Editorial
“¡Somos menores, no nos importa nada!” Hubiéramos preferido un tema profesional para este mes invernal, en otros momentos propicio para iniciar inversiones destinadas al perfeccionamiento de nuestros emprendimientos. Pero no es posible; en algunos casos ni siquiera es posible pensar en el futuro inmediato como es el caso de tantos comercios que sufren una y otra vez el impacto de la violencia. La delincuencia no solo se está apoderando de nuestras vidas y nuestros bienes, también se adueña de nuestra mente hasta el punto que resulta difícil reflexionar sobre otros temas. En este ejemplar los lectores encontrarán la opinión y la experiencia de dos reconocidos magistrados y juristas quienes analizan estos temas de manera desapasionada y profesional. No son técnicos que se postulan para cargos electivos ni representan a ningún sector político; sus aportes parten del enfoque que realmente necesita un país que asiste con desconsuelo a una batalla política que, como todas ellas, no conduce a nada. En este Editorial queremos referirnos a dos noticias que ocurrieron en el mes transcurrido y que justifican una consideración muy especial por parte de nosotros, los comerciantes de cercanía. LA PRIMERA Una de ellas refiere a lo que podría denominarse un nuevo grito de guerra de los asaltantes: “Somos menores, no nos importa nada”. No es la primera vez que se lo escucha y suele estar acompañado por disparos, brutalidad inaudita y, demasiadas veces, con el asesinato de alguien, todo para aterrorizar a quie-
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nes están asaltando; sin perjuicio de que su objetivo (declarado) es también el de aleccionar a las personas que contemplen los videos cuya existencia tampoco les “importa nada” y particularmente, para asumir cartel de guapo entre sus pares. Esto ocurre en el asalto a un comercio como ocurrió hace algunas semanas en un restaurante de Pocitos Nuevo, ocurre en comercios de cualquier lugar de Montevideo y también es frecuente en los hogares que experimentan el terror de un copamiento. Este es un fenómeno relativamente nuevo y debe ser examinado pues tiene un mensaje que es aterrador. Pues bien, en ciertos sectores políticos parece de buen tono salir en defensa de los menores y hasta de los mayores delincuentes, dando por seguro de que actúan de esa manera porque la sociedad los conduce hacia la violencia de manera irreversible. Y por allí surgen adjetivaciones de neoliberal, rosado y varias otras, sumadas a una postura negativa hacia el pequeño comerciante, al borde de ser acusado de explotador. ¿Han considerado que ese grito de guerra puede estar inspirado en la sensación de impunidad absoluta que pueden transmitir esos mensajes? Pues bien, a CAMBADU le queda claro que la colectividad a la que pertenecen esas personas no participa de esas ideas radicales, sino que tiene sensibilidad hacia las víctimas y al igual que todos, anhela la paz, la justicia social y naturalmente, también como todos, la recuperación de quienes cayeron en el delito. Veamos entonces el otro extremo, el que lleva el tema de la delin-
cuencia hasta el borde del marketing electoral y acusan al partido en el gobierno de tener toda la responsabilidad por el incremento de la delincuencia. ¡Cómo si la delincuencia no estuviera en crecimiento y jolgorio desde hace decenas y decenas de años! ¿Alguien podía suponer que tanta permisividad no iba a desembocar en una situación como la que vivimos? ¿Y ahora es el momento de excitar a ciudadanos que en medio del terror y el desconcierto llegan a pedir pena de muerte y a reclamar una represión inhumana? También en estos casos nuestra gremial entiende que esas conductas, tan radicales como las otras, no son en absoluto representativas de colectividades que durante muchísimos años debieron administrar el país porque sus ciudadanos así lo resolvieron. Lo que realmente preocupa a CAMBADU es que las autoridades partidarias, todas ellas, no llamen a responsabilidad a sus miembros y les hagan ver los riesgos de conducir a la ciudadanía hasta el límite de su paciencia. En todos los sectores políticos hay dirigentes con capacidad de estadista, con prudencia, con sentido de la eficacia que todos necesitamos. ¡Queremos que se junten por encima de banderías y que encuentren soluciones perdurables, no es el momento de remiendos para dejar contenta a la tribuna! ¡Queremos que se callen los que proceden como si la ciudadanía no tuviera la más mínima inteligencia y dejen actuar a quienes proceden con dignidad y responsabilidad!
LA SEGUNDA La segunda es una noticia en verdad positiva, una refrescante sorpresa en medio de tantas malas noticias: la Suprema Corte de Justicia sancionó a un juez que liberó a un menor homicida, quien tras la liberación volvió a matar. Este hecho marca el fin de la impunidad para los magistrados; ya no pueden disponer lo que les parece y también ellos jugar para la tribuna, sino que realmente deberán tener en consideración que están en ese cargo para defender el derecho a la vida de los ciudadanos y que nada debería estar por encima de ese derecho fundamental. Porque en estos tiempos se ve la pena de reclusión, de menores y mayores, como un castigo, algo así como un “ojo por ojo y diente por diente” y a nuestra manera de ver eso no es así en absoluto. Si hay un árbol que puede caer y matar a un ciudadano, como ocurrió en Carrasco, hay que sacarlo de la calle porque más importante que la estética de una avenida, es la vida de una persona. De la misma manera, si hay un menor o un mayor que puede matar o volver a matar, es inadmisible que alguien considere que lo puede dejar en libertad porque la sociedad le ha conferido la increíble potestad de jugar con vidas ajenas. Que las cárceles estén en estado deplorable y que los reformatorios no reformen a nadie no es pretexto para dejarlos en libertad, darles libertad anticipada o permisos transitorios. Es muy penoso que padezcan hacinamiento, frío y todo lo demás; el gobierno debe proveer los recur-
sos, la oposición debe acompañar o proponer acciones para lograrlo y, de nuevo, todos deberían cooperar en ese sentido porque es lo que corresponde y porque la ciudadanía está atenta y no es estúpida. En el caso que registró la prensa en junio, un juez de la Ciudad de la Costa liberó a un menor homicida quien casi de inmediato asesinó a un repartidor de cigarrillos durante un intento de rapiña. El menor ya había matado a otras dos personas. Ciertamente un magistrado, igual que un legislador, debe tener fueros para poder actuar con libertad de conciencia asumiendo el riesgo de equivocarse. Pero eso no debe confundirse con absoluta irresponsabilidad. En su caso le costó la pérdida de ascensos durante dos años, una pena bien leve. Para que realmente sirviera de escarmiento, ese y otros magistrados que le caen con los códigos a un comerciante o a un padre de familia por excederse en la defensa y miran para la tribuna cuando liberan a un asesino en potencia, deberían ser obligados a pedir perdón personalmente a las viudas y a los huérfanos. Sería buena ocasión para que lo acompañen los tecnócratas que todavía sostienen que los malandras viven en asentamientos y son pobres, pues en su aberrante filosofía, todos los pobres son malhechores en potencia. Y eso tampoco significa que no deba combatirse la pobreza, pues en el contorsionismo de la lógica al que estamos asistiendo, hasta eso podría concluirse con maledicencia. Consejo Directivo