en la edición del diario AM de La Piedad apareció un mensaje sin firma, dirigido “a los michoacanos”, en el que se leía: “A toda la población le queremos decir que no queremos más PAN en ningún nivel de Gobierno, ya que tienen pactos con grupos que roban, extorsionan, violan y secuestran a gente inocente. No usen playeras ni propaganda del PAN no queremos confundirlos y que haya muertes inocentes”. Los editores del diario incluyeron una nota aclaratoria al margen para precisar que el comunicado había sido publicado para salvaguardar la integridad de su personal.
¿Qué quieren de nosotros? El agravamiento de la crisis de inseguridad trajo consigo un deterioro de la relación entre el gobierno y los medios. Aun desde el Ejecutivo, se juzgaba que la prensa otorgaba una relevancia desmesurada a las acciones del crimen organizado y contribuía a crear una imagen negativa de México en el exterior. La propia Procuraduría General de la República llegó a exponer públicamente que la responsabilidad de los medios ante la lucha contra la delincuencia organizada era condenar y cooperar con la autoridad para aislar a los integrantes del crimen organizado y reprochaba a periodistas que se priorizara la fiscalización de los poderes públicos y se hiciera énfasis en la ineficiencia y corrupción en éstos. La prensa entonces era culpable de trivializar la criminalidad, mostrarla fuera del contexto de su combate e incluso de generar desánimo y parálisis entre la población, pues hacía parecer invencible a la delincuencia organizada.15 La agenda de los y las periodistas se volvió entonces una disputa entre los delincuentes y los actores del Estado, cuyas investigaciones de delitos contra la libertad de expresión se han caracterizado en el mejor de los casos por sus omisiones, dilaciones y falta de diligencia en las indagatorias, mientras que cada vez con mayor frecuencia se emplea el recurso de desacreditar a las víctimas, involucrándolas en actividades delictivas, aun antes de efectuar una investigación. El problema creció hasta salírsele de las manos a las autoridades mexicanas y volverse tema de particular interés en el exterior; organismos internacionales de derechos humanos han recomendado reiteradamente a México adoptar medidas eficaces para combatir la violencia contra periodistas y el personal de los medios de comunicación, y proporcionarles mayores garantías en el desempeño de sus deberes profesionales. En medio de ese vacío de autoridad, las empresas periodísticas iniciaron entonces un diálogo con sus lectores y sus audiencias, reconocieron que habían tenido que transigir con los criminales y aceptarlos como interlocutores. Tras el asesinato en septiembre de 2010 de Luis Carlos Santiago, uno de sus reporteros gráficos, El Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua, se dirigió en un Editorial de primera plana a los grupos del narcotráfico que disputaban el control de aquella zona de la frontera, reconociéndolos como autoridades de facto. “Queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos. [...] Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio”, decía el texto. El periódico Vanguardia, en Saltillo, Coahuila, tomó una medida similar en noviembre de ese año y en su editorial, denunció la ausencia de condiciones necesarias para un ejercicio libre y profesional del periodismo en la ciudad. Sus directivos tomaron posición respecto de la violencia. Fueron claros en que entre ganar una nota y la integridad de las personas, elegirían lo segundo, por lo que renunciaron a publicar sobre temas que se tornaron delicados: “Trabajar bajo las sombras de la amenaza a nuestro cuerpo editorial es una condición más de los días de hoy, que nos obliga en ocasiones a dejar fuera alguna información”.
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Ver el discurso del procurador Eduardo Medina Mora en la inauguración del foro La responsabilidad de los medios ante la lucha contra la delincuencia organizada. 2 de marzo de 2009. Disponible en: http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/coms09/020309a.shtm
Informe Anual 2011
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