicios de inteligencia. Durante las dos décadas anteriores a ello, se desempeñó como corresponsal extranjero y periodista de investigación para el Washington Post, con cobertura en América Latina y África Occidental. También ha escrito para el Boston Globe, U.S. News & World Report, y otros periódicos. Farah cubrió las guerras civiles en América Central durante la década de 1980 y la guerra contra las drogas en América del Sur para el Washington Post en la década de 1990; su labor se centró en Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia. También cubrió la aparición de grupos de delincuencia organizada rusa en América Latina y el Caribe, y el crecimiento de los carteles de la droga mexicanos en los Estados Unidos. En 2000, se nombró a Farah jefe de redacción para África Occidental del periódico, con base en Abidján, en Costa de Marfil. Escribió ampliamente sobre las guerras civiles en Sierra Leona y Liberia. Farah recibió el premio de Servicio distinguido Sigma Delta Chi como corresponsal extranjero (1988) por una serie del Washington Post sobre escuadrones de la muerte de derecha en El Salvador, y el premio Maria Moors Cabot (1995) otorgado por la Universidad de Columbia por su extraordinaria cobertura de América Latina. Es licenciado en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad de Kansas, y es autor de dos libros: Blood from Stones: The Secret Financial Network of Terror (Sangre de las piedras: la secreta red financiera del terror) (2004) y (con Stephen Braun) Merchant of Death: Money, Guns, Planes, and the Man Who Makes War Possible (Comerciante de la muerte: dinero, armas, aviones y el hombre que posibilitó la guerra) (2007).

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Índice Prefacio

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Resumen Ejecutivo

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Un Peligro en Expansión

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México Hoy: Violencia en Crecimiento y Desconfianza Profunda

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Medidas para Cambiar el Curso

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Respuestas Políticas e Institucionales

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La Respuesta de los Medios

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Conclusiones

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Apostillas

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Prefacio El Center for International Media Assistance (CIMA, Centro para la Asistencia Internacional a los Medios de Comunicación) de la National Endowment for Democracy (Fundación Nacional para la Democracia) encomendó este informe sobre los ataques violentos contra periodistas en México. En el estudio se compara la respuesta del gobierno y las organizaciones de medios de comunicación de México con la de Colombia, país que también sufrió un período de violencia mortal contra periodistas en las décadas de 1980 y 1990. El CIMA agradece a Douglas Farah, un corresponsal veterano para América Latina, por su investigación y observaciones en este tema. Esperamos que este informe se convierta en una referencia importante para los esfuerzos internacionales de desarrollo de los medios de comunicación.

Marguerite H. Sullivan Senior Director Center for International Media Assistance

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Resumen Ejecutivo La labor de los periodistas mexicanos en la cobertura del tráfico de drogas y la delincuencia organizada a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos habitualmente se ha considerado el trabajo más peligroso del mundo. Y el peligro se ha ampliado de los periodistas de los medios de comunicación tradicionales a los blogueros y ciudadanos que publican informes sobre la violencia de los carteles de drogas en las redes sociales, como Twitter y Facebook. Sin embargo, el peligro no solo proviene de dichos carteles. Los periodistas a menudo señalaron a políticos y agentes de la policía locales, con frecuencia en el pago de los carteles, como la fuente de la mayoría de las amenazas. En amplias franjas de la región fronteriza, y cada vez más en la zona central y sur de México, simplemente no se informan noticias verdaderas. Se están denegando los derechos básicos de libertad de expresión y de información pública. Tal como indicó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en un informe especial de septiembre de 2010: La autocensura generalizada en vastas áreas del país es el sombrío producto de esta violencia criminal. A medida que aumenta la delincuencia organizada, la corrupción y la anarquía, los reporteros y medios de prensa están abandonando no solo el periodismo de investigación, sino incluso la cobertura diaria de problemas graves, como la venta de drogas y la malversación de fondos municipales. A pesar de las reiteradas promesas del gobierno del Presidente Felipe Calderón de adoptar medidas concretas para mitigar la violencia, casi ninguna de ellas se ha cumplido. Tal como se señaló en otro informe de 2010, este para la Fundación Knight: a pesar de las numerosas visitas de organizaciones internacionales de medios para ejercer presión sobre el caso, “la violencia [contra periodistas] no está incluida entre las prioridades públicas, ni siquiera las del poder ejecutivo, el Congreso ni los medios de difusión”. La actual experiencia de México refleja, de muchas maneras, la experiencia de los periodistas en Colombia en las décadas de 1980 y 1990, cuando la mayor parte del país se encontraba en zona de guerra, y los traficantes de droga, los escuadrones paramilitares y las guerrillas marxistas asesinaban a reporteros y editores o los empujaban al exilio. Algunos candidatos a la presidencia y líderes sindicalistas también fueron asesinados. Los periodistas vivían en permanente estado de miedo y autocensura, y los carteles de drogas controlaban o influenciaban gran parte de las estructuras políticas y judiciales. Las respuestas de los gobiernos y las organizaciones de medios de los dos países no podrían ser más dispares, al igual que los resultados. Sin embargo, muchas de las medidas adoptadas con éxito en Colombia podrían aplicarse en México en un plazo relativamente corto. Por un lado, los medios en Colombia, al ser atacados principalmente en los centros urbanos, se unieron para publicar documentos de investigación y solicitar encarecidamente la acción del gobierno; por el otro, los líderes de los medios en México han permanecido casi en

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silencio y desistieron de las actividades destinadas a crear una estrategia unificada, llevar a cabo investigaciones comunes o poner en relieve la grave situación de los periodistas. En Colombia, el poder político de los medios nacionales, la mayor parte de los cuales operaban fuera de la capital, Bogotá, influyó en el proceso político. En México, donde la mayoría de los ataques a periodistas se realizaron lejos de la capital, la respuesta ha sido significativamente más silenciosa. El gobierno colombiano, con el respaldo y la financiación de la comunidad internacional, emprendió un programa para proteger físicamente a los periodistas bajo amenaza; creó un sistema de advertencias tempranas y respuestas rápidas para reubicar a periodistas y sus familias en poco tiempo; estableció una fiscalía especial para investigar los delitos contra los medios; y formó un grupo interinstitucional de funcionarios gubernamentales superiores y líderes de organizaciones no gubernamentales (ONG) para revisar la situación de seguridad de los periodistas amenazados cada seis meses. En cambio, el gobierno mexicano no ha tipificado el asesinato de periodistas como un delito federal, con lo cual las investigaciones quedan en las manos de funcionarios locales a menudo corruptos y comprometidos; no ha creado una fiscalía especial funcional que investigue activamente los delitos; y no ha logrado que los funcionarios gubernamentales superiores participen de forma sostenida en materia de violencia o trabajen con las organizaciones de medios en estrategias y políticas encaminadas a mitigarla. La falta de solidaridad con los medios y la inexistencia de un frente unificado con el gobierno nacional a la luz de la crisis han representado un obstáculo importante para combatir la violencia contra periodistas en México. Esto, tal vez, marca las mayores diferencias entre las respuestas de México y de Colombia en los primeros días de la amenaza. Por un lado, los grandes medios establecidos en la ciudad de México no han realizado una defensa o declaración pública coherente, mientras que los poderosos medios nacionales en Bogotá se unieron en una voz eficaz y en un grupo de presión para la protección de los medios en Colombia. Una de las medidas más importantes en Colombia resultó ser una de las más difíciles: la decisión entre numerosas organizaciones de noticias de no solo colaborar en artículos para impedir el silenciamiento de la prensa sino también de publicar conjuntamente los mismos artículos el mismo día. Varios son los motivos de las respuestas dispares de los dos países, pero, tal vez, el más importante es que en Colombia los medios nacionales y la elite política (candidatos presidenciales, procuradores generales y dirigentes sindicales) eran el blanco del cartel de Medellín, lo que llamó la atención nacional e internacional y obligó a estos grupos poderosos a concebir una estrategia común para sobrevivir. Pablo Escobar y otros líderes de los carteles habían declarado la guerra abiertamente al Estado de Colombia, principalmente para detener la política nacional de extradición.

