EL PRINCIPIO
DE
PRECAUCIÓN AMBIENTAL - LA PRÁCTICA ARGENTINA
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Si bien, el a quo correctamente expresó que “El Estado, en orden a la información ambiental, asume dos deberes: uno, el de informarse a sí mismo, recolectando y procesando debidamente la información, y el otro, el de suministrar y difundir todo ello de manera eficaz”, no hizo lugar a la demanda por entender que no había existido una negativa a informar, sino una omisión respecto de un deber genérico (conf. art. 41 Carta Magna237), aun cuando no advertía que el órgano demandado tuviera el deber legal o reglamentario de informar específicamente». La Cámara Nacional con los votos de los Dres Néstor H. Buján y Pedro J. J. Coviello (Dr. Licht en uso de licencia) a pesar de considerar, “en definitiva”, “que pued(e) ser objeto particular de opinión o crítica (y, eventualmente, adopción de algún otro tipo de remedio jurídico) la acción u omisión de las autoridades públicas, estatales, provinciales y municipales a quienes está dirigida la información suministrada por el Comité y que son las responsables del ejercicio del poder de policía ambiental”, resolvió desestimar los agravios de la actora, confirmar la sentencia apelada y condenar en costas a la vencida. La Cámara en líneas generales coincidió con el a quo. Entendió que la actora “no probó que se le haya negado la información o que ella sea incompleta, falsa o que oculte algún dato de trascendencia o gravedad para la comunidad. Antes bien, de acuerdo con los antecedentes suministrados, queda en cabeza de la actora extraer, a través de la concurrencia de sus especialistas ambientales, los resultados y la asignación del orden correspondiente de las treinta empresas que más contaminan la cuenca del Riachuelo”.
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Art. 41 de la CN:»Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo (...). Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, (...) y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales».