MIG R AR O M O R IR • c i en t o d os
7.
Proveer líneas y códigos de conducta para los oficiales y entrenamiento de lenguaje y cultura.
8.
Cooperar en forma bilateral y regional cuando sea posible para asegurar el trato adecuado de los migrantes.
9.
Cooperar con organizaciones internacionales, gubernamentales, y no gubernamentales en la formulación de políticas y medidas para considerar la situación de los migrantes, incluyendo las necesidades específicas de migrantes en situaciones irregulares y victimas de tráfico humano.
10.
Informar a los migrantes de sus derechos y obligaciones.
11.
Desarrollar mecanismos de monitoreo, constatación, y atención en la búsqueda de las violaciones de los derechos humanos contra migrantes.
12.
Trabajar para desarrollar los mecanismos y líneas de cooperación con las organizaciones civiles trabajando de cerca con las poblaciones afectadas en las regiones donde hay violaciones de derechos humanos de los migrantes.
13.
Establecer o aumentar programas de entrenamiento para los empleados públicos con la participación de organizaciones civiles especializadas en derechos humanos y migrantes.
14.
El gobierno federal debe vigilar que los procesos de repatriación en ambas fronteras se realicen con apego a la ley y en pleno respeto a los derechos humanos, informando a los migrantes acerca de dicho proceso administrativo, así como de sus derechos.
15.
Por la importancia económica que tienen las remesas enviadas por mexicanos desde el extranjero, se recomienda que el gobierno federal adopte medidas
para reducir los costos de envío y amplíe los programas para incrementar su inversión productiva. 16.
Es importante incrementar los recursos presupuéstales que se destinan al Programa de Protección Consular, principalmente en los consulados de México en Estados Unidos, a fin de garantizar la protección de los mexicanos en ese país.
17.
Es prioritario evaluar la efectividad de los diversos programas que protegen a los migrantes, los cuales deberán contar con los recursos humanos y económicos necesarios para su operación. Los derechos a la salud, integridad física, seguridad jurídica y a la vida deben ser los principios rectores de las actividades de esos programas.
18.
El gobierno federal y los gobiernos estatales deben de intervenir de manera responsable para que se eviten abusos, engaños y excesos de grupos de enganchadores que no asumen la responsabilidad de apoyar las necesidades apremiantes de los jornaleros agrícolas.
19.
Se recomienda reformar la Ley Federal del Trabajo (artículo 280, 280 B, 282 A y 283) para incluir el concepto de trabajador jornalero del campo, con el objetivo de regularizar su contratación, garantizar su acceso a prestaciones sociales y fortalecer las instituciones encargadas de vigilar el respeto a sus derechos.