Con todo, sólo pretendemos decirles que el auto de privación judicial preventiva de libertad es una medida cautelar (útil y proporcional de acuerdo al delito y al daño) dictada por el juez mediante decisión escrita (auto), revestido de ciertos presupuestos lógicos-ontológicos-formales (informan su ser y legitimidad y licitud) y cuya solicitud es privativa del Fiscal del Ministerio Público y cuyo dictamen es facultativo del juez (de Control o de juicio).
1.2. El peligro de fuga y de obstaculización. Como ustedes habrán apreciado, el peligro de fuga es uno de los requisitos que debe considerar el juez para proceder a dictar o no el auto de privación de libertad. El cumplimiento de este presupuesto pende de una presunción razonable de peligro de fuga, el cual se define con base en ciertos baremos o criterios establecidos en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Disertamos con ustedes: ¿Puede concebirse legalmente una presunción irracional? En cuanto al peligro de obstaculización, el legislador provee al juez de varios criterios, no taxativos, sino orientadores, para que decida en torno a esta circunstancia. Si ustedes leen el texto del artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, verán que el Estado carga su responsabilidad en la espalda del imputado. Veamos: el Estado cuenta con mayores recursos para evitar el peligro de obstaculización, por qué sacrificar al individuo. “El entorpecimiento de la investigación no puede constituir un fundamento -exclusivopara el encarcelamiento de una persona porque el Estado cuenta con innumerables medios para evitar la eventual acción del imputado. Además, es difícil de creer que el imputado pueda producir por sí mismo más daño a la investigación que el que puede evitar el Estado con todo su aparato de investigación: la policía, los fiscales, la propia justicia. Concederles a los órganos de investigación del Estado un poder tan grande, supondría desequilibrar las reglas de igualdad en el proceso. Además, si el Estado es ineficaz para proteger su propia
22