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En México, en cambio, casi todos los ataques se realizaron contra blancos locales, alejados de la capital, lo que no llamó sustancialmente la atención nacional, y mucho menos suscitó una respuesta internacional. Tal como reconocen los periodistas mexicanos, la capital se encuentra tan alejada en términos de poder político, influencia y toma de decisiones que constituye prácticamente una entidad separada del interior rural. Dado que los grupos de delincuencia organizada han elegido o corrompido a muchos funcionaros locales o estatales y prosperan gracias a la impunidad local, estos grupos han cometido pocos asesinatos de un alto perfil nacional cerca del trono del poder del país, debido en parte a que su meta es el control de espacios geográficos específicos para trasladar la cocaína y otros productos ilegales. Además, el gobierno federal cuenta con muchos más recursos y es menos vulnerable a la presión local que las autoridades estatales o municipales. Al parecer, se ha realizado una única investigación y publicación conjuntas en México. Si bien más de 40 periódicos publicaron simultáneamente un artículo en abril de 2006 sobre la desaparición de un periodista mexicano que investigaba el tráfico de drogas, los planes de seguimiento de esfuerzos conjuntos en el marco del proyecto Phoenix se evaporaron. Las consecuencias de la violencia ahora se sienten más allá de las fronteras de México. Al ampliar los límites en el territorio de América Central, las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas son las principales sospechosas de la muerte de 17 periodistas en Honduras durante 2010-2011. Los reporteros en Guatemala, Honduras y El Salvador afirman que ahora ejercen mucho más la autocensura cuando informan sobre el tráfico de drogas y la corrupción que hace dos o tres años. Es probable que los gobiernos centroamericanos, aun menos equipados que el de México para abordar dicha violencia, hagan incluso menos que lo realizado por el gobierno mexicano. Cambiar el curso del asesinato de periodistas requiere varias medidas, pero principalmente se trata de tener voluntad política para reconocer la importancia del problema y poner fin a la impunidad de los responsables de la violencia. Los recursos son importantes pero, tal como lo demuestra la experiencia colombiana, existen diversas maneras de mitigar la amenaza a la libertad de expresión y el derecho a la información en las sociedades donde se persigue a los periodistas. Desafortunadamente, México ha adoptado muy pocas de dichas medidas. Entre los periodistas entrevistados para este informe, las publicaciones disponibles y los grupos de libertad de prensa, hay un consenso sorprendente respecto de las medidas que repercuten en la protección de las vidas de los periodistas, el fin del ciclo de impunidad y el cambio de las actitudes de la sociedad hacia los ataques a los medios, y la pérdida paralela de la libertad de expresión y el acceso a la información. Entre las medidas se incluyen: 

Avanzar en la tipificación de los ataques a los medios, en especial los asesinatos, como un delito federal, en vez de local o estatal, a fin de que las investigaciones no estén a cargo de grupos locales de cumplimiento de la ley, a menudo corruptos o intimidados. Este cambio jurídico fundamental sería significativo

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para poner fin al ciclo de impunidad y las investigaciones inútiles que actualmente alimentan la violencia. 

Fortalecer la fiscalía especial mediante mayores fondos y personal, para perseguir más eficazmente a los acusados de dichos delitos.

Crear un frente común en los medios para abordar los problemas de seguridad de los periodistas y los riesgos de informar sobre la delincuencia organizada transnacional.

Persuadir a los líderes nacionales de opinión de hablar públicamente sobre la violencia y su impacto en la sociedad.

Destinar la ayuda internacional específicamente a la protección de los periodistas.

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Un Peligro en Expansión Los periodistas mexicanos que cubren el tráfico de drogas y la delincuencia organizada a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos durante años han caminado por una delgada línea entre informar las noticias y exponerse al peligro y a la muerte. En los últimos años, su trabajo se ha convertido en uno de los más peligros del mundo. Las organizaciones del tráfico de drogas amenazan diariamente a los periodistas con secuestros, torturas y muerte si no respetan el “código narco” de conducta en la publicación o el ocultamiento de información de acuerdo con los intereses de los carteles. Los traficantes a menudo concretan sus amenazas de formas públicas y espantosas, concebidas para aumentar el terror y silenciar más a los medios de comunicación. El peligro se ha ampliado de los periodistas de los medios de comunicación tradicionales a los blogueros y ciudadanos que publican informes sobre la violencia de los carteles de drogas en las redes sociales, como Twitter y Facebook. Y el peligro no solo proviene de los carteles. Los periodistas han señalado a políticos y agentes de la policía locales, con frecuencia en el pago de los carteles, como la fuente de la mayor parte de las amenazas.1 A medida que la violencia de los narcos se diseminó, las limitaciones tradicionales sobre ellos han desaparecido. Determinados parámetros que en el pasado los periodistas y otros comprendían, y ciertos códigos de conducta que se respetaban (por ejemplo, no se atacaba a las familias, no se realizaban decapitaciones, se les avisaba a los periodistas antes de ser silenciados permanentemente) han sido eliminados por la nueva violencia.2 En algunos casos, esto culminó en una rendición completa y pública de la adopción de decisiones periodísticas ante las organizaciones del tráfico de drogas. El Diario de Juárez, en un editorial publicado después del asesinato de uno de sus fotógrafos jóvenes en septiembre de 2010, le suplicó al cartel de Juárez, el cual se encontraba en una sangrienta guerra con el cartel de Sinaloa, que especificara al periódico qué podían escribir y qué no, habida cuenta de la realidad de que los grupos de drogas “son, en estos momentos, las autoridades de facto” en la ciudad. “Somos comunicadores, no adivinos”, se indicó en el editorial. “Por tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos.”3 Desafortunadamente, el peligro para los periodistas que hacen un poco más que repetir como loros los comunicados de los narcotraficantes y del gobierno está creciendo rápidamente en gran parte del resto del país también. La violencia contra los periodistas, llevada a cabo con casi total impunidad, se ha diseminado a prácticamente todo el territorio de México. Las decenas de muertes4 y secuestros de periodistas durante la última década, y el flujo constante de periodistas que procuran asilo político en los Estados Unidos y en otros países

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constituyen solamente una pequeña parte de las pérdidas totales que la violencia ha generado en la sociedad y las estructuras fundamentales de México. Según los datos estadísticos oficiales del gobierno, considerados ampliamente como muy inferiores a los reales, el sorprendente número de víctimas fatales relacionadas con la droga desde el comienzo del gobierno del presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006 es de 47.515 hasta septiembre de 2011. La cifra de los primeros nueve meses de 2011 fue de 12.903, un aumento del 11 por ciento en relación con el mismo período del año anterior.5 Los homicidios y otros ataques de los carteles a periodistas ahora se diseminan a América Central, a medida que las organizaciones delictivas mexicanas se expanden hacia el sur. En Honduras, por ejemplo, se observó una oleada de asesinatos de reporteros, en especial reporteros radiales, fuera de la capital Tegucigalpa. “El peligro que todos estamos experimentando en Honduras se está intensificando en una parte importante de la sociedad, concretamente los medios, que sufren amenazas, ataques y muertes”, indicó Ramón Custodio, Comisario para los Derechos Humanos de Honduras.6 En amplias franjas de la región fronteriza del norte de México, y cada vez más en la zona central y sur del país, no se informan noticias verdaderas. Se están denegando los derechos básicos de libertad de expresión e información pública. Tal como indicó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en un informe de 2010 titulado Silencio o muerte en la prensa mexicana: La autocensura generalizada en vastas áreas del país es el sombrío producto de esta violencia criminal. A medida que aumenta la delincuencia organizada, la corrupción y la anarquía, los reporteros y medios de prensa están abandonando no solo el periodismo de investigación, sino incluso la cobertura diaria de problemas graves, como la venta de drogas y la malversación de fondos municipales.7 A la luz de los ataques inexorables a los medios, el gobierno de Calderón y los líderes de los medios y el estamento político nacional de México han permanecido relativamente pasivos y sumidos en disputas políticas internas acerca de la gravedad del problema y las respuestas viables. Si bien se ha prometido reiteradamente que se adoptarán medidas concretas para mitigar la violencia, poco se ha cumplido. En un informe de 2010 de la Fundación Knight titulado “La muerte de la noticia: Muchas crónicas quedan sin publicar debido a los asesinatos de periodistas latinoamericanos” se señaló que, a pesar de las numerosas visitas de organizaciones internacionales de medios para ejercer presión sobre el caso, “la violencia [contra periodistas] no está incluida entre las prioridades públicas, ni siquiera las del poder ejecutivo, el Congreso ni los medios de difusión.”8 Esto posiblemente esté comenzando a cambiar. En marzo de 2012, el Senado mexicano aprobó un proyecto de ley que enmendaría la Constitución, a fin de permitir que los fiscales federales pudieran entablar demandas

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judiciales de casos relativos a ataques a periodistas. Sin embargo, la medida debe ser aprobada por la mayoría de las legislaturas estatales antes de entrar en vigor. La actual experiencia de México refleja, de muchas maneras, la experiencia de los periodistas en Colombia en las décadas de 1980 y 1990, cuando el país se encontraba en una guerra virtual, y los traficantes de droga, los escuadrones paramilitares y las guerrillas marxistas asesinaban a reporteros y editores o los empujaban al exilio. Algunos candidatos a la presidencia y líderes sindicalistas también fueron asesinados. Los periodistas vivían en permanente estado de miedo y autocensura, y los carteles de drogas controlaban o influenciaban gran parte de las estructuras políticas y judiciales. En este informe se analizan algunas de las lecciones que México podría aprender de la experiencia colombiana, así como algunos motivos por los cuales estas lecciones aún no se han tomado en serio. Además de una revisión de las publicaciones, el autor entrevistó a más de una decena de periodistas colombianos y mexicanos, personalmente o por correo electrónico, para aprender de forma más directa sobre la experiencia de aquellos que han vivido o que están viviendo en las primeras filas en situaciones de un importante riesgo. Indudablemente hay diferencias significativas y similitudes en las dos situaciones, y deben tenerse en cuenta. Una diferencia principal es el cambio en la naturaleza de los carteles propiamente dichos y los tipos de violencia que generan, junto con las diferentes realidades que impulsan esa violencia. Otra es la naturaleza de los ataques que los carteles realizaban en Colombia –contra medios de comunicación en Bogotá de propiedad de familias poderosas política y económicamente– en comparación con México, donde la gran mayoría de los ataques ocurrieron lejos de la capital y estaban dirigidos a medios con poco más allá de su propio pueblo o estado. Como en Colombia, hay problemas serios de corrupción y pagos en el seno de los medios de comunicación mexicanos; incluso algunos reporteros y editores también trabajan para grupos de delincuencia organizada, transmitiendo información sobre los carteles o informando sobre otros reporteros.9 Esta corrupción interna tiene efectos múltiples, lo que complica significativamente las investigaciones oficiales y de los medios sobre los delitos relacionados con las drogas (ya sea disputas internas de los carteles o delitos contra periodistas), y otorga al gobierno y a las autoridades de las investigaciones un pretexto para no llevar a cabo las investigaciones. Reconociendo que muchos periodistas –en especial, aquellos que se encuentran en comunidades rurales aisladas– están al servicio de traficantes de drogas, Alfredo Corchado del Dallas Morning News, quien ha cubierto la frontera de ambos lados durante años, describió cómo ello repercute en las investigaciones: Cuando se mata a un periodista en México, se lo mata dos veces. La primera bala le quita la vida, e incluso antes de arrojar el cuerpo en el piso, mata su reputación: “Seguramente estaba implicado en esto o aquello, o estaba durmiendo con tal o cual”. La investigación no llega a ninguna parte.10

