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Documento elaborado por Gloria Bonder y Mónica Rosenfeld en el marco de la iniciativa: “Descentralización y Derechos Humanos de las Mujeres en América Latina” 2011

Documento elaborado por Gloria Bonder y Mónica Rosenfeld en el marco de la iniciativa “Descentralización y Derechos Humanos de las Mujeres en América Latina” (IDRC - PRIGEPP- FLACSO).

Se dirige a las agencias de cooperación al desarrollo con el objetivo de promover el desarrollo de estudios y programas de acción que contribuyan a vincular, de manera efectiva e innovadora, la gestión de los espacios locales con la vigencia y el ejercicio de los derechos de las mujeres, su plena participación en los asuntos de la comunidad y la equidad de género.

Publicación del Área Género, Sociedad y Políticas FLACSO- Argentina 2011 Se prohíbe la reproducción total de este documento.

ÍNDICE

I.

Introducción

II.

¿Por qué y cómo descentralizar las políticas públicas?

III.

¿Qué surge de la investigación?

IV.

Consideraciones generales

V.

Sugerencias para futuras acciones

Bibliografía

I. Introducción El interés primordial de este trabajo es acercar sugerencias a las agencias de cooperación al desarrollo para promover estudios y programas de acción que articulen, de manera efectiva e innovadora, la gestión de los espacios locales con la vigencia y el ejercicio de los derechos de las mujeres, su participación y la equidad de género.

Nos basamos en los hallazgos proporcionados por 4 estudios realizados1 en Bolivia, Ecuador, El Salvador – Honduras y Paraguay, en el marco de la Iniciativa “Descentralización y Derechos Humanos de las Mujeres” impulsada por IDRC en Asia, África y América Latina. En esta última Región coordinada y gestionada por el Área Género, Sociedad y Políticas, FLACSO – Argentina2.

Cada uno de ellos refiere a campos temáticos y unidades de análisis distintas (la gestión del riego, las reformas de los servicios de salud, la participación de las mujeres en el poder local). Comparten el interés por comprender las relaciones que existen entre los procesos de descentralización que se llevaron a cabo en cada uno de esos países, la participación social y política de las mujeres y sus organizaciones y el ejercicio de sus derechos.

Todos comprenden una cuidadosa revisión de un vasto corpus documental y estudios de caso con base en metodologías cualitativas (encuestas, entrevistas y grupos focales), que permitieron detectar las modalidades adoptadas por los procesos de descentralización político–administrativa, el papel que en éstos jugaron las mujeres y sus consecuencias en el mejoramiento de sus condiciones de vida y en su empoderamiento.

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Entre marzo 2006 y noviembre 2008.

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www.prigepp.org / www.catunescomujer.org

II.- ¿Por qué y cómo descentralizar las políticas públicas?

Los procesos de descentralización de los Estados nacionales a las instancias locales de gobierno, tributarias de las reformas del Estado pos – bienestar, caracterizaron la década de los 90. Los discursos políticos de ese momento justificaban esta medida en base a una fuerte crítica del desempeño del Estado3 Nacional por su ineficiencia, falta de transparencia en la gestión del presupuesto público, verticalidad e incumplimiento de sus promesas electorales.

Las agencias de cooperación multi y bilateral no estuvieron al margen de esta crítica y de hecho ejercieron una fuerte presión al plantear la descentralización como una condicionalidad para el otorgamiento de créditos o fondos de ayuda para el desarrollo (Banco Mundial, 1997). Conforme avanzaba la década de los 90, la fundamentación para promoverla se desplazó hacia la defensa de las instituciones y la gobernabilidad a nivel local. “El énfasis pasó de una obsesión por ´retirar al estado´ a la de ´traerlo de vuelta´, pero bajo la condición de descentralizarlo” (Beall, J. 2006).

“El comienzo de la década de los 80, estuvo signada por la crisis de la deuda, que coincidió con la reorientación de la política y la economía. El nuevo patrón de globalización y el predominio del proyecto de sociedad basado en los mecanismos de mercado auto regulado y el mayor protagonismo de los agentes privados.

Coincidió con el sesgo hacia la desregulación de los intercambios globales tanto financieros como comerciales y la deslocalización productiva en función del costo de los factores. En este contexto, se impulsaron dos tipos de medidas: unas tendientes a promover la estabilidad a través de políticas públicas de ajuste y otras que apuntaban a reducir el tamaño del Estado y su grado de intervención en la economía. Hoy los Estados enfrentan un gran déficit de políticas activas de promoción del desarrollo, regulación económica, garantía del bienestar y provisión de bienes públicos.

Ello forma parte de esta historia, pero además responde a la secular heterogeneidad estructural de la región, su modernización a fuerza de desigualdades e inequidades, los caminos por abrir todavía en la vida democrática y los endémicos rezagos productivos”. La hora de la Igualdad. (CEPAL, 2010)

En consonancia con ello, el Banco Mundial (1997) reconoció en su Informe sobre el Desarrollo Mundial que en la etapa previa hubo “un retiro excesivo del Estado” y que, en cierta medida, los gobiernos podían “volver a re-territorializarse” en el nivel local. Ello resultaría en una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los servicios por parte de éstos, al tiempo que propiciaría una democracia de mejor calidad, basada en la participación social, la transparencia y la rendición de cuentas.

Pasados varios años de esta ola descentralizadora, su estrategia, fines, y metas continúan siendo materia de debates y ensayos, tanto desde los gobiernos nacionales como de la cooperación internacional y de las organizaciones sociales y de mujeres.

Como afirma Massolo (2003, 2005), el panorama de los gobiernos “La cooperación internacional entre locales en América Latina muestra una “tensión entre la inercia de lo gobiernos sub estatales aparece así como un tradicional y el impulso a la modernización, (…) dentro de la cual fenómeno emergente, dinámico y complejo, emerge el perfil de auténticos gobiernos locales que basan su que está transformando la práctica de los legitimidad no únicamente en las elecciones democráticas periódicas agentes locales al mismo tiempo que ofrece al mundo de la cooperación nuevas de las autoridades, sino en atributos políticos e institucionales de perspectivas y modelos innovadores”. desempeño y liderazgo que apuntan a la promoción del desarrollo (Boisier, S. 2004). local integral, la inclusión social, la participación plural de la ciudadanía, el ejercicio de la autonomía y la transparencia, la responsabilidad de nuevas competencias, la innovación y la inserción en el escenario de la globalización.” Y aclara que este perfil representa todavía uno de los pocos ejemplos “entre la mayoría que se mantiene flotando en las estancadas aguas de la tradición municipal.”

