Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana ¿Reducir emisiones ó favorecer grupos de poder? Análisis y propuestas sobre el “Plan de Inversión Forestal del Perú” (PIF) ( Versión del 14.02.13) El proceso de construcción de la llamada “Reducción de Emisiones por deforestación y degradación” (Redd+) en el Perú, se caracteriza por su falta de transparencia, apresuramiento, sesgos privatizadores, desregulación, impunidad de piratas del carbono, intereses de grupo e incoherencias e inconsistencias. Lamentable, que siga así, a pesar de las participación activa y propositiva de parte de los pueblos indígenas amazónicos organizados en AIDESEP y de entidades de la sociedad civil organizados en el Grupo Redd+. Expresión de esto, fue el diseño del RPP (plan de preparación) aprobado el 2010 por la Facilidad del Carbono Forestal (FCPF) y hasta la fecha no “actualizado” ni en implementación. Se añade el diseño del Plan de Inversión Forestal (PIF) del Perú, en el marco del Programa de Inversión Forestal (FIP) cuyo texto se terminó meses atrás, no se publicó, es cambiado en forma apresurada y sin transparencia, y se presentan borradores y un resumen, en la víspera de la llegada de la nueva misión del FIP. AIDESEP como organización representativa de los Pueblos Indígenas articulados en 1500 comunidades articuladas y 67 organizaciones locales, participa en forma crítica y propositiva, porque es de suma importancia que los fondos climáticos, ayuden efectivamente al principal actor forestal nacional que son los Pueblos indígenas amazónicos, por su propiedad o administración de 15 millones de Has, a reducir emisiones por deforestación y degradación, y contribuir a la mitigación y adaptación de los graves impactos de la crisis climática global, porque somos los más afectados dentro del Perú, tercer país más vulnerable del planeta. Se nos va la vida en este desafío, lo que nos exige ser estrictos en lo que se pretende hacer y permanentemente propositivos. Por ello, expresamos a la opinión pública, las instancias de la CMNUCC, promotores de Redd+ (FCPF, FIP, BM, BID, ONU-REDD) y Estado peruano (central y regionales) nuestras observaciones y alternativas, sobre la forma y el fondo, el proceso y el contenido, del PIF-Perú, y esperamos las aclaraciones y rectificaciones respectivas.
1. Irregularidades en el proceso de diseño y misiones FIP. Señalamos las siguientes irregularidades comprobadas, otras con indicios que deben ser confirmados, y otras como grandes dudas que deben ser aclaradas por sus responsables :
Negativa a la participación de AIDESEP en el diseño del PIF, en el Consejo Directivo del PIF y hasta en el desarrollo de las misiones del FIP. Negativa a financiar la participación de delegados de las regionales asociadas a AIDESEP. Reduccionismo y simplismo de la participación indígena de AIDESEP a reuniones de dos horas, cada tres o cuatro meses. Términos de referencia de las misiones FIP conocidos con escasa anticipación. Diferencias entre las versiones en inglés y en español de las misiones FIP. Incumplimiento de compromisos establecidos durante las misiones. Ocultamiento del contrato y TDR para el diseño del PIF entre el BID e INDUFOR Incumplimiento del contrato que era para elaborar un plan de inversiones, y luego lo reducen a ser un “insumo” 1
Ocultamiento y no publicación de los productos finales de la consultoría de INDUFOR Ninguna observación por escrito a los productos de INDUFOR, pero son desechados, para rehacer todo de nuevo sin explicación alguna Agresión a la transparencia y participación, efectuando tres reuniones de consulta nacionales, que luego son desechadas para rehacer el plan totalmente. ¿Hubo imposición de intereses políticos al PIF, cambiando la propuesta técnica, ante la incapacidad o intolerancia de procesar debate y reelaboraciones técnicas ? ¿Hubo racismo estatal tecnocrático para eliminar el “excesivo” apoyo a tres proyectos indígenas consensuados? Imposición arbitraria y sin transparencia de otro equipo de consultores para hacer lo mismo que INDUFOR y cambiar sustancialmente sus resultados. Incumplimiento de la normativa estatal peruana y del BID para seleccionar a los nuevos consultores para un mega-proyecto de envergadura y que incluye endeudamiento externo. Hacer trabajar inútilmente a AIDESEP y llegar a un consenso con INDUFOR sobre tres proyectos en el PIF sobre titulación territorial indígena, manejo forestal comunitario y gobernanza forestal comunitaria, para luego ser abandonados sin explicación alguna. Realización también inútil de reuniones en Lima y tres a nivel regional, con entidades públicas y de la sociedad civil, para que sus propuestas también sean abandonadas. Ninguna reunión ni coordinación de los nuevos consultores que rehacen el PIF ni con AIDESEP ni con el Grupo Redd+ Conflicto de intereses y parcialización, ya que la misma instancia que debe aprobar el PIF, el Consejo Directivo del FIP-Perú, encarga el nuevo diseño al asesor de uno de sus entidades integrantes (el CIAM).