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Penetración de los Carteles en los Medios Colombianos: Un Relato Personal En diciembre de 1989, el cartel de Medellín hizo estallar un avión comercial en el aire con un saldo de 100 víctimas fatales. Fui inmediatamente a Bogotá para el Washington Post, mi primer viaje a Colombia. Durante mi estadía, la revista semanal influyente Semana invitó a la prensa extranjera a un almuerzo en sus oficinas para intercambiar nuestros puntos de vista y conclusiones. Se nos solicitó a cada uno de nosotros un conciso resumen de lo que habíamos aprendido, quién pensábamos que era responsable de la violencia, las actitudes de los Estados Unidos y otros aspectos de la cobertura. Suponiendo que estábamos entre colegas, proporcionamos evaluaciones francas y compartimos lo que sabíamos de la opinión estadounidense sobre el asunto. Al final del almuerzo, un abogado canoso de estatura pequeña que había estado presente tomando notas se hizo paso en la multitud y se presentó como Santiago Londoño White. Dijo que estaba impresionado por el Post y mi dominio del español, y realizó otros comentarios halagadores. Suponiendo que él trabajaba para la revista, le confié que me dirigía hacia Medellín para empaparme de la ciudad y de la situación en aquel lugar. Él inmediatamente elaboró una tarjeta y, como residía en esa ciudad, me ofreció su ayuda. A los pocos días, Kenneth Freed de Los Angeles Times y yo visitamos Medellín y llamamos a Londoño quien inmediatamente concertó entrevistas para nosotros con los líderes militares y políticos más importantes, y nos invitó a cenar en su lujoso departamento ubicado en el último piso de un condominio con vista a la ciudad. Allí, durante una cena suntuosa, continuó haciendo preguntas sobre lo que estábamos viendo, con quién hablábamos y sobre la política de los Estados Unidos. Agradecidos por su ayuda y suponiendo que era genuino debido a su asociación con la revista Semana, fuimos menos reservados en nuestros comentarios que lo habitual. Cuando me mudé a Bogotá algunos meses después me enteré de que Londoño era el abogado principal de Pablo Escobar al ver su fotografía en el periódico. Recién en ese momento nos dimos cuenta de la magnitud de nuestras recientes reuniones: La revista de noticias más importante de Colombia había invitado al abogado de Pablo Escobar a un almuerzo privado con corresponsales extranjeros y a tomar notas sobre lo que cada uno decía, sin revelarnos la identidad del abogado. Por el contrario, los redactores principales de la Semana, considerados por la mayoría de nosotros como aliados en la cobertura de las guerras de los carteles, nos habían alentado a hablar con él. Con el tiempo comprendí que había un grupo de periodistas valientes en los que se podía confiar y con quien colaborar, y así lo hice durante años. Ellos corrieron mucho más riesgos que yo y, con frecuencia, me dieron más de lo que recibieron de mí. Nuestras amistades, que nacieron en esas luchas por las noticias y la supervivencia, siguen vivas hasta hoy. Pero darse cuenta de la medida en que el cartel de Medellín había penetrado en los medios nacionales respetados de Colombia era triste y aleccionador, y nos enseñó una importante lección sobre en quién uno confía y los peligros de confiar demasiado.

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Sin embargo, en Colombia, una serie de importantes respuestas nacionales, internacionales y de los medios contribuyeron directamente a la mejora de la seguridad de los periodistas. La cantidad de asesinatos, que de 1998 a 2003 eran más de siete en promedio, ha disminuido a menos de tres por año desde que se aplicaron nuevas medidas de seguridad.11 Las respuestas, que si bien llevaron mucho tiempo, perseverancia y recursos, se han institucionalizado en el gobierno y en los medios, y contrastan totalmente con la casi falta total de respuesta en México. La eficacia de las dos estrategias se refleja en el número de víctimas fatales de periodistas: en Colombia disminuyó drásticamente, mientras que en México sigue aumentando. Si bien persisten las amenazas y las tácticas de intimidación por parte de actores estatales y no estatales, el clima generalizado de miedo y autocensura en Colombia durante la década de 1980 y 1990 se ha disipado en gran medida. Los periodistas le informaron al autor que ello era verdad, a pesar de la débil relación con numerosos medios durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), que atacaba periódicamente a algunos periodistas considerándolos comunistas y simpatizantes de la guerrilla12. Durante el gobierno del actual presidente, Juan Manuel Santos, el clima ha mejorado considerablemente. Hasta el momento, ni el gobierno de México ni los medios en general han adoptado ninguna de las medidas exitosas de los gobiernos y los medios colombianos; por el contrario, permanecen relativamente insensibles a las súplicas de tomar más medidas provenientes de los grupos de defensa de los medios internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras y Human Rights Watch. En algunos casos, el gobierno y los medios de comunicación mexicanos parecen estar decididos a no aprender las lecciones de Colombia. En un evento particularmente desilusionante en 2009, la SIP invitó al ex presidente colombiano César Gaviria; a Enrique Santos Calderón, redactor de El Tiempo, el periódico más importante de Colombia, y presidente de la SIP; y a Gen. Oscar Naranjo, el jefe de la policía colombiana respetado internacionalmente, a México para analizar la forma como Colombia había abordado los problemas relativos a la seguridad de los periodistas. “No asistió ni un solo miembro del gobierno mexicano”, recordó Santos Calderón. “La triste verdad es que ellos [los mexicanos] no han asimilado nuestra experiencia. No se ha traducido en acción por parte de los diarios.”13 Robert Rivard, un miembro de las varias delegaciones de la SIP que asistieron a México, lo resumió: “México es una emergencia del más alto nivel. No estamos realizando un esfuerzo suficiente en ese país. Se trabaja incesantemente en la cobertura, la emisión de comunicados y la realización de misiones y reuniones, pero, al final de la jornada, los casos siguen sin investigarse ni resolverse y los asesinos siguen actuando con impunidad.”14 La comunidad internacional desempeñó una función clave en la financiación de la protección de los periodistas en Colombia, con la asistencia de los Estados Unidos (como parte del Plan Colombia, un programa de ayuda económica, policial y militar de 10 años que ascendió a Trabajo Peligroso

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$1.600 millones de dólares) y el respaldo de la Unión Europea. Los grupos internacionales, como la SIP, también han financiado actividades para dirigir la atención hacia las amenazas contra los periodistas y han abogado por investigaciones completas.15 Recién ahora en México se ha establecido la ayuda internacional para la protección de periodistas y trabajadores de los derechos humanos. La Iniciativa Mérida prevé un presupuesto de $5 millones durante cuatro años en un acuerdo con la Freedom House; se proyecta que un estudio de referencia del plan se completará este año. Parte de la ayuda se proporcionará por medio de la organización internacional sobre derechos humanos Article 19, que cuenta con programas en varias naciones destinados a la protección de los periodistas.16 En Colombia, debido en parte a motivos geográficos y culturales que se analizarán posteriormente, los propietarios de medios, los sindicatos y grupos de trabajos fueron los principales promotores del establecimiento de un marco jurídico para la protección de los periodistas. Hablaron de forma unificada para colocar la seguridad por encima de los intereses competitivos. Los medios mexicanos no han adoptado ninguna de estas medidas de cooperación y, en cambio, han permanecido, tal como se señala en La muerte de la noticia, “aquejados por la desunión y por la debilidad de su asociación de prensa.”17 “La conclusión es que los criminales atacan a los periodistas porque pueden hacerlo y porque, en la gran mayoría de los casos [los ataques] se llevan a cabo con impunidad”, indicó Javier Garza, director editorial del periódico El Siglo de Torreón en Sinaloa, uno de los estados más golpeados de México por la violencia en general y la violencia contra periodistas en particular. “La medida más importante que podrían adoptar los gobiernos federal y estatales sería investigar rápidamente todo ataque, arrestar y sancionar a la parte culpable, y utilizar dicha acción para evitar otros ataques. Pero eso no ha sucedido.” En cambio, indica Garza, su personal publica menos del 20 por ciento de la información que publicaría en circunstancias normales, y cada palabra de cada artículo es examinada cuidadosamente por, al menos, cuatro personas antes de ir a imprenta. Saber qué no imprimir es tan importante como saber qué decir, agregó. “Como sociedad, les [a los traficantes de drogas] hemos permitido que nos castren”, afirmó Garza, cuyas instalaciones fueron bombardeadas en dos ocasiones. “Seguimos mirando una película que deseamos que termine, pero nunca termina. Ya nadie está indignado, sino aterrado.”18 La cuestión de cómo proteger a los periodistas reviste de suma importancia, primero para salvar vidas y, además, para salvar lo que queda del estado de derecho y un proceso político que no está totalmente contaminado por los intereses de los narcotraficantes. Tal como se señala en el informe de 2010 de la Fundación Knight: “Los narcotraficantes han penetrado tan profundamente con sus tentáculos en todos los niveles de la sociedad mexicana, que lo que está pasando en ese país ha trascendido el contexto de una guerra entre narcotraficantes y

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ha empezado a amenazar el funcionamiento del gobierno civil, en formas que lamentablemente hacen recordar la época terrible por la que pasó Colombia.”19 La experiencia colombiana fue, de hecho, terrible, aunque la nación lenta pero firmemente se encaminó hacia tiempos mejores, demostrando que la voluntad política nacional, la presión de la sociedad, los recursos para iniciar la protección y una respuesta unificada de los medios pueden marcar una diferencia significativa.

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México Hoy: Violencia en Crecimiento y Desconfianza Profunda Dado que la violencia contra los periodistas ha aumentado marcadamente, los trabajadores de la prensa (a diferencia de los propietarios de medios, que a menudo mantienen vínculos estrechos con los partidos políticos) cada vez son más escépticos de las promesas reiteradas y generalmente no cumplidas del gobierno mexicano de brindarles protección. Esto se aplica particularmente a los periodistas que cubren eventos fuera de la capital. A medida que ha aumentado la desconfianza, también se ha ampliado la región geográfica en la que los periodistas son el blanco de ataques. Tal como determinó el CPJ: Hace una década, la violencia del narcotráfico se concentraba en la frontera entre México y los Estados Unidos, pero ahora se ha expandido por todo el país, particularmente en los últimos tres años. La cruenta batalla entre los carteles de la droga por controlar las rutas del tráfico, las tierras de cultivo y los mercados nacionales ha avanzado a los estados de Michoacán y Guerrero, junto con Tabasco, Veracruz y Quintana Roo. El estado de Chihuahua era el más violento en 2009, seguido de Sinaloa, Guerrero, Baja California, Michoacán y Durango.20 Garza, en Sinaloa, dijo que esta expansión era inevitable, dado que los carteles y otros grupos delictivos estaban ampliando su influencia en sectores cada vez mayores de la economía y la vida nacional. “Todos los caminos llevan a los narcotraficantes”, afirmó. “Están involucrados en el fútbol, los autos, la agricultura, en cada negocio. El periodista o escribe sobre los narcotraficantes o se jubila. Ya no se trata de ‘lo bueno contra lo malo’, porque ser narcotraficante es un modo de vida. El simple hecho de vivir es peligroso. Ser periodista es solo un peligro añadido”.21 La creciente violencia no es solo el resultado de la ampliación de los intereses económicos de los narcotraficantes, sino también es consecuencia de la evolución de los patrones del tráfico de la droga en México. Al parecer, se encuentra directamente vinculado con la fragmentación de los carteles en estructuras pequeñas, menos centralizadas y la lucha resultantes por el control de territorios geográficos específicos, lo cual provoca más amenazas a los medios locales. Esta fragmentación, a su vez, ha fomentado que las organizaciones de tráfico de drogas comiencen a pagar por protección en especie (con cocaína en vez de dinero), con lo cual los grupos locales se ven obligados a vender la cocaína para generar dinero. Como resultado, existen batallas constantes por las plazas locales, esquinas de calles específicas e, incluso, pequeñas casas de crack en las que se venden los productos.22

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Tierra Mortal 32 periodistas y trabajadores de los medios han sido matados o han desaparecido desde que Felipe Calderón asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2006 en México.

Fuente: “Silence or Death in Mexico’s Press: Crime, Violence, and Corruption Are Destroying the Country’s Journalism,” (Silencio o muerte en la prensa mexicana: Crimen, violencia y corrupción están destruyendo al periodismo local), Informe especial, Committee to Protect Journalists, septiembre de 2010, http://cpj.org/reports/cpj_mexico_english.pdf.

Este mercado interno es fundamental para que los grupos locales obtengan ganancias, por lo que hay mucha violencia en torno al control de los puntos de venta estratégicos. Tanto la necesidad de controlar la información local como el deseo de intimidar a todos los enemigos, reales o imaginarios, se han magnificado. Esto afecta a toda la población en cualquiera de las plazas disputadas, pero particularmente a los medios.

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También afecta el patrón general de corrupción de modo tal que convierte al periodismo en una actividad más peligrosa. Durante las siete décadas del régimen de partido único del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que finalizó en 2000, la corrupción afectó a todos los niveles: los funcionarios superiores sobornados distribuían el dinero de manera descendente en la cadena de mando. Con la aparición del régimen multipartidista, la mayoría de estados y ciudades tenían varios partidos a los que debía pagarse, por lo que las organizaciones delictivas debieron pagar menos a cada partido pero más en general para garantizar una libertad continua de operaciones. Esta “democratización” de la corrupción, junto con la fragmentación de los carteles se han combinado y han suscitado que la corrupción local y estatal de las estructuras políticas y los organismos de cumplimiento de la ley sea una prioridad. Dado que el asesinato de un periodista no es un delito federal sino un asunto estatal o local, esto genera repercusiones significativas.23 En Colombia, en cambio, durante muchos de los peores años para los periodistas, los carteles (primero Medellín, luego Cali y posteriormente la organización del Norte del Valle) fueron relativamente monolíticos, con estructuras coherentes de control y mando centrales. Muy pocas veces intentaron crear mercados internos para sus productos y, si bien pagaron a muchas organizaciones mexicanas con cocaína en la década de 1990 para pasar de contrabando los productos a los Estados Unidos, generalmente no les pagaban a los trabajadores locales con cocaína. En consecuencia, la violencia estaba dirigida principalmente al Estado, a menudo con un mensaje político fuerte (por ejemplo, la negociación de acuerdos de indulgencia con el gobierno y la legalización de bienes de procedencia ilícita), y a los medios de comunicación nacionales que informaban sobre el conflicto. Esto no excluía la violencia por parte de diferentes actores armados no estatales contra periodistas locales que cubrían temas y eventos locales. En regiones alrededor de Montería, Barrancabermeja y otras zonas de conflicto, todas las partes en el conflicto coaccionaban, sobornaban y mataban a periodistas. A medida que se diseminó la violencia en México, también ha aumentado la desconfianza de los periodistas del gobierno y las fuerzas de seguridad, en medio de una sensación general de aislamiento. Hay una impresión general de que el gobierno de Calderón está más preocupado por su imagen internacional que por la seguridad de los periodistas, y el gobierno ha acusado regularmente a los medios mexicanos e internacionales de fomentar una imagen negativa del país sobre la base de la creencia de que los carteles son invencibles. Cabe señalar que una actitud similar se observó en los gobiernos colombianos, cuyos ataques a la cobertura mediática no se centraban en la precisión de la información, sino en el hecho de que dejaba mal parada a la nación. “El gobierno de Calderón culpa a los medios de fomentar una imagen nacional de violencia e informar solamente las noticias negativas”, señaló Dolia Estévez, asesora superior de la Iniciativa de periodismo de los Estados Unidos y México en el Centro Woodrow Wilson, que

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trabaja en Washington, DC, y escribe para varios medios de comunicación mexicanos. “Dicen que ayudamos a los grupos delictivos al retratarlos como invencibles. Esta hostilidad oficial hacia los medios es interpretada por la delincuencia organizada y los funcionarios corruptos como una carta blanca para asesinar, torturar, secuestrar o intimidar a reporteros o colocar explosivos en las salas de redacción.”24 Al mismo tiempo, la impunidad de los asesinatos pasados, junto con la corrupción galopante en el seno de las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales y estatales son una receta para las sospechas profundas. Corchado, del Dallas Morning News, describió las relaciones de los periodistas con las autoridades mexicanas como “de una desconfianza profunda” y relacionó el siguiente ejemplo para explicar la gravedad de la situación: Un periodista me contó un viaje en un convoy con soldados que se dirigía a Ciudad Mier, un pequeño pueblo al otro lado de la frontera de Texas que había sido tomado por los Zetas [cartel de drogas]. En el camino, el comandante recibió una llamada de los Zetas en la que amenazaron con hacer estallar el vehículo. Los soldados se pusieron muy nerviosos porque se suponía que era una misión secreta. Todos empezaron a mirarse con recelo, incluido el periodista, tratando de descubrir quién era el topo que había filtrado el plan. Estaban tan paranoicos que a medio camino dieron media vuelta y regresaron a los cuarteles. La corrupción está tan diseminada, me dijo el periodista, que incluso cuando se cree en las buenas intenciones, se instalan las sospechas y la paranoia. Regresó a Reynosa y tomó un avión de inmediato, temeroso de que los Zetas lo hubiesen identificado y lo persiguiesen. “Imagine”, me dijo, “estaba con soldados cuya función es protegernos, y a mí me preocupaba más que se enteraran los Zetas.”25 Otra situación igualmente desalentadora para los periodistas en el terreno es la sensación generalizada de que la sociedad está sufriendo de un importante cansancio por la violencia después de casi seis años de “guerra” contra las organizaciones de tráfico de drogas, y de que las personas en general están demasiado aterradas como para preocuparse por la grave situación de los periodistas. Debido a ese terror, dijo Carlos Lauría, coordinador superior del Programa de las Américas del CPJ, no se ejerce presión política interna en el gobierno para que tome medidas, y el “periodismo de investigación está desapareciendo en México, y la vida real y la realidad de México no se ven reflejadas en las noticias que reciben los mexicanos.”26