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Los 90 se caracterizaron también por una creciente visibilidad de los derechos humanos de las mujeres y de la infancia, el cuidado del medioambiente, entre otros temas sociales. Este discurso movilizó a actores gubernamentales, de la sociedad civil y también a las agencias de cooperación. La paradoja fue que el modelo económico implementado en la Región – sustentado por el Consenso de Washington - al tiempo que propagaba un discurso democratizador, de vigencia de los derechos, impedía en los hechos su cumplimiento universal.

Cualquiera haya sido la forma adoptada, es indudable que los gobiernos locales han adquirido, en las últimas décadas, mayor protagonismo como actores políticos. Se les suele asignar la responsabilidad y capacidad de dar cuenta y gestionar demandas emergentes de las condiciones de vida cotidiana de diversos grupos sociales, y en ese aspecto se espera que lleven a cabo una gestión democrática de más calidad y participación de la ciudadanía. Asimismo, crecientemente participan en esferas nacionales e internacionales de negociación económica y política.4 Investigaciones como las que presentamos aquí, revelan que la creencia en las ventajas emergentes de los gobiernos locales en términos de mayor democratización y participación de la sociedad frente al Estado central, no se verificaron en todos los casos.

III.- ¿Qué surge de la investigación?

“La agenda de la política neoliberal mundial asumió que la ineficacia y rigidez del gobierno central, así como la capacidad de respuesta del gobierno local eran intrínsecas a él”. Jo Beall, 2006

Los cuatro estudios demuestran que este supuesto no se cumple automáticamente. Muchos gobiernos locales no resultaron más democráticos y por tanto no cumplieron las promesas antes expuestas. En algunos, la autoridad descentralizada, gestionada por caudillos de mano férrea, acentuaron las características autoritarias de muchos Estados nacionales (Beall, J. 2006), no dando lugar a una mayor participación y control ciudadano.

En otros territorios no sólo no se cumplieron dichas expectativas, sino que la llegada de la “ola” descentralizadora de la mano de racionalidades tecnocráticas violentó patrones culturales y modos de gestionar la comunidad y sus recursos naturales.

Se demostró también que los gobiernos locales, si bien adoptaron formalmente la política de descentralización, la ejecutaron de manera errática y en forma ambivalente con su propia lógica y cultura Estado–céntrica y verticalista. Existe también en la gestión de lo local una larga experiencia histórica de organización popular a nivel territorial, sustentada en patrones e identidades culturales, demandas de reconocimiento y acceso a recursos según los ´usos y costumbres´, tal como se expresa en la investigación en Bolivia.

Contra el supuesto que lo local es en sí mismo un espacio mucho más propicio para la inclusión de las mujeres en la esfera pública, el ejercicio de sus derechos y su participación en la toma de decisiones, esta investigación detectó situaciones diversas. En pocos casos su protagonismo permea todas las áreas de la sociedad y se expresa con fuerza, en otros no existen o son todavía incipientes las condiciones socio-históricas y culturales para impulsar este proceso, perviviendo en cambio las prácticas políticas maternalistas y clientelares con base en el rol femenino tradicional y su aceptación sin cuestionamientos por parte de la mayoría de las mujeres.

“Los cambios que están experimentando los gobiernos municipales de América Latina, en transición de lo viejo y tradicional a lo moderno e innovador, sacan a relucir las deficiencias y anacronismos de su diseño institucional.

Diseño moldeado a imagen y semejanza de un ejecutivo fuerte y prominente y un concejo (o cabildo, o cámara) débil y pasivo; del clientelismo e intercambio de favores como regla de admisión y compensación; de un modelo de administración local de rutina y de bulto, proveedor de empleados mas no de servidores públicos capacitados; de una concepción de la participación ciudadana a la distancia, de a poquito y como concesión de la autoridad.”

(Massolo, A 2002)

A continuación se presentan, de forma sucinta, los principales resultados que surgen de los cuatro estudios mencionados.

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La Unión Europea reconoció a los gobiernos locales y regionales como actores en las relaciones internacionales. (Observatorio de la Cooperación 4 Descentralizada s/f y Boisier, S. 2004).

Bolivia: Derechos Colectivos al Agua y Equidad de Género en el nuevo Estado Plurinacional5

Incluye ocho estudios de caso que se inscriben dentro de un proceso nacional y local de cambios profundos en lo político – cultural. 6 •

Contexto

Bolivia asiste a su refundación como Estado Plurinacional, basado en la premisa del “Vivir Bien” que propicia una relación armónica con la naturaleza y el reconocimiento y respeto por la diversidad y la interculturalidad. Con la reforma del Estado, asumió el desafío de profundizar los procesos de descentralización y re-territorialización, ampliando las divisiones administrativas y autonomías regionales de pueblos indígenas. Ello complejizó el mapa de relaciones de poder en los territorios y las competencias (descriptas a continuación) a transferir del nivel central al regional y local.

… “La filosofía del “Vivir bien” de la constitución boliviana, propone un nuevo paradigma de “desarrollo” y bienestar centrado en la relación amable y respetuosa con la naturaleza. Asimismo, el Estado reconoce y protege los derechos colectivos y todas las formas culturales de gestión de agua existentes en las diversas culturas que habitan el territorio nacional. (Gutiérrez, Z y Arratia, M 2010)

Tipos de Competencias Privativa

Reservada al gobierno central

Exclusiva

Conferida a un determinado nivel de autonomías

Concurrente

En nivel autonómico reglamenta y asume las funciones ejecutivas, reservándose para sí el gobierno central de la función legislativa

Compartida

Sujeta a una Legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Resultados 1.- En relación a la descentralización •

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La investigación muestra, entre otros resultados, la ausencia de políticas de Estado descentralizadas en materia de riego (atención, regulación y competencias claras).

El equipo de investigación estuvo coordinado por Zulema Gutierrez y Marina Arratia.

Los resultados aportan a la reformulación de nuevas políticas que garanticen la seguridad del agua de pueblos indígenas, sectores vulnerables y prioritariamente de las mujeres. Las localidades seleccionadas para los estudios de caso fueron: Corpa Grande en el departamento de La Paz; Humapirhua y Yucasa en Oruro; Llauquinquiri y Lahuachama en Cochabamba; San Isidro- La Palizada, en Santa Cruz y Naranjos – Valle del Medio y Aguayrenda en Tarija.

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Destaca que al igual que en otros países andinos, la gestión del agua para la vida comunitaria, familiar y personal ha estado históricamente en manos de las organizaciones campesinas e indígenas, sustentada en los `usos y costumbres´. La relación con el agua y con la naturaleza forma parte de distintas cosmovisiones que le atribuyen tanto un carácter ´sagrado´ como un valor como recurso comunitario.