Normativa violada en este proceso:
Realización de misiones del BID y BM sobre proceso FIP Selección de consultores para diseño de proyectos BID Selección estatal de consultores para diseño de mega proyectos que incluyen endeudamiento externo El párrafo 16d “Documento de Diseño” del FIP, referido a que la “la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas es indispensable en la elaboración del plan de inversión”. El párrafo 38 del “Documento de Diseño” del FIP, referido a que “un consenso reflejando un amplio apoyo comunitario para la estrategia de inversión, programa o proyecto debería surgir de las consultas antes de que la estrategia, programa o proyecto avance” Las pruebas documentarias de lo señalado serán entregadas más adelante en la activación por parte de AIDESEP del mecanismo de quejas del BID, Congreso Nacional y Defensoría del Pueblo del Perú. 2. Contenidos del PIF contrarios a objetivos FIP y REDD+ y derechos de los Pueblos Indígenas. Resumimos los siguientes: Favorecer grandes concesiones forestales: madera, no madera, turismo, conservación. Favorecer aumento de agrocombustibles, plantaciones y palma aceitera “Mejorar” colonización actual, y terminar incrementándola Priorizar documentos burocráticos, reduciendo cambios transformacionales Minimización y deformación de la titulación territorial indígena Marginalidad del Manejo Forestal comunitario Discriminación a la propuesta de “Redd+ Indígena Amazónico” Marginación de Loreto, la principal reserva de carbono nacional
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Pasamos a sustentar y desarrollar las 09 observaciones, sobre sesgos y errores señalados, citando entre paréntesis el número del item respectivo de la versión pública presentada el 14.02.13, con la cita textual en cursiva, y con subrayados añadidos nuestros. Se complementa en cada caso, con el análisis de las incoherencias internas del PIF-“cambiado” y se reitera algunas de nuestras alternativas, aunque ellas vienen siendo sustentadas hace más de un año, sin ser escuchados lamentablemente.
3. Favorecer grandes concesiones forestales: madera, no madera, turismo, conservación.
A pesar de que el PIF reconoce que en el año 2010, existían 5.4 millones de hectáreas en concesiones vigentes, 1.7 millones de hectáreas revertidas de concesione fraudulentas, y que dicho “proceso continúa” (70º) se elude extraer las conclusiones de que si el 23% del modelo no funciona, éste está cuestionado seriamente. Se elude mencionar también el reciente informe de Environmental Intelligency Agency (EIA) que demuestra la complicidad entre concesionarios, autoridades, exportadores, importadores para el tráfico ilegal de madera, y hasta la supuesta “debilidad” del gobierno de EEUU para sancionar esta violación del TLC con el Perú.
A pesar de lo anterior, se propone utilizar el FIP para consolidar ese modelo: Ampliar los derechos de las concesiones y pasar a una “segunda generación de ellas” (125º) o sea darles más territorios. Solucionar la “imperfecta e incompleta asignación de derechos sobre el patrimonio forestal” (37º) ampliando sus ya excesivos derechos reales que les da la ley 29785 avanzando hacia la privatización de los bosques. Ampliarles sus extensiones, cuando se dice “Mejorar el sistema de concesiones forestales”, fomentando alianzas para “trabajar sobre áreas de la dimensión requerida por este negocio” (55º). Aumentar la “viabilidad económica de las concesiones de todo tipo, pero en el corto plazo de las de fines maderables” (Anexo 6, pag.66)
Error y sesgo en el argumento de que las grandes concesiones serían una barrera real frente a la deforestación (colonización) y degradación (tala ilegal), al señalarse “Atacar la deforestación …requiere reducir áreas libres declarando concesiones” (55º). No tan “libres” porque muchas están ocupadas por pueblos indígenas Se elude mencionar la demanda territorial pendiente indígena de solución sobre esas mismas falsas “áreas libres”, que abarcan a 988 comunidades plenamente identificadas (Ver Anexo 1) y 09 componentes de demanda referidos a centenares de comunidades posesionarias, 212 por reconocer y titular, 540 por titular, 236 por ampliar, 08 reservas comunales, 05 reservas territoriales, 07 pueblos por su titularidad territorial integral, traslapes de territorios en 08 Areas protegidas y centenares de planos errados que deben ser rectificados porque recortan las áreas efectivamente ocupadas.
Sobre la bases de ese error, que discrimina a las comunidades en sus derecho territoriales como efectivas barreras contra la colonización, se exagera el aporte de las cuestionadas concesiones, e inclusive se dan peligrosas cifras de “menos del 45% de los bosques han sido concesionados y 8.8 mills. has que no tienen responsables” (69º). El PIF se acerca así a las tesis racistas del “perro del hortelano” que ofreció una cifra parecida para concesionarios “exitosos” en lugar de darles a los indígenas “improductivos” y “ciudadanos de segunda clase”. Es irresponsable olvidar la explosividad social que trae la repetición de este tipo de enfoque.
Se elude (88º) advertir el conflicto estructural en la gestión de bosques, derivado del incumplimiento de la llamada “consulta” de la ley 29763, que propuso la gestión integral por el MINAM, pero fue cambiada arbitrariamente hacia el MINAG. El PIF terminaría no solo afectado por la división entre ambos ministerios, sino además, involucrado en un conflicto social por financiar la reglamentación de la cuestionada ley forestal 29763, para luego auspiciar el reparto en concesiones de 7 u 8 millones de hás. muchas de ellas superpuestas con áreas posesionadas por pueblos indígenas, ocupadas o utilizadas de una u otra manera, que tienen derecho a su titulación, y al negársela e imponerles concesiones, generará mayores conflictos sociales por superposición de derechos. Lo sensato es primero, iniciar y avanzar seriamente en saldar la deuda social con 3
la demanda territorial indígena desatendida, para evitar los traslapes que ya ocurrieron en las primeras licitaciones de concesiones.
No es casual entonces, que el PIF termine en asuntos ajenos, y que los mismos técnicos y enfoques que empujaron la ley forestal 29763 se reiteren en el PIF “cambiado” arbitrariamente. Dicha ley cuestionada, resulta entonces estructural al PIF, y atraerá problemas ajenos. Como por ejemplo tergiversa la realidad de que cuenta con respaldo indígena, usando textos de dos años atrás a la aprobación de dicha norma, y ocultando los diversos pronunciamientos de AIDESEP (Ver Anexo 2) exigiendo la modificación de artículos que atentan contra derechos indígenas, como son los siguientes : Garantías a Territorios Indígenas, Derecho de posesión y reservas comunales (arts. 26,27, 66, 76, 11ª y 12ª Disposición Final) Efectivo apoyo estatal al manejo forestal comunitario y no retórica excluyente (Art.21) Garantías efectivas a la vida de los pueblos autónomos (Art. 48) Detener la privatización encubierta de los bosques y de los servicios ecosistémicos (arts. 51, 54) Detener el avance hacia el neo latifundismo forestal (arts. 56, 58,59) Aumentar los controles para impedir el desbosque (Arts.27.d2, 36,36) Reducir y regular las plantaciones forestales y no fomentarlas (arts.4,5,11, 111 al 118, 131c)
4. Favorecer aumento de agrocombustibles, plantaciones y palma aceitera
Se propone claramente que “Atacar la deforestación requiere en primer término evitar la ocupación ilegal .. impulsar el desarrollo de actividades agrarias e agroindustriales intensivas en las tierras de aptitud agrícola ya deforestadas, que resulten carbono positivas, facilitando la titulación, desarrollando modelos de negocio y alianzas entre campesinos titulares de la tierras e inversionistas, con participación de los gobiernos regionales” (53º). Resulta incomprensible
como la expansión de estos negocios de los colonos y empresas, va desalentar a nuevos migrantes colonizadores, animados por ese apoyo, y con la debilidad estatal para regularlos. Y una vez más, lo que debería ser un programa del MINAG (economicismo productivista) terminaría absorbiendo al MINAM y al PIF, sustituyendo los ejes claves de “emisiones” por el de “negocios”.
Peor aún, esa expansión incluiría el “impulsar el desarrollo de plantaciones con fines de conservación y de producción industrial, en este último caso aplicando modelos de negocios inclusivos en alianzas entre campesinos y reforestadores” (53) y promoviendo “facilidades tributarias para las plantaciones (90º). Otra vez, lo absurdo de suponer que
la promoción de plantaciones industriales, no va aumentar la migración colona y empresarial en la amazonía, con la ilusión que será “planificada y sustentable”, con un Estado tan débil en la regulación ambiental y tan obsesivo en promover negocios de cualquier tipo. Además, todo esto tiene un lugar muy controversial en el ámbito de Redd+ y del FIP, tal como fue acordado por la CMNUCC en la COP16 de “no utilizar las medidas de conservación para la conversión de bosques naturales” (Apendice I,e) y ya hay suficientes denuncias de esta práctica en el Perú de avance de la agroindustria y agrocombustibles falsificando supuestas áreas degradadas para una real conversión de bosques. ¿Qué hace FIP invirtiendo en estos procesos controversiales ?
Mucho peor aún, eso incluye también el “subprograma de reforestación comercial y los agrocombustibles bajo modelos de mayor productividad y generadoras de mayor empleo; y el sub programa de las cadenas de valor de los productos legales que ejercen mayor presión sobre las cuencas altas, como el café, así como el cacao y la palma aceitera” (126º). Los Buenos deseos de que se limitará a areas degradadas, quedará en eso, en falsas ilusiones, porque
la realidad actual es de un gran conflicto social y ambiental, por la complicidad, por acción, omisión o lenidad, del gobierno central y algunos sub nacionales, en favor de grandes grupos de poder en agrocombustibles y palma aceitera, afectando a pueblos indígenas y comunidades dependientes de los bisques. Se oculta que el estado promueve la palma aceitera en más de un million de has en el país, con todos sus impactos, y que en muchos casos, las grandes empresas se burlan de la ley, falsificando la información de que son “bosques 4
deforestados”. ¿ Que hace el FIP metido en este conflicto socio ambiental que nada tiene que ver con sus objetivos ?
No termina ahí, la pérdida de rumbo, ya que el FIP se mete también el área de mayor conflictividad socio ambiental como son los impactos de las operaciones mineras y la justa resistencia indígena y social al respecto. El PIF propone “ayudar” a las grandes compañías mineras a obtener la difícil licencia social de las comunidades a través de invertir en reforestaciones “que capturen carbono” con apoyo de los gobiernos regionales, y que eso va “reducir” la migración colonizadora (55º). Inaceptable proponer que los grandes impactos mineros en cabeceras de cuenca, tajo abierto, cianuro, etc, pueden ser “compensados” con inciertas plantaciones forestales. Peor suponer que las comunidades que hoy resisten y están convulsionadas en todo el país, van a creer en ese engaño; y mucho peor, que en esta estrategia equivocada y de complicidad con los depredadores mayores, aparezca vinculado el FIP en el Perú.
No solo hay error de enfoque sino contradicción interna, porque el propio PIF admite que “Asimismo existen operaciones financieras de entidades como el Agrobanco, programas regionales de apoyo a cadenas productivas del café, cacao, palma aceitera, agro combustibles, que igualmente favorecen el cambio de uso no planificado del suelo” (88º).
5. “Mejorar” colonización actual y terminar incrementándola
En las áreas deforestadas y ocupadas por la migración colonizadora en la amazonía, el PIF propone apoyarlos para darles sustentabilidad, con la apuesta de que “La generación de mayor valor con innovaciones…. y en las cadenas de valor de los principales productos, puede disminuir la presión sobre los bosques al generar mayor valor por superficie de suelo” (120º). Este buen deseo, descansa sin embargo en condiciones que el PIF señala, pero que
no discute su dificultad y viabilidad en un estado y sociedad cada vez mas privatizados y desregulados, como que se “implemente un proceso de ordenamiento forestal, mejora de la gobernanza, capacidad de hacer cumplir las normas, mejore la gestión ambiental local, sistemas de monitoreo que evalúen el cumplimiento de los resultados e incentivos condicionados al cumplimiento de los compromisos por los actores relevantes” (120º).
Dicha colonización “mejorada” se daría, según el PIF, a través de “desarrollo de instrumentos de cobertura, como seguros agrícolas multipropósito, producción asociada con riesgo diversificado” (118º) así como también “produciendo cafés de calidad, denominación de origen, alta productividad; y/o desarrollando la ganadería estabulada o semiestabulada (con pastos cultivados, suplementos, etc” (49º en la version del 21.01.13). Si estos beneficios se hacen
realidad y demora o no se logra el difícil “condicionamiento y regulación” de esa colonización mejorada, lo probable es que la colonización aumente por esas mejores coberturas. Es muy endeble, la suposición de que un colono con más productividad, va desanimar su expansion, ya que continuará el despoblamiento del campo andino por el abandono de las economías locales adaptadas a los ecosistemas, por privilegiar la gran minería. Se descuida entonces el objetivo central del FIP sobre “reducir emisiones”, por el de promover nuevos y mejores negocios con los colonos, como se señala en el PIF al resaltar que se está en un nuevo (y mejor) momento de la colonización por un “cambio en las condiciones logísticas: ….con mayores niveles de productividad y capacidad de competir con el bosque (palma aceitera, biocombustibles, café y cacao de calidad, reforestación comercial). Pivoteando alrededor de importantes grupos empresariales (Romero, Gloria, Huancaruna); y con el soporte de la cooperación de USAID” (111º). Parece más un plan de desarrollo mercantil rural que el de manejo holístico de
los bosques. Se elude discutir las consecuencias de una realidad histórica y estructural: que todas las oleadas de colonización en la amazonía, fueron fomentadas por el estado, que al mismo tiempo discurseaba y tenía fuerte apoyo internacional para el “desarrollo estatal institucional” y las mismas promesas de “regulación y ordenamiento de la colonización”. Se elude hacer un balance de los siete mega proyectos especiales estatales de “desarrollo y colonización sustentable” por más de $ 500 mills. que solo produjeron conflictos e invasiones a las territorios indígenas y colonos que terminaron siendo mano de obra desesperada del narcotráfico. 5
Lo grave es que estas ilusiones de que la mejor colonización la contendrá, se hacen sin considerar que históricamente su principal barrera de contención, han sido la titulación territorial de las comunidades indígenas, cuestión que es relegada en el texto del PIF.
Además de lo erróneo de la propuesta, hay incoherencia con otras secciones del PIF, que señalan argumentos en contrario, como por ejemplo que “en la medida que se viene realizando inversiones en carreteras y se mantiene la migración a la Amazonía se esperaría un incremento de la deforestación” (18º) y que se asiste a un contexto de “un ilegal pero bien organizado sistema de tráfico de tierras” (39º). Así mismo que varias políticas y fondos públicos “no solo están desalineados de los objetivos REDD+, sino que operan como incentivos perversos que favorecen el cambio de uso del suelo” y que igualmente son promovidos por “el Agrobanco, programas regionales de apoyo a cadenas productivas del café, cacao, palma aceitera, agro combustibles”. Se reconoce también que “el alineamiento de políticas de Transporte, Energía, Construcción, Comercio e Industria con relación a REDD+ no está aún logrado” (88º). Es incoherente entonces, asumir que tantas y fuertes tendencias, van a a revertirse con una apuesta incierta de mejora de productividad de colonos y empresas.
6. Más Priorizar documentos burocráticos, reduciendo cambios transformacionales
El PIF propone una extensa lista de fortalecimiento de las capacidades sistémicas e institucionales estatales y en especial de los gobiernos regionales, y que suponemos absorberán gran parte del financiamiento. Se trata de lo de siempre: “planificación estratégica, espacio de coordinación, instrumentos de planificación y gestión, reforzar la institucionalidad, asistencia técnica”. Así mismo “definir los ámbitos, estrategias de conservación en ANPs, estrategias de prevención, Planes operativos anuales, estandarizar metodologías, identificar mayores y mejores opciones de mercado, Identificar vacíos y duplicidades sistemas de información” (101º,102º,103º). No se discute siquiera que todo
esto ha sido propuesto, atendido y financiado desde hace muchos años, y que el Perú se caracteriza por una larga acumulación de costosas consultorías para producir “´planes y reformas de papel”, que no se ha traducido en cambios sustanciales. Es lo más lejano a los “cambios transformacionales” requeridos por el FIP. La burocracia y tecnocracia estatal, se reproduce y adapta a los nuevos procesos y lenguajes de moda de la cooperación internacional, y está vinculada a una red de consultores y algunas ONGs privilegiadas en contratos millonarios para pasarse años diseñando planes y “cambios” que no cuentan con la voluntad política para hacerse realidad.
La palabra “planes” aparece 129 veces en el texto. Todo un exceso de abundancia de planes y pocas acciones. Sin embargo, hay un rol esencial del estado, sea central o regional, que es urgente en el proceso Redd+ y del cual solo se menciona una sola vez en el PIF, como es “el registro de proyectos” que requiere Redd+ (27º) y no es retomado en ninguno de los proyectos finales. Sin embargo, esa mayor burocracia y consultorías, si estaría sesgada a promover la “el desarrollo de un mercado interno da carbono, sobre la base de la articulación de la oferta de las iniciativas tempranas de proyectos REDD con el mercado voluntario interno” (Proyecto 4 a).
Este enfoque débil frente al desorden e impactos del libre mercado, se reitera en el PIF cuando se analizan los grandes proyectos de desarrollo, donde se afirma que “si bien estas obras pueden implicar la afectación directa a superficies forestales, se encuentran sujetas a la aprobación de estudios impacto ambiental y también a aplicar compensaciones ecológicas respecto de los impactos que no puedan evitar ni minimizar o restaurar” (36ºc). Se reitera
el error de leer la realidad social desde las anteojeras del trámite burocrático. No puede olvidarse, que la alta conflictividad socio ambiental proviene precisamente por el fracaso de los procedimientos institucionales: los estudios de impacto ambiental no tienen credibilidad, ni tampoco las supuestas “compensaciones ecológicas”
También la propuesta se contradice con otra sección del PIF, ya es innecesario aumentar más con el FIP el ya alto financiamiento relacionado a Redd+ que está gestionando o tramitando el Estado (central y regional). Estos datos sobre el “estatalismo” de la inversión en Redd+ es eludido, en el PIF que se queda a la mitad del 6
análisis indicando “que se ha podido identificar más de un centenar de iniciativas financiadas por la cooperación internacional y otras instancias (fundaciones, ONG, sector privado, etc.), vinculadas directa o indirectamente con aspectos de REDD+, por monto estimado de manera muy gruesa en más de US$ 400 millones, que reflejan un portafolio desarticulado, con evidentes vacíos y traslapes y con limitada coordinación entre ellos”. (96º)
La fragmentación institucional estatal es muy antigua, estructural y responde a grupos y mafias de poder que no van cambiar por mas planes bien intencionados que se redacten. El PIF lo reconoce al señalar “en proyectos forestales, no existen mecanismos de coordinación, ni a nivel nacional ni sub-regional, … ante la inexistencia de un plan nacional forestal y de una estrategia nacional REDD+ carecen del marco requerido para constituir un portafolio articulado, coherente y sinérgico” (100º). ¿ Tiene sentido entonces, en este contexto de dispersión, aumentar
más recursos para incrementar mas planes de buenos deseos ?
7. Minimización y deformación de la titulación territorial indígena
Los sesgos señalados tienen consecuencias en el presupuesto del PIF ya que podrían acaparar el 87% del mismo y dejan muy poco para los efectivos “cambios transformacionales”. De los 4 programas y sus 16 proyectos (154º, pag.54), se destina el 31% para privilegiar a las concesiones forestales con 05 proyectos (los 2a, 2b, 2d, 2e y 4c). Para insistir en mas “reformas de papel burocráticas” se destina el 31% con 05 proyectos (clasificados como 1a, 1b, 1c, 4a, 4b). Para la ilusión de “mejorar la colonización” se destina 25% con 05 proyectos (3a, 3b, 3c, 3d).
Lamentablemente esto deja saldos mínimos para uno de los problemas centrales de preparación del Perú para el Redd+, como es la inseguridad de tenencia de tierras en general, y en especial, de la deuda social histórica para atender la demanda territorial de los pueblos indígenas amazónicos, detallada por AIDESEP en 09 componentes que suman 20 millones de Hás. El PIF solo señala un solo proyecto (6%) de los 16, para esta finalidad, y encima más reducido a los pueblos indígenas, porque tendrá que compartirse esos fondos para consolidar la tenencia de tierras de concesiones empresariales y colonos. No se da explicación alguna de porque el consenso alcanzado entre los diseñadores del PIF, INDUFOR y AIDESEP para un proyecto de titulación de tierras indígenas por $ 7 mills (14% del total) es anulado, desaparecido, por un grupo de personas escogidas a dedo y lo minimizan a una acción irrelevante.
El diagrama de causalidades del PIF (pag.41) minimiza la inseguridad de tenencia y la urgencia del saneamiento territorial indígena, así como el apoyo en el manejo forestal comunitario (MFC) al principal actor forestal que son los PPII; y se reduce a un enfoque de espejismos de las normativas y disputas entre ministerios y de querer ordenar la sociedad desde las leyes e instituciones, contradiciendo el análisis socio económico de otras secciones.
