DESDE EL CAPITOLIO / María Isabel Vicente Mestre, Directora Ejecutiva de la AFCPR
Nuestro trabajo en la Legislatura La Constitución de Puerto Rico establece como requisito el saber leer y escribir en cualquiera de los dos idiomas, español o inglés, para ser legislador. En la década de los 50 buena parte de la población era analfabeta, así que este requisito mínimo “garantizaba” que aquellos que sabían leer y escribir podían ser legisladores. La Constitución no dice que ese requisito garantizaba el que produjeran piezas legislativas de calidad. Luego de nueve años de interactuar con legisladores de todos los partidos políticos y de conocer de cerca el proceso legislativo, el saber leer y escribir me parece insuficiente, pero encontrar otro requisito a nivel constitucional que promueva una calidad superior es tarea difícil. Mis pretensiones están lejos de que puedan escribir Don Quijote, porque soy incapaz de pedir lo que no puedo hacer, pero es vital que al menos tengan un grado mínimo de coherencia, no tan solo de la gramática sino también de su propuesta, especialmente cuando son proyectos altamente técnicos, como la Ley de Farmacia de Puerto Rico. Cuando hablo del legislador, hablo del legislador más sus asesores. De hecho, hoy día me pregunto si es más importante el asesor que el propio legislador. El legislador es el que refrenda con su voto o rechaza una pieza legislativa y tiene sobre sus espaldas la carga política electoral, pero la realidad es que el o los asesores son los que tienen el peso del trabajo legislativo. Es imposible conocer al dedillo sobre todos los temas que impactan a la sociedad, pero para ello es que existen los libros, las organizaciones e individuos (entre otras fuentes de información) dispuestos a aportar lo que saben. Un buen asesor puede hacer una gran diferencia para que un proyecto que comienza
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El Botiquín
- Enero - Marzo 2012
siendo mediocre termine siendo una extraordinaria pieza legislativa, y viceversa. Un ejemplo de esto es el Proyecto del Senado 2190 (Asamblea Legislativa 2005-2008), convertido en la Ley 203 del 8 de agosto de 2008, que en su inicio fue un proyecto mediocre y terminó siendo una pieza legislativa que considero de las mejores que he visto en estos nueve años. Todo gracias a que la asesora del legislador tuvo la conciencia de proveerle espacio de participación a los sectores interesados, ya fueran promotores o detractores. Más aún, esa asesora tuvo la entereza de resistir el embate de otros asesores legislativos, poderes ajenos y ocultos, al proceso legislativo abierto que estaba ocurriendo, hasta que logró su aprobación. Esta ley, que permite la negociación colectiva entre proveedores de servicios de salud y las aseguradoras, lamentablemente la mataron con el reglamento que crearon la Oficina del Comisionado de Seguros y los departamentos de Justicia y de Salud bajo la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Una historia diferente ocurrió con el Proyecto de la Cámara 3711 (Asamblea Legislativa 2009-2012) que se aprobó al filo de la sesión extraordinaria que culminó en diciembre de 2011. Este proyecto crea la “Ley para la Administración e Intercambio
Electrónico de Información de Salud de Puerto Rico”, la Corporación de Intercambio Electrónico de Información de Salud de Puerto Rico, y la posición de “Coordinador de Informática Médica de Puerto Rico”, a fin de cumplir con la política pública de salud del “HITECH Act” y con los requerimientos de la Oficina del Coordinador Nacional de Informática Médica en el Departamento de Salud Federal. Lamentablemente, un proyecto medular para la implantación de todo lo que será el andamiaje informático en los sistemas de salud careció del proceso legislativo que ameritaba. Incluso, a pesar de que desde la Asociación dimos la voz de alerta en los foros pertinentes. Cada uno de los ciudadanos que participa en el proceso electoral es responsable, directa e indirectamente, de la legislación que se produce en el país. De las tres ramas de gobierno, a mi entender el más importante es el Poder Legislativo, del cual emana lo que el Poder Ejecutivo implantará y el Poder Judicial interpretará y adjudicará. El renunciar a la participación del proceso legislativo es entregarle la Isla a una oligarquía política y económica; es darle la espalda al País. Como no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos, desde su fundación la Asociación Farmacias de Comunidad de Puerto Rico se distinguió por su trabajo ante la
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