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Demostró que las intervenciones de los organismos internacionales y las agencias de cooperación al desarrollo, con sus propias agendas y concepciones técnicas, tuvieron una fuerte incidencia en la gestión de los sistemas de riego y en las tramas de cooperación y solidaridad de las comunidades beneficiarias.

Pero sus resultados no parecen haber mejorado la posición de las mujeres en sus comunidades, al tiempo que en muchos casos se sobre impusieron a las decisiones de políticas del Estado local.

2.- En relación a las tensiones entre las normativas vigentes en materia de género y su implementación.

La Nueva Constitución del Estado Plurinacional (NCEP) incluye la etnicidad como eje trasversal al conjunto de normativas y un fuerte énfasis en la interculturalidad. La equidad de género no tiene el mismo estatus; se incluye sólo en los acápites referidos a violencia doméstica, cuotas de poder político, trabajo no remunerado y participación en las instituciones y organizaciones. El análisis de los casos muestra la importancia que este tratamiento “sectorial” de la equidad de género tiene en las decisiones de política. Entre otros aspectos, porque habilita que los agentes y funcionario/as del Estado asuman como verdad su propia interpretación sobre las relaciones de género a la hora de diseñar acciones y de intervenir en los territorios y comunidades locales, las cuales no siempre son favorables a los derechos de las mujeres.

Por su parte, la lectura comparada entre la NCEP y el Plan Gubernamental de Igualdad de Oportunidades (PIO), muestra contradicciones. En la esfera de los derechos colectivos y el respeto a la naturaleza, el PIO se sostiene en un enfoque ´occidental´7 de género y del acceso y uso de los recursos naturales, que reivindica la asignación de derechos propietarios e individuales a favor de las mujeres, en contradicción con las premisas constitucionales8.

3.- Escenarios locales, sistemas de riego, y dinámicas en torno al posicionamiento de las mujeres y las relaciones de género.

El contexto en el que se desenvuelven los ocho estudios de caso, muestra una dinámica generalizada de flujos migratorios internos e internacionales de varones y mujeres jóvenes, con zonas más expulsoras y otras receptoras. En dos de las localidades (Lahuachama y Naranjos) la migración mostró comportamientos itinerantes que acompañan los ciclos de siembra y cosecha en una zona en la que la agricultura continúa siendo la principal fuente de ingresos. Se verifica también que los ochos sistemas de riego están vinculados a los mercados rurales y urbanos (locales y regionales) mediante la oferta y demanda de mercancías y de mano de obra. Ello deriva en influencias mutuas de corte económico e hibridación cultural con otros pueblos y centros urbanos.

Así, las formas de organización social y comunitaria tradicionales para la gestión del riego se han ido transformando debido a varios de los factores ya señalados, así como a la modernización del Estado y la adopción de nuevas tecnologías que facilitan las condiciones de acceso y distribución del agua de riego y uso domiciliario. Todo ello ha influido en la división del trabajo según género y en otros aspectos socio-culturales que afectan no siempre positivamente las posiciones de las mujeres en su comunidad.

Al respecto la investigación demostró: Una significativa heterogeneidad en los roles y condiciones de las mujeres en la gestión del riego y específicamente respecto a los derechos al agua.

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En palabras de las investigadoras.

El estudio señala que la noción de género ocupa un lugar subordinado respecto a otras prioridades, al tiempo que es abordada como una formalidad, sólo para responder a los requerimientos de la cooperación internacional

Ello guarda relación con las diferentes concepciones o cosmovisiones en vigor. Éstas recorren un arco que va desde la noción de “derecho natural y colectivo” al “derecho propietario hidráulico”9 (cuyo correlato es la valoración del derecho individual y en términos generales la individuación de los sujetos sociales). En los sistemas en los que predomina el “derecho natural”, se verifican conductas más solidarias e incluyentes, por ejemplo de familias pobres, especialmente con jefatura femenina.

El derecho propietario, se instituyó a partir de las intervenciones (de agencias para el desarrollo) de políticas de auto- construcción de infraestructura de riego por parte de quienes serían los futuros usuarios. Esta participación fue fundamentalmente masculina debido al esfuerzo físico que supuso la tarea. Para esta modalidad de ejecución y uso del agua, las mujeres solas, o bien contrataron trabajadores que en su nombre le aseguraran el futuro beneficio o se vieron francamente en desventaja o excluidas del beneficio.

No obstante se hizo evidente que esta situación de mayor inclusión e igualdad no se expande hacia el conjunto de los derechos que debieran gozar las mujeres de esas comunidades, los cuales en muchas oportunidades no son reconocidos, ni respetados. Si bien esta contradicción no fue explorada en este estudio resulta de interés para futuros análisis.

Un dato de gran interés es que el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) reconoce los derechos de las mujeres a la propiedad de la tierra y de acceso al agua para uso doméstico, obviando curiosamente su derecho al agua de riego. Confirma de este modo los estereotipos de género, al ubicar a los varones en la esfera productiva y a las mujeres en las tareas domésticas y reproductivas.

Otro hallazgo importante es la falta de atención por parte de las y los técnicos, (en general de origen urbano y financiados por la cooperación internacional), responsables de operacionalizar las políticas públicas de riego respecto de las demandas y derechos particulares de las mujeres de las comunidades. En ninguno de los casos estudiados, propiciaron su asistencia a los talleres y encuentros de planificación del sistema de riego. A priori, se asumió que no existían requerimientos de infraestructura diferenciados para varones y mujeres, por lo que terminaron respondiendo a las necesidades y habilidades de los varones10. Tampoco aprovecharon a favor de las intervenciones la heterogeneidad de prácticas y significados culturales en relación al agua y al riego, lo que en definitiva les hizo perder efectividad y derivó en una suerte de violencia simbólica sobre los saberes y acervo cultural de cada comunidad11.

Las mujeres como sujetas sociales y políticas en proyectos de gobernanza local y descentralización en Ecuador: aprendizajes de cuatro casos municipales12

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Gutiérrez Zulema y Arratia Marina, 2010.

Este último podría haber sido tomado en cuenta para problematizarlo en relación a los patrones de género y consecuentemente a la vigencia o no de los derechos universales.

12 La información presentada surge del documento elaborado por María Arboleda, Stalin Herrera, Alejandra Santillana y Nancy Carrión, con aportes de Lissete Coba, Margarita Aguinaga y Javier Rodríguez (2010).

La investigación se centró en cuatro municipios llamados alternativos o de facto: Cotacachi, Nabón, Cayambé y Esmeraldas. Su principal objetivo fue fortalecer, a través de nuevos recursos conceptuales las actorías locales de mujeres, el ejercicio de sus derechos y aportar a la elaboración de proyectos de gobernanza territorial con y para la equidad de género.

Contexto El modelo de descentralización que abre la década de los 90, compartió escenario con importantes movilizaciones sociales en oposición al neoliberal y al sistema tradicional de organización e intervención del Estado. En este período emergen discursos y movilizaciones que reivindican lo “local” como identidad y reconocimiento de las y los sujetos, mientras las instituciones políticas de nivel nacional sufren lo que se ha dado en llamar una “crisis de representación”. Este proceso expresó la capacidad de las organizaciones de base para transformar al Estado y con ello transformarse a sí El Municipio de Cotacachi, Ecuador, a partir de mismos/as.

Los gobiernos locales alternativos fueron y son sostenidos por actores sociales de base, en especial organizaciones indígenas, ambientalistas, de mujeres y habitantes mestizos de clases medias.

Sus demandas fundamentales radican en cuestiones de justicia, equidad, participación, democratización en la toma de decisiones, cuidado o protección de la naturaleza, desarrollo económico endógeno y, en gran medida, combate a la pobreza, al racismo y a diversas modalidades de discriminación.

Encontraron apoyo en algunas organizaciones internacionales de cooperación para el desarrollo que les permitió fortalecer sus niveles de participación y de autonomía. Sin embargo, es de remarcar que la visión, ideas y convicción política fueron de las y los líderes y movimientos locales (ver recuadro).

la decisión y convicción política de su alcalde indígena, apoyado por los movimientos sociales locales, encontró en el presupuesto participativo su mejor estrategia para fortalecer la democracia y la cohesión social. La Asamblea es el órgano más importante para definir el diseño y organización del presupuesto municipal. Conformada por representantes de las comunidades rurales (indígenas, mestizos y urbanas; ejerce el control sobre las autoridades, procedimientos administrativos y de gestión, y del cumplimiento de las políticas, planes, programas e inversiones decididas por la comunidad. Cotacachi fue reconocido como un Estado social de derecho. (Arboleda, M, y otros, 2009)

Estas experiencias se contraponen a la descentralización “oficial”, tras la grave crisis vivida por Ecuador en 199913. En este último caso el proceso se asentó en la transferencia creciente de responsabilidades a los municipios para la atención de asuntos sociales, las que fueron asumidas a través de la ejecución de proyectos de inversión social, bajo la coordinación del Estado central. De este modo el rol asignado al municipio fue el de ejecutor de intervenciones -decididas a nivel central- (privilegiando la materialización de los proyectos por sobre la política pública). (Torres, 2004) Ambos modelos -descentralización de facto y descentralización oficial— sustentan criterios y valores distintos sobre la reforma del Estado y sobre la caracterización de lo público. Asimismo, asumen enfoques diferentes sobre el rol social y político de las mujeres, su ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y la integración de sus demandas y agendas en las políticas públicas. Según surge de este estudio la corriente social que condujo a la descentralización de facto integra en su propuesta política la lucha contra el racismo y la discriminación remanente del colonialismo, planteando un horizonte más amplio de cambio democrático, al mismo tiempo, que una propuesta de “otro” desarrollo para las localidades (Arboleda, M 2009).

En relación a la descentralización y la equidad de género Las claves para comprender las descentralizaciones de facto de los cuatro casos analizados radican en las formas de gobierno de tipo asamblearias con base en las demandas que asomaron en “lo local” conforme 13

A fines de los años 90, la situación ecuatoriana empeoró por diversos factores, entre ellos el fenómeno climático del Niño (1998) y la caída de los precios del petróleo (1998-1999). Entre 1999 y 2000 el sistema financiero se vio afectado por el cierre de más de la mitad de los bancos del país, lo que repercutió en su estabilidad económica. Esta situación acarreó un elevado costo social, en términos de incremento en la desigualdad y persistencia de la pobreza y el desempleo.

avanzaba el neo– liberalismo en Ecuador. Estas experiencias participativas incorporaron muy tempranamente en el escenario la presencia y las voces de los y las históricamente excluidos/as.

Los espacios de participación ciudadana generados desde los gobiernos locales y a la vez apropiados por la ciudadanía, establecieron las condiciones para la emergencia de nuevos actores y actoras sociales en la esfera pública, que, al menos en tres de los casos, permanecieron en el tiempo.

En Esmeraldas14 se abrieron 22 asambleas sucesivas durante dos años que acercaron las demandas del pueblo afro a la centralidad de los debates y a la toma de decisiones en las políticas.

En Nabón, las asambleas populares se realizaban 1 vez al año desde 10 atrás, con el fin de responder a los intereses de las comunidades. En Cotacachi, durante 12 años la Asamblea cantonal, integrada por representantes de organizaciones sociales de indígenas, mujeres, afros, ambientalistas, co–gestionan el presupuesto participativo que se distribuye según las necesidades y prioridades relevadas entre las comunidades. En ambos municipios las comunidades indígenas ingresaron a la esfera de las decisiones políticas.

En cambio, en Cayambé la gestión del alcalde socialista se inició también con formas participativas. Pero a poco andar, sus opciones políticas y el establecimiento de alianzas se deslizaron hacia los sectores más conservadores.

Sin embargo, con distinta intensidad y modalidad, en los cuatro casos estas iniciativas abrieron caminos para las mujeres en la esfera pública15.

Es interesante destacar que estos “gobiernos alternativos”, resultaron además de justos y reparadores para las poblaciones más pobres, eficientes en la gestión de la cosa pública, y eficaces en la aplicación de políticas co-elaboradas con la población. Al mismo tiempo, sus alcaldesas y alcaldes han ganado credibilidad y confianza por parte de la población y el reconocimiento nacional e internacional por el buen gobierno realizado.

En relación a los estudios de caso y el espacio de las mujeres •

Cotacachi

Tras 12 años de gestión, el 90% de la población contaba con acceso a agua segura y electricidad, un sistema de salud que proveía servicio según la medicina occidental y ancestral, un programa de combate a la violencia de género con un protocolo de interculturalidad (que está siendo replicado en otros municipios), diversos proyectos de producción agroecológica, nuevas infraestructuras urbanas y rurales -se crearon o mejoraron escuelas, mercados, centros de salud, casas comunitarias, calles, plazas, parques, entre otros- .