El PIF señala el “diálogo y concertación, especialmente con los pueblos indígenas y las comunidades locales, en los procesos políticos y de toma de decisión…. fortalecimiento de sus capacidades socio-organizacionales y de sus derechos, en particular, la consulta previa libre e informada sobre aspectos que puedan afectar sus derechos colectivos, con la finalidad de llegar a acuerdo y consensos relativos a la gobernanza y gestión de sus tierras y los bienes y servicios ecosistémicos (94º). Incoherencia del PIF de marginalizar la cuestión territorial, asunto central de los derechos
indígenas, y pretender sustituirlo por asuntos procedimentales como la consulta. Los derechos indígenas no empieza ni se reducen a la consulta, sino en la territorialidad.
No solo se minimiza la centralidad de lo territorial sino que se lo deforma y recorta, ya que no se reconoce el derecho de posesión originario establecido por el Convenio 169-OIT, y se lo condiciona a la presentación de haberlo solicitado. Esto fue ya debatido durante la llamada “consulta” de la ley forestal 29763 y no fue acogido con el mismo enfoque anti indígena del PIF. Sospechosa coincidencia. Esto es lo está detrás en la afirmación de “otra porción importante (30.4%) se puede denominar áreas sin designación ni derechos asignados, que constituye una prioridad para concluir el ordenamiento forestal. Esta superficie forestal comprende una diversidad de
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situaciones, desde áreas solicitadas por comunidades nativas en proceso de reconocimiento y titulación, o de ampliación de sus actuales tierras” (69º). Asi como cuando el derecho territorial se limita a a “completar los procesos de
reconocimiento, titulación y ampliación de las comunidades nativas” (56º e) Se condiciona el derecho a una solicitud y no se respeta la posesión. Se excluye de la titulación, los otros componentes pendientes de atención sobre la demanda territorial: 08 reservas territoriales, 05 reservas comunales, titularidad integral en 07 pueblos, traslapes de territorios indígenas en 08 áreas protegidas y rectificación de decenas de planos errados que recortan las áreas ocupadas por las comunidades (Ver Anexo 3)
Sin embargo, el texto del PIF avanza en reconocer este problema central de la alta demanda territorial indígena no resuelta, pero se detiene, no lo analiza, no extrae sus consecuencias ni menos aún prioriza su solución. Su incoherencia interna aparece cuando el PIF reconoce que “Existen alrededor de 22,5 millones ha de bosques todavía sin designación y sin derechos otorgados, de algún tipo…..Una porción sustantiva de estas áreas se encuentran bajo la posesión de comunidades nativas que solicitan sobre ellas titulación o ampliación de sus territorios comunales, aunque no existe un mapa oficial se cuenta con listados elaborados por las organizaciones indígenas que requieren ser trabajados técnica y legalmente” (78º en la versión del 21.01.13 luego retirado). Es inaceptable que
después de esta importante constatación de una alta posesión indígena, se prefiera priorizar entregar esas áreas a los concesionarios de negocios, incubando conflictos al cambiar, recortar y marginalizar el proyecto consensuado con Indufor de iniciar la titulación territorial indígena. Esos listados han sido entregado al estado desde hace un año, tiempo suficiente, para que sean “trabajados técnica y legalmente”, pero no se hizo, y no se requiere de fondos FIP para hacerlo. Hay una falta de voluntad política para respetar derechos indígenas y una gran obsesión por favorecer grandes negocios.
Otro problema ( e incoherencia) en el enfoque del PIF es, mencionar a veces que existe “posesión” indígena, y luego olvidarlo, en los procesos decisivos como son el ordenamiento forestal bajo la ley 29763. Se dice “el ordenamiento forestal en el nuevo contexto institucional en curso (Ley y Reglamento Forestal y de fauna Silvestre) generan condiciones institucionales adecuadas para promover el ordenamiento forestal, formalizar procesos de cesión en uso u otros títulos habilitantes” (121º). Al contrario, esa ley no respeta el derecho de posesión originario, y
continúa el peligro que un ordenamiento excluyente se refuerce con “títulos habilitantes” forestales en conflicto con comunidades. Asi mismo, dicha ley manipula y deforma el problema, otorgando “cesiones de uso” a esas comunidades posesionarias, para sacar madera por ejemplo, limitándolos solo eso, en lugar de proceder a la titulación inmediata.
Hay incoherencia interna del PIF, ya que dicha minimización de la titulación indígena, resulta contradictoria con diversos párrafos que anuncian el fracaso del Redd+ en el Perú si esta cuestión no es resuelta : “No completada titulación en comunidades” (sección 7); “Bien organizado tráfico de tierras” (44º); “sin saneamiento físico legal adecuado de los bosques, es muy probable que la implementación de proyectos privados REDD+ incremente la conflictividad entre los diversos usuarios del bosque” (49º)
8. Discriminación a la propuesta de “Redd+ Indígena Amazónico”
El PIF menciona de una manera extremadamente simplista la propuesta de Redd+ Indígena, asumiéndola como que “se basa en lograr condiciones mínimas antes de abordar un actor o espacio más de participación. Solicitan contar con garantías mínimas como sus derechos territoriales, de participación y consulta, principalmente” (87 ). Ni siquiera se molestaron en reproducir lo que ya estaba anotado en el RPP de Perú, por lo cual es evidente la actitud de exclusión de esta propuesta indígena y de sesgo privatista del enfoque sobre Redd del PIF
En el RPP del Perú aprobado en la CP8 del FCPF se reconoce la existencia y la importancia de la propuesta de Redd+ Indígena sustentado por AIDESEP en el Perú, y la COICA a nivel internacional; sin embargo en el PIF no existe una decisión clara de fortalecer el desarrollo de esa propuesta, ni menos aún asignarle parte de los fondos presupuestales del PIF. Simplemente la superficial mención de que existen las “Mesa REDD+ Indígena a 8
nivel de las regiones, para incidir en las políticas e iniciativas de REDD+, tanto a nivel nacional como a nivel de las regiones. Está en desarrollo actualmente la propuesta de REDD+ Indígena” (99ºd) . Nada más y ninguna asignación de
fondos al respecto. Sigue la incoherencia interna del proceso Redd+, de escribir con una mano y borrarlo con la otra.