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Medidas para Cambiar el Curso Los periodistas y las organizaciones de defensa de los medios coinciden ampliamente, en parte sobre la base de la experiencia colombiana, en que el gobierno mexicano podría adoptar varias medidas que reducirían significativamente las amenazas de los grupos delictivos. Estas medidas, mencionadas por todos los entrevistados mexicanos con quienes habló el autor, incluyen: 1. Tipificar el asesinato de periodistas como un delito federal, en vez de un delito estatal o local, de modo que las investigaciones se lleven a cabo por autoridades que no mantengan vínculos con la estructura del poder local y, presumiblemente, estén menos expuestos a la coerción y la corrupción. Esto podría suceder si la mayoría de las legislaturas estatales de México ratifican una enmienda constitucional que aprobó el Senado en marzo de 2012. 2. Implementar un programa robusto para proteger a los periodistas y los trabajadores de derechos humanos de los grupos de delincuencia organizada y los funcionarios gubernamentales vinculados a ellos. 3. Fortalecer la fiscalía especial que se creó para abordar los delitos contra periodistas otorgándole más recursos, incluido más personal. 4. Procesar con éxito al menos un caso relacionado con la violencia contra un periodista para poner fin al ciclo de impunidad y la impresión de que no hay consecuencias por el asesinato de un miembro de la prensa. Tal como señaló Mike O’Connor, representante del CPJ en México, el presidente Calderón se comprometió a realizar cada una de estas tareas y “todas fracasaron”. “Los dos pasos más importantes serían aumentar el alcance del gobierno federal en los casos de asesinatos de periodistas y tomar con seriedad el compromiso de fortalecer verdaderamente la fiscalía especial federal para delitos contra periodistas”, agregó O’Connor. “Se mata a periodistas porque no hay consecuencias para los asesinos. La policía estatal no resuelve los delitos. La policía federal lograría mejores resultados si contara con la autoridad competente y los recursos.”27 Las fallas provienen de diversos factores, que también estuvieron presentes en la crisis colombiana pero, al menos, fueros superados en parte.

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Respuestas Políticas e Institucionales Hasta hace poco, la falta de voluntad política en México, tanto de la presidencia como del Congreso, para dar prioridad a la promulgación de leyes necesarias y a la financiación de diferentes iniciativas destinadas a abordar el problema de la violencia contra los periodistas ha permitido que las iniciativas languidezcan en el limbo legislativo. Uno de los pocos indicios positivos es una ley promulgada en noviembre de 2011 que despenaliza los delitos de difamación, calumnias e injurias. La SIP consideró la medida como un “notorio avance para la libertad de prensa y la democracia” porque los periodistas no podrían ser encarcelados por lo que escriben, sino que afrontarían acusaciones civiles.28 Se han adoptado otras medidas, aunque son demasiado recientes como para evaluarlas eficazmente, pero ofrecen la posibilidad de avances. Tal como se señaló anteriormente, el gobierno mexicano ha prometido una rápida acción para proteger a los periodistas, al afirmar tras una reunión en septiembre de 2010 con una delegación del CPJ y la SIP que el programa incluiría un sistema de advertencias tempranas y otras “prácticas óptimas” para proteger a los periodistas29. Poco se ha realizado desde entonces, pero finalmente está llegando el dinero estadounidense para respaldar el programa a través de la Iniciativa Mérida, y los funcionarios estadounidenses indicaron que el establecimiento y la puesta en marcha del programa eran una prioridad. Queda por verse exactamente qué forma adoptará el programa y cómo se implementará. Los funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos señalaron que han estudiado detenidamente el caso de Colombia, a fin de aprender las lecciones, tanto positivas como negativas, para el programa de México. Pero la situación sigue siendo grave. El programa de protección de periodistas en riesgo ha ofrecido hasta el momento una “‘protección’ irrisoria” a ocho periodistas, según O’Connor y otros. Además de la falta de recursos, el programa se basó en el supuesto de que los periodistas permitirían que la policía estatal o local los protegiera. Habida cuenta de la creciente violencia, señalaron O’Connor y otros, esto es irracional “dado que los periodistas creen con justa razón que la policía estatal trabaja para los narcotraficantes, o si la fuente de la amenaza es un político, la policía estatal trabajará para él”, afirmó O’Connor. Existen varios problemas que aún quedan por resolverse. Se han llevado a cabo muy pocas investigaciones o acciones penales con éxito en contra de los responsables de los múltiples delitos; y, en los pocos casos en que se detuvo al supuesto autor del delito, a menudo se acusó de que las confesiones se obtuvieron bajo tortura y coacción. Freedom House, en cuyo ranking anual de las libertades de prensa en México se ha observado que se encuentran en una disminución constante desde 2004, indicó esto en una letanía de problemas relacionados con las libertades de prensa de 2010:

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La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas contó con un diseño débil y no generó avances significativos en las investigaciones después de varios años de trabajo. La Cámara de Diputados disolvió la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas después de promulgar una ley para federalizar las investigaciones y las acciones judiciales de delitos contra periodistas que carecían de la autoridad estatutaria para hacerlas efectivas. Bajo presión, la Cámara posteriormente reconstituyó la comisión con una presidente pero sin miembros. Los fiscales fueron igualmente ineficaces durante el año. En los pocos casos de nivel local que culminaron en condenas, se alegó que los sospechosos fueron torturados o se ignoraron pruebas exculpatorias sólidas.30 Otras investigaciones sobre la respuesta gubernamental llegaron a conclusiones similares, en las que se alegó que el gobierno nacional tiene obligaciones constitucionales y otras obligaciones jurídicas relativas a tratados internacionales de proteger a los periodistas que no está cumpliendo.31 Tal como el CPJ concluyó en su informe de 2010: El problema se origina en una corrupción generalizada en las fuerzas de seguridad, el poder judicial y el sistema político, especialmente a nivel de los estados. La complicidad entre policías y narcotraficantes es tan común que debilita la justicia y crea la percepción generalizada de que los delincuentes son quienes controlan el sistema. Caso tras caso, el CPJ ha encontrado averiguaciones previas defectuosas o negligentes por parte de ministerios públicos y policías, muchos de los cuales se quejan de falta de capacitación y recursos.32 En Colombia, la reacción del gobierno fue significativamente diferente con el tiempo, pero no inmediata. Es importante recordar que, si bien se adoptaron medidas importantes ad hoc para proteger a los periodistas durante el auge de la guerra entre el Estado y los carteles de la droga colombianos a comienzos de la década de 1980 hasta la década de 1990, el programa oficial de protección de periodistas no comenzó hasta el año 2000. Las leyes anteriores, de 1995 y 1997, habían iniciado el proceso de protección de periodistas contra la violencia que provenía de diversos actores armados no estatales: grupos paramilitares de derecha con estrechos vínculos con los militares; diversas guerrillas marxistas; y traficantes de drogas. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) fue creada por periodistas y otras personas en 1996 para presionar por mayores medidas de protección de periodistas. Numerosos periodistas se encontraban baja amenaza, incluido Ignacio Gómez, el actual presidente de la FLIP, por informar sobre la participación militar en la masacre de Mapiripán, uno de los peores conflictos civiles de Colombia.