En este proceso las mujeres aprendieron a hacer política y ganaron poder gracias a los siguientes factores:

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La progresiva presencia y confluencia de las organizaciones de mujeres, a nivel parroquial y cantonal; la decisión gubernamental de fortalecer el tejido social de mujeres de todo el municipio; el empeño de las organizaciones en definir y negociar su propia agenda; la construcción de una instancia propia de representación y toma de decisiones al interior de la estructura participativa del municipio;

Esmeraldas es uno de los puertos más importantes de Ecuador. El 40% de su población es afro-americana. Está situado a 318 ks. de Quito

En 1996, la Asamblea inaugural de Cotacachi contó con 800 delegados, al menos un 30% eran mujeres. El Consejo de Mujeres de Cayambe (CONMUJER), autoconvocado en el 2000, se instaló con 600 delegadas tras la elección del nuevo alcalde. La Asamblea para el Cambio de Esmeraldas convocó alrededor de 1000 personas (300 mujeres). En Nabón, las mujeres participaron masivamente en las asambleas realizadas anualmente.

la habilidad para consensuar alianzas y acuerdos con otros actores.

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Nabón

La alcaldesa desplegó una línea de desarrollo económico local, enfocada en las mujeres. Su estrategia fue asegurarles el sustento a través de la ampliación progresiva de sistemas de riego, la recuperación de suelos y vegetación.

El 60% de las mujeres —indígenas y mestizas— fueron beneficiadas con los sistemas de riego y se convirtieron en socias de las 85 cooperativas y cajas comunales de producción creadas durante la gestión. Debido a la emigración de los varones la agricultura es, en muchos casos, una responsabilidad de mujeres solas y con pocos recursos productivos. Se mejoraron sus condiciones de trabajo en las chacras, con simples modificaciones en el acceso al agua para el riego y el uso doméstico. Ello les permitió ahorrar esfuerzo de acarreo, aumentar la productividad y recomponer no sólo sus ingresos, sino ganar tiempo libre. El proceso de organización y capacitación llevado a cabo, al tiempo que se enfocó en el ámbito productivo, amplió las esferas de participación y representación local en la esfera pública.

Decidida a superar la coyuntura y los logros episódicos o de pequeña cobertura en el combate a la pobreza, la alcaldesa decidió: a) territorializar las intervenciones a escala del municipio; b) incentivar sinergias articulando el conjunto de acciones; c) potenciar la actoría de los sujetos sociales (en especial de las mujeres) con mecanismos participativos de toma de decisiones y rendición de cuentas, y d) establecer al gobierno municipal como instancia articuladora.

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Esmeraldas

El alcalde afrodescendiente, ex sindicalista, promovió un cambio cultural en la administración y gestión pública, basado en la autoridad del Estado local y la reivindicación de la negritud. Estableció la Asamblea Ciudadana por el Cambio, interfase deliberativa entre sociedad y gobierno local, que durante dos años y medio perfiló la plataforma de políticas públicas. Su resultado fue un Plan Estratégico que guía la administración hasta la actualidad (Arboleda, M. 2009).

Los asuntos de género y de las mujeres cobraron inicialmente una especial significación en la Asamblea dado que la participación de las organizaciones de mujeres creció notablemente en los últimos 15 años permitiéndoles incluir la mayoría de sus demandas en el Plan de gobierno. De este modo, crearon las bases para políticas locales afines a sus intereses y visiones.

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Cayambé

Es una zona florícola, cercana a Quito y asiento de capitales colombo-ecuatorianos vinculados a la gran exportación de flores. Aquí, las mujeres encuentran mayores obstáculos para su participación en la gobernabilidad local. El alcalde privilegió la negociación con el empresariado florícola y no con los actores sociales e indígenas organizados, suspendiendo la experiencia de un proyecto político democratizador y participativo, decepcionando a los grupos indígenas y de mujeres que le habían dado su apoyo. De todas maneras, sus procesos de movilización y organización continúan siendo fuertes en la zona.

En suma, los hallazgos, aunque de distinta naturaleza, son todos ricos en aprendizajes respecto de las condiciones que favorecen una mayor participación y ejercicio de derechos por parte de las mujeres: •

Institucionales: gobierno locales dispuestos a replantear la ingeniería del municipio para dar cabida a nuevas formas de toma de decisiones y vocación por mejorar las vidas de las personas.

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Creación de nuevas institucionalidades –asambleas, mesas de trabajo, consejos locales- para cogestionar las políticas y las decisiones.

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Presencia y/o fortalecimiento de organizaciones sociales y de mujeres con agendas propias y con convicción política sobre la necesidad de mantener un equilibrio, siempre inestable, entre la alianza con el poder local y su propia autonomía.

Aportes a la descentralización y la gobernabilidad democrática: actoras municipalistas y mecanismos locales y nacionales para la equidad de género y los derechos de las mujeres en El Salvador y Honduras16

Se realizó un análisis comparativo de los procesos que dieron lugar a la creación de institucionalidades locales dedicadas a promover los derechos de las mujeres y la equidad de género en ambos países, el papel que jugaron en su surgimiento y desarrollo los movimientos de mujeres y sus organizaciones y su incidencia en las políticas locales.

Seis estudios de caso (3 de cada país) permitieron desentrañar las lógicas de acción de: actores/as de gobierno (nacional, local), organizaciones de mujeres (nacionales y locales) y de las institucionalidades de la mujer (Oficinas Municipales de la Mujer), sus modalidades de vinculación y los efectos positivos o negativos de esta trama, en el avance de los derechos de las mujeres y en su participación en el ámbito político- municipal.

Contexto El Salvador y Honduras son Estados altamente centralizados, con democracias débiles, recientes y con muchos años de gobiernos conservadores.

La relación Estado central – local siempre implica conflictos, aun cuando el municipio alcance grados crecientes de autonomía.

Morena Herrera (2010) señala que la reorientación de las organizaciones nacionales y locales de mujeres hacia la intervención local en los últimos años, problematizó sus concepciones previas sobre el Estado y su modo de relacionarse con las instituciones públicas, su rol en los cambios institucionales, el reconocimiento de la importancia de construcción de alianzas y aprendizaje sobre las formas de ejercer ciudadanía.

En ambos países, y en buena parte de los casos, fueron las organizaciones de mujeres nacionales y locales quienes promovieron cambios institucionales en los Gobiernos Municipales a favor de sus derechos. Ello no obedeció a la creencia en “lo local” como el ámbito más propicio para la acción reivindicativa, sino a una opción en cierto modo “obligada” debido a la falta de espacios de interlocución real y efectiva con instancias

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El equipo de investigacipon estuvo conformado por Morena Herrera, Mirna Benavidez y Chistrine Damon.

del gobierno nacional, entre ellas las Oficinas Nacionales de la Mujer, a las cuales se las caracteriza como débiles y con muy escasos recursos.