Hay una excesiva valoración de los comités ambientales y comités forestales (86º), muchos incipientes, sin capacidad precisamente de producir “cambios transformacionales”, y que contrasta con la nula referencia a la nula referencia e invisibilización de la amplia red de más de 1500 comunidades indígenas territoriales organizadas, 80 organizaciones locales (67 de ellas en AIDESEP) que son propietarias del destino de más de 15 millones de Has. bajo su propiedad o administración (reservas comunales) y 20 mills has adicionales demandadas y no solucionadas por el estado desde hace año. Esa amplia red organizativa, tiene la mayor importancia para “cambios transformacionales” porque controlan territorios y bosques concreto, y no solo observan, opinan o estudian sobre ellos. Y esa red ha producido las Mesas Redd+ Indígenas en Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martin, y la propuesta de “Redd+ Indígena Amazónico” (RIA). Ambos procesos deben ser respetados, y no discriminados en el PIF, salvo que los sesgos y prejuicios resulten determinantes.
La propuesta RIA se basa en planes de vida de largo plazo sobre la integralidad del territorio indígena, donde se asigne un rol específico a REDD+, como parte de una gestión holística de todos los servicios ecosistémicos (no solo carbono, pero incluyéndolo), integrando estrategias de mitigación y adaptación y usando mecanismos financieros distintos a los del Offset que producirá más “piratería de carbono”. Enfoque que en la COP18-CMNUCC está respaldado con el acuerdo de impulsar el debate global sobre como “ir más allá del carbono y del mercado”. Precisamente, eso coincide con las referencias del PIF a recuperar un enfoque territorial ecosistémico, como figura en las referencias a “enfoque territorial”( sección 7), “incorporar un enfoque territorial y de gestión integrada” (30º), “Las actividades de REDD+ deben generar un entorno de sostenibilidad para las comunidades locales, es decir, promover actividades alternativas a la deforestación asegurando ingresos recurrentes” y que los “mecanismos financieros de fondos y de mercado no son mutuamente excluyentes, lo importante es que se adopten mecanismos flexibles” (82º). El aporte indígena del RIA converge con el enfoque territorial y ecosistémico y es incoherente minimizarlo para resaltar el protagonismo de negocios de concesionarios y colonos.
9. Marginalidad del Manejo forestal comunitario
En el consenso técnico entre AIDESEP e INDUFOR se contempló un proyecto de promoción del manejo forestal comunitario (MFC) por $3.5 mills, y luego sin explicación alguna, se lo cancela y sustituye por otro, el 2 c del PIF, de “Mejoramiento de la competitividad del modelo (s) de forestería comunitaria”. Se cambió la complejidad de la promoción de las capacidades de gestión comunitarios por el de asuntos de “competividad”, sobre lo cual hay dudas sobre su marginalidad presupuestal; reducir el apoyo directo al mezclar comunidades, con gobiernos regionales, empresas, ONGs.
El PIF tiene como “sub programas el de manejo forestal sostenible (en concesiones y comunidades indígenas), buscando en primer lugar sanear física y legalmente los derechos otorgados a sus titulares (incluyendo las cesiones de derechos en el caso de concesiones), consolidar el modelo de negocios de las concesiones y de la forestería comunitaria, apoyar y promover la ampliación del número y volumen de especies comerciales, y facilitar el acceso a financiamiento y/o capital que viabilice sus planes de negocio; así mismo, promover el otorgamiento de la segunda generación de concesiones incorporando las lecciones aprendidas del primer proceso” (125º). Con tantas precisiones, quedó diluido y perdido el
objetivo central del MFC, y aparecen intereses distintos: consolidar los derechos legales de las concesiones, ampliar sus mercados, pasar a nuevas licitaciones; y claro, las comunidades como un anexo dependiente de esas concesiones.
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Es inaceptable que el PIF deforme la realidad al afirmar que la ley forestal 2976 “prioriza el manejo forestal comunitario… y obliga a la autoridad a brindar capacitación y asistencia a las comunidades para el manejo de sus bosques” (Anexo 6). La retórica si es abundante, en lo superficial, pero en la acción, no prioriza ni obliga a nada, porque el pretexto será siempre que “faltan recursos”, aunque si sobran para privilegiar a las grandes concesiones. Precisamente fueron los mismos enfoques los que se opusieron a las propuestas de AIDESEP de obligar a que los gobiernos regionales tengan unidades de asistencia técnica de MFC financiadas con el canon forestal. Resucitan ahora en el PIF, obsesionados por esa defectuosa ley, hasta convertirlo al PIF en casi un “proyecto de fondos para SERFOR” usando el tema de “moda” de emisiones.