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Los medios en Colombia ya contaban con antecedentes de trabajo mancomunado a la luz de la adversidad, por lo que la medida fue importante pero no revolucionaria. La Fundación se hizo notar inmediatamente y suscitó credibilidad gracias a que entre sus cofundadores se incluían el ganador del premio Nobel Gabriel García Márquez, un ícono de América Latina; Enrique Santos Calderón, redactor de El Tiempo y miembro de una familia política influyente; y Francisco Santos Calderón (primo de Enrique), que posteriormente fue vicepresidente de la nación durante ocho años.33 Un aliado clave del gobierno del presidente Andrés Pastrana fue el vicepresidente Gustavo Bell, que participó en nombre del gobierno, otorgando peso a la interacción gubernamental. México aún no cuenta con un funcionario gubernamental superior que actúe como defensor permanente de la protección de los periodistas.34 En 2000, se promulgó la Ley de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales, y se reconoció oficialmente a los periodistas en Colombia como un grupo de “riesgo”, junto con 15 otras categorías de personas que se consideraban esenciales para la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos colombianos. Esto otorgó a la FLIP un lugar en el comité interinstitucional de funcionarios gubernamentales superiores y ONG para supervisar y revisar las solicitudes de protección, evaluar las amenazas y trabajar con el gobierno. Los fondos iniciales fueron proporcionados en parte por grupos de defensa de la prensa internacional. (La FLIP recibe el apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia). Una red voluntaria de periodistas en todo el país supervisaba e informaba sobre ataques reales o posibles a periodistas, que procuraban inmediatamente seguridad mediante una evacuación de rápida reacción. La FLIP también publicó manuales sobre la forma en que los periodistas podían protegerse, cubrir conflictos y colaborar cuando era necesario para cubrir las noticias peligrosas. El lema de los medios participantes es: “Preferimos perder una noticia a perder la vida.”35 Parte del dinero se destinó a componentes no militares del Plan Colombia debido a la insistencia de organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa de la prensa, que lograron que el senador Patrick Leahy (D-VT) ayudara a defender la causa y destinar fondos para la protección de trabajadores de derechos humanos. Durante los últimos 11 años, el programa ha crecido y ha demostrado una elasticidad importante, con un sistema de advertencias tempranas mediante el cual los periodistas amenazados pueden solicitar ayuda, un grupo interinstitucional de grupos gubernamentales y no gubernamentales encargado de revisar las solicitudes de protección (el Comité de Evaluación de Riesgos), y asesoramiento sobre estrés posterior a traumas. De acuerdo con funcionarios de la FLIP, no se han rechazado solicitudes de protección. Los detalles de seguridad se revisan cada seis meses, y las decisiones sobre si es necesario seguir ofreciendo protección son adoptadas por el comité. Un elemento clave del programa es la capacidad para responder rápidamente en las situaciones de crisis. En un caso en Arauca, una región remota donde los periodistas a menudo se encuentran bajo amenaza, la FLIP coordinó un vuelo charter para enviar al

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periodista amenazado y a su familia fuera de la región. El programa incluyó el alojamiento de la familia hasta que era seguro regresar.36 “Es indudable que gracias al programa se salvaron vidas”, dijo Gómez, presidente de la FLIP, quien pasó dos años en el exilio bajo amenaza y aún tiene guardaespaldas oficiales, un chofer y un vehículo en el marco del programa de protección. “Simplemente mire los números y se dará cuenta del poder disuasivo de estas acciones.”37 Las posibles medidas de protección abarcan diversas opciones, desde la asignación de guardaespaldas y coches blindados a una persona bajo amenaza, rondas policiales programadas para vigilar a las posibles víctimas en sus hogares o trabajos, hasta transporte alternativo y vigilancia más discreta. “La diferencia entre lo que pasa aquí y lo que pasa en México es que aquí tenemos un programa que funciona con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior”, indicó Gómez. “A través de la FLIP tenemos un contacto directo. Esta federalización del programa constituye la diferencia fundamental. Además, nuestros programas locales en que los periodistas se encuentran en riesgos, como Arauca, Barrancabermeja y Nariño, cuentan con programas muy eficaces.” Esta protección se logró a un costo considerable, tanto en términos financieros como emocionales. Resulta difícil, debido a los datos actuales, determinar exactamente la cantidad de dinero que se ha destinado a la protección de periodistas, y la cantidad de dinero que se ha destinado a otras poblaciones en riesgo, como sindicalistas y activistas de derechos humanos. En total, el gobierno de los Estados Unidos destinó $9,6 millones a la protección “dura” (protección física, guardaespaldas, vehículos blindados) y a la protección “blanda” desde 2001 hasta 2006. La mayor parte del dinero extranjero provino de la USAID en el marco del Plan Colombia y de la Unión Europea, mientras que el gobierno colombiano se hizo cargo de la mayoría de los costos generales. A partir de 2009, el gobierno colombiano se ha encargado de los aspectos de la protección "dura" del programa, con un costo aproximado que asciende a $56 millones por año.38 Si bien los periodistas colombianos que hablaron con el autor (al igual que otros que han escrito sobre su experiencia) afirmaron que el programa en general había resultado clave para la disminución de las muertes de periodistas, hicieron referencia al costo de tener vigilancia policial en todos sus movimientos. Varios contaron instancias en las que hallaron cuadernos de sus guardias en los que detallaban la hora y el lugar de cada una de sus actividades, dejando abierta la posibilidad de que estaban siendo protegidos y espiados. Daniel Coronell, un reconocido columnista y director de noticieros de televisión que tuvo protección gubernamental durante nueve años antes de mudarse a Miami para trabajar para Univision, dijo que tener un escolta policial “era la mejor de las malas opciones que tenían. Si no tienes esta protección, estás muerto. Si la tienes, te encuentras en una situación

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incómoda de tener a funcionarios del gobierno que vigilan con quién te reúnes, los lugares adonde vas y que informan a vaya saber qué servicios de inteligencia. Pero, después de todo, hay que reconocer que el programa salvó nuestras vidas.”39

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La Respuesta de los Medios La falta de solidaridad entre los diferentes grupos de medios y la inexistencia de un frente unificado a la luz de la crisis han representado un obstáculo importante para combatir la violencia contra periodistas en México. Esto, tal vez, marca las mayores diferencias entre las respuestas de México y de Colombia en los primeros días de la amenaza. Por un lado, los grandes medios establecidos en la ciudad de México prácticamente no han realizado una defensa o declaración pública coherente, mientras que los poderosos medios nacionales en Bogotá se unieron en una voz eficaz en pos de la protección de los medios en Colombia. Una de las medidas más importantes en Colombia resultó ser una de las más difíciles: la decisión entre las organizaciones de noticias de no solo colaborar en artículos para impedir el silenciamiento de la prensa sino también de publicar conjuntamente los mismos artículos el mismo día. Varios son los motivos de las respuestas dispares, pero, tal vez, el más importante es que en Colombia los medios nacionales y la elite política nacional (candidatos presidenciales, procuradores generales y dirigentes sindicales) eran el blanco del cartel de Medellín, lo que llamó la atención nacional e internacional y obligó a estos grupos poderosos a concebir una estrategia común para sobrevivir. Pablo Escobar y otros líderes del cartel de Medellín habían declarado la guerra abiertamente al Estado de Colombia, principalmente para detener la política nacional de extradición. En México, en cambio, casi todos los ataques se realizaron contra blancos locales, alejados de la capital, lo que no llamó sustancialmente la atención nacional, y mucho menos suscitó una respuesta internacional. Tal como reconocen los periodistas mexicanos, la capital es una entidad cuyas estructuras sociales, económicas y políticas están prácticamente separadas de las del resto de la nación. Dado que los grupos de delincuencia organizada han elegido o corrompido a muchos funcionaros locales o estatales y prosperan gracias a la impunidad local, estos grupos han cometido pocos asesinatos de un alto perfil nacional. Esto podría ser parte de una estrategia deliberada para que el gobierno nacional no desate su ira y recursos en la batalla y, así diluir la reacción nacional. También podría ser, como se describió anteriormente, el reconocimiento de que resulta más fácil corromper a las autoridades locales y estatales que a los funcionarios federales para obtener el resultado deseado. “La capital es una cosa y el resto del país es otra”, dijo Estévez del Centro Woodrow Wilson. “Los medios nacionales en México [son] muy elitistas. Como no han sido atacados, ha habido poca reacción. Existe una enorme distancia entre la capital y el resto del país”40. Al parecer, se ha realizado una única investigación y publicación conjuntas en México. Tras el asesinato del fotógrafo Alfredo Jiménez Mota en el estado de Sonora en abril de 2005, la SIP organizó una reunión con los redactores mexicanos más importantes. Acordaron realizar un esfuerzo conjunto, denominado el Proyecto Phoenix, para investigar el asesinato, en parte