Un dato interesante es que estas actorías de género, en general, no participaron de los debates sobre la descentralización del Estado y en el diseño de las políticas locales. Salvo en los casos en que estos cambios se percibían como una amenaza para sus derechos: la posible privatización de los servicios públicos.

Ello muestra una limitación o debilidad extendida en muchas organizaciones dedicadas a cuestiones de género: su escasa o nula injerencia en las decisiones políticas de interés general; situación que contribuye a su marginación y debilidad.

En este escenario una de las estrategias que desplegaron las mujeres más excluidas consistió en canalizar sus exigencias al municipio proponiendo remover las reglas y procedimientos burocráticos y establecer mecanismos institucionales más fluidos capaces de escuchar y responder a sus demandas y que permitieran avanzar hacia una gobernabilidad democrática.

Otro aspecto a destacar es que los gobiernos municipales de izquierda fueron los primeros en incorporar mecanismos institucionales para la equidad de género, aunque las demanda de las organizaciones de mujeres se expresaron independientemente de la ideología y el partido político de pertenencia.

Resultados En relación a la descentralización La creación de Oficinas Municipales de la Mujer no fue consecuencia, salvo excepciones, de medidas tomadas por decisores/as de políticas locales. Si bien en las normativas nacionales relativas a descentralización existe un acápite que recomienda su creación y sostén, esta norma no es vinculante.

En los casos en que lograron instituirse, ello se debió a la convergencia de los siguientes factores: •

la convicción y voluntad de dar respuestas a las demandas de las mujeres por parte de algunas autoridades locales;

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la permeabilidad del alcalde/sa frente a las demandas de las organizaciones locales y/o nacionales de mujeres;

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la intervención de mecanismos nacionales de la mujer que optaron por descentralizar sus programas en los territorios (como ocurrió con el Instituto de la Mujer de Honduras o su par de El Salvador).

En este último caso se transfirieron los fondos para la ejecución de las actividades con el compromiso del gobierno local de crear un cargo de coordinación y proveer un espacio físico. También fue determinante el apoyo de la cooperación internacional. Y, por sobre todo, la capacidad de interpelación e interlocución de las actorías de mujeres.

En relación a la participación de las mujeres y el desarrollo de políticas de equidad de género Los avances en esta dirección pueden atribuirse a las siguientes condiciones: •

Una activa participación de organizaciones de mujeres (nacionales y locales) con capacidades para la negociación y construcción de alianzas y con claros objetivos estratégicos.

•

Autoridades de gobiernos locales, especialmente alcalde/alcaldesa, convencidos/as y comprometidos/as políticamente con poner en práctica normas y procedimientos afines a un modelo de gobernabilidad democrática, que incluye el reconocimiento de la diversidad étnica, la equidad de género, el respeto de los derechos humanos y de las mujeres, y la legitimidad de los espacios de participación y consulta ciudadana.

•

Las intervenciones dirigidas al logro de mayor equidad no se circunscribieron sólo al accionar de las Oficinas Municipales de la Mujer. También formaron parte de las responsabilidades de distintas dependencias de las alcaldías más o menos articuladas con las OMM.17

En cuanto a las limitaciones, es llamativo que, pese a lo antedicho, ni las autoridades locales ni las responsables de las Oficinas de la Mujer impulsaran acciones para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Esta situación merecería un estudio específico para comprender a fondo los argumentos, valores, la concepción de la gestión de gobierno, la cultura política y el papel que juega el control de presupuesto en las luchas de poder.

“Ni las políticas de descentralización ni las reformas municipales han incrementado significativamente la presencia femenina en los cargos municipales electivos.”

Massolo, Alejandra (2007).

Como es sabido, las posibilidades de construcción y sustentabilidad de una política local de equidad de género depende, en gran medida, de que los organismos responsables cuenten con un presupuesto adecuado que asegure su sustentabilidad. Salvo excepciones, esta no era la situación de las comunidades estudiadas.

Ello no es un fenómeno excepcional; se observa en muchos otros ámbitos en los que prevalecen las tensiones entre intereses partidarios, electorales y la distribución y auditoría de las partidas presupuestarias.

Otro factor que limitó el accionar de las institucionalidades de género fue la carencia o debilidad de recursos humanos locales formados para llevar adelante estas políticas; situación que se visualiza en la mayoría de los países de la Región.

La descentralización de la salud en Paraguay: ¿Un aporte para la igualdad de género?18

A través de 10 estudios de caso, el objetivo de esta investigación fue interpretar la dinámica de los procesos de descentralización de los servicios de salud llevados a cabo entre 1996 y 2008 y su implicancia en el bienestar de las mujeres19 y la equidad de género.

Contexto Al finalizar este estudio el escenario político nacional había cambiado notablemente. El gobierno que asumió en 2008, puso en práctica la política de ´Calidad de Vida y Salud con Equidad´ que concibe la salud como

17

Municipios que tienen más de un mecanismo institucional vinculado a la equidad de género, pueden convertirse en oportunidades para articular acciones estratégicas y avanzar más ampliamente en este aspecto. Sin embargo, también puede ser fuente de rivalidad cuando no hay –o no se pone en práctica- una clara división de responsabilidades entre cada uno de ellos.

18

Dobrée, Patricio y Soto, Clyde. Equipo de investigación: Edgar Giménez, Lilian Soto, Raquel Escobar, Esperanza Martínez, Desirée Masi y Diana Rodríguez.

19

Esta experiencia es singular porque ofrece un escenario de doble descentralización de competencias y administrativa.

derecho humano sustentado en los principios de universalidad, integralidad, equidad y participación. La primera medida adoptada fue la gratuidad de las prestaciones, exonerando de los aranceles que se exigían previamente.

Los derechos humanos de las mujeres fueron incluidos en las nuevas normativas con eje en la promoción de la igualdad de género, reconociendo la existencia de necesidades diferenciadas de mujeres y varones20.

Resultados En relación a la descentralización En Paraguay, el sector salud fue uno de los que más se expandió hacia los espacios locales. Ello se debió a las crecientes demandas de una población en permanente aumento, pero también al interés de algunos gobiernos locales que vieron en la descentralización de los servicios de salud una oportunidad para hacer frente a las necesidades críticas y postergadas de su comunidad.