Siguen sus contradicciones internas, porque en otra sección el PIF reconoce la gran importancia y repercusión de la extracción forestal en comunidades, y obviamente de prestar la asistencia técnica que les ha sido negada por años. Se dice que “La DGFFS señala que entre el 2006 y el 2010 se ha otorgado 9.689 permisos forestales para concesiones nativas y campesinas, que abarcan una superficie de 426.140 hectáreas y se autorizó la extracción de un total de 4,05 millones de metros cúbicos (m3) de madera bajo esta modalidad, lo cual sugiere un aprovechamiento promedio de 9,5 m3/ha, bastante más alto que el promedio nacional en las zonas de extracción forestal (entre 5 y 7 m3/ha)” (74º). Grave vacío analítico del PIF, al no explicar que esa alta extracción está en muchos casos vinculada a la penetración de mafias de tala ilegal que el estado consiente, al permitir su impunidad y abandonar a las comunidades para que no tengan más remedio que permitir el ingreso de dichas mafias. Es inexplicable entonces no dedicar un fuerte programa MFC en el marco del PIF (no diluido ni subordinado a las concesiones) sabiendo las profundas implicancias de mantener este abandono histórico.
10. Marginación de Loreto, la principal reserva de carbono nacional
En las áreas de intervención del PIF se ha excluido a la mayor parte de la región Loreto, la más amplia de la amazonía peruana, cambiando lo planteado por el informe de Indufor y tampoco sin explicación alguna. Dicha exclusión resulta contradictoria, porque el mismo PIF en la presentación resumida del PIF del día 14.02.13 en la diapositiva 37 aparecen dos frentes importantes de deforestación y degradación, que son los de CorrientesTigre y Requena, que inexplicablemente resultan excluidos del ámbito de intervención del PIF.
El propio PIF abunda en consideraciones sobre la necesidad de intervenir en Loreto, como en las citas siguientes : “Aumentó pobreza en amazonía y Loreto tiene los 4 distritos más pobres del país (5º ); La Amazonía como “Importante sumidero mundial con 53,542 Gg Ton CO2/año (6º)” depositado en su mayor parte en Loreto; “Tendencia de aumento en tasas de deforestación en Loreto, Ucayali (20º)”. Asi mismo, que la principal área de degradación forestal (tala ilegal) es Loreto, y que “la degradación en ciertos casos da paso a la deforestación”
También el PIF señala que el objetivo 2 de estrategia nacional de Cambio Climático es conservar las reservas de carbono (28º) y también que un criterio de inversión del FIP es el stock de carbono. Y siendo Loreto la mayor reserva de carbono del país y con la mayor amenaza de tala ilegal, es inexplicable que no esté incluido en su conjunto en las áreas de intervención.
Anexos 1: Directorio de 988 comunidades pendientes de titulación (envío aparte) 2: Pronunciamiento de AIDESEP sobre modificaciones de la ley forestal 29763 (envío aparte) 3: Cuadro resumen de 09 componentes de demanda territorial por 20 mills has. (Va adjunto)
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Anexo 3: Cuadro resumen de 09 componentes de demanda territorial por 20 mills has.
DEMANDAS TERRITORIALES DE PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS ( 20 mills has, a setiembre 2012)
REGIONES
Comunida des en posesión *
Comunida des por reconocer **
Comunida des por titular
Comunida des por ampliar
TOTAL
AMAZONAS
N/D
16
6
36
58
AYACUCHO
N/D
0
1
1
2
CUSCO
N/D
0
5
13
18
HUANUCO
N/D
1
6
6
13
JUNIN
N/D
9
15
27
51
LORETO
N/D
130
396
89
615
MADRE DE DIOS
N/D
5
5
17
27
PASCO
N/D
6
25
16
47
SAN MARTIN
UCAYALI
TOTAL : *
N/D
21
34
4
RESERVAS TERRITORIALES (5)
RESERVAS COMUNALES (8)
Titularidad Territorial como Pueblos Indigenas
SUPERPOSICION DE AREAS PROTEGIDAS EN TERRITORIOS INDIGENAS * Cordillera Kampankis * Parque Ichigkat Muja * Reserva Comunal Chayu Nain
CACATAIBO (parte con Ucayali)
TAPICHE BLANCO YAQUERANA, YAVARI MIRIN, NAPO - TIGRE, SIERRA DEL DIVISOR OCCIDENTAL
NAPO CURARAY, TIGRE CORRIENTES, CHAMBIRA , HUIMEKI, AIDO PAI
59
N/D
24
47
27
98
CACATAIBO (parte con Loreto), SIERRA DEL DIVISOR OCCIDENTAL (parte con Loreto)
N/D
212
540
236
988
3'972,569.18
INUYA TAHUANIA, TAMAYA - CACO, YURUA
4'108,565.75
ACHUAR, KUKAMA KUKAMIRIA, KANDOZI, SHAPRA, SHIWILO
* Reserva Nacional Pacaya Samiria
ESE' EJA
* Parque Nacional Bahuaja Sonene
KICHWA
* Area de Conservación Regional (ACR) Cerro Escalera
*ACR Imiría
Comunidades Nativas posesionarias NO DETERMINADAS que no han iniciado ningún trámite para su reconocimiento y titulación.
** Comunidades Nativas que han solicitado su reconocimiento y titulación, que no han sido atendidas.
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