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debido a que nadie sospechaba que Jiménez Mota se encontrara en la nómina de ningún medio. Sin embargo, la mayoría de los periódicos que participaron no aportaron reporteros ni recursos. La mayor parte de la investigación fue realizada por Ricardo Trotti de la SIP y periodistas de El Universal en la ciudad de México. Si bien aproximadamente 40 periódicos publicaron conjuntamente un único artículo que se elaboró en el Proyecto Phoenix, los planes de seguimiento se evaporaron.41 En Colombia, dichas tácticas se utilizaron muchas veces y redujeron, a la postre, la amenazas a periódicos y periodistas. El factor clave en la unificación de la elite política y de medios del país, aun cuando el cartel de Medellín incrementaba la guerra contra el Estado, fue el asesinato de Guillermo Cano, el redactor de cruzadas de El Espectador, el periódico más antiguo de Colombia, el 17 de diciembre de 1986. Su asesinato se produjo después de una serie de asesinatos de alto perfil de funcionarios públicos. María Teresa Ronderos, una reconocida periodista colombiana que participó en los acontecimientos en aquella época, describió la reacción: Inmediatamente después del asesinato de Cano, todos los medios colombianos protestaron. En las siguientes 24 horas, el país no recibió ninguna noticia, de ningún tipo, impresa, en la radio ni en la televisión. Este bloqueo informativo era una señal de luto, aunque también era una forma de buscar el respaldo de la sociedad y destacar la importancia del periodismo en una democracia amenazada por el poder brutal e intimidante de los traficantes de drogas. Para demostrar que no sería fácil censurar a la prensa, El Espectador se unió a su competidor, El Tiempo, y otros medios en los siguientes meses para investigar y publicar artículos sobre el tráfico de drogas y sus numerosos tentáculos en la sociedad. El mensaje que se envió a los jefes del cartel de Medellín era que la prensa no se callaría.42 A partir de ello, se realizaron otros actos de solidaridad. Cuando las fuerzas de Escobar bombardearon las prensas de la imprenta de El Espectador el 12 de septiembre de 1989, su principal competidor El Tiempo, ofreció sus prensas para que las utilizaran hasta que realizaran las reparaciones, y el periódico no perdió ni un solo día de publicación. El proceso para decidir qué publicar, cómo dar crédito a las investigaciones y cómo controlar el proceso competitivo general fue a menudo polémico, ya que los debates entre los redactores de diferentes medios con frecuencia resultaban acalorados y agresivos, en particular durante los primeros días. “Había muchos gritos, muchos desacuerdos y muchos intereses implicados”, dijo Coronell, que participó en algunas de las reuniones. “Pero, al final, se solucionaban y eso era muy importante.”43 Los periodistas colombianos, en particular los medios nacionales, a menudo trabajaban estrechamente con corresponsales extranjeros. En la década de 1990, los reporteros de los

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principales periódicos (incluido el autor de este informe, que luego trabajó para el Washington Post) intercambiaban información y documentos sobre asuntos delicados, y luego coordinaban la publicación de los artículos para el mismo día. Si el artículo era demasiado delicado como para que los periódicos colombianos lo publicaran por su cuenta, reimprimían el artículo del Washington Post o de otro medio y lo atribuían al periódico estadounidense, lo que reducía las posibilidades de represalias. Se comprendía claramente que si bien los periodistas colombianos podían ser asesinados con una impunidad relativa, matar a un reportero extranjero, especialmente ciudadano estadounidense, podía causar un problema importante y no deseado para los carteles. Muchos de los mejores artículos debieron reimprimirse sin el debido reconocimiento de las valientes contribuciones de los colegas colombianos, pero la publicación del artículo se consideraba más importante que la obtención del crédito. Ya se había sentado un precedente. Del 8 al 11 de febrero de 1987, los periódicos más importantes de Colombia reimprimieron conjuntamente una serie de cuatro partes del Miami Herald titulado “The Medellin Cartel: World’s Deadliest Criminals” (El cartel de Medellín: los delincuentes más letales del mundo) que representó la publicación más amplia hasta entonces de la estructura interna del cartel, en la que se especificaron los líderes, las rutas del tráfico y algunas operaciones en los Estados Unidos. Los dos periódicos más grandes de Medellín en un comienzo no aceptaron participar en la publicación conjunta, pero al final lo hicieron tras el pedido de los colegas.44 Los esfuerzos conjuntos se llevaban a cabo no solo por los periodistas de las salas de prensa sino también por la asociación de editores de periódicos conocida como Andiarios. Más recientemente, los editores en 2004 autorizaron conjuntamente una investigación sobre la infiltración paramilitar de la lotería y otros temas peligrosos, y publicaron los resultados simultáneamente en 19 periódicos y revistas. Desde entonces, se realizaron varios proyectos de colaboración, concebidos para reducir el riesgo para los periodistas locales al ampliar el esfuerzo de investigación entre numerosas entidades, incluidas las de la capital.45 Los periodistas mexicanos entrevistados para este informe afirmaron que no podían imaginar un nivel de colaboración y solidaridad de tal naturaleza. Casi no hay contacto entre los medios nacionales y locales en México, ni ningún esfuerzo coordinado entre editores y redactores para desarrollar una estrategia común destinada a proteger a sus periodistas. Al parecer, no se entablan debates sobre la elaboración de manuales conjuntos sobre cómo abordar el peligro, no hay presión por parte de las grandes corporaciones de medios sobre el gobierno para que desarrolle una política coherente, y prácticamente no hay forma de que un periodista bajo amenaza debido a su trabajo se libre de la muerte o del exilio. Tal como señaló el CPJ, “La prensa de Colombia se unió a final de cuentas para presionar al gobierno por estas soluciones. La comunidad periodística de México, durante mucho tiempo polarizada, tiene aún la asignatura pendiente de aliarse alrededor de una serie de principios que promuevan una mayor seguridad para periodistas”.46

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Conclusiones La actitud del gobierno mexicano y los líderes de los medios a la luz de la creciente violencia contra los periodistas contrastan totalmente con las acciones y las actitudes que adoptó Colombia en circunstancias similares. Las soluciones colombianas no fueron perfectas pero, con el tiempo, fueron relativamente eficaces y se institucionalizaron en el marco de las instituciones del Estado y los medios, aun cuando el poder político cambió de manos en las sucesivas administraciones. Quienes se han beneficiado de los programas coinciden en que si bien el precio de la protección policial fue sumamente alto en términos profesionales y personales, salvó vidas de periodistas y constituían la mejor de las malas opciones disponibles. El gobierno mexicano y las principales empresas de comunicación no parecen haber realizado un esfuerzo sistemático para aprender de la experiencia colombiana, y adoptar y adaptar las lecciones aprendidas y las técnicas aplicadas en Colombia a la situación en el terreno en México. Al mismo tiempo, la comunidad internacional, en especial los Estados Unidos, por medio de la Iniciativa Mérida, se ha demorado en proporcionar fondos para los programas destinados a proteger a los periodistas o en presionar al gobierno mexicano para que cumpla con su responsabilidad nacional en este sentido. La estructura y la naturaleza de la violencia contra los periodistas en Colombia y en México son significativamente diferentes, pero las medidas adoptadas en Colombia, generalmente a instancias de un frente unificado de los líderes de los medios nacionales, tienen una amplia aplicabilidad en México. Entre ellas se incluyen la voluntad de los competidores de los medios de unirse por un valor más alto que la última noticia, y la voluntad por parte del gobierno y la sociedad en general de colocar a la cuestión del asesinato de periodistas entre las prioridades públicas como defensa básica de la democracia. Tal como destacaron reiteradamente los periodistas mexicanos entrevistados, no hay un respaldo visible para los periodistas que sufren una ola de violencia sin precedentes, ni del gobierno, ni de la sociedad en general, ni de otros periodistas. Se cree que esta sensación de aislamiento contribuye a la percepción de los carteles de drogas que matar a un periodista reviste poca importancia. En cambio, la voluntad de algunas personalidades colombianas (como un ganador del premio Nobel, algunos políticos destacados y algunas celebridades) de exigir el fin de la violencia y la impunidad fue un factor sumamente significativo en Colombia. Tal como afirmo Nora Sanín, directora de Andiarios, esto ayudó a la sociedad colombiana a comprender que “cuando alguien mata o secuestra a un periodista, no se trata simplemente de un delito contra esa persona, sino de un ataque contra la libertad de expresión”47. Estos efectos desencadenantes de la falta de protección de los periodistas en México y la casi total impunidad para matarlos ya se están observando en América Central. Las organizaciones mexicanas del tráfico de drogas, que se expanden en dicha región, son las principales sospechosas de la muerte de 17 periodistas en Honduras durante 2010-2011. Los

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reporteros en Guatemala, Honduras y El Salvador afirman que ahora ejercen mucho más la autocensura cuando informan sobre el tráfico de drogas y la corrupción que hace dos o tres años. Es probable que los gobiernos centroamericanos, aun menos equipados que el de México para abordar dicha violencia, hagan incluso menos que lo realizado por el gobierno mexicano. Es posible cambiar el curso del asesinato de periodistas. Sin embargo, tal como lo ha demostrado Colombia, dicha acción requiere coraje, un nuevo pensamiento radical sobre cómo los medios compiten y cooperan, y recursos económicos. En Colombia, hubo voluntad política sostenida; medidas gubernamentales y declaraciones públicas específicas; esfuerzos y recursos unificados y significativos por parte de los medios de comunicación y de periodistas; y denuncias públicas de los asesinatos por parte de ciudadanos de elevada talla nacional. La experiencia colombiana demuestra que estas medias generan resultados claros y perceptibles.

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Apostillas 1. Entrevistas de periodistas y trabajadores de derechos humanos mexicanos con el autor, de noviembre de 2011 a enero de 2012. Consultar Freedom House, México, Freedom of the Press, 2010, http://expression.freedomhouse.org/reports/freedom_of_the_press/2010/mexico. 2. Entrevistas de periodistas y trabajadores de derechos humanos mexicanos con el autor, de noviembre de 2011 a enero de 2012. 3. Editorial, “¿Qué quieren de nosotros?,” El Diario de Juárez, 19 de septiembre de 2010, http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2010%2F09%2F19&id=ce557112f34b187454d7 b6d117a76cb5. 4. Por casi cualquier medida, el número de periodistas asesinados en México durante la última década se encuentra entre el más alto del mundo. Sin embargo, hay diferencias en la forma como se cuenta la cifra de víctimas fatales, lo que genera discrepancias. La diferencia más significativa reside en tratar de determinar si un periodista era asesinado por la labor que realizaba o si el asesinato no estaba relacionado con lasactividades profesionales de la persona. En consecuencia, por un lado, la Sociedad Interamericana de Prensa informó nueve periodistas asesinados en México en 2010, mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas informó un asesinato relacionado con el trabajo y ocho muertes sin motivos confirmados. Para obtener más información, consultar: Tyler Bridges, “La muerte de la noticia: Muchas crónicas quedan sin publicar debido a los asesinatos de periodistas latinoamericanos”, Análisis del Reportero, John S. and James L. Knight Foundation, 29 de octubre de 2010, http://www.knightfoundation.org/media/uploads/publication_pdfs/Reporter_Analysis_Im punity_Project_English_lite.pdf. 5. Tal como señala Eric Olson del Woodrow Wilson International Center for Scholars (Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson), habida cuenta de la prácticamente inexistente investigación sobre las muertes, las cifras son someros cálculos aproximados. Consultar Damien Cave, “Mexico Updates Death Toll in Drug War to 47,515, but Critics Dispute the Data” (México actualiza la cantidad de víctimas fatales en la guerra de la droga a 47.515, pero los críticos ponen en duda los datos), New York Times, 11 de enero de 2012, http://www.nytimes.com/2012/01/12/world/americas/mexico-updates-drug-war-deathtoll-but-critics-dispute-data.html. 6. “Honduran Journalists Face ‘Growing Threat’” (Periodistas hondureños enfrentan una ‘amenaza creciente”, BBC World News, 7 de diciembre de 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-16070817.

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7. Comité para la Protección de los Periodistas, “Silencio o muerte en la prensa mexicana: Crimen, violencia y corrupción están destruyendo al periodismo local”, Informe especial del CPJ, septiembre de 2010, http://cpj.org/reports/cpj_mexico_english.pdf. 8. Bridges, “La muerte de la noticia.” 9. Este tema fue abordado reiteradamente en las encuestas del autor con periodistas mexicanos e internacionales, así como en las publicaciones. Tal como señaló el CPJ en su informe de 2010, “Reporteros y editores también han sido corrompidos por esos mismos carteles de la droga que se han infiltrado prácticamente en todos los sectores de la sociedad. En decenas de entrevistas que el CPJ llevó a cabo durante varios años, los periodistas reconocen que los delincuentes intentan sobornarlos para actuar como publicistas de los carteles o para comprar su silencio. En algunos casos, los propios periodistas sobornan a sus colegas. La corrupción en los medios de comunicación plantea la posibilidad de que ciertos periodistas hayan sido asesinados como resultado de su trabajo o bien porque involucrados con los carteles de la droga, situación que complica el trabajo de los defensores de la prensa y mancilla la reputación de los medios de comunicación en su conjunto.” 10. Alfredo Corchado, entrevista por correo electrónico con el autor, 10 de enero de 2012. 11. Estos números se extrajeron del sitio web del CPJ, e incluyen tanto los confirmados (asesinatos directamente relacionados con el periodismo) y no confirmados (motivos no comprobados o desconocidos), “43 Journalists Killed in Colombia since 1992/Motive Confirmed” (43 periodistas asesinados en Colombia desde 1992/motivos confirmados), sitio web del CPJ, http://cpj.org/killed/americas/colombia/, acceso el 27 de enero de 2012. 12. Consultar por ejemplo, “Uribe Labels Journalists “Terrorism Sympathizers’” (Uribe considera a periodistas “simpatizantes del terrorismo”), sitio web del CPJ, 24 de agosto de 2011, http://cpj.org/2011/08/uribe-labels-journalists-terrorism-sympathizers.php. 13. Bridges, “La muerte de la noticia.” 14. Ibid. 15. Una de las más extensas y sostenidas fue el "Proyecto de impunidad" de la SIP, concebido para dirigir la atención hacia los asesinatos de periodistas, principalmente en Brasil, Colombia y México. Desde 1995, el proyecto destinó $7,6 millones para ayudar a investigar y continuar casos, así como coordinar una campaña mediática para publicar conjuntamente, en periódicos en toda América Latina, información sobre casos. Para obtener más información sobre el proyecto, consultar Bridges, “La muerte de la noticia.” 16. Funcionarios de la USAID, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Freedom House, entrevistas con el autor.

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17. Bridges, “La muerte de la noticia.” 18. Javier Garza, entrevista por correo electrónico con el autor, 10 de enero de 2012. 19. Bridges, “La muerte de la noticia”. 20. CPJ “Silencio o muerte.” 21. Garza, observaciones en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, 18 de noviembre de 2011. 22. Esta conclusión se basa en los viajes de campo del autor a Ciudad Juárez y a la ciudad de México, así como la amplia experiencia del autor en Colombia. 23. Para obtener más información sobre la expansión de la corrupción en los niveles estatal y local, consultar Douglas Farah, “Money Laundering and Bulk Cash Smuggling: Challenges for the Mérida Initiative” (Lavado de dinero y contrabando de dinero en efectivo: Desafíos para la iniciativa Mérida) en Shared Responsibility: U.S.-Mexico Policy Options for Confronting Organized Crime (Responsabilidad compartida: opciones normativas de los Estados Unidos y México para confrontar la delincuencia organizada”, editado por Eric L. Olson, David A. Shirk y Andrew Selee, Woodrow Wilson International Center for Scholars y Universidad de San Diego, octubre de 2010, págs. 141-204, http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Shared%20Responsibility-Olson,%20Shirk,%20Selee.pdf. 24. Dolia Estévez, correo electrónico al autor, 25 de enero de 2012. 25. Corchado, entrevista con el autor. 26. Carlos Lauría, observaciones en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, 18 de noviembre de 2011. 27. Mike O’Connor, entrevista por correo electrónico con el autor, 16 de enero de 2012. 28. SIP/IFEX, “IAPA Welcomes Move to Decriminalize Defamation” (La SIP acoge con agrado el movimiento para despenalizar la difamación), sitio web de IFEX, 2 de diciembre de 2011, http://www.ifex.org/mexico/2011/12/02/defamation_decriminalisation/. 29. “Mexico Aims to Protect Reporters from Cartel Violence” (México pretende proteger a los reporteros de la violencia de los carteles), MSNBC.com, 23 de septiembre de 2010, http://www.msnbc.msn.com/id/39318581/ns/world_news-americas/t/mexico-aimsprotect-reporters-cartel-violence/.

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30. Freedom House, “Freedom of Expression” (Libertad de expresión). 31. El CPJ y otros alegan que los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, que garantizan los derechos individuales de libertad de expresión y libertad de la prensa, obligan al Gobierno federal a asumir la responsabilidad de la protección de los periodistas; y como signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Gobierno también tiene la obligación internacional de hacerlo. 32. Comité para la Protección de los Periodistas, “Silencio o muerte.” 33. Para obtener un análisis completo de la FLIP por su ex presidente, María Teresa Ronderos, consultar CPJ, “Silencio o muerte.”

34. Periodistas colombianos, entrevistas con el autor, enero de 2012. 35. Esta cronología de eventos proviene de periodistas y asistentes congresistas que participaron directamente en la creación del programa, así como de publicaciones sobre el asunto. Consultar, por ejemplo: “Programa de Protección y Monitoreo: Programa de Protección a Periodistas”, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), sitio web, http://www.flip.org.co/protection_home.html. 36. Ignacio Gómez, presidente de la FLIP, entrevista con el autor vía Skype, 12 de enero de 2012. 37. Gómez, entrevista por correo electrónico con el autor, 12 de enero de 2012. 38. Las cifras fueron proporcionadas por fuentes congresistas que solicitaron permanecer en el anonimato. 39. Daniel Coronell, entrevista con el autor, 26 de enero de 2012. 40. Estévez, observaciones en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, 18 de noviembre de 2011. 41. Para obtener más información sobre el asesinato de Alfredo Jiménez Mota y la creación del Proyecto Phoenix, consultar Bridges, “La muerte de la noticia.” 42. CPJ, “Silencio o muerte.” 43. Coronell, entrevista con el autor, 26 de enero de 2012. 44. Jeff Leen, coautor de la serie del Miami Herald y actualmente editor en jefe de investigaciones en el Washington Post, entrevista por correo electrónico con el autor. Consultar también: Guy Gugliotta y Jeff Leen, Kings of Cocaine: Inside the Medellín

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Cartel (Reyes de la cocaína: en el interior del cartel de Medellín), (New York: Simon & Schuster, 1989). 45. Entrevistas con el autor. Consultar María Teresa Ronderos en CPJ, “Silencio o muerte.” 46. CPJ, “Silencio o muerte.” 47. Bridges, “La muerte de la noticia.”

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Consejo Asesor Alex Jones William Orme Esther Dyson Shanthi Kalathil Dale Peskin Stephen Fuzesi, Jr. Susan King Adam Clayton Powell III William A. Galston Craig LaMay Monroe Price Suzanne Garment Caroline Little Adam Schiff Ellen Hume Richard Lugar Kurt Wimmer Gerald Hyman Eric Newton Richard Winfield

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Trabajo Peligroso: La Violencia Contra Periodistas Mexicanos y las Lecciones de Colombia