Es claro que existe un grave problema de violencia contra las personas que ejercen el periodismo que se ha dejado crecer, mientras se simula combatirlo. A esto se suma la falta de transparencia y claridad en la información alrededor de las capacidades institucionales, los recursos presupuestarios y humanos y las acciones realizadas por las instituciones encargadas de prevenir las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. La transparencia es una herramienta clave para la protección de los derechos de los y las periodistas. Aquí hemos intentado aproximarnos al fenómeno y señalar las responsabilidades de quienes debían haberse encargado de atenderlo hace tiempo. Nuevamente hacemos un llamado al gobierno en sus distintos niveles y órdenes a asumir acciones concretas en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. 1)
Una vez que la reforma constitucional para facultar a las autoridades federales a investigar y juzgar los delitos cometidos contra periodistas en uso de su derecho a la libertad de expresión ha sido aprobado por las cámaras de Diputados y Senadores, las legislaturas de los estados deben aprobar sin demora la propuesta para que ésta entre en vigor. Por su parte, el Congreso debe redactar y aprobar reformas a la legislación secundaria que para armonizarla con la reforma constitucional.
2)
Es necesario fortalecer a la Fiscalía Especial con un marco jurídico adecuado, otorgándole autonomía, facultades, además de recursos materiales y humanos propios, de manera que pueda ejercer su mandato de investigar. Del mismo modo, debe exigirse a la dependencia cumplir con sus obligaciones de investigar y de transparencia, haciendo públicos sus indicadores de gestión, resultados y actuación.
3)
Crear de manera urgente un verdadero Mecanismo de Protección para Periodistas, que no signifique la mera formalización de la coordinación entre autoridades para cumplir un mandato que ya tienen vigente. Debe prever una participación efectiva de representantes de la sociedad civil y a los beneficiarios, no como meros espectadores. Hablamos de una instancia con recursos suficientes y personal especializado, capaz de responder a criterios de urgencia y necesidad en la implementación de medidas de protección para comunicadores y comunicadoras en riesgo. Además deben, por supuesto, establecerse mecanismos para poder evaluar el impacto de las acciones.
Debe decirse con toda claridad que ni la exigencia de una Fiscalía o un Mecanismo a nivel federal eximen de responsabilidad a las procuradurías locales en la investigación y esclarecimiento de casos que son de su conocimiento ni a los gobiernos estatales en su obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 4)
En congruencia con criterios internacionales que recomiendan que la protección a la reputación debe sea garantizada sólo a través de sanciones civiles, es necesario que 14 entidades del país deroguen los llamados delitos contra el honor en las figuras de difamación, injurias y calumnia de sus códigos penales u otras leyes, en tanto que inhiben y limitan la libertad de expresión.
5)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe mostrar una mayor congruencia en la integración de sus expedientes, trabajar en el seguimiento y cumplimiento de medidas cautelares, así como constatar periódicamente el estado que guardan los casos. La emisión de las recomendaciones debe ser su instrumento más contundente para señalar públicamente la responsabilidad del Estado, ya por acción en las violaciones a derechos humanos, por negligencia u omisiones de la autoridad para prevenir, proteger e investigar casos graves como los asesinatos y desapariciones de periodistas que continúan impunes. Es vital la existencia de un Programa de Agravios a Periodistas que efectivamente proteja la integridad y seguridad de periodistas y comunicadores a fin de mitigar la violencia y las agresiones en su contra, que los resultados muestren verdadera eficiencia del uso de los recursos públicos.
Informe Anual 2011
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