América Latina en la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad
Justicia en Guatemala: juicio a Ríos Montt Los países de América Latina han vivido situaciones análogas y casi de manera simultánea. Han padecido la represión feroz signada por la doctrina del enemigo interno y luego han soportado largos años de impunidad bajo la consigna del perdón y olvido. También han compartido el afán por hacer justicia. En este sentido, el juicio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt no es un hecho aislado, sino que forma parte de este proceso de lucha contra la impunidad que se ha llevado a cabo en varios países del continente. Los avances del derecho internacional de los derechos humanos en la región y el liderazgo de las organizaciones locales han permitido juzgar domésticamente a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante esos periodos dictatoriales.
El proceso de rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos que experimenta la región es un espacio de disputas, debates, avances y retrocesos. En este momento existen investigaciones activas en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Guatemala, con mayores o menores dificultades de llegar a obtener sentencias. El total alcanzado en Argentina entre 2006 y 2013 es de 92; en ellas resultaron sentenciados 413 imputados (379 condenados y 34 absueltos). En Perú se han obtenido 50 sentencias a 2013, en ellas 133 imputados fueron absueltos y 66 condenados. Por su parte, Chile cuenta con 800 ex represores encausados y 70 encarcelados por crímenes de lesa humanidad y más de 150 sentencias en instancia final (confirmadas por la Corte Suprema).
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2013 Si bien son varios los inconvenientes que aún deben ser superados en la administración de justicia, los avances son muy significativos y dan cuenta del compromiso de gran parte de las instituciones democráticas nacionales e internacionales con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. El juzgamiento interno ha permitido poner en evidencia el triste legado que ha dejado la represión en diversos aspectos de la vida política y jurídica de estos países. La tarea continúa. Se trata de un proceso histórico que, bajo criterios coherentes de organización y con el máximo respeto a las garantías de los imputados y también de las víctimas, seguirá arrojando luz sobre un pasado que muchos intereses pretendieron hacer olvidar.
Argentina El proceso de justicia ha ayudado a una mejor comprensión de la represión vivida en Argentina por lo menos en tres aspectos: -Límites temporales: Si bien las primeras causas se circunscribieron a los delitos cometidos entre 1976 y 1983, juicios como el de la Masacre de Trelew (ocurrida en 1972, bajo la dictadura de Alejandro Lanusse) y las investigaciones sobre la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) han permitido ampliar ese espectro temporal, demostrando patrones tanto en los métodos como en la identidad de las víctimas de la represión. -Responsabilidad civil: Durante 2012 se produjeron avances muy interesantes que reconocen la connivencia de actores civiles pertenecientes a grupos económicos que no sólo se beneficiaron de las políticas de la dictadura hacia el sector, sino que fueron cómplices de secuestros y torturas.
El caso de Guatemala El 19 de marzo, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala dio inicio al juicio contra los ex generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Ríos Montt gobernó al país centroamericano desde marzo 1982 hasta
-Delitos sexuales: Los jueces y fiscales han sido renuentes a la hora de investigar delitos contra la integridad sexual. Una de las principales objeciones consiste en que al no poder identificarse el autor material de la violación, siendo esta un delito que se comete “de mano propia”, las investigaciones no podían proseguir. Diversos actores locales han elaborado alternativas para que se pueda atribuir responsabilidad a los jefes de los centros clandestinos o zonas operativas. En 2012 se produjo la condena del ex jefe de inteligencia Musa Azar y otros tres imputados en Santiago del Estero como autores mediatos de los delitos de abuso y violación sexual.
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2013 agosto de 1983, tras haber derrocado al también general Fernando Romeo LucasGarcía; en tanto que Rodríguez Sánchez fue jefe de inteligencia del ejército durante ese periodo. Como jefe de Estado, Ríos Montt elaboró y dirigió los planes “Campaña Victoria 82”, “Operaciones Sofía”, “Operaciones Ixil” y “Firmeza 83”, destinados a aniquilar comunidades enteras pertenecientes al grupo étnico maya-Ixil. Más de 17 masacres, 1771 homicidios y 29 mil
desplazados son algunos de los crímenes que se le imputan. Además de lo anterior, se suman los delitos de trabajo forzado, torturas, desapariciones, violaciones y fusilamientos masivos de personas condenadas por tribunales especiales creados durante la dictadura. El resultado final de esa campaña fue la eliminación del 33,61 por ciento de la etnia maya-Ixil.
Chile Desde aproximadamente 2004 ha habido esfuerzos sostenidos para iniciar y mantener la persecución penal de crímenes de lesa humanidad. Dos aspectos sobresalen en el caso chileno: Comisiones de la verdad: La Comisión Valech, anunciada en 2003 y concretada en 2004, apuntó a los sobrevivientes de prisión política y tortura, grupo no individualizado ni reconocido o reparado por el Informe Rettig (primera comisión de la verdad). Reportó más de 28 mil víctimas reconocidas. En 2011, una segunda vuelta de calificaciones realizada bajo los mismos parámetros llevó a un total final de 38 254 sobrevivientes reconocidos. Judicialización: Según el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, 1342 causas criminales por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, inhumación ilegal o asociación ilícita cometidas entre 1973 y 1990 se encontraban activas a fines de febrero de 2012. Esas causas, sumadas a las más de 150 resueltas desde 2000, involucran aproximadamente al 75% de las víctimas de ejecución política o desaparición forzada reconocidas.
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Este juicio es un paso fundamental en Guatemala tras décadas de impunidad. Su antecedente más relevante fue el proceso que se llevó a cabo en julio de 2011 contra cuatro ex militares por la masacre de Dos Erres, ocurrida en diciembre de 1982, en la que fueron asesinadas 201 personas. Por esos hechos, Daniel Martínez Méndez,
2013 Manuel Pop Zum, Reyes Collin Gualip y Carlos Antonio Carias fueron condenados a 6.060 años de prisión cada uno por el delito de homicidio y crímenes de lesa humanidad. Ante el tribunal han declarado 98 integrantes del grupo étnico maya-Ixil. Como parte fundamental del juicio, se destaca el testimonio de diez mujeres que denunciaron los crímenes sexuales de los que fueron víctimas, ellas y otras integrantes de la comunidad. A partir de esas declaraciones, se ha podido establecer que las violaciones masivas formaron parte del plan de exterminio liderado por Ríos
Perú En 2009, Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú condenó al ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por considerarlo autor mediato de graves violaciones a los derechos humanos, que según la misma Sala constituyen crímenes de lesa humanidad. Este juicio marcó un hito en la justicia del Perú en el ámbito local e internacional. Nunca antes se había logrado extraditar y procesar penalmente a un ex jefe de Estado por graves crímenes de derechos humanos y nunca antes se había logrado juzgar y condenar a un presidente democráticamente elegido por estos crímenes. Perú demostró que es posible encausar y condenar en un tribunal domestico, garantizando en general un proceso imparcial, justo y trasparente. También se encuentra como antecedente relevante el informe de la Comisión de la Verdad, que en 2003 recomendó al Estado peruano investigar y procesar penalmente 48 casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Montt, ya que fueron efectuadas de manera sistemática y tuvieron el propósito de causar daños irreparables en los cuerpos y vidas de las mujeres ixiles. El juicio no ha estado exento de graves dificultades. Han sido frecuentes las amenazas, los atentados y las fuertes presiones ejercidas contra jueces, fiscales, peritos y testigos que participan en la causa. Sin embargo, el deseo de hacer justicia en el ámbito interno ha permitido que esos obstáculos sean sobrellevados con determinación y valentía por parte de los actores locales.
Uruguay El caso de Uruguay presenta graves retrocesos en los últimos años. El 80 por ciento de las causas se encuentra en instancias muy incipientes del proceso, lo cual se agrava con decisiones judiciales muy desfavorables al proceso. En febrero, la Suprema Corte declaró inconstitucionales los artículos de la ley que anuló la Caducidad en octubre de 2011 (ley 18.831), que establecían que los crímenes de la dictadura eran de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Pese a ese fallo, el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno resolvió por unanimidad el pasado 19 de marzo que los jueces deben mantener las causas abiertas y determinar responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2011 condenó a Uruguay en el caso Gelman.
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