Este proceso se ancló en los Consejos Locales de Salud (CLS), dispositivos concebidos para la gestión pública en salud, con participación de la sociedad civil. Se los facultó para promover alianzas interinstitucionales, gestionar recursos y orientar las acciones conjuntamente con las autoridades del establecimiento de salud y del municipio. Se integraron representantes de instituciones locales, organizaciones indígenas y de mujeres.

Cabe remarcar que la participación en los CLS fue integrada sin mayores precisiones metodológicas ni protocolos que facilitaran la inclusión de sectores históricamente excluidos, como las mujeres.

Sin embargo, considerando que una buena parte de sus integrantes eran mujeres, se presumió que éste sería uno de los factores de oportunidad para tratar sus derechos referidos a la salud. Este supuesto no se verificó en todos los casos y curiosamente en aquellos que se propusieron iniciativas con este sentido no fueron las mujeres de los CLS las que las propiciaron, al menos no de manera deliberada.

Estudios de caso Se verificó la dependencia del sistema descentralizado del nivel central, con escaso margen para que los CLS, el personal de salud local y las/os pobladores influyeran en la oferta local del servicio.

Las eventuales innovaciones que pudieron realizar los CLS dependieron del aumento de recursos propios, producto de los aranceles, lo cual influyó en un mayor gasto de bolsillo de los/as pacientes, con las consecuentes limitaciones para revertir las brechas de exclusión del sistema.

En general, el modelo de descentralización aplicado no ofreció mayores oportunidades para que se consideraran necesidades y demandas de las mujeres en el diseño y prestación de los servicios.

En su devenir reforzó el déficit crítico de personal sanitario, sobre todo en las zonas rurales, comprometiendo la calidad de los servicios y su capacidad resolutiva.

En relación a las reglas de acceso de recursos humanos e inclusión del enfoque de género, los resultados fueron los siguientes:

20

En este sentido, la propuesta para orientar las políticas públicas declara metas de “indiferencia cero” para problemáticas que afectan diferenciadamente a las mujeres tales como la mortalidad materna por causas obstétricas evitables; las muertes por aborto; los partos no asistidos por profesional calificado y humanizado; los embarazos no deseados; la violencia y el maltrato contra la mujer; el diagnóstico y tratamiento tardío para displasias y cáncer de cuello uterino y de mamas; y el analfabetismo y no escolarización (entre otros aspectos clave para la salud de las mujeres).

•

Los establecimientos de salud descentralizados reprodujeron criterios fijados en el nivel central para los programas focalizados, dando prioridad casi exclusiva a la atención de la salud maternoinfantil.

•

Las innovaciones estuvieron fuertemente condicionadas debido al modelo de recaudación propia de los entes descentralizados. Más allá de lo especificado por la política ministerial, ello desalentó la concurrencia a los servicios de amplios sectores de mujeres.

•

Respecto de las reglas de dirección y la igualdad de género, se verificó que los CLS fueron una oportunidad de participación de agentes locales, pero ello no abarcó en igual medida a las mujeres y por tanto no se vio reflejado en una inclusión de sus perspectivas y demandas.

En suma, si bien se emprendieron algunas acciones específicas muy importantes y valiosas para la salud de la población femenina, tales como la elaboración de un Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia, actividades de sensibilización y capacitación en materia de derechos y la instalación de albergues para mujeres embarazadas21, estas actuaciones puntuales no han sido suficientes para desplegar una estrategia integral en materia de género en la atención de la salud, ni una asignación equitativa de los recursos.

IV. Consideraciones generales Las investigaciones dan cuenta de procesos de descentralización complejos en los que, en ciertas ocasiones, se manifiestan simultáneamente: • patrones y prácticas históricas y culturales relativas a los modos de relación y gestión de lo local, • intervenciones más recientes basadas en lógicas tecnocráticas y verticalistas, • un creciente protagonismo de movimientos sociales que expresan demandas de reconocimiento identitario, redistribución de bienes y recursos y participación en las decisiones de política pública y • la emergencia incipiente de liderazgos políticos innovadores que apuestan a gestiones más dinámicas, participativas e inclusivas.

Dentro de este espectro se evidenció que: a) Las políticas públicas de descentralización territorial, formuladas y aplicadas de “arriba hacia abajo” no han contribuido sustancialmente a la participación ciudadana y al ejercicio de los derechos de las mujeres. Por el contrario, en general continúan posicionándolas como cuidadoras del bienestar familiar y comunitario, y eventualmente aceptando la presencia de unas pocas en los lugares de decisión.

Una situación similar se da en aquellas experiencias de descentralización sectorial “combinadas” en las cuales el nivel de autonomía de lo local es muy limitado (por ejemplo, en Paraguay). b) Los gobiernos locales “alternativos”, construidos de ´abajo hacia arriba´ en los que se advierten la marca de las demandas y luchas de los movimientos sociales, han dado lugar a gestiones más participativas, favoreciendo la emergencia de nuevos/as actores/as sociales. Aunque no todas estas iniciativas impulsen medidas explícitas destinadas al logro de la equidad de género, la propia experiencia de articulación de demandas y propuestas en lo público por parte de las mujeres favoreció su empoderamiento y la ampliación de sus expectativas de protagonismo en la vida social y política.

21

Igualmente merece destacarse que se buscó incentivar la igualdad de género en el interior del Ministerio a través de la creación de una sala de lactancia materna para funcionarias de la institución en su oficina central de la capital, aunque ésta sea una acción con un impacto mucho más acotado y en cierta medida simbólico.

c) En cuanto a la incidencia de la descentralización en la posición de las mujeres en los 4 países surge que los mayores avances se produjeron cuando se concreta una convergencia virtuosa de determinadas condiciones facilitadoras: 1.- Autoridades del gobierno local conscientes y convencidas de la necesidad de concebir y ejecutar políticas que: • incluyan demandas provenientes de diversos grupos sociales según género, etnia, edad, en otros términos que den respuestas concretas a los intereses generales y particulares de los/as habitantes; • incentiven la participación ciudadana, especialmente en la asignación y auditoría de los presupuestos municipales, • innoven los aspectos administrativos y simbólico-culturales; • habiliten espacios de participación y decisión ciudadana (asambleas, foros) y aseguren su sostenibilidad en el tiempo.

Borja y Castells (1997) señalan al respecto que las autoridades locales deben actuar como promotores en la ciudad para “dotar a sus habitantes de “patriotismo cívico”, de sentido de pertenencia, de voluntad colectiva de participación y de confianza e ilusión en el futuro de la urbe”.

2.- Presencia de organizaciones sociales activas y críticas (ver recuadro) con sus propias agendas y prioridades - sobre todo en lo relativo a los derechos de las Organizaciones críticas mujeres y la igualdad de género- y alertas respecto de la “No basta con el hecho de que las mujeres receptividad, responsabilidad, transparencia y eficiencia de la estén organizadas, deben vincularse críticamente con el municipio. A efectos de gestión local, con habilidades para actuar colectivamente, negociar incidir en las políticas de género y, y construir alianzas estratégicas con diversos actores tanto locales particularmente, participar activamente en su como nacionales e incluso internacionales. seguimiento y evaluación, estas organizaciones 3.- Instancias de articulación “paritarias” y productivas entre diversos actores tanto en lo local como con el nivel central/nacional /regional e incluso internacional (Estado local/central, ONGs / otros municipios/ redes) desde las cuales se generen intervenciones en las que se integren los derechos y la equidad de género como componentes esenciales de la democracia y el desarrollo local.

deben contar con habilidades para involucrar a funcionarios y burócratas en asuntos de planificación y ejecución de las acciones de los planes…es ejercer la función de “guardián” en lo referente a los ingresos y gastos del 22 gobierno local. (Gustá, A 2008)

Esta investigación demostró que sólo en contados contextos estas condiciones se cumplieron y, lo que es más excepcional, se mantienen a lo largo del tiempo. Ello abre una serie de interrogantes y preocupaciones sobre los procesos de cambio político y socio-institucional que están directamente ligados con el protagonismo de las mujeres en los ámbitos públicos de nivel local y, por tanto, con el pleno ejercicio de sus derechos.

V. Sugerencias para futuras acciones Los hallazgos de esta investigación ofrecen pistas para comprender la convergencia de diversos fenómenos: los factores histórico-culturales y políticos que determinaron y dieron formas singulares a los procesos de descentralización en el conjunto de comunidades analizadas, el papel asignado y el demandado por las mujeres y en especial por sus organizaciones, y en ese marco los avances relativos en el reconocimiento de sus derechos y en su participación activa en la gestión local.

22

Rodríguez Gustá , Ana Laura: Las políticas locales de género desde el punto de vista de las capacidades del Estado. http://www.cedet.edu.ar/dlocal/dlocal_numero_4/perspectivas.pdf

En este sentido contribuyen a enriquecer un campo de conocimientos y de prácticas que ha despertado un creciente interés para los estudios de género y en menor medida en la investigación sobre lo local en un sentido amplio.

Abren también nuevos interrogantes que podrían impulsar otros estudios, así como proporcionan evidencias que sirven para fundamentar recomendaciones a las contrapartes nacionales y locales, en vista a favorecer intervenciones eficaces y creativas que potencien el protagonismo de las mujeres en la esfera pública y revistan factores de inequidad de género en las comunidades.

Entre los temas de investigación sugeridos y aquellos que requieren ´alertas´ permanentes a lo largo de todo el ciclo de las políticas comprometidas con el enfoque de equidad de género, podemos mencionar: •

La disposición de las autoridades locales para iniciar y/o fortalecer procesos de democratización, participación social y toma de decisiones (según el alcance político que los decisores estén dispuestos a sostener y “tolerar”) en las que el enfoque de derechos humanos y equidad de género encuentren un cauce.

•

La percepción y valoración de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres de parte de diversos sectores del gobierno local, ONGs con otras agendas y diversos grupos sociales según género, nivel económico, edad, escolaridad, pertenencia étnica, religiosa.

•

Las características particulares de las organizaciones de mujeres que logran establecer alianzas y participar en las decisiones de política a favor de la equidad de género vis a vis las que no lo hacen por decisión o restricciones: composición, agendas, capacidades, visiones, etc.

•

Las relaciones entre las oficinas o mecanismos de la mujer a nivel municipal y nacional: coordinaciones, descentralización, recursos, capacidades, agendas.

•

Las relaciones entre sectores del gobierno local que ejecutan políticas con foco en la población femenina y las Oficinas Municipales de la Mujer y el nivel de conocimiento y valoración de ambas instancias por parte de la población.

•

Las relaciones entre líderes políticas y ONGs locales de mujeres: agendas, coordinaciones, conflictividad.

•

Análisis diacrónico de los ciclos de alta actividad, letargo o retroceso de políticas de o para la equidad de género a nivel local: facilitadores, obstáculos, logros, actores, temas y sectores considerados y omitidos.

•

Procesos de generación y sostenimiento de alianzas entre organizaciones con agendas de género, etnia, edad, intereses de clase.

•

Las percepciones, valoraciones y relaciones recíprocas entre los/as representantes de las agencias de cooperación que actúan en los espacios locales y las ONGs de mujeres y oficinas municipales para la equidad de género.

•

En el plano de la acción son prometedoras las iniciativas que, dentro de un marco de desarrollo local adecuado para responder a las problemáticas actuales tanto locales como nacionales y regionales, promuevan más y mejores articulaciones de diversos sectores involucrados en temas “sectoriales”.

•

Los programas integrales de capacitación para la acción estratégica que incluyan el desarrollo de habilidades de planificación, evaluación, liderazgo transformador y creación de alianzas y redes de trabajo continúan siendo una alternativa prometedora.

•

La revisión de las concepciones acerca de la descentralización, el desarrollo local, la interculturalidad y los patrones y relaciones de género de los /as planificadores/as, técnicos/as y evaluadores de las agencias de cooperación se vuelve también indispensable.

Bibliografía Documentos de las investigaciones •

Bolivia

Arratia Jiménez Marina y Gutiérrez Pérez, Zulema. Derechos colectivos de agua y equidad de género en el nuevo estado plurinacional de Bolivia. Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia. Julio de 2010 •

Ecuador

María Arboleda, Stalin Herrera, Alejandra Santillana y Nancy Carrión, con aportes de Lissete Coba, Margarita Aguinaga y Javier Rodríguez. De actoras a autoras: la construcción de la autoridad pública de las mujeres en procesos de democratización local. Las experiencias de Cotacachi, Nabón, Esmeraldas y Cayambé. Quito, Agosto de 2010 •

El Salvador y Honduras

Herrera Morena. Benavidez, Mirna y Chistrine Damon. Desde Abajo y lo Local: La autoría de las mujeres creando nuevas institucionalidades de género. FUNDE, IDRC – FLACSO. El Salvador 2010 •

Paraguay

Coordinadores, Patricio Dobrée y Clyde Soto. Equipo de investigación: Edgar Giménez, Lilian Soto, Raquel Escobar, Esperanza Martínez, Desirée Masi y Diana Rodríguez. “La descentralización de la salud en Paraguay: ¿Un aporte para la igualdad de género?”, Paraguay 